«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.