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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
El ministro Óscar Puente no podía seguir tras 2 graves accidentes seguidos. Se va mostrando responsabilidad, dignidad y coherencia. No todos los políticos son iguales. Ahora hay que garantizar un ferrocarril 100% público, bien financiado y organizado. publico.es/politica/ultim… -
Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Todo nuestro apoyo al personal de Renfe y Adif en estos momentos difíciles. Con más recursos, personal y control público, invirtiendo en el Cercanías y media distancia, el sistema ferroviario sería más seguro y vertebrador. Lo contrario pasa con liberalizaciones y subcontratas.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
👁️ El Jefe del Estado se realiza una operación "rutinaria" en una clínica privada, pese a que hay excelentes oftalmólogos en la sanidad pública. Pésimo mensaje de desprecio a la sanidad pública, en un momento en el que la derecha trata de desmantelarla para hacer negocio.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
💰 Lo que va a "petar" en el sistema público de pensiones es el fondo de reserva, que está hasta arriba después del gobierno de izquierdas. Por eso PP y Vox quieren privatizarlo, hacer negocio con ese dinero y que sus amigos se lucren.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Madrid es la comunidad autónoma que destina menor porcentaje de su presupuesto a la educación pública. 👩🏻🏫 Resultado: pésimas condiciones para el profesorado, ratios inaceptables y falta de medios e infraestructuras. 📚 Todo nuestro apoyo a la huelga general de enseñanza. ✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
🗳️ El PP sabe que no va a ganar y por eso repite la estrategia trumpista de atacar al voto por correo y a los votantes en el exterior. Feijóo, como ex Presidente de Correos, ¿cómo pueden manipular el voto por correo desde la empresa pública? Digánoslo.🤔 europapress.es/nacional/notic… -
Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Enhorabuena Rafa, un nombramiento más que merecido tras años de brillante trabajo académico, mejorando la administración pública, en defensa de los derechos humanos y el bien común. Gracias por tanto compañero.Ver en X ↗ Ficha cita otro tweet
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Las pensiones gozan de buena salud, pero PP-Vox sacarán una motosierra que hará parecer "moderados" los recortes de Rajoy. Los ricos que les aupan quieren privatizar y saquear las pensiones públicas por las que nuestros mayores cotizaron años de trabajo. publico.es/politica/vox-d… -
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de...
«Defendemos los mecanismos de acuerdo extrajudicial en los procedimientos civiles y mercantiles. Antes de demandar, debe intentarse el acuerdo entre partes; antes de suprimir los MASC como requisito de procedibilidad, se deben incentivar otras medidas que mejoren el proceso previo, como un eficaz servicio público de mediación procesal que cuente con medios para funcionar de forma ágil y efectiva. Y defendemos un modelo alternativo de resolución de conflictos que ofrezca alternativas al litigio, que promueva la cultura del acuerdo y la resolución dialogada de conflictos. Ese es el espíritu de la ley: pasar del enfrentamiento a un diálogo para construir acuerdo. Y los fines de esta ley orgánica son: agilizar los procedimientos, reducir la litigiosidad y descongestionar los tribunales. Para nuestro grupo parlamentario, los medios adecuados de solución de controversias no son ni mucho menos un obstáculo para ello; son una herramienta para hacer la justicia más accesible, ágil y más adecuada a la realidad de las familias. Y no habiendo pasado ni un mes desde que entró en vigor este requisito de procedibilidad, creemos que es prematuro desestimarlo. Los MASC tendrán un impacto muy positivo, ya que incluyen la perspectiva de género, orientación sexual y atención a la discapacidad e infancia para los mediadores que actúen en el ámbito del derecho de familia. Pero hay que invertir para dotar a estos medios de recursos suficientes para garantizar la agilidad.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de...
«Señor presidente, la proposición de ley que hoy debatimos se centra en ampliar las excepciones al requisito de acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias antes de demandar y en un par de cuestiones más. Las excepciones al requisito de procedibilidad vienen recogidas en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco ordena adecuadamente el precepto aplicable y amplía las excepciones al exequatur y a los procesos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o cualquier otro de familia en el que intervengan menores. Modifica el artículo 7 para que el inicio del proceso de negociación a través de cualquier medio alternativo tenga la consideración de inicio del procedimiento ante los tribunales, una vez admitida a trámite la demanda, y propone que, en los casos en los que estén involucrados derechos de menores, la vista siempre sea preceptiva, para mayor garantía de sus derechos. Desde luego, compartimos la preocupación por garantizar la máxima protección en los procesos de familia en los que hay menores implicados. El interés superior del menor debe ser la prioridad. Nos genera dudas la propuesta que pretende la eliminación del requisito de procedibilidad en procesos de familia, en especial si afecta a menores. Aunque la implementación de esta ley es cierto que está teniendo problemas, a pesar de ello no compartimos el cuestionamiento general de los medios adecuados de solución de controversias en los procesos de familia con menores.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del...
