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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Salimos a ganar y a defender a la Andalucía campesina y trabajadora con el @Frente_Amplio_ Andaluz. Las derechas, PP y VOX, se someten a los intereses y aranceles de Trump, rechazan subir el SMI y quieren privatizar las pensiones. Son un peligro para nuestro pueblo.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Ha fallecido José Luis Santos Medina, Presidente del Foro por la Memoria "Comandante Pérez Salas" de Espejo, uno de esos militantes que nunca dejó de luchar por la verdad, justicia y reparación. La memoria democrática le debe mucho. Que la tierra te sea leve, camarada.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
📈🗳️ Cada décima de subida de @Frente_Amplio_ son miles de personas que han decidido plantar cara a las derechas ultras. Porque las pensiones se defienden. Porque la vivienda es un derecho. Porque no vamos a permitir retrocesos en nuestras libertades. Salimos a ganar. ✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Hombres y mujeres que trabajaron y cotizaron durante décadas han salido hoy a la calle para defender las pensiones. 🧓🏻🛡️ Frente a la motosierra que quiere aplicar PP-Vox, vamos garantizar pensiones dignas y jubilación a los 65. publico.es/sociedad/miles…Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
La aristