«Con esto termino, presidenta. Señorías, la realidad no está hecha ni de palabras ni de relatos, está hecha de vidas, y esta iniciativa quiere reconocerlas en todo su valor. Porque detrás de cada artículo hay una nómina que no llega o que ya no da, una familia que espera y que desespera y una comarca a punto de morir de inanición. No hablamos de abstracciones, hablamos de personas concretas, que sostienen este país mientras nosotras aquí dentro debatimos. En SUMAR hoy no les pedimos un gesto retórico, les pedimos que estén a la altura, que cuando salgan de este hemiciclo puedan decir, sin titubeos, que estuvieron del lado de la gente.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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«Muchas gracias, presidenta.
Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España (risas) a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de VOX y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle y tanta otra que no tiene la posibilidad de manifestarse porque están en sus trabajos y están sufriendo a día de hoy todas las consecuencias de un mercado de la vivienda en manos de los fondos buitre.
Ha hablado el ministro Bustinduy, ha dicho todo lo que se tenía que decir por nuestra parte (rumores), pero yo quiero reiterar, señorías, que a día de hoy todas y cada una de ustedes tienen la oportunidad de levantarse y emitir un voto que va a ser oral a favor de la gente de este país. Dejen de envolverse en banderas y demuestren de qué lado están, por favor. (Aplausos).»
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Señorías, incluso hay algo más: la justicia tiene un poder enorme y, precisamente por eso, sus límites también importan. Cuando desde los tribunales se pretende intervenir en la disputa política, condicionar decisiones democráticas o perseguir lo que no corresponde perseguir judicialmente, tenemos un problema que va mucho más allá de una sola sentencia, y en esas estamos desde hace tiempo.
Por todo esto, no podemos reducir el acceso a la carrera judicial a una discusión sobre tipos de exámenes o pruebas; es una discusión sobre democratización de uno de los poderes del Estado. Quizá por eso ustedes, señorías del Grupo Popular, nunca quieren llegar hasta el fondo de ese debate, porque si hablamos de democratizar la justicia, tenemos que hablar también de su relación con las instituciones. Señorías del Grupo Popular, mantuvieron bloqueada durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora están haciendo exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional desde el Senado. Esto empieza a ser una costumbre bastante peligrosa, señorías. Si a sus señorías del Grupo Popular la mayoría que hay les gusta, el órgano se queda como está, no hay renovación que el mandato se quede ahí, todo lo caducado que esté. Ustedes tienen un problema con una regla bastante elemental de la democracia, que las mayorías cambian, y a veces, señorías del Grupo Popular, ustedes pierden, pero no lo aceptan. Las señorías del Grupo Popular no aceptan que la democracia tiene cambios y estos tienen consecuencias. Por eso bloquean, por eso estiran mandatos caducados, porque han llegado a considerar que determinados espacios del Estado son suyos, como si las instituciones tuvieran propietario. Y no, señorías, el Estado no es del Partido Popular y el Poder Judicial tampoco.
El problema, señorías, no es que el sistema no funcione; el problema es que funciona exactamente como a ustedes les conviene, y ya va siendo hora de que funcione para todas las demás.
Muchas gracias. (Aplausos).»
