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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para explicar la posición...
«Y la derecha -la derecha extrema y la extrema derecha- debe dejar de usar a la Guardia Civil para justificar su apoyo a genocidios. Porque ya apoyaron a los genocidas nazis en el holocausto del pueblo judío y ahora están apoyando a Israel en este nuevo holocausto del pueblo palestino, sobre todo el Partido Popular, que a golpe de billetera y a golpe de voz se ha dedicado -y así lo han reconocido- a conseguir que, en una grandiosa campaña de propaganda, Israel diera la victoria a los genocidas en Eurovisión. Es una auténtica vergüenza lo que han hecho. Pero las medidas ordenadas por la comunidad internacional están claras en la resolución de Naciones Unidas del 13 de septiembre y las cuatro medidas cautelares ya ordenadas por la Corte Internacional de Justicia. Y esas medidas requieren el cese total de la financiación y de las transferencias de cualquier material militar o policial hacia Israel o desde Israel a España. Porque las empresas a las que estamos comprando material militar son empresas vinculadas directa o indirectamente a la realización de un genocidio, y eso es entregarles recursos para que continúe el genocidio.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para explicar la posición...
«Señora presidenta, señores diputados, más allá de un debate sobre contratos, esto es un debate sobre cómo cumplir lo ordenado por la justicia internacional y cómo frenar el holocausto palestino puesto en marcha en Gaza por Israel, para que Naciones Unidas nunca más tenga que advertir de la muerte de 14 000 bebés en un plazo inminente de cuarenta y ocho horas. (Aplausos). Sobran argumentos éticos y políticos, pero, sobre todo, sobran argumentos jurídicos para anular cualquier contrato que financie este genocidio. La justicia internacional ya ha llegado a la conclusión de que Israel comete crímenes internacionales, porque ya ha ordenado medidas para acabar con estos crímenes, para impedir que continúe el genocidio y para encarcelar a sus responsables. Y el Gobierno sabe que solo los Estados son los actores con capacidad coercitiva suficiente para hacer cumplir esas resoluciones de los tribunales internacionales. Sin la adopción de medidas ejecutivas concretas por países como España, es imposible detener el genocidio y los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Y nos llena de orgullo que España haya reconocido el Estado palestino; que el presidente pida la salida de Israel de Eurovisión; que haya anunciado que solicitaremos una opinio iuris a la Corte Internacional de Justicia para que determine lo evidente, que la llegada de ayuda humanitaria a la población de Gaza es una obligación conforme al derecho internacional. (Aplausos). Todo ello son medidas políticas y diplomáticas imprescindibles, de las que somos coimpulsores al formar parte del Gobierno, pero no sirven para detener un genocidio al que Netanyahu y Trump le han puesto plazo: no más de seis meses para dejar a Gaza sin un palestino. La comunidad internacional no ha aprobado una sola sanción contra Israel por este nuevo holocausto y España debe tomar todas las medidas concretas para obstruir, dificultar e impedir cualquiera de las muchas -muchas- acciones criminales que realiza Israel -acciones militares, policiales y económicas- en ejecución de su plan de genocidio y exterminio del pueblo palestino.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, comienzo felicitando a los trabajadores y las trabajadoras de los servicios esenciales y a toda la sociedad española por su comportamiento ejemplar durante el apagón del pasado día 28 de abril (aplausos), porque, por mucho que les duela a los habituales intoxicadores y también a las herramientas de difusión de odios y bulos en que se han convertido las redes sociales, el apagón durante unas horas sacaron a relucir un país ejemplo de convivencia y solidaridad que ha conmovido a todo el planeta. (Aplausos). Y por mucho que duela a la derecha que suspira por el caos total, como vergonzantemente tituló un periódico derechista, la izquierda sigue mejorando la vida de la gente, como hoy, ocupándonos de los 95 000 profesionales de la abogacía y los 9000 de la procura que hay en España dedicados a garantizar nuestros derechos y libertades. Son trabajadores y trabajadoras de la justicia, en su inmensa mayoría con retribuciones modestas y jornadas inacabables, sin vacaciones retribuidas y sin derechos laborales, a pesar del esencial trabajo que realizan para defendernos ante la justicia. Hoy os saludamos y os agradecemos el trabajo realizado.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en...
