Verónica BarberoSumar
Diputada
«Hoy traemos una proposición de ley con dos propuestas sencillas y efectivas. La primera es una propuesta de justicia y de sentido común: si una empresa quiere trasladar su actividad fuera de la Unión Europea, que se olvide de despidos con indemnizaciones de veinte días, de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o de no aplicar los convenios colectivos. Si alguna se atreve a hacerlo, será un fraude de ley y los despidos serán improcedentes y nulos. Además, si esta empresa se ha beneficiado de un ERTE o de cualquier tipo de ayuda pública, es decir, de una ayuda de la Administración, tendrá que devolver el dinero. ¡El dinero público está para generar y para mantener empleo aquí, no para financiar la mudanza de quienes solo buscan su propio beneficio! Y si esa primera propuesta está destinada a impedir que algunas empresas usen nuestro dinero para luego salir corriendo en busca de más dinero en otros países a costa, claro, de explotar a los trabajadores y las trabajadoras de esos mismos países, de pagar sueldos de miseria y de instalaciones insalubres, contaminantes y peligrosas, la segunda está vinculada a poner límites a otro fraude, uno que cada vez se produce más: el que se origina cuando una empresa vende a otro una factoría, una planta o una línea de producción específica con el objetivo oculto de cerrarla, de desmantelarla, de acabar con ella y de poner a la plantilla de patitas en la calle. Para que eso no sea posible, hay que fortalecer la democracia en la empresa, hay que reforzar la transparencia y la capacidad de negociación de las personas trabajadoras. Proponemos hacerlo a través de un plan de viabilidad que tenga como objetivo mantener la actividad y los puestos de trabajo, acompañado, por supuesto, de un periodo de negociación en el que tendrán que estar la empresa vendedora, la empresa compradora y los sindicatos o el comité de empresa. Y, por supuesto, para evitar que esto se quede en lo formal y que sea nuestro tejido industrial una vez más el que lo pague, los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho de tanteo y retracto para adquirir la empresa y así seguir con la producción, como hubieran querido mis compañeros de Fiber. Y ¿cómo vamos a hacer que esto se cumpla? Con consecuencias muy claras: si las empresas se lo saltan, los despidos de nuevo serán improcedentes y nulos, y la empresa vendedora tendrá que responder si se cumple el plan registrado. Nada de lavarse las manos.»
Fragmento 4 de 7 de esta intervención.