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«Señorías, todo esto del acceso a la carrera judicial importa por algunas cosas más. La democracia española transformó profundamente muchas de las instituciones del Estado, pero el Poder Judicial lo transformó un poquito menos. Llevamos décadas con un sistema de acceso extraordinariamente cerrado, basado en años de preparación individual -en buena medida privada, como ya he dicho- y en el que quienes ya forman parte de la carrera judicial preparan a quienes aspiran a entrar en ella. Eso no es inocuo. Las instituciones también construyen culturas, las transmiten, las reproducen, y cuanto más cerrado es el mecanismo de entrada, más difícil es cambiar esa cultura. Señorías, esto no es una discusión abstracta. La semana pasada una comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, y, ante una situación como esta, tenemos que preguntarnos también cómo administra justicia nuestra justicia. Claro que jueces y juezas aplican la ley, pero aplicar el derecho no es apretar un botón. Hay interpretación, hay ponderación y decisiones procesales, hay posibilidades de suspensión y aplazamiento previstas por nuestro ordenamiento. De hecho, el propio procedimiento de Maricarmen tuvo lanzamientos anteriores que fueron aplazados judicialmente. (Aplausos). Nadie nadie nadie interpreta la realidad desde el vacío, por eso, cuando hablamos de uno de los poderes del Estado, importa qué experiencias vitales, qué realidades sociales y qué formas de ver el mundo están presentes. Queremos una judicatura que conozca también esas vidas, porque el derecho se aplica sobre la vida de la gente, sobre quien pierde un empleo, sobre quien no puede pagar el alquiler y sobre una mujer de 87 años que acaba saliendo en camilla de un piso en el que ha vivido setenta años por un desahucio.»
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«Señorías, la Constitución habla de igualdad, mérito y capacidad, y nosotras queremos tomarnos en serio las tres cosas. No creemos que la capacidad para ejercer de juez o jueza pueda medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas. Un juez no trabaja recitando una ley de memoria; tiene que interpretar, argumentar, valorar hechos y pruebas contradictorias, escuchar y decidir. Todo eso exige efectivamente muchísimo conocimiento jurídico, pero también exige capacidad de análisis, razonamiento, criterio, comprensión de la realidad social y capacidad para relacionarse con todas las personas que entran por el juzgado. La memoria es una capacidad, señorías, pero no es, ni mucho menos, la medida del resto de capacidades. Por eso nuestra propuesta sobre la escuela judicial parte de idea completamente diferente. No creemos que la formación pública deba empezar cuando ya hemos hecho toda la selección. Hoy en día, durante años, el Estado prácticamente desaparece de la preparación de quienes quieren ser jueces. Todo esto queda, en buena medida, en manos privadas. Solo cuando una persona ya accede a la oposición, aparece el Estado y comienza la formación pública. Nosotras queremos revertir esa lógica, que la formación pública forme parte del propio proceso de acceso: una formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad.»
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«Muchas gracias, presidenta.
Antes de empezar con el tema objeto del debate, hoy quería celebrar una victoria, quería celebrar la victoria de los cientos de personas que llevan meses organizándose y movilizándose para decirnos que la vivienda es un derecho y no un activo financiero. (Aplausos). A todas esas personas, muchas de ellas acampadas a 600 metros de aquí, otras tantas manifestándose en las plazas de nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tenemos que darles las gracias por empujar para que la política esté a la altura. Esperemos, señorías, que este viernes la Cámara de representantes de la ciudadanía haga honor a su nombre y vote en consecuencia con lo que esa ciudadanía quiere.
Señorías, el Grupo Popular trae hoy una proposición para modificar la formación en la escuela judicial. Lo que pasa es que, antes que discutir lo que ocurre en la escuela judicial, hay una pregunta un poquito más importante: ¿quién consigue llegar hasta ahí? Hoy una persona termina Derecho y, si quiere ser jueza, tiene por delante de media cuatro o cinco años estudiando una oposición. Ahí la igualdad formal empieza a chocar con la realidad porque para dedicar cuatro o cinco años a estudiar una oposición, hay que poder vivir dedicándole cuatro o cinco años. Hay que poder comer, hay que poder pagar el alquiler, hay que poder pagar a quien te prepara. Y difícilmente se puede trabajar porque prepararse una oposición ya es una jornada completa. Nosotras queremos que la judicatura se parezca más a la sociedad a la que sirve, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas de familias humildes y trabajadoras, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas que son las primeras en su casa y en su familia que estudian Derecho. Esto no cuestiona el enorme mérito que tienen todas aquellas que aprueban una oposición durísima, pero sí señala el problema, que son todas aquellas personas con mucho mérito y mucha capacidad y que ni siquiera van a poder intentarlo.»