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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la Seguridad Social que se ha hecho con diversas mutualidades: religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la Administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA, y también se trabaja ahora para la inclusión en la Seguridad Social de religiosos de la Iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos o los notarios. (Aplausos). Abogados y procuradores se han visto atrapados, cuando no engañados, en un sistema que debería ser de previsión social, pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujeron a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía Española desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que, por cierto, forman parte de los órganos de la mutualidad. Las decisiones tomadas en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la Seguridad Social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados, pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y procura han dicho basta ante este fraude que los está condenando a una jubilación de exclusión social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Al Partido Popular le decimos: no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren, pero no mientan al descalificar el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia. No se venguen de la Comisión de Venecia bloqueando más años el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular debe dejar de utilizar al comisario Reynders, al que han metido en un callejón sin salida al anunciar que no van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y continuarán así degradando el servicio público de Justicia. Porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido. Amnistiaron a 30 000 ricos delincuentes fiscales, y digo ricos porque, para cometer delito fiscal, hay que defraudar más de 120 000 euros en cuota, y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera. (Aplausos). Les propongo acordar otra amnistía, que esta Cámara declaró constitucional en el año 2018, un gran acuerdo entre todas las fuerzas, amnistiemos a unos héroes de la Guardia Civil, a los guardias que iniciaron el camino para el reconocimiento de los derechos democráticos dentro del cuerpo y que fueron expulsados por exigir el derecho de asociación, derecho reconocido hoy en nuestras leyes; porque la amnistía es un medio para la reconciliación y la convivencia en muchos casos y lugares. Votemos a favor y pasemos página, para poder centrarnos en lo que de verdad importa, poder continuar mejorando la vida de la gente, sin renunciar a aprobar unos presupuestos generales del Estado, que nos permitan seguir creando empleo o mantener los impuestos a los grandes beneficios de los bancos y las eléctricas. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Venimos a hablar de esta ley que restaura la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Se exige un tipo de conexión con nuestro país, pero con independencia del lugar donde se haya cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima. Esta exigencia no será necesaria cuando se trate de crimen de genocidio. Se modifica el artículo 23, para, en primer lugar, incorporar otra vez la acción popular; y, sobre todo, para algo que usted decía, para que se puedan perseguir todos los delitos que, según los tratados y convenios internacionales firmados por España, tengamos la obligación de perseguir y no hay otras normas expresas en nuestra legislación que lo faculten. Hay algo muy importante en esta PL y es que también hemos ampliado ese campo de persecución a delitos como los de apartheid o esclavitud. En todo caso, este Congreso tiene una nueva oportunidad para abordar esta reforma de la jurisdicción universal, para recuperar la potencialidad de esa legislación, para combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología, que haga que la comunidad internacional se sienta orgullosa del trabajo de la justicia española. Que no solo se oiga hablar, por favor, de nuestra justicia por el secuestro desde hace ya cinco años del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. Que las políticas en materia de derechos humanos no queden simplemente en anuncios, no queden simplemente en discursos desde la tribuna porque no se puede defender los derechos humanos en unos lugares sí y en otros no. No se pueden defender los derechos humanos de unas personas por tener una ideología y olvidarse de otros cuando tienen otra ideología. Sinceramente, les animo a todos -también a usted, señor Sánchez García- a que voten esta proposición de ley y hagan suya esta herramienta y no dejen ninguno de esos graves crímenes en la impunidad. ¡Ánimo! (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces. Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y, según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente. Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución -Consejo General del Poder Judicial-, del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Sobre los flujos migratorios, España y Europa necesitan esos flujos para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas. Hay dos experiencias recientes del tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlos en situaciones difíciles con el debido respeto a los derechos humanos. España ha acogido a más de doscientas cincuenta mil personas desplazadas de Ucrania por un conflicto bélico y, en el último semestre, más de cuarenta mil personas procedentes de África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas. Felicitamos a todas las personas que han participado en esos trabajos; por supuesto, a todas las instituciones, también a las ONG y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable mientras que los ultras vociferaban contra una invasión inexistente. (Aplausos). Desde luego, algunos instrumentos de gestión de las migraciones se han enfrentado a dificultades, por supuesto. El Defensor del Pueblo puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo que llegaban a Valverde por falta de medios, en este caso, de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de una forma apresurada y en condiciones de peligro, pero el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta inmigración e invasión migratoria se han quedado sin argumentos. El problema no es la capacidad de acogida de nuestro país; el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio. No solo es una obligación moral y jurídica, es una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen, porque, además, es