«Señora presidenta, muchas gracias. Buenos días, señorías. El señor ministro no está -estará atendiendo a alguna llamada-, pero le doy las gracias por su presencia. Como es evidente, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la enmienda a la totalidad que se nos presenta, y por dos básicas razones. En primer lugar, porque se trata de un texto que ya había sido trabajado en la anterior legislatura y que alcanzó un amplio consenso, como digo, en el anterior mandato. Y, en segundo lugar, porque el servicio público de justicia, ese que echamos de menos en la enmienda a la totalidad, está demandado mejoras. Señorías, el Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas -así lo dijo nuestro ministro de Presidencia- y, por ello, se están implementando leyes, medios materiales y humanos y recursos económicos. Y el proyecto de ley orgánica se orienta a la consecución de un marco normativo que soporte un servicio público de justicia de calidad, que, además, está vinculado al componente 11.R2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero es que, además, si analizamos los aspectos más relevantes que con esta reforma se pretenden llevar a cabo, se crean los tribunales de instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales; se establecerán las oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia, y, por supuesto, se sustituyen los antiguos juzgados de paz, pero no para suprimirlos, sino para crear modernas oficinas de justicia en cada uno de nuestros municipios. En definitiva, es una reforma importante, puesto que se pasará de los 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial existente en nuestro país, una medida que permite dar respuesta rápida y pertinente, con las máximas garantías, a aquellos litigios que, como último recurso, deben ser resueltos en nuestros tribunales.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.