Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
106 declaraciones · página 3 de 4
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Hoy es imprescindible recuperar la vía de la exigencia de responsabilidad civil a los jueces, como es exigible al resto de profesionales de este país. Así algunos instructores serían más ponderados, más equilibrados, y se lo pensarían antes de adoptar resoluciones politizadas al servicio de la oposición del Partido Popular y de VOX. El que debería comparecer en la Cámara es el señor Feijóo (risas.-El señor Tellado Filgueira: ¡Qué vergüenza!) para explicarnos la utilización de buena parte del Poder Judicial por el Partido Popular. Un ejemplo. El panfleto digital ultraderechista okdiario organiza ahora jornadas jurídicas a las que asisten, junto al empleado del PP en el Senado, el señor Soriano, jueces como Manuel García-Castellón, Eloy Velasco o Enrique López, el exresponsable de Justicia del Partido Popular. (El señor Tellado Filgueira: ¡Viva Venezuela!). Todos ellos jueces destacadamente vinculados al Partido Popular. Los que acabaron con Pablo Casado por denunciar corruptelas que implicaban al hermano de Ayuso (el señor Tellado Filgueira: Bueno, bueno, esto es mortal) ahora quieren acabar con el fiscal general por cumplir su deber de perseguir a otro presunto delincuente del círculo personal de la señora Ayuso, la jefa del Partido Popular, quien miente descaradamente al decir que se trata de una simple multa. No olvidamos que el comisionista Alberto 'el de Quirón' es quien está investigado por un presunto delito tributario, que consiste en defraudar más de 120 000 euros a la Hacienda pública (el señor Tellado Filgueira: Ábalos, un poco más). Es mucho dinero. No cualquiera de los que nos oye podría defraudar 120 000 euros a la Hacienda pública. Delitos que su abogado siempre ha estado dispuesto a reconocer para obtener reducción de condena, no reducción de multa, reducción de condena, que sabe su abogado que se tiene bien merecida. Votaremos en contra. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero no solo convirtieron la ley de seguridad en ley mordaza, también endurecieron las mordazas en el Código Penal, criminalizaron y restringieron el derecho de huelga y de la libertad sindical, con lo que llevaron al banquillo a los ocho sindicalistas de Airbus por ejemplo. Y, afortunadamente, esa mordaza a los derechos sindicales ya la hemos derogado en el año 2021. Pero también convirtieron en delito la libertad de expresión; por ejemplo, criminalizaron la crítica a la familia real y al jefe del Estado. Y para que los jueces pudieran aplicar esas mordazas con manga ancha en este país, sin que nadie les exigiera responsabilidad por estos excesos, modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2015 y suprimieron la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados, ¡la única profesión en este país a la que no se le puede exigir responsabilidad civil! ¡Todo muy democrático! (Aplausos). La mayoría parlamentaria democrática va a utilizar esta legislatura para recuperar todas esas libertades que las derechas nos han quitado, y es motivo de orgullo aprobar una nueva ley, ahora, de convivencia ciudadana. El objeto de esa ley -métanselo en la cabeza- será el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la preservación de la convivencia ciudadana, un objeto ajustado a cualquier sistema democrático, un objeto que cualquier demócrata aceptaría de buen grado. Hagan un esfuerzo e intenten soportar un poco la democracia. Gracias.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Señor presidente. El número de insultos de los novios de la muerte es inversamente proporcional a sus argumentos, algo bastante lógico en esta legislatura, según lo que estamos viendo. (Aplausos). Pero aquí venimos a hablar de España y de las libertades públicas, y yo sugiero que la derecha y la extrema derecha comiencen a normalizar un poco la democracia, porque aquí cada quien responde de sus actos y no de los que les han antecedido. Y si ustedes no van a apoyar ninguna norma de Bildu por lo que ocurrió en el País Vasco, nos ponen en la coyuntura de no poder aprobar ni apoyar ninguna norma del partido fundado por ocho ministros de Franco (aplausos), uno de los cuales firmó la sentencia de muerte de Julián Grimau. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. Al PP y a VOX se les llena la boca con la palabra libertad; libertad para lo que ustedes quieren, desde luego, porque a los demás solo nos dejan libertad para tomar cañas y tenernos entretenidos. Mientras, nos van quitando derechos y libertades uno detrás de otro, que es lo que hacen cuando gobiernan. Ustedes, en lugar de tomar medidas contra la crisis económica, en el año 2015, declararon un auténtico estado de excepción mediante sucesivos recortes de libertades. No es tomando cañas como se ha construido la democracia y se han traído las libertades, ha sido ¡protestando!, y con grandes movilizaciones sociales que han hecho temblar a los poderosos y las injusticias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aun no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que buscan la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. (Aplausos). Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogo con quienes se manifiestan. Por eso, esta proposición de ley incorpora una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza, y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación, como la regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Hoy hemos conocido que una niña de once años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado tres días naufragando en el agua, la única superviviente de un naufragio, y esto se ha debido al abandono criminal de Gobiernos europeos. Por eso, también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«El Partido Popular afirma que está dispuesto a mejorar y les pedimos que sean coherentes con esa afirmación y que se sumen a las modificaciones propuestas, para que acabemos con las mordazas a la libertad que ustedes nos impusieron y para adaptarnos a los estándares de los países más civilizados, que también invierten en profesionalización de sus cuerpos policiales mediante la utilización de técnicas de resolución de conflictos acordes a los principios de actuación policial y limitaciones del uso de la fuerza establecidos por las Naciones Unidas y propuestos por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque así es cómo se refuerzan los instrumentos de los que disponen las fuerzas de seguridad en un Estado de derecho para garantizar la seguridad ciudadana. Ningún demócrata debería tener problemas en que se introduzca en la ley la obligación de utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Hagan un esfuerzo, cambien de mentalidad. No es la utilización de la fuerza lo que hace más profesional a una policía en la democracia, y eso lo saben esos señores a los que han invitado, sino estar debidamente capacitados y contar con medios de control de aglomeraciones que no hagan necesario recurrir a la fuerza. El argumento del Partido Popular y de VOX sobre que la reforma de la ley debilita el principio de autoridad policial dice muy poco de la consideración que estos partidos tienen de la preparación profesional y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Además, mienten en su enmienda al afirmar que la nueva ley de libertades públicas y convivencia ciudadana que va a sustituir la ley mordaza permite la difusión de imágenes que amenacen la seguridad personal y profesional de los agentes de la autoridad. Eso es mentira. La nueva ley impedirá cualquier amenaza a la seguridad de cualquier persona y no permitirá actuación alguna que denigre la integridad o intimidad de ningún ser humano, sea del sexo, nacionalidad, condición social, orientación sexual o color de piel que fuere. VOX todo lo justifica volviendo a un pasado inexistente o aludiendo a una realidad paralela que solo existe en su imaginación calenturienta, ya sea con su defensa de las dictaduras o con su empeño en hacernos creer que existe violencia política en el País Vasco, como ponen en la enmienda. También aseguran que España es un peligroso país donde la inseguridad ciudadana se ha adueñado de las calles o que Cataluña está a punto de separarse de España. Todo eso lo dicen en su enmienda.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Nuestro país ha avanzado de forma sobresaliente en el contexto europeo en estos últimos cuarenta años de democracia en materia de prisiones. Estamos situados a la vanguardia europea de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende que esta proposición que hoy presenta tenga contenidos más limitados que los que están en tramitación y, sobre todo, que ignore los problemas. Presentan hoy una PL que ignora los problemas más importantes que hay en el sistema penitenciario. Miren, ustedes incluyen tres modificaciones -es el corazón de su propuesta- que ya están incluidas en la ley que está en tramitación: la consideración de agente de la autoridad, el reconocimiento del principio de veracidad de los informes emitidos por los funcionarios y medidas para que la situación de detención o traslado de retenidos o funcionarios que estén en régimen de prisión -ellos encarcelados- puedan tener garantías de seguridad. Eso está muy bien, pero ¿por qué no abordan, en este debate sobre el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad, una tendencia populista, como ya se ha hecho en esta tribuna, de reforzamiento del autoritarismo? Es decir, cuando ustedes no se centran en los verdaderos problemas y siguen haciendo énfasis en algo que ya se está tramitando, realmente lo que están haciendo es recurrir a ese discurso populista que refuerza el autoritarismo, que denuncia unos falsos problemas de convivencia en nuestra sociedad, unos problemas que no existen en este país. Apuntarse a ese discurso a quien acaba luego reforzando es a la ultraderecha. Es un discurso absolutamente injustificado, cuyas consecuencias ya hemos visto en toda Europa.