«Presidenta, señorías, ministro, hoy viene a la Cámara una ley pionera en Europa, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es necesario que esta ley tenga el apoyo de la Cámara y que salga adelante, porque consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución; da cobertura a la asistencia jurídica gratuita, del artículo 119 de la Constitución, y porque atiende a una justa demanda de la Abogacía. Apropiándome de las palabras de un padre de la Constitución, el señor Roca Junyent, diré que esta ley no está pensada para los profesionales de la justicia, esta ley está pensada para la ciudadanía. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a la asistencia para ejercer su derecho de defensa. (Aplausos). Y este derecho necesita de aquellos profesionales que pueden darle a su causa y a su petición un fundamento jurídico necesario. En esta ley se recogen, entre otros aspectos, el concepto y el ámbito del derecho de defensa, con un enfoque de género y discapacidad y habiendo incorporado en su tramitación las diligencias de investigación ante el Ministerio Fiscal y el asesoramiento jurídico previo al inicio de las actuaciones judiciales. Define el alcance de la asistencia jurídica gratuita y fija el compromiso para una futura regulación de las funciones de los profesionales de oficio. Se establece el derecho a un lenguaje claro y sencillo e, igualmente, la utilización de los medios electrónicos, así como el uso de las lenguas oficiales.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.