«Junto con estas enmiendas vetadas, sobre las que ni siquiera hemos podido debatir, mantenemos otras que redundan también en la mejora de la actividad de la abogacía. Son, principalmente, las relativas a obtener el amparo por parte del respectivo colegio de la abogacía en caso de perturbación de la profesión con actuaciones públicas o privadas que menoscaben ese derecho de defensa; las de lucha contra el intrusismo profesional, tipificándolo como infracción grave y adoptando medidas para su denuncia, y las que facilitan una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, garantizando la suspensión de señalamientos en casos de enfermedades, fallecimiento de un familiar o circunstancias excepcionales. Les invitamos a apoyar estas enmiendas aquí. En cualquier caso, será en el Senado donde se introduzcan las enmiendas necesarias para que salga una mejor ley del derecho de defensa, y esa será la postura de nuestro grupo. Frente a esto, ¿qué innovación nos traen ustedes? Introducen como cesión a sus socios, como viene siendo habitual, el uso de las distintas lenguas en todo el territorio. Respetando la pluralidad lingüística de nuestro Estado y garantizando que no se produzca indefensión, como ya se hace en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no podemos elevar este derecho a usar cada una de las lenguas en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales hasta convertirlo en un gasto totalmente desproporcionado en traductores de todas las actuaciones judiciales. Suficientemente ilustrativo debiera ser lo que pasa en este Congreso y el elevado coste que esto supone. Seamos prácticos, no carguemos con más tareas a la Administración de Justicia ni agravemos el retraso ya existente en los procedimientos. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.