«A pesar de las duras consecuencias de las anteriores medidas, la furia obsesiva de Trump ha continuado volcándose contra nuestro pueblo hermano cubano. La orden ejecutiva de 29 de enero de 2026 declara una emergencia nacional en Estados Unidos con respecto a Cuba. Nadie en este planeta puede creerse que la pequeña isla de las Antillas sea una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Han impuesto el bloqueo total de petróleo y sus derivados, buscando el colapso de la economía cubana, echando a empresas españolas como Meliá o Iberostar y provocando una crisis humanitaria para justificar la intervención política y una futura intervención militar. Ante tamaña agresión, a nadie debe extrañar que la indignación del pueblo cubano se dirija contra quienes pretenden matarlos de hambre y de enfermedades. (Continúan los rumores). Por eso, Trump no se ha atrevido todavía a una agresión militar como la que realizó el 3 de enero en Venezuela. El 20 de julio pasado Estados Unidos publicó un nuevo informe en el que se describe a la extenuada Cuba como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio. Expertos de Naciones Unidas han señalado que el informe solo aporta consideraciones políticas e ideológicas del Gobierno de Trump para justificar medidas coercitivas que pretenden alterar el orden constitucional de un Estado soberano. Las sanciones anunciadas el 23 de julio han bloqueado también la adquisición de combustible por razones humanitarias. Son ya varios meses sin que entre una gota de petróleo. No es exagerado hablar de lento genocidio o de una Gaza silenciosa, en palabras de miembros del Congreso de los Estados Unidos. Los salarios han disminuido, el transporte y el suministro de energía están bajo mínimos, faltan materiales educativos básicos y equipos científicos. (Continúan los rumores.-Varias señoras y señores diputados chistan pidiendo silencio). Las remesas enviadas por familiares en el extranjero no se reciben tras el cese de servicios empresariales y la imposibilidad de operar del sector bancario internacional. Los prolongados apagones interrumpen los servicios sanitarios, provocan escasez crítica de medicamentos, incapacidad para el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer y los residuos no recogidos se acumulan, agravando el riesgo de propagación de enfermedades. La actividad turística y las inversiones extranjeras han desaparecido, incluso se ha impedido que opere la ayuda humanitaria internacional tras el huracán Melisa. Esta situación afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores; en general, a grupos vulnerables. El derecho a la vida y a la salud está afectado gravemente. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado, cada año y por mayoría abrumadora, resoluciones que exigen el fin del bloqueo. (Continúan los rumores). España ha votado de manera constante a favor de estas resoluciones en defensa del derecho internacional.»
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Congreso · PlenoSolicitud comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar...
«Continuamos reclamando un cambio de estrategia a los Gobiernos de España y de Ceuta para el traslado urgente a la península. El señor Tellado fue a Ceuta a primeros de agosto -imaginamos que a llamar al orden al señor Vivas para que no reventara el acuerdo entre VOX y el Partido Popular- y desde entonces el Gobierno de Ceuta no propone ninguna solución más que la imposible, esa de retornar y echar a Marruecos a todo el mundo. Al señor Vivas le pedimos que vuelva a la sensatez y que defienda vaciar Ceuta ya, porque el clima social se deteriora, ha habido veintitrés agresiones sexuales contra mujeres inmigrantes. Menos gastarse el dinero en cenas en yates de ricos y más gastarse el dinero en seguir acogiendo. Nos trasladan que hoy mismo siguen sin ser recogidas 300 mujeres y niñas en el campo de acogida que ha organizado la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek, y eso no puede ser. Pedimos a todas las instituciones que, de inmediato, acojan a esas mujeres. Y pedimos que, igual que se ha identificado o detenido a quienes han atacado a militares o insultado a Aznar, se identifique y se detenga a quienes atacan a migrantes, a niños, a refugiados, a la prensa, a las organizaciones humanitarias, a ciudadanos y ciudadanas musulmanes españoles y también a quienes insultan a miembros del Gobierno. Y para eso queremos ser enfáticos al decir que a nadie se le ocurra convertir en agentes de autoridad a militares. Eso en una democracia no pasa; en una democracia del orden público se encarga la Policía y, en este caso, la Guardia Civil, porque no es tan sencillo guardar el orden público, y los militares no tienen formación ni preparación. Estamos preocupados al ver los vídeos que comienzan a circular de denuncias de abusos ocurridos supuestamente por la noche en barrios populares de Ceuta donde los responsables aparecen uniformados de militares. Eso hay que controlarlo.