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«En todo caso, le voy a hacer una serie de aclaraciones. Las agresiones a la policía se castigan por el Código Penal. No estamos reformando el Código Penal y no se está abordando ningún debate; con lo cual, cualquier tipo de agresión que sufra cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene la debida protección. Y, desde luego, no es este el objeto de este debate, sino la modernización de nuestro régimen de control del orden público y de prevención de incidentes y de alteraciones del orden público. Es decir, estamos introduciendo -y eso es lo que parece que a ustedes les preocupa- métodos de prevención de las alteraciones de orden público para que no haya que llegar a esas situaciones que se generalizaron durante su Gobierno, que ustedes acostumbran a provocar constantemente, revueltas ciudadanas y alteraciones del orden público. Para acabar rápido, yo lo que pido a toda esta Cámara y a quienes tengan dudas es que no atiendan los argumentos que hemos dado los distintos ponentes que hemos intervenido hasta ahora defendiendo este texto, atiendan al criterio de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les acaba de enviar una carta a todos los grupos parlamentarios -también a usted, señor Tellado- pidiendo que la Cámara apruebe esta toma en consideración. Amnistía Internacional dice que para ellos esta reforma ni siquiera es suficiente, es un paso en el buen camino, y que un país democrático respetuoso con los derechos y libertades públicas todavía podría hacer mucho más. Con lo cual, yo lo que pido es que hagamos más caso a Amnistía Internacional y que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar esta norma, con las debidas correcciones si hacen falta durante su tramitación, para que nuestro país cuente con una legislación en materia de seguridad ciudadana y libertades plenamente respetuosa con los derechos humanos. Y, francamente, no me cabe en la cabeza que un partido de esta Cámara que se dice democrático pueda tener prevenciones o desconfianzas con que se garanticen los derechos humanos a todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Voy a ser muy breve, señor Tellado. Simplemente quiero dejar constancia en esta Cámara, que representa la soberanía nacional, que las leyes en España no las hacen los delincuentes; las hacen los legisladores. Hay que mantener el debido respeto. (Aplausos). Me parece realmente lamentable haber realizado en esta Cámara una afirmación de esa consideración, que lo único que demuestra es el afán demagógico y su incapacidad para recurrir argumentos contrarios a esta ley. Si no, no habría tenido sentido que usted hubiera gastado más de la mitad de su intervención en temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos regulando o abordando; por no entrar en la falta de pudor que hay que tener para venir aquí, subir a esta tribuna, un representante de su partido, a dar lecciones a este país sobre corrupción. (Aplausos). Yo les sugiero que esos temas casi que los aparquen y los limiten al máximo, porque tengo entendido que cada dos meses, de aquí hasta el mes de mayo que viene, van a tener ustedes una sentencia probablemente condenatoria. (Rumores).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Respecto de la comisión de actuaciones relativas a la tenencia de sustancias psicotrópicas, también se va a modificar, de manera que se introduzca una visión más preventiva y menos sancionadora del consumo, que afecta a multitud de personas jóvenes. Y se van a recoger también las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación, de forma que la toma de imágenes en manifestaciones o en operaciones policiales no será sancionable, siempre protegiendo, a la vez, el derecho a la intimidad o la seguridad de los policías y de sus familias. Sin embargo, lo más importante es la introducción de un nuevo modelo de graduación de las sanciones económicas que va a garantizar por primera vez en la legislación española el principio constitucional de proporcionalidad e igualdad para la imposición de las cuantías de las multas. Se van a aplicar siempre criterios vinculados a la capacidad económica del administrado, porque no es lo mismo poner una infracción de 500 euros a quien le sobra el dinero que a quien no lo tiene. Por eso, se va a introducir la aplicación de un criterio de reducción de las sanciones económicas para infractores cuyos ingresos sean inferiores a 2,5 veces el salario mínimo o a 1,5 veces el salario mínimo. Es un criterio pionero y objetivo para la legislación sancionadora de este país. Además, se van a reducir las cuantías de las infracciones leves o graves. A mí algún amigo de la Guardia Civil de Tráfico me ha comentado alguna vez que están hartos de parar a conductores temerarios que, cuando les ponen la multa, dicen que pagan dos iguales y siguen conduciendo a toda velocidad. Eso es lo que se trata de evitar con la introducción de la ponderación de sanciones a imponer (aplausos), que va a afectar especialmente a los menores de edad. Van a existir también criterios para que los jóvenes, y no solamente los jóvenes -que no pasaba hasta ahora-, puedan realizar tareas de reeducación, puedan reparar el daño causado y puedan así reducir las sanciones.