«El señor ministro supongo que se habrá leído este real decreto ley porque le ha tocado defenderlo. Pues bien, vamos a analizarlo un poco. El texto llega al Boletín Oficial del Estado con incoherencias visibles. Menciona un inexistente artículo 3, remite a él en una disposición final segunda, atribuye a la primera modificaciones que recaen en la tercera y esto, sin duda, señor ministro, es la prueba de un decreto ley ensamblado con prisas para encajar concesiones ajenas a la materia principal. (Aplausos). Más revelador aún es que la parte expositiva atribuye a la disposición final primera cambios en la Ley de Bases del Régimen Local, pero la disposición final primera solo trata de VERI*FACTU, y es la disposición final tercera la que añade la nueva disposición adicional decimoctava a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Supongo que lo habrá entendido, pues revíselo y ya verá cómo es un desajuste absoluto. En fin, señor ministro, esto no es un error menor, es la huella del parcheo normativo, un decreto concebido para inversiones y VERI*FACTU al que se le ha injertado de manera atropellada una cesión competencial incompatible con las materias originales, y aquí empieza la verdadera gravedad. Lo que se introduce en la nueva disposición adicional decimoctava no es un ajuste técnico, en absoluto, es la cesión -devolver ha dicho usted, ya sabe por qué lo ha dicho- a la Generalitat de todas las facultades del artículo 92 bis: creación y clasificación de puestos, oferta pública, selección, temarios, formación, habilitación, provisión, primer destino y situaciones administrativas; todo, absolutamente todo.»

Fragmento 2 de 7 de esta intervención.