«Partido Popular y VOX necesitan flujos continuos de migrantes y refugiados para hacer posible su estrategia electoral favorita: el odio, mentir para enfrentar a los trabajadores españoles en situación de vulnerabilidad -los penúltimos de la escala social- contra quienes llegan a España huyendo de las persecuciones y la pobreza -los últimos de la escala social- (aplausos), como hace el gran mentiroso Mazón, sumiso propagador del discurso de odio de VOX contra las personas extranjeras, para alargar un poco más su agonía y la del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. VOX ha absorbido al Partido Popular para su estrategia habitual, hacer olvidar a los trabajadores con derecho a voto que sus problemas vienen de que perciben salarios raquíticos, no de que haya otros trabajadores que reciben aún peores salarios. El diputado Juan María Bandrés decía que lo único más vulnerable que una mujer pobre en la Gran Vía es una mujer pobre africana en la Gran Vía. La Unión Europea, la segunda potencia mundial en gasto de armamento tras los Estados Unidos, no necesita más armas para arreglar sus problemas. Rearmar Europa no es defender Europa. Defender Europa exige un sistema de seguridad desvinculado de quienes la someten a agresiones con aranceles, seguridad compartida con los países del entorno europeo mediante la prevención y resolución pacífica de conflictos, volver a las conferencias de seguridad de Helsinki y París, que dieron lugar a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en...
«Las leyes de delegación deben estar exentas de racismo o xenofobia, sin relatos que asocien a delincuencia la realidad necesaria y enriquecedora que son las migraciones, porque no vamos a aceptar las mentiras de la extrema derecha. Tenemos pendiente un gran acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas sobre el traslado de menores sin acompañamiento familiar desde Canarias o Ceuta a otras comunidades autónomas, donde puedan ser atendidos de forma digna, como nos gustaría que atendieran a nuestros hijos si estuvieran en desamparo (aplausos); o sobre la mejora del proceso de presentación de solicitudes de asilo en territorio nacional o en frontera, que sigue bajo competencia estatal y va a seguir, o en embajadas, sin demoras, injustificables en cualquier caso; o la revisión del modelo de los centros de internamiento, que no pueden ser centros de detención porque en ellos hay personas que no han cometido ningún delito. (Aplausos). También, aprobar la iniciativa legislativa popular sobre regulación de personas extranjeras, esto es una obligación democrática para atender el esfuerzo de cientos de miles de personas que se han organizado para defender los derechos humanos y que no pueden ver defraudado su derecho de participación política. España es, ha sido y va a seguir siendo un país de acogida, porque nuestros compatriotas también han emigrado o emigran para mejorar sus condiciones de vida. Y no olviden nunca que todos y todas también tenemos una inmensa patria, que es la humanidad. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Hagámoslo, en nombre de miles de familias españolas que desde hace cuarenta años acogen cada verano a niños y niñas saharauis en el proyecto Vacaciones en Paz, iniciado por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, y del movimiento de solidaridad con los presos políticos saharauis que se moviliza cada semana desde hace cuatro años en apoyo de quienes han sido condenados por Marruecos solo por defender de forma pacífica el derecho a la autodeterminación. Reconozcamos el sentir mayoritario de toda la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Hoy esta Cámara puede acabar con la discriminación de los saharauis respecto a personas de otros pueblos que también han sido parte del Estado español en cualquier momento de la historia: dos años de residencia legal y continuada exigidos a estas últimas, frente a los diez años que ahora mismo se exigen a los saharauis. (Aplausos). Y es un orgullo para cualquier diputada o diputado aprobar una iniciativa tan importante, que va de personas más que de leyes, de vivencias más que de derechos, de justicia práctica y humana más que de jurisprudencia (aplausos), de arena, calor, campamentos y dignidad más que de DNI, sellos o pasaportes. Nuestras hermanas y hermanos saharauis deben ser reconocidos como lo que son, nuestros iguales. Saldemos la deuda histórica con el pueblo saharaui. Llevamos cincuenta años de retraso: no perdamos más tiempo mirando a otro lado. España sigue siendo, de iure, la potencia administradora del territorio, aún pendiente de descolonización. Y no estamos regalando la nacionalidad a nadie, estamos devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Y, tras cuarenta y siete años sufriendo exilio, la ocupación o la vida en campos de refugiados, hoy podemos aprobar una ley con tres medidas: primera, la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo soberanía