«Analizando su enmienda, ustedes denuncian -y VOX también- la ausencia de presupuestos generales del Estado de este ejercicio 2024 que languidece -cierto-, la incapacidad de aprobar la senda de déficit y deuda -cierto- y, con ello, la falta de tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2025 -cierto-, que coincide con la entrada en vigor de la reforma del marco fiscal de la Unión Europea que establece y exige contención en las decisiones y en las políticas del Gobierno -cierto-, sin olvidar que la obligación del Gobierno es buscar la mayor eficacia, pero también la mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Cierto también. Todo lo anterior le da absolutamente igual al Gobierno. Lo sabemos todos los que estamos aquí, unos y otros. En todo lo anterior es evidente que también hay un interés público, incluso una necesidad emergente de crear un sistema que resuelva los conflictos entre las entidades financieras y su clientela. La ausencia de un sistema que ofrezca un procedimiento de resolución alternativa de litigios que sea independiente y justo ha ocasionado que cientos de miles de consumidores financieros, de clientes de bancos, hayan tenido que acudir a un procedimiento judicial para ejercitar sus derechos y reclamaciones, colapsando los juzgados y tribunales. Muchos de nosotros -bueno, algunos pocos- como letrados y abogados, a los que también se ignora en este proyecto de ley, hemos tenido numerosos procedimientos relacionados con las controversias bancarias, ya sea en un lado o en otro. Sabemos lo que sucede con ese colapso que afecta, cómo no, a todo el sistema judicial.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.