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Vamos a permitir que los mutualistas decidan lo que consideren mejor al eliminarse la obligación de compatibilizar la pensión de la mutualidad -si la tuvieran- y la pensión de Seguridad Social para quienes sí tuvieran esta última garantizada. Ahora estos mutualistas también tendrán la opción de traspasar a la caja de la Seguridad Social todos los fondos aportados a las mutualidades y es una decisión muy correcta, porque permite mayor transferencia de los fondos de las mutualidades al sistema público. Lo que nos parece un grave error es que la ley haya eliminado la posibilidad de acabar con la alternatividad. Esto consistía únicamente en revisar en un periodo de tiempo la conveniencia de permitir que las mutualidades sigan haciendo negocio con las jubilaciones. Las mutualidades deben convertirse en lo que realmente son y han hecho: compañías de seguros. Que las mutualidades continúen siendo responsables de la gestión de pensiones de jubilación es un error que hará que en pocos años otros mutualistas se encuentren en la situación de abandono que ha obligado al Estado a intervenir.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Desde la anterior Legislatura hemos trabajado por la derogación de los delitos contra la libertad de expresión. Hoy esta medida de recuperación de libertades públicas cuenta con más que suficiente apoyo en las calles, en la sociedad y en el Congreso. Pero el Partido Popular y VOX pretenden hacerla fracasar. El Código Penal no puede ser utilizado para limitar expresiones, al margen de que puedan resultar más o menos inapropiadas en una democracia, no pueden convertirlas en delito habiendo otras vías para defender el honor o el prestigio de personas o instituciones. Por eso esta reforma es una urgencia democrática, para que no se vuelva a someter a procedimiento penal o a condenar a cantantes, a dibujantes de cómic o a cómicos, y porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión con el delito de injurias a la Corona, por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos -525 del Código Penal?-, por el delito del 543, ofensas o ultrajes a símbolos nacionales, y el Tribunal Constitucional ha declarado en incontables ocasiones que la libertad de expresión también puede comprender la crítica a la conducta del otro, aunque esta crítica sea desabrida y pueda molestar o inquietar. A pesar de ello, estos delitos han sido interpretados de forma muy represiva por los tribunales de España, por los mismos jueces a los que las reformas del 2015 de Rajoy impidieron que se les exigiera responsabilidad civil, por ejemplo, por inhabilitar nueve años o por exigir pruebas de hechos negativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión al aplicar estos artículos, por lo que urge afrontar su derogación. Vamos a votar en contra de sus enmiendas y vamos a hundirlas. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Para el Partido Popular y para VOX cualquier derecho puede ser recortado. Ambos partidos se opusieron a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones de jubilación, a la reforma laboral para acabar con la precariedad, a la reducción de la jornada laboral y ahora han puesto en marcha una nueva cruzada para privar de derechos a quien enferme. Señor Feijóo, el absentismo no es un cáncer. ¡Ah, que no ha venido a trabajar! (Aplausos). El cáncer o cualquier enfermedad es motivo para no ir a trabajar hasta que se recupere la salud y, mientras tanto, claro que debe existir el derecho a cobrar el mismo salario, algo que no siempre ocurre, por desgracia. Señor Feijóo -vaya, que no está, ¿no? ?-, en lugar de castigar a las personas trabajadoras por enfermedad, dejen de hundir la sanidad pública en las comunidades autónomas donde gobiernan. (Rumores). ¡Acaben con las listas de espera que han provocado! Y por mucho que la portavoz Esther Muñoz lo diga, los trabajadores enfermos no son unos jetas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Cuando Feijóo dice que las vacaciones están sobrevaloradas nos está advirtiendo de lo que hizo el partido hermano del Partido Popular en Grecia: incrementar la jornada laboral hasta doce horas al día y ampliar la jornada laboral a seis días a la semana. Cuando repiten que tal derecho laboral es un fraude es que pretenden acabar con él. Ya nos lo sabemos. El Partido Popular de Casado votó en contra de la reforma laboral. En 2012, el Partido Popular de Rajoy abarató el despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado, eliminó los salarios de tramitación y legalizó el despido por bajas médicas. Tuvo que llegar la izquierda al Gobierno de coalición para recuperar derechos. Aumentamos a cinco días el permiso retribuido por enfermedad de un familiar; ampliamos los permisos parentales, primero a dieciséis semanas y, más tarde, de dieciséis a diecinueve semanas para padre y madre; y también implantamos la baja por menstruación incapacitante. Tanto si hablamos de libertad de expresión como de derechos laborales, el Partido Popular y VOX eliminan derechos y la izquierda plurinacional gobierna para recuperarlos. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«También convierten en delito más conductas que la ultraderecha considera ofensas o ultrajes a España, pero se olvidan de sancionar la misma conducta cuando se refiere al resto de nacionalidades o de las comunidades autónomas del Estado, que también están contempladas en la Constitución. Convierten en delito exhibir una bandera republicana o independentista en un evento o en un edificio público o no colocar la bandera española en el lugar que la ultraderecha considera adecuado, según indican. Multiplican la criminalización de comportamientos que consideran enaltecimiento del terrorismo, mientras dejan desprotegidas a víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Inventan nuevas sanciones administrativas para aplicar en concentraciones deportivas, pero no por casos de racismo o de violencia, sino cuando se profieran lemas o se muestren símbolos de