«Argumentan algunos -ya lo he dicho en esta tribuna en recientes ocasiones- que carecería de legitimidad democrática ese Consejo General. ¿Cómo va a carecer de legitimidad democrática un Consejo General del Poder Judicial que viene recogido en el artículo 122 de la Constitución, que estaría regulado por una ley orgánica que proviene de las Cortes Generales y que, además, jueces y magistrados se encuentran, conforme al artículo 117, sometidos a la ley? ¿Cómo va a ser antidemocrático si son jueces y magistrados sometidos a la ley elegida previamente por los representantes de los españoles en las Cortes Generales? Directamente lo que proponemos es que la justicia sea un poder independiente, y que la elección de magistrados sea únicamente por criterios de antigüedad y de especialidad. Experiencia, mérito y capacidad; no adscripción o afinidad política. (Aplausos). Parece muy difícil que el fiscal general del Estado pueda cumplir el mandato constitucional del artículo 124 de promover la acción de la justicia, de defender la legalidad o de velar por la independencia de los tribunales cuando su nombramiento y su cese dependen del Gobierno. La única manera de solucionarlo es que ese informe preceptivo de la Constitución que se exige al Consejo General del Poder Judicial sea un informe vinculante y, por tanto, salvo que tenga la aprobación del Consejo General, no podrá ser nombrado ni cesado ningún fiscal general del Estado. Con eso, quitamos a los políticos las manos del control de la Fiscalía General del Estado.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.