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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
11 declaraciones
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Los vocales del CGPJ propuestos por PP y PSOE rechazan reconocer a las juezas sustitutas su antigüedad efectiva. Una discriminación que perjudica gravemente a su jubilación, como denuncian Preciado y Herreros, los vocales designados a propuesta de Sumar. confilegal.com/20261103-cgpj-… -
Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Lo advertimos. 🤔 ❌📄 Una propuesta que ni el PSOE, ni el Ministerio de Justicia quisieron aprobar en 2024. 👉🏻 Hubiera evitado algunos de los abusos de la IA que ya está aplicando en campaña electoral el PP. La democracia asediada por nuevos métodos.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
El @Frente_Amplio_ es la fuerza más firmemente comprometida con la vivienda. Obligamos al PSOE a aprobar los Decretos Maricarmen. Y como Die Linke, partido hermano de IU, iremos más allá para acabar con el chiringuito montado por los fondos buitre a costa de nuestros derechos.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
ERTEs, subidas del SMI o la reforma laboral no eran del gusto del PSOE, pero las sacamos adelante. Hoy la macroeconomía de España está mejor. Pero no nos conformamos con estos datos que comparten militantes del PSOE. 👉 Vamos a por más: hacer efectivo el derecho a la vivienda.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«La reforma no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas. No puede ser que fuerzas democráticas acaben impulsando a la ultraderecha para que ocupen instituciones y acaben con la democracia y con los derechos. Si no hay acuerdo para derogar la ley mordaza que aprobó el PP hace más de diez años, ni para derogar los delitos que impiden la libertad de expresión, no debería haber un acuerdo entre el PP, el PSOE y Junts para inundar el Código Penal con populismo punitivo. (Aplausos). ¿Va a servir este acuerdo para aprobar una ley que prohíba los desahucios de familias vulnerables? ¿Va a servir para aprobar una ley que garantice el derecho a la vivienda? ¿Para aprobar la prestación para crianza que acabe con la pobreza infantil? Solo sirve para fortalecer a la ultraderecha. Mire, mejor les iría a los campesinos si no se redujeran las subvenciones de la PAC por el rearme, si se bloquearan los aranceles o si se parara el Mercosur. Esos son los grandes problemas del campo español.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Sobre las denuncias del Partido Popular de interferencias del Gobierno en las investigaciones de la UCO, a la vista del terremoto causado en el PSOE por los informes que esta unidad, en funciones de policía judicial, ha dado a conocer -que ha mostrado, obviamente, un caso de corrupción deleznable que condenamos con toda contundencia-, es evidente que no son más que una mentira más de las que nos tienen acostumbrados, con el habitual despropósito de deslegitimar la democracia. La verdad es que sorprende más tras el acoso del PP a la UDEF y al inspector Morocho. Desde luego, no están en condiciones de poder acusar a nadie de acosar a la policía judicial después del antecedente que tienen ustedes en la materia. Los informes de la UCO se están utilizando con fines políticos desestabilizadores, y no precisamente por los agentes investigadores. Mientras imputa al fiscal general por revelación de secretos y filtración de información, ¿cómo es posible que meses antes de enviarse los informes de la UCO a la justicia el señor Feijóo nos fuera relatando en las sesiones de control del Gobierno el contenido de esos informes, incluso reconociendo en una que tenía el informe completo? ¿Cómo es posible que el contenido de los informes policiales haya circulado con antelación por redes y medios de comunicación? El informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio. ¿Cómo es posible que estuviera en manos de periodistas, que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil? Y lo reconoce, entre otras, Pilar Gómez Rodríguez en declaraciones vertidas en el programa de televisión Todo es mentira. En el informe de la UCO aparecen transcripciones de audios intervenidos al tal Koldo; sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo los audios íntegros, no las transcripciones. Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO, y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quién ha actuado con fines políticos, traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Que el PP sea el partido más corrupto de Europa no obsta para que seamos implacables con la corrupción en otros partidos, porque el respeto a la clase trabajadora nos obliga a ello. Sobre el caso KoldoAldama, claro que se debe investigar a fondo y cesar a cualquier acusado de corrupción, también si afecta al PSOE, pero eso no justifica las barbaridades de esta moción. Por ejemplo, el caso Cuarteles, que lo incluyen, ocurrió durante el Gobierno de Rajoy, es responsabilidad del Ministerio del Interior del Partido Popular, y ustedes todavía tienen que pedir perdón por los recursos del Ministerio del Interior utilizados para destruir las pruebas de su corrupción, para perseguir con la Policía a quienes consideraban enemigos de la dirección de su partido o por proponer a un corrupto como Cotino al frente de la Policía Nacional (aplausos) para tapar escándalos como la Gürtel, Fórmula 1 o el robo que hicieron aprovechando la visita del Papa a Valencia. El exministro Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Martínez enfrentan acusaciones de quince años de cárcel.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces. Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y, según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente. Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución -Consejo General del Poder Judicial-, del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.»