carácter político contrarios a la ideología de la extrema derecha. Y sin que tenga que ver con la libertad de expresión, intentan endurecer el Código Penal con nuevas penas privativas de derechos en la línea de su prioridad nacional. VOX empezó por proponer recortar derechos y libertades de los extranjeros y ya está en recortar a los españoles que no son lo suficientemente puros para ellos. (Aplausos). Tras defender quitar el derecho de voto a los españoles que residen en el extranjero, ahora proponen una sanción de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen. Recuerden que para la ultraderecha no son españoles de origen puro quienes, a pesar de haber nacido en España, no tienen padre y madre españoles. Esto es lo que defiende el portavoz de VOX, el señor Joan Garriga. Así, su racismo hace que propongan un nuevo delito con destinatario -derecho penal del enemigo se llama eso?-, solo aplicable a quienes no consideran españoles puros. El nuevo artículo 604 del Código Penal que quieren aprobar castigaría retirando la nacionalidad, por ejemplo, a quien ofenda al jefe del Estado o al que blasfeme, pero solo aplicable a extranjeros naturalizados en España. Señores y señoras de VOX, no son extranjeros, ¡los naturalizados en España son españoles y españolas! (Aplausos). Es una definición insultante, porque VOX no reconoce como compatriotas a quienes adquirieron la nacionalidad española tras su nacimiento.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, pues nada, ya hemos visto que ni al Partido Popular ni a VOX les interesa lo más mínimo que la Guardia Civil pueda afiliarse a sindicatos, que la Guardia Civil o la Policía tengan capacidad de negociación colectiva o que la Guardia Civil y la Policía tengan derechos a aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y, por supuesto, les parece excelente que la Guardia Civil siga sometida al Código Penal Militar cuando realizan tareas policiales en el interior de España. Es decir, al Partido Popular y a VOX que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan derechos laborales les importa un pimiento. En todo caso, en el mundo observamos cómo se cierran fronteras, se persigue, manu militari, a extranjeros y a nacionales que se solidarizan con los extranjeros, se confinan migrantes en indignos centros de reclusión, sin haber cometido ningún delito. España, sin embargo, ha iniciado un proceso de reconocimiento de derechos que ha merecido páginas y editoriales en todo el mundo. Un proceso de regularización gracias a una iniciativa ciudadana que recogió más de 700 000 firmas. Quiero felicitar hoy a todas esas personas que consiguieron que saliera adelante esta iniciativa y, en especial, a todos y todas los servidores y servidoras públicas que están sacando adelante este proceso de regularización (aplausos), que han recogido ya 900 000 solicitudes y también a todas las personas que, perteneciendo a organizaciones de apoyo, ONG, están colaborando también para que esto salga adelante. Es un auténtico orgullo formar parte de este país y también apoyar al único Gobierno que en este momento marca una tendencia en el mundo absolutamente distinta. Pero, señor ministro, recogiendo preocupaciones de esos movimientos sociales, queremos pedirle que en estos quince días que quedan se intensifiquen las medidas de reforzamiento para que este proceso de regularización sea todo un éxito; que se tomen medidas para que se dé un apoyo más rápido desde las oficinas consulares en terceros países para que se facilite la tramitación de la documentación que sea necesaria; que se haga un esfuerzo para que dotemos de más medios materiales y técnicos a todas las personas que están trabajando en este proceso; que se paralice cualquier expulsión que pueda afectar a personas susceptibles de ingresar en el proceso de regularización, y que los denominados antecedentes o anotaciones policiales no sean utilizados como si fueran antecedentes penales a la hora de dificultar el proceso de regularización. Y me gustaría hacer una petición muy especial, señor ministro: es imprescindible que se busque una solución para los solicitantes de apatridia de origen saharaui que quedaron excluidos del proceso de regularización sin renunciar a la solicitud de apatridia. (Aplausos). Creemos que la solución es bien sencilla y está prevista en la ley, que es simplemente que se les otorgue provisionalmente, mientras concluye su procedimiento de apatridia, una autorización laboral que equipararía los resultados al proceso de regularización. En todo caso, acaba de entrar en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo el pasado 12 de junio. Se acaba de aprobar el reglamento de retorno. Es un auténtico orgullo que España haya sido el único país que ha votado en contra de estas medidas, que son un auténtico recorte de derechos fundamentales. En especial porque se vulnera el derecho a la libertad, al aumentar los motivos de detención y confinamiento en frontera, hasta incluso una posibilidad de veinticuatro meses de duración. No es casualidad que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y hasta dieciséis relatores de las Naciones Unidas, sindicatos, se hayan pronunciado sobre este paquete de medidas denunciando que pueden afectar gravemente a los derechos fundamentales. Pedimos que nuestro Gobierno siga oponiéndose a cualquier amenaza de la protección internacional, más hoy día en un mundo en el que se multiplican las causas de persecución, donde es más necesario que nunca reforzar los mecanismos de protección internacional.