española mediante un procedimiento similar al que se utiliza para otorgar la nacionalidad a los sefardíes, que la perdieron hace quinientos años (aplausos); la segunda, la posibilidad de optar por la nacionalidad española para los descendientes en primer grado de consanguinidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza, con un plazo de cinco años desde la inscripción de la nacionalidad de sus progenitores, y, en tercer lugar, la equiparación en el Código Civil de los saharauis a los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes para adquirir la nacionalidad por residencia. Y los documentos requeridos para optar a la nacionalidad española que incluimos en la ley son en sí mismos una acreditación de su intensa vinculación con España: el documento nacional de identidad aunque esté caducado o la certificación de inscripción en el registro del censo para el referéndum del Sahara Occidental o certificados de nacimiento expedidos en los campamentos de refugiados o partidas de nacimiento, libros de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público en el Sáhara u otros documentos de una autoridad española que acrediten el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Y presentamos esta proposición de ley como lógica consecuencia de nuestra cercana relación con el pueblo que hace pocos años contaba con representación en las Cortes Generales, estudiaba en idioma español, desempeñaba puestos de funcionarios y formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas. Es una pequeña reparación del daño causado por la entrega a un tercer país de un pueblo y un territorio pendiente de descolonización. La actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo trae consecuencias que hoy aún padecemos y que, en especial, padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1976, una España incapaz de impedir la ocupación por Marruecos de nuestra provincia comunicó a Naciones Unidas el abandono del territorio. Seis meses más tarde, se aprobó una norma que solo en teoría permitía a los saharauis conservar la nacionalidad española, norma de imposible cumplimiento debido a la represión implantada por los ocupantes, Marruecos y Mauritania. El Acuerdo de Madrid de noviembre de 1976 es una capitulación sin valor jurídico, que ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Esta moción y su campaña contra la Fiscalía pretenden que España olvide que ha sido Alberto, el de Quirón, quien ha reconocido que ha cometido varios delitos graves, como dejar de pagar a la Hacienda pública más de 120 000 euros. (Rumores). Ya advertimos que el Tribunal Supremo no impediría la filtración de la información procedente de esa extravagante incautación de dispositivos electrónicos a la Fiscalía. Han sido divulgados datos de personas con grandes responsabilidades institucionales, como la fiscal de sala del Supremo, la señora Delgado, y ahora es víctima de una campaña de acoso. ¿Y quién va a responder por estas filtraciones extendidas por la pléyade de panfletos digitales, televisiones y radios intoxicadoras que forman parte de la maquinaria mediática del Partido Popular y sus aliados de la ultraderecha? El PP tiene el cuajo de denunciar en su moción una supuesta falta de libertad de prensa y políticas para amordazar a los medios que critican al Gobierno. Con total libertad de expresión desde innumerables medios de comunicación chillan que el Gobierno les ha quitado la libertad de expresión, y mientras tanto callan ante los aranceles de Trump, que amenazan al campo y a la industria española (aplausos): están en peligro 3000 millones de euros en exportaciones solo en Andalucía y hay, al menos, 2800 empresas afectadas. Por los aranceles al hierro y al aluminio la industria española va a perder 500 millones de euros. Arrodillados ante Trump, incapaces de defender a España, solo se atreven a pedir calma, la calma de los cementerios, sumisión ante quién nos ataca. Vamos a votar en contra. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Presidenta, diputados y diputadas. Según la moción, España es un estado fallido y el Estado de derecho ha desaparecido. Difunden una imagen de país incompatible con la seguridad jurídica imprescindible para continuar progresando económica y socialmente. El Partido Popular es una maquinaria de sabotaje de las políticas públicas incapaz de reconocer que nuestros avances económicos y sociales nos han convertido en la envidia de Europa, como titulaba el lunes la BBC británica. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Claro que hay mucho que hacer aún, pero ustedes votaron en contra de las subvenciones al transporte para las personas mayores, los trabajadores y los jóvenes; votaron contra las ayudas a las víctimas de la dana, a las que el PP abandonó en un barrizal de incompetencia criminal (aplausos), y por quinto año se han opuesto a las subidas de las pensiones y del salario mínimo. Asimismo, secuestraron cinco años al Consejo del Poder Judicial, y pretenden actuar a su antojo en el Congreso como si tuvieran mayoría y lo exigen como condición para cesar su ataque a las instituciones. Continúan sin reconocer la legitimidad de las leyes aprobadas, y pretenden equiparar al Congreso con la cámara antisistema en la que han convertido el Senado, dedicada a sabotear la actividad legislativa de las Cortes y a organizar bochornosos espectáculos propios de la estrategia de reality show de la jefa de su partido, la señora Ayuso.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ayer asistimos estupefactos a la última cacicada del Partido Popular y VOX para controlar la justicia. Tras el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, negándose a cumplir la Constitución, llegan las renovaciones de los tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, y la primera sorpresa fue ayer en las Cortes de Castilla y León, con un espectáculo inaceptable en el Pleno. La terna de jueces propuesta por el Partido Popular fue derrotada por 31 votos a favor y 35 en contra. A pesar de perder la votación, el presidente de la Mesa de las Cortes, de VOX, impuso que quedaba aprobada la terna rechazada por la asamblea legislativa. Este es el respeto a la democracia y a la justicia del Partido Popular y de VOX: pierden una votación y la dan por aprobada. (Aplausos). VOX retuerce la institución y el Partido Popular se aprovecha. Y las derechas hablan de despolitizar la justicia, pero eso solo lo defienden cuando no pueden secuestrarla y ponerla a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lleva diecinueve años presidido por un juez nada neutral ni imparcial, que declara, por ejemplo, que el Partido Comunista de España no puede tener los mismos derechos que el resto de los partidos. Y esta transgresión de las reglas básicas de la democracia la continúan hoy con estos vetos del Partido Popular y VOX tras la cacicada del Partido Popular para conseguir controlar la justicia en Castilla y León. Desde luego, los argumentos de su veto decaen totalmente; ya no pueden alegar malas técnicas legislativas o voluntad de intervención de este Gobierno en la justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Señor presidente. El número de insultos de los novios de la muerte es inversamente proporcional a sus argumentos, algo bastante lógico en esta legislatura, según lo que estamos viendo. (Aplausos). Pero aquí venimos a hablar de España y de las libertades públicas, y yo sugiero que la derecha y la extrema derecha comiencen a normalizar un poco la democracia, porque aquí cada quien responde de sus actos y no de los que les han antecedido. Y si ustedes no van a apoyar ninguna norma de Bildu por lo que ocurrió en el País Vasco, nos ponen en la coyuntura de no poder aprobar ni apoyar ninguna norma del partido fundado por ocho ministros de Franco (aplausos), uno de los cuales firmó la sentencia de muerte de Julián Grimau. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. Al PP y a VOX se les llena la boca con la palabra libertad; libertad para lo que ustedes quieren, desde luego, porque a los demás solo nos dejan libertad para tomar cañas y tenernos entretenidos. Mientras, nos van quitando derechos y libertades uno detrás de otro, que es lo que hacen cuando gobiernan. Ustedes, en lugar de tomar medidas contra la crisis económica, en el año 2015, declararon un auténtico estado de excepción mediante sucesivos recortes de libertades. No es tomando cañas como se ha construido la democracia y se han traído las libertades, ha sido ¡protestando!, y con grandes movilizaciones sociales que han hecho temblar a los poderosos y las injusticias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«La regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia; no es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la okupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales, y mucho menos es cierto que, cuando salimos de casa, nos okupen la casa. Eso es un bulo; no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales, y nada de eso se regula ni se contempla ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana; ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. (Aplausos). Confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales; les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales en lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales (aplausos), que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante cincuenta años. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aun no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que buscan la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. (Aplausos). Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogo con quienes se manifiestan. Por eso, esta proposición de ley incorpora una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza, y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación, como la regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Hoy hemos conocido que una niña de once años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado tres días naufragando en el agua, la única superviviente de un naufragio, y esto se ha debido al abandono criminal de Gobiernos europeos. Por eso, también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Además, mienten en su enmienda al afirmar que la nueva ley de libertades públicas y convivencia ciudadana que va a sustituir la ley mordaza permite la difusión de imágenes que amenacen la seguridad personal y profesional de los agentes de la autoridad. Eso es mentira. La nueva ley impedirá cualquier amenaza a la seguridad de cualquier persona y no permitirá actuación alguna que denigre la integridad o intimidad de ningún ser humano, sea del sexo, nacionalidad, condición social, orientación sexual o color de piel que fuere. VOX todo lo justifica volviendo a un pasado inexistente o aludiendo a una realidad paralela que solo existe en su imaginación calenturienta, ya sea con su defensa de las dictaduras o con su empeño en hacernos creer que existe violencia política en el País Vasco, como ponen en la enmienda. También aseguran que España es un peligroso país donde la inseguridad ciudadana se ha adueñado de las calles o que Cataluña está a punto de separarse de España. Todo eso lo dicen en su enmienda.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías. La verdad es que cuarenta y ocho horas después de conmemorarse el Día mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, VOX y el Partido Popular, oponiéndose primero a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta para seguir manteniendo las graves restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron: el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales y la expansión de libertades públicas se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que desgraciadamente tenemos, que siempre intenta acabar con las conquistas sociales conseguidas por siglos de lucha de la clase trabajadora. Y no solo trata de acabar con las libertades, sino también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Ya es costumbre que el Partido Popular y VOX se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora (aplausos) -la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, las medidas para disminuir la precariedad laboral o las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda-, pero, además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos, y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira -como hemos visto- como forma de hacer política. Y llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, ya es para nota.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso, estamos obligados a que la actividad de estos jueces y juezas se desempeñe en la totalidad de los días laborables del año. La justicia europea ha ordenado acabar con este abuso de la temporalidad en España y esto nos obliga a acometer un proceso de consolidación en el empleo. Reduciendo la temporalidad aumentaremos el número de jueces por habitante en España hasta los estándares de calidad europeos para que la justicia esté realmente al servicio de la gente y, sobre todo, fortalecemos la garantía de inamovilidad de los miembros de la carrera judicial, porque eso sí que es un pilar fundamental de su independencia. Se incorpora una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo para conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral. También se suprimen las golden visa de quienes especulan con la vivienda, como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial. Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Voy a ser muy breve, señor Tellado. Simplemente quiero dejar constancia en esta Cámara, que representa la soberanía nacional, que las leyes en España no las hacen los delincuentes; las hacen los legisladores. Hay que mantener el debido respeto. (Aplausos). Me parece realmente lamentable haber realizado en esta Cámara una afirmación de esa consideración, que lo único que demuestra es el afán demagógico y su incapacidad para recurrir argumentos contrarios a esta ley. Si no, no habría tenido sentido que usted hubiera gastado más de la mitad de su intervención en temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos regulando o abordando; por no entrar en la falta de pudor que hay que tener para venir aquí, subir a esta tribuna, un representante de su partido, a dar lecciones a este país sobre corrupción. (Aplausos). Yo les sugiero que esos temas casi que los aparquen y los limiten al máximo, porque tengo entendido que cada dos meses, de aquí hasta el mes de mayo que viene, van a tener ustedes una sentencia probablemente condenatoria. (Rumores).