posible hacerlo. Le felicito, señor ministro, por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso. Ojalá pongamos a España a la altura para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida. En materia de política migratoria tenemos dos obligaciones. En primer lugar, aplicar la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los derechos humanos y, en segundo lugar, tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla. (Aplausos). Aprovechamos esta andadura en la nueva legislatura para corregir algunos problemas estructurales del sistema. En primer lugar, la extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para obtención, renovación, subsanación de trámites de extranjería, que son un calvario. Preocupan especialmente los casos del procedimiento de asilo, dadas las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional. Los centros de recepción, atención y derivación, como sistemas integrados de gestión, han funcionado bien en la acogida de personas ucranianas. Aprendamos de esa experiencia y generalicémosla también para subsaharianos, no solo para europeos. La Subdirección General de Asilo del ministerio es una dirección general. Eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas. Para combatir la saturación, simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias. Por ejemplo, mayor periodo de validez de las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones. Los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajadas seguimos sin regularlos y usted, señor ministro, se comprometió en esta Cámara el 30 de noviembre del año pasado a que iba a llevar adelante esa reforma, ese desarrollo reglamentario. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario le va a hacer llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos, con la mayor celeridad, este compromiso que es suyo y es nuestro. Nos preocupa también la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas. Eso requiere una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo. Otro aspecto que en esta legislatura debe cambiar radicalmente es la instrucción para que la policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a comisarías como víctimas de delitos a regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o, simplemente, a denunciar que han sido víctimas de delitos. Esto está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante. Es evidente que hay una colisión entre la ley de extranjería y una norma superior, como es la obligación de perseguir los delitos que se cometen contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa, porque la víctima es víctima aunque esté en situación administrativa irregular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Presidenta, señorías, tras este espectáculo machirulo digno de un bar (rumores.-Aplausos), digno de un bar, pido, en primer lugar, excusas a los españoles y españolas y quiero mandarles un mensaje de tranquilidad: el señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Y además todavía no se ha enterado de quién fue la primera mujer ministra de un Gobierno en España, fue la señora Federica Montseny en el Gobierno de la Segunda República. (Aplausos). Señor Feijóo, seamos rigurosos, el Partido Popular no tiene demasiada autoridad para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. (Protestas). La democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de Alianza Popular. (Aplausos). El Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y uno de ellos incluso firmó la condena a muerte de Julián Grimau. Han votado en contra de todas las iniciativas para condenar el franquismo presentadas en el Pleno del Congreso. No aceptan las reglas de la democracia, no reconocen legitimidad a los gobiernos de izquierda y constantemente llaman al transfuguismo. Ustedes son la anomalía democrática. (Aplausos). El PP no puede erigirse en guardián o intérprete de la Constitución, entre otras cosas porque en 1978, cuando este Congreso votó la Constitución, la mitad de sus diputados no votaron a favor. Para el PP España siempre está rompiéndose: con el tripartito en Cataluña, con el Gobierno de Zapatero, con la aprobación del Estatut, con la moción de censura a Rajoy, por la formación del Gobierno de progresistas... Pero la verdad es que España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes. (Aplausos). Hablan de concordia, de igualdad, a la vez que se oponen a cualquier diálogo entre el Estado y Cataluña. El PP sí puede hablar con Junts con normalidad, ¿verdad, señor González Pons?, pero si lo hace SUMAR entonces está rompiendo España. Aznar indultó a quince miembros de Terra Lliure y Rajoy, con buen criterio, ofreció amnistiar para bajar la tensión en Cataluña. (Muestra un recorte de prensa.-Aplausos). Pero cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. De hecho, en Portugal se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado julio por la visita del Papa. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España. (El señor Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno, hace gestos negativos). Sí, señor, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. (Aplausos). Y tiene un límite: no puede aplicarse a delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización y en este caso lo va a ser tras un gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. Y no pueden decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución. ¿No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas? Tampoco se mencionan en la Constitución. La Constitución no prohíbe la amnistía, es una facultad del Legislativo que opera sobre una conducta, mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo y opera sobre las condenas penales, y ninguno afecta a las facultades del Poder Judicial. Sí prohíbe la Constitución el indulto general, lo que no impidió que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar aprobara 1443 indultos. (Aplausos). ¿El motivo de este indulto general? Hombre, terminaba el milenio en año jubilar. Un motivo arbitrario, sin interés general alguno e impropio de un Estado aconfesional. Si este indulto cuasi general no rompió la separación de poderes, ¿por qué, según el PP, una hipotética amnistía sería un ataque al Poder Judicial? En nuestro sistema constitucional sí está prohibida la impunidad de las conductas que pudieran cometerse posteriormente al indulto o la amnistía. Porque la amnistía no despenaliza ninguna conducta, solo es una institución que se aplica excepcionalmente para normalizar una situación conflictiva.»