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29N · faltan 25 días

María Jesús Moro AlmarazPP

Diputada

«Además de todo esto, de ese proyecto heterogéneo que se ve que ni con maquillaje han podido conseguir que en el primer libro se supriman los juzgados de todo tipo -ojo, alcaldes; ojo, señorías: los juzgados de paz, juzgados de instancia, juzgados de instrucción-, muy bien, nosotros somos partidarios del tribunal de instancia, pero no nominal sino serio, y eso cuesta y necesita estabilidad. Pues además de eso -vamos a llamarlo- la guinda del pastel es que lo hace con la incorporación del anteproyecto de acciones colectivas. Mire usted, le agradezco que no haya sido tan insistente en aquello de: Ustedes responderán ante la Unión Europea, ustedes responderán de que no hemos cumplido a tiempo, ustedes responderán..., no, porque esa es su responsabilidad como Gobierno. Incluso FACUA ha puesto de manifiesto (muestra un documento) que este sistema, que rompe absolutamente con la tradición jurídica y la seria protección española y europea de los consumidores, y que rechazan la mayor parte de las trasposiciones de la directiva en Europa, es un modelo favorable a un nuevo cliente, a un nuevo nicho de empleo, que son los fondos de inversión, los fondos de licitación internacionales. (Aplausos). Estamos asombrados: ¡un Gobierno de izquierdas que regula! -y no puedo detenerme- un modelo -y no me hagan caso a mí ni al Consejo Económico y Social ni al Consejo del Poder Judicial- al que el Ministerio de Economía pone tres objeciones que no han sido salvadas (muestra otro documento), que ponen de manifiesto que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que va en contra del derecho de defensa y que va en contra del artículo 24, hoy de moda en esta Cámara. ¡Este es el fondo del derecho de defensa! Los consumidores no van a recibir más que lo que están recibiendo desde hace tiempo en Estados Unidos por este tipo de modelo, en el mejor de los casos, 3 dólares o, como nos ocurrió a muchos con el tema del diésel, unos guantes de cortesía. Sin embargo, los fondos de licitación -está demostrado en distintos informes que pueden consultar, al igual que yo- tienen una media de ganancia de 1 millón de euros. Hay una ausencia de beneficio para el consumidor, porque se destruye el mercado, se destruyen las empresas y el consumidor es excluido, porque es un sistema de desvinculación, y el consumidor no se va a desvincular. Habrá una lucha feroz de esos fondos de inversión litigadores para, con el menor esfuerzo, con menores consumidores a los que resarcir, poder ganar mucho dinero a costa de destruir nuestro sistema, que es un ejemplo -un ejemplo- en toda Europa y en toda Iberoamérica.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.

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