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Señor ministro, pongan a disposición de los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil los informes de investigación de los servicios de prevención sobre los hechos de Barbate y Huelva. Las medidas correctoras que se adopten, como consecuencia de la investigación, sobre prevención de estos hechos deben ser adoptadas con la participación de los representantes del personal y debe establecerse un cauce efectivo de participación de los representantes en la prevención de riesgos laborales. Son muchas las restricciones de derechos que soporta la Guardia Civil, y esto también pone en riesgo la integridad de los agentes. Por ejemplo, la exclusión de la Guardia Civil de la jornada laboral de treinta y cinco horas es un ejemplo claro. El coste de la seguridad pública no puede depender de sobresfuerzos, pérdida de descansos, sacrificio personal de los agentes. Esto fue impuesto por un régimen militar que no procede en un Estado democrático respecto a un cuerpo policial. Y lo peor es que, en las Fuerzas Armadas, sí opera la jornada de treinta y cinco horas desde el pasado 11 de junio de este año. Resulta que opera en las Fuerzas Armadas y no opera en un cuerpo policial militarizado. ¿Cuándo se va a corregir esta situación? No es justificable. También opera -las treinta y cinco horas- en la Policía Nacional o para el resto de los trabajadores de la función pública. También están las inaceptables limitaciones del derecho de representación.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Aprender de lo ocurrido es la única vía para evitar que se vuelva a reproducir. Si el informe de Barbate se hubiera compartido con participación de los representantes de las asociaciones, probablemente se habrían evitado los trágicos sucesos de Huelva. En cualquier Administración pública, los delegados de prevención tienen garantizado el acceso a la información y la documentación sobre las condiciones de trabajo, incluidas las investigaciones de los incidentes que ocurran en el trabajo, más si tienen resultado de muerte. En la Guardia Civil, los representantes de personal ni siquiera han podido leer estos informes. Esto es un síntoma de una carencia estructural. El sistema de prevención de riesgos laborales descansa en dos pilares: la evaluación técnica de los riesgos y la participación de los trabajadores a través de sus representantes. En la Guardia Civil, la participación efectiva de los trabajadores no existe, debido a la restricción de derechos. Los delegados de prevención de los guardias civiles carecen de las facultades que contempla la ley. No pueden acompañar a los técnicos en las evaluaciones, no pueden acceder a la documentación preventiva, no son consultados ante las decisiones que afectan a su seguridad y no tienen capacidad para paralizar actividades ante riesgos graves o inminentes. Las evaluaciones de riesgo de las operaciones marítimas de interceptación se realizan sin participación de los representantes de personal, trasladando a la gente la evaluación de riesgo cuando está en una persecución a una velocidad de cincuenta nudos. Es la inversión exacta de la lógica preventiva. El 47 % de las bajas con absentismo de la Guardia Civil se deben a agresiones en acto de servicio. Un cuerpo con esta siniestralidad y sin participación efectiva de sus representantes en la prevención es una forma de actuar anacrónica y autoritaria, propia de una fuerza militarizada de otro tiempo. No es una forma de actuar de un cuerpo de policía moderno de un Estado de derecho.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Es evidente que los profesionales no solamente deben contar con medios, también deben contar con derechos para que se oiga su voz a la hora de organizar este combate en el que nos jugamos la democracia. Al Partido Popular y a VOX los vemos utilizando siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como un elemento de confrontación con el Gobierno, pero nunca los vemos denunciando que los y las integrantes de la Guardia Civil soportan una importante restricción de derechos, que impide, por ejemplo, la normal participación de estos trabajadores en las tareas de organización de su trabajo y en las decisiones que les incumben, debido a su nula capacidad de acción sindical. También ocurre esto respecto a las limitaciones de acción sindical en la Policía Nacional. No es comparable la situación de falta de recursos, de falta de cauces para ser escuchados y de participación en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores de la seguridad del Estado con la situación de otros empleados públicos, que sí disponen de estos canales.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, en primer lugar, mis condolencias a los agentes fallecidos y a los heridos, a sus familiares, a sus compañeras y compañeros y a sus allegados. Nada hay peor en una democracia que la incrustación de organizaciones criminales mafiosas en la sociedad, organizaciones que aplican la ley de la selva, que son el producto más acabado de las ideas neoliberales. Las organizaciones criminales complejas tienen innumerables ramificaciones porque innumerables son sus recursos. Expanden la corrupción, el delito y la impunidad allá donde se establecen. Y las organizaciones de narcotráfico, además, diversifican su actividad en otras actividades ilegales: tenencia de armas, vehículos de transporte, trata de personas, blanqueo de dinero y cooptación de servicios de carácter privado, como notarios, ayuntamientos. También penetran en la Administración de Justicia e incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, es fundamental dar el máximo apoyo a los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de aduanas y del resto de Administraciones públicas, en especial de la de Justicia, que combaten estas organizaciones.