«En tercer lugar, está el uso irresponsable de los recursos públicos. El Gobierno dice que faltan medios. No es cierto. Con este Gobierno hemos visto el récord de recaudación de la historia. El problema no es la falta de recursos, sino el despilfarro sistemático. El dinero de todos los españoles, incluidos los fondos europeos, se desvía a propaganda, a duplicidades administrativas, a chiringuitos ideológicos y, sobre todo, al mantenimiento de la inmigración ilegal. Mientras tanto, lo que sí cambia vidas, lo que interesa a los españoles -por ejemplo, apoyar la verdadera integración laboral de las personas con discapacidad- queda en segundo plano. Esa es la verdadera inmoralidad del sistema. La misión de las empresas es generar riqueza, no convertirse en una ONG. Pero cuando se las obliga a cumplir con una función social, el Estado tiene el deber de facilitar esa tarea, de acompañar y no perseguir. (Aplausos). Nuestra propuesta es clara: pasar del castigo al estímulo; sustituir la amenaza por el acompañamiento; que la Inspección de Trabajo no sea solo una máquina de sancionar, sino también, y, sobre todo, de orientar; que se premie al que cumple, no se machaque al que falla; y, especialmente, centrar los recursos en lo que funciona: diagnóstico de puestos y ajustes de capacidades, seguimiento laboral y tutorización, proporcionalidad en las exigencias según el tamaño de la empresa, facilitar la transición del empleo protegido al empleo ordinario. Ese es el camino que da resultados, lo demás es propaganda bajo el disfraz del bien común, imponen sanciones, controles y burocracia. Aparentan sensibilidad, pero imponen castigo; hablan de inclusión, pero promueven persecución. Es la receta de siempre: leyes aparentemente buenas y bonitas, sin gestión eficaz.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.