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana. El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas. Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Señor presidente, la equiparación salarial de los cuerpos policiales es una justa reivindicación histórica. Policías y guardias civiles han reclamado mejoras sociolaborales, siendo la principal, sin duda, la equiparación salarial entre cuerpos policiales. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde hace cuarenta años han abanderado esta reivindicación, y desde 2016 Unidas Podemos y ahora SUMAR apoyamos la equiparación salarial entre cuerpos policiales y otras medidas para mejorar la situación laboral del colectivo con las necesarias medidas presupuestarias. En 2018, la acción sindical de los trabajadores de la Policía y la Guardia Civil obligó al Partido Popular, tras años de negativas mientras gobernaban, a aceptar la equiparación salarial, pero no tomaron ninguna medida para ello. Fue el Gobierno de izquierdas quien realizó la equiparación salarial. El Grupo Parlamentario Popular apoya las reivindicaciones salariales y laborales de la Policía y la Guardia Civil solo cuando está en la oposición. Cuando gobiernan, desprecian a los empleados públicos y también a los de la Policía. (Aplausos). En el año 2018, con el Gobierno de Rajoy, el presupuesto de la Policía eran 312 millones menos que en el año 2000, y el año pasado, 2023, gobernando el Gobierno de izquierdas, eran 930 millones más. Se necesitó desalojar al PP del Gobierno para cumplir con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas. Desde 2018 a 2023, el incremento salarial en la Policía y la Guardia Civil ha sido de un 38 % de media, con una inversión de 850 millones y, simultáneamente, ampliando la plantilla policial con una tasa de reposición del 120 %, 14 000 agentes más en cinco años. El Partido Popular, mucho ruido y pocas nueces.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Realmente nosotros creemos que hay que combatir estas situaciones de inseguridad; pero la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. El CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente. En nuestro país, a las personas les preocupa, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas las de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo o la sanidad, y solo en el puesto veintiuno está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Además, España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, pero España es el sexto país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante. Es decir, con cuarenta millones de habitantes menos que Alemania y once millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos que estos países. Y lo dejo claro: estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«También justifican su propuesta en un supuesto colapso de la justicia en Cataluña, como en el resto del Estado. Pero, fíjense, esa tasa de congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal en Cataluña que en el resto de jurisdicciones. Es decir, el problema de congestión no es por este tipo de delitos, sino por las cuestiones civiles, por el atasco civil. En España, la tasa de congestión en los tribunales ha ido bajando en general, y ahora mismo, a pesar de que ha ido bajando, la tasa en España es de un 3,94 y de un 3,08 % en Cataluña. Es decir, en Cataluña hay menos congestión judicial que en el resto de España. Asimismo, ustedes justifican su propuesta en un incremento de los hurtos en las explotaciones agrícolas desde la pandemia. Es verdad que es una realidad social que ocurre, pero es distinta. Aquí creo que hay que atender a los expertos, a las organizaciones agrarias. La Unión de Agricultores y Ganaderos explicó claramente que los hurtos en explotaciones agrarias (la señora Madrenas i Mir hace gestos negativos) -sí, lo dicen ustedes en su exposición de motivos- han crecido desde la pandemia; pero la solución no es incrementar las sanciones o los agravantes, sino incrementar la vigilancia de la policía para prevenir estos robos en zonas rurales.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Muchas gracias. Presidente, señorías, esta propuesta que traemos aquí, ahora de Junts, es una propuesta que no se basa en datos fiables, y eso es lo primero que hay que resaltar. Evidentemente, los hurtos son un problema social que afecta a muchos barrios céntricos, muchos barrios turísticos, y es verdad que sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situaciones de exclusión social, pero los datos que nos han presentado no son correctos. Es verdad que en el año 2023 hubo un 6 % de incremento de la criminalidad en Cataluña; pero en el año 2021, antes de la reforma aprobada en 2022, el incremento de la criminalidad fue de un 36 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2024, esos delitos contra el patrimonio se han reducido un 2,3 % y en un 4 % los hurtos. Es decir, tras la reforma de 2015 del Código Penal, los hurtos se incrementaron un 50 % en España. Después de la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, una reforma que fue acompañada de medidas de empleo y de atención social, han descendido los delitos contra el patrimonio y los hurtos, y tengan ustedes en cuenta que esa reforma de 2022 apenas ha tenido tiempo de aplicarse por los tribunales. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de empleo y medidas sociales, se reduce la criminalidad (aplausos) y se garantiza la seguridad humana.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Segundo hecho. El 23 de julio podríamos haber acabado con esta situación, pero el Partido Popular impidió la reforma de la ley de extranjería, a pesar de que habían aceptadas por el Gobierno todas sus exigencias. Los tres puntos innegociables del señor Clavijo, convertidos luego en cuatro puntos innegociables por el señor Tellado, habían sido aceptados. Primero, la creación de un grupo de trabajo sobre infancia migrante no acompañada. Segundo, la propuesta sensata del señor Vivas, presidente de Ceuta, de cesión de guardia y custodia de menores a entidades del tercer sector en la Península mientras la tutela la siguen teniendo Ceuta y Canarias. Tercero, el Gobierno asegura la financiación para el traslado de niños y niñas, y la atención durante al menos un año tras el traslado. Y, cuarto, un mismo sistema de protección en toda España con la declaración de alarma migratoria cuando sea procedente. Señores del Grupo Popular, si van a seguir bloqueando una solución para Ceuta y Canarias, les ofrecemos que el acuerdo para conseguir el traslado de menores a la Península se haga sobre las propuestas de los señores Vivas y Clavijo -ambos de Gobiernos en los que participa el Partido Popular-, pero ni siquiera en esos términos lo aceptarán, porque la situación de los niños desamparados, españoles o extranjeros, al PP no le importa nada. Muchas gracias.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«¿Fuerza el Partido Popular la sobrepasada capacidad de acogida de niños y niñas en Canarias y Ceuta para retomar la propuesta del señor Tellado de enviar a la Armada a acabar con los cayucos? (Rumores). Quien tiene que comparecer para explicar su bloqueo a solucionar la situación en Canarias y Ceuta es el señor Feijóo, y debería dar orden ya de acabar con la utilización política por parte del PP y VOX de estos niños desprotegidos. El Partido Popular es el responsable directo de la situación que se sufre hoy en Canarias y Ceuta, y lo digo por los siguientes datos. Desde los gobiernos de comunidades autónomas, el Partido Popular lleva años bloqueando los traslados de estos menores a la Península. En 2022 se pactó la ínfima cifra de 378 traslados y solo se realizaron 228 en todo el año. En el año 2023 se pactaron 373 y solo se acogió a 67 en el resto de comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, con 7 millones de habitantes, se ofreció a acoger la hiperbólica cifra de 34 menores, pero finalmente no acogió a ninguno. En 2024 solo se ha aceptado el traslado de 347 menores desde Canarias, pero aún no se ha hecho ningún traslado. El 85 % de las plazas ofertadas en otras comunidades autónomas no se han cubierto, no se han cumplido los acuerdos voluntarios de 2022, 2023 y 2024, pero sí han cobrado la financiación transferida por el Estado para la acogida no realizada. Que lo sepa toda España: la derecha está haciendo negocio de este incumplimiento. (Rumores).»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Las islas Canarias son el 1,5 % del territorio nacional y en él reside menos del 5 % de la población, pero tutela aproximadamente a 5200 niños y adolescentes, y Ceuta acoge a 400 menores más. Es decir, mientras que el 98,5 % del territorio nacional acoge a 5000 menores, en el 1,5 % -Ceuta y Canarias- se acoge a 5600. Esta situación se habría corregido con la reforma de la ley de extranjería, pero lo han impedido los destructivos intereses políticos del Partido Popular y de VOX (aplausos), en alianza en esta ocasión con los independentistas de Junts. Cuanto peor para Canarias y Ceuta, mejor para los intereses del Partido Popular. Y vaya por delante el agradecimiento de este grupo parlamentario, de SUMAR, a los gobiernos de Canarias y Ceuta, a los presidentes Clavijo y Vivas, por su sensatez, por su empatía con las niñas y niños desprotegidos y por el respeto a los derechos humanos que han mostrado. Nuestro reconocimiento a las sociedades canaria y caballa por la solidaridad con la que han recibido a más de la mitad de los niños que llegan a España.»