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«No olvidamos tampoco la precariedad de los abogados y las abogadas, los procuradores y las procuradoras en el desempeño del servicio público del turno de oficio, cuya importancia no es siempre reconocida socialmente como debería ser. Mantenemos una enmienda para que se garanticen los derechos sociales y laborales básicos de quienes defienden nuestros derechos. Las Administraciones competentes -comunidades autónomas y Ministerio de Justicia- deben cotizar a la Seguridad Social como empleadoras de estos profesionales por cada hora en la que desempeñen tareas de asistencia a detenidos (aplausos), diligencias urgentes o guardias en tribunales. Las cotizaciones tendrán que ser ingresadas a efectos de jubilación, de incapacidad temporal o de otras contingencias sociales como maternidad y paternidad. Acabo. Nos comprometemos a que durante esta legislatura se regule el desempeño del futuro turno de oficio, acabando con su actual precariedad. Hoy es un día para sentirnos satisfechos por lo conseguido. Gracias a quienes lo habéis hecho posible.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Sabemos que no hemos conseguido todos los objetivos reivindicados por los colectivos afectados, pero es una inmensa satisfacción anunciar que todos y todas las mutualistas van a tener una pensión de jubilación digna a cargo de la Seguridad Social. (Aplausos). Pasarán de los míseros 300 o 400 euros al mes a 1200 euros aproximadamente y en tres meses se aprobará el reglamento de esa pasarela al RETA, y, con un gran esfuerzo solidario, la Seguridad Social garantizará una pensión pública a todos y todas las mutualistas que no la tuvieran asegurada. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que pagamos, para garantizar derechos básicos que nunca garantizan sistemas privados si ello implica reducir sus inmensos beneficios (aplausos), y es el Estado quien va a rescatar a las y los profesionales a los que las mutualidades privadas condenaron a la indigencia en el momento de su jubilación. Conseguimos que la pasarela al RETA incluya un coeficiente corrector, uno por uno, que eleva el valor de las contribuciones realizadas a la mutualidad casi en un 30 % para todas las personas mutualistas mayores de 52 años a fecha 31 de diciembre de 2026. Aún no hemos conseguido otras reivindicaciones que son irrenunciables y por eso seguiremos trabajando hasta la última votación en esta ley y aprovechando posteriores tramitaciones legislativas si es necesario.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Desde las calles se percibe que son los ricos y los poderosos los que siempre obtienen trato favorable de la justicia, que son las familias trabajadoras las que soportan su mal funcionamiento y que quienes son señalados por las derechas van pa'lante. Hay operadores de la justicia y partidos que trabajamos por mejorar el servicio público de justicia. Otros utilizan los tribunales para hacer política. Ya saben: 'el que pueda hacer, que haga'. VOX desprecia la democracia cuando la califica de cuotas partidistas. Dejen ya de proponer el modelo corporativo de elección del Gobierno del Poder Judicial que utilizaron en su día Mussolini o Franco. Son los órganos constitucionales democráticos quienes deben elegirlo. Los tribunales soportan dilaciones por falta de medios y de jueces, retrasos que solo perjudican a la gente de a pie, pero VOX se opone a la reforma de la ley de acceso a la judicatura que incrementaría el número de jueces y fiscales. Dicen que sería un atentado contra la independencia judicial. (Continúan los rumores). Están encantados con los retrasos, por lo que sea, porque siempre benefician a la derecha -causa Púnica o Kitchen o Montoro, todo corrupciones del Partido Popular-: demoras de más de trece años permiten reducir las condenas por la atenuante de dilaciones indebidas. Aún no hay informes de policía sobre las corruptelas del denunciante Alberto, el de Quirón, pero el ex fiscal general ya ha sido condenado con toda celeridad. Califican de antidemocrático implantar el mismo sistema de instrucción por la Fiscalía que existe en la Unión Europea o en América simplemente porque entonces el Partido de las togas no podría seguir manejando las causas penales. Vuelvo a plantear a todos los grupos que es hora de recuperar el procedimiento para exigir responsabilidad civil por sus actuaciones a los jueces, como a cualquier profesional, suprimido por el señor Rajoy en el año 2015. Abascal, Feijóo y la jefa del PP, Ayuso, han pasado por la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones desestabilizadoras. Nunca han criticado los aranceles de Trump al campo español o el saqueo que pretenden para que gastemos el dinero público en sus armas, pero ya responsabilizan a los inmigrantes -mayoritariamente latinoamericanos- del mal funcionamiento de la justicia. Eludir sanciones unilaterales de Estados Unidos a Venezuela, Cuba o cualquier país solo es delito en el rancho de Donald Trump. ¿Les dio órdenes el embajador para que comience la cacería judicial contra quienes han eludido las coacciones de Estados Unidos a países soberanos? Veremos si en breve tenemos otro pa'lante en forma de solicitud de extradición. Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Presidente, señorías, la justicia siempre ha sufrido por falta de medios materiales y humanos. Es la principal causa de su mal funcionamiento, a pesar de los miles de jueces, fiscales y funcionarios entregados abnegadamente a servir a la sociedad. La justicia tenía buena imagen hasta que llegó el partido de las togas. No hay mayor daño al ejercicio de la jurisdicción que comportarse como un partido que no se presenta a las elecciones, pero que coordina actuaciones con la derecha y la ultraderecha. Cuando los operadores judiciales intervienen en política, perjudican el funcionamiento de la justicia como servicio público, pierden su independencia y el respeto de la sociedad. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden arreglar este problema. No tenemos competencias para acabar con la politización de la justicia que practican el Partido Popular, VOX y los jueces y fiscales que se dejan controlar por la puerta de atrás, como decía el señor Cosidó. Quien debe arreglar esto es el Consejo General del Poder Judicial, pero se dedica a vetar jueces dignos, como José Ricardo de Prada, mientras permite a otros jueces insultar y descalificar a ministras o decir a qué partidos se permite o no gobernar o abiertamente sugiere volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras a los homosexuales. Es el mismo Consejo que ignora las resoluciones de Naciones Unidas que corrigen a los tribunales españoles, que permite que se estiren instrucciones penales impresentables, como el caso Neurona o el caso de Begoña Gómez, y siempre haciendo nombramientos priorizando a la derecha judicial, como hoy. El gran corruptor Aldama se pasea por las calles participando en manifestaciones contra la corrupción convocadas por el PP y VOX porque la Fiscalía le pide una condena que no excede de dos años de cárcel, con lo que no ingresa en prisión. (Rumores). Es la misma Fiscalía que pide para los que Aldama ha corrompido penas de veinticuatro y diecinueve años de cárcel y casi dos años de prisión a Jorge Riechmann y otros ecologistas por una protesta climática.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«Hoy VOX les ha complementado con una enmienda para criminalizar la inmigración, apoyando el bochornoso papel del otro día de Feijóo cuando mintió sobre la gravedad de los antecedentes policiales, que son los que debería tener, por ejemplo, la señora Muñoz, si es verdad que a ella la paran los controles policiales más de una hora, como nos contaba. En Extremadura han acordado la prioridad nacional. Quitan a los extranjeros los derechos que tienen por pagar impuestos -porque hasta los irregulares pagan impuestos, como el IVA-, y acuerdan con VOX desregular, que es derogar las leyes que mejoran la vida de las familias trabajadoras, de las españolas y de las extranjeras. Aquí proponen leyes, pero únicamente para castigar a las clases populares. Un puñado de reformas inconexas del Código Penal. Proponen cinco años de prisión para quien porte armas blancas y dejan en cuatro años de prisión el castigo a quien porte armas de fuego ilegalmente. Se han lucido. Quieren reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se va a derogar en breve y, sobre la ley de seguridad ciudadana, la única reforma que nos parece urgente es la derogación de su ley mordaza. (Aplausos). En general, desprecian la seguridad pública democrática y no tienen políticas de prevención criminal, solo medidas para debilitar al Estado de derecho, acabando con la proporcionalidad de las penas. Inventan datos sobre el uso de armas blancas, igual que han hecho con la supuesta proliferación de la okupación de viviendas para engordar el negocio de las alarmas y de las empresas de desokupa. Han repartido paguitas a sus amigos poniéndolos a trabajar en oficinas antiokupación pagadas por Ayuntamientos, por ejemplo, el de Córdoba y el de Valencia; oficinas que, en seis meses una y en un año la otra, no han recibido ninguna denuncia; delitos que no existen. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«VOX propone que los entes pertenecientes al sector público local se dediquen a perseguir hurtos, como la empresa de vivienda de Madrid, que, por orden del PP, vendió sus viviendas públicas a precio de saldo a fondos buitre, que desahuciaron a las familias y ahora han dado un pelotazo vendiéndolas diez veces más caras de su valor. Robar a los pobres para dar a los ricos. Los entes públicos deben dedicarse a garantizar el derecho a la vivienda, no a hacer de fiscales. El Grupo Socialista propone una enmienda que ignora la prohibición de penalizar la misma conducta dos veces. Incrementar dieciocho meses de cárcel las penas por traficar con marihuana cultivada en inmuebles es precisamente lo mismo que llevan tiempo pidiendo las compañías eléctricas que se pasean por el Congreso haciendo lobby para conseguir esa penalidad, mientras que, desde hace cuatro años, tienen cortada la luz a las familias que viven en la Cañada Real. (Aplausos). Pero la máxima estupidez legislativa es la propuesta de VOX, que pide que los extranjeros condenados en España cumplan sus condenas de cárcel en otros países. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Bombardeando como en Irán o pagándoles como hace Trump con Bukele?»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Gracias, señora presidenta. Tras impedir que se sancione a quienes conducen bajo efectos del alcohol, el pasado martes, el Partido Popular y VOX se oponían a medidas de prevención de la conducción a velocidad temeraria, a sancionar los delitos de riesgo y la temeridad. El PP y VOX, cada día más ultras, desprecian la prevención. Prefieren castigar, sin diferenciar entre reparación del daño y venganza. Aznar introdujo penas de hasta 40 años de cárcel y Rajoy la prisión permanente revisable, la cadena perpetua que, junto a la pena de muerte, había eliminado la Segunda República. Ahora, con acuerdo del PP, VOX, Junts y Grupo Socialista y la abstención de Esquerra Republicana, el Congreso acordó endurecer las penas por hurtar un teléfono móvil. Hasta seis años de cárcel, más que por corrupción. Y ya presentamos una ley anticorrupción que Junts, PP y VOX hundieron en esta Cámara. La semana pasada, Partido Popular, VOX, UPN y Coalición Canaria votaron a favor de incrementar los supuestos de cadena perpetua. Populismo punitivo, puro integrismo. Al año, una plaza de prisión nos cuesta 24 000 euros, mientras que una de Formación Profesional poco más de 6000. Sin embargo, en los centros públicos de comunidades autónomas gobernadas por la derecha no hay plazas de Formación Profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles, mientras que no hay limitación de plazas en las cárceles. Llega del Senado, aún más endurecida, la proposición de ley que incrementa las sanciones por hurto. Y, así, no se va a acabar con los hurtos. Lo que se va a hacer es multiplicar la población penitenciaria.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«España tiene una tasa de criminalidad de las más bajas: 48,8 por cada 1000 habitantes. Somos uno de los países más seguros de Europa. ¡Pero, hombre, si es que somos el segundo país del mundo con más turistas! Lo que somos es el sexto país de Europa con más presos. Con 40 millones de habitantes menos que Alemania y 11 millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos porque nuestro Código Penal es muy punitivista. Cada preso nos cuesta 28 500 euros al año. La forma de combatir los hurtos no es saturar las cárceles una vez más, en especial con gente joven en situación de exclusión social, a los que van a enviar a una escuela de delincuencia en lugar de enviarlos a centros de formación profesional. Por cierto, para los que ya solo hay plazas en centros privados, que cada día son más caros e inaccesibles para las familias trabajadoras. (Aplausos). En vez de poner a los ayuntamientos a gastar dinero en repetir el trabajo que hacen los fiscales, sería mejor invertir en formación profesional pública, en combatir la exclusión social o en crear más plazas de jueces para que los delitos menores se juzguen más rápido. O también en pagar trienios a las juezas sustitutas, porque, por si no lo saben, ayer el Consejo General del Poder Judicial les negó este derecho que tiene reconocido cualquier trabajadora.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Nos vamos a repartir el tiempo entre un servidor, que tenía la palabra, y la portavoz Martínez Barbero. En primer lugar, el Partido Popular no sabe cómo ocultar que ha impedido hoy nuevamente que se actualicen las pensiones; ha derribado el escudo social a las personas vulnerables de este país; ha impedido que se paralicen los desahucios para las familias en situación de vulnerabilidad; ha impedido el mantenimiento de las ayudas de los bonos energéticos o de los bonos térmicos y han impedido la entrega a cuenta a las comunidades autónomas de 40 000 millones de euros más que los que se entregaron el año pasado. Es decir, han impedido el funcionamiento de los servicios públicos. (Rumores). Además, les parece muy duro respetar el Reglamento de la Cámara y ceñirse al orden del día. Ustedes llegan con la arbitrariedad que les caracteriza y cambian ahora porque ustedes deciden el orden del día. Sobre todo, es una vergüenza su falta de valentía para defender a España, a los países hermanos latinoamericanos, a los países europeos como Dinamarca o a nuestros socios como Canadá. A ustedes no se les oye defender a las Naciones Unidas ni el derecho internacional; a ustedes no se les oye todavía -ni se les va a oír nunca- defender la no injerencia en los asuntos de otros países, defender la soberanía nacional de cualquier pueblo, porque no defienden ni la de España; y, por supuesto, no se les escucha en ningún momento rechazar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero es que tampoco hemos oído nosotros ni las organizaciones agrarias de este país su oposición a los aranceles al campo y también a la industria que ha impuesto la Administración del señor Trump; no hemos oído su oposición a los recortes de la PAC, de las subvenciones de la política agraria comunitaria, un 30 % por el rearme, es decir, para nutrir ese dinero las empresas de armamento de los Estados Unidos; y, sobre todo, no hemos oído que hayan dicho ni una palabra cuando Trump no para de amenazar a España porque le hemos dicho que no le vamos a entregar 85 000 millones de euros cada año que necesitamos para nuestra sanidad, para nuestra educación o para las pensiones que ustedes acaban de votar en contra. Y qué tal su engaño sobre el Mercosur? ¿De eso no hablan tampoco? Llevan semanas, meses, votando en el Parlamento Europeo a favor del Mercosur, y cuando conseguimos paralizar la aplicación, vergonzosamente salen ustedes a decir que siempre han estado en contra del Mercosur. ¡Hay que tener la cara dura! A ver si dejan de engañar a la gente de este país. (Aplausos).»