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Y se incluyen numerosas reivindicaciones históricas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, también los agentes -también- deben identificarse debidamente ante los ciudadanos, como en todos los países de nuestro entorno. Y respecto a los registros corporales, que han provocado a veces situaciones en las que no se preserva la intimidad de la ciudadanía e incluso podían ser utilizados para crear situaciones humillantes, la nueva regulación va a provocar estén circunscritos a indicios objetivos y se realicen preservando siempre la intimidad del administrado. Igualmente, las reglas del debido proceso, que es la garantía del principio de igualdad en un Estado democrático, se van a ver reforzadas en esta ley. La igualdad de las partes se ha visto alterada, por ejemplo, por la falta de regulación de las cámaras de videovigilancia móviles. Ahora, su utilización será transparente, y se combinará la debida protección de datos con la puesta a disposición de la autoridad judicial para que las utilice en la persecución de cualquier infracción o delito. Y, en general, las diligencias periciales serán motivadas y mucho más proporcionales, siempre recurriendo a una apariencia, que tendrá que ser cualquier intervención lógica, coherente y razonable.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana. El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas. Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Las políticas punitivas derrochan dinero, y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad. Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo, piensen en seguridad humana, en garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con sistemas limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se dificulten las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía (aplausos) y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad, o garantizar pensiones dignas. En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Realmente nosotros creemos que hay que combatir estas situaciones de inseguridad; pero la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. El CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente. En nuestro país, a las personas les preocupa, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas las de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo o la sanidad, y solo en el puesto veintiuno está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Además, España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, pero España es el sexto país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante. Es decir, con cuarenta millones de habitantes menos que Alemania y once millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos que estos países. Y lo dejo claro: estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Señores y señoras del Grupo Popular, España formará parte de la comunidad de naciones civilizadas mientras respetemos las normas y convenios de derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas. Somos la frontera de Europa con el Magreb y el Sahel, que es una región sumida en conflictos graves. Que en lo que va de año hayan llegado a Canarias 20 000 personas huyendo de estos conflictos no es ninguna emergencia migratoria para un país de 48 millones de habitantes, máxime cuando buena parte de los refugiados que llegan continúa en tránsito a otros países de la Unión Europea. A la vista de la situación en sus países y de lo poco que hacemos para garantizar el desarrollo y la estabilidad política en esta región vecina, lo raro es que no lleguen más miles de personas buscando un futuro digno para sus hijos. Pero sí que es una emergencia para Canarias o Ceuta si el Partido Popular los condena a hacer frente en solitario a la acogida de miles de niños y de niñas que huyen solos o que han visto cómo morían sus padres por el camino.»
INECita «48 millones» · Población residente, 1 jul 2024: 48.821.936 personasFuente ↗
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces -como a cualquier profesional de este país- y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos). No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha. Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo. A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«De no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable. Por eso, en SUMAR proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar medidas ya para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de derecho. Primero, modificar el procedimiento de renovación del Consejo del Poder Judicial para liderarlo del secuestro. Segundo, reformar las competencias del Consejo para ejercer las establecidas en la Constitución, sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de justicia pueda seguir funcionando. Tercero, reformemos el acceso a la carrera judicial y fiscal primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando, mediante becas, con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria. (Aplausos). Cuarto, ampliemos los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos. Quinto, reactivemos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa. Y deroguemos, por supuesto, la reforma de la ley mordaza del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura. Reformemos también la Ley sobre Secretos Oficiales y la ley de tratados internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la democracia. Hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de ciento cuarenta países. Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina. El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con la Corte Penal Internacional...»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»