«Vayamos a algunos ejemplos concretos de jueces que no van a pagar por la guerra sucia judicial que cometieron contra mi partido y contra otros. El juez García-Castellón, de la Audiencia Nacional, conocido en Valladolid por su cruzada personal contra una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Es un juez que se inhibió en el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno. Más recientemente, abrió un caso por el informe PISA que no tenía ni siquiera sello judicial. El juez García-Castellón convirtió a las víctimas en acusados en aquel llamado caso Dina. Ha tratado de acusar de terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont. Y lleva años protegiendo a los corruptos del Partido Popular, como Dolores de Cospedal, Ignacio González o Esperanza Aguirre. (Aplausos). ¿Va a rendir cuentas el señor García-Castellón? ¿Se le va a condenar por prevaricación? Desde luego que no. Lo que va a pasar es que el juez García-Castellón se va a jubilar cuando le dé la gana. Segundo ejemplo. Los jueces Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sala más poderosa del tribunal más poderoso de este país, aquella que el señor Cosidó, el portavoz en el Senado del Partido Popular, quería controlar por la puerta de atrás. Yo, después de este acuerdo, creo que solo cabe darles la enhorabuena a sus señorías del Partido Popular, ya que ahora no tienen que controlarla por la puerta de atrás, ya la pueden controlar ustedes por la puerta grande. (Aplausos). Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor Conde-Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de mil veces, en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular, cuando era presidente del Partido Popular, y también es responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humano tirara de las orejas a España por el caso Atutxa. Junto a Llarena, ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para subvertir la voluntad popular del Poder Legislativo. Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. ¡Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular! No solo va a seguir en su puesto, sino que probablemente va a haber reforzada su posición.»

Fragmento 4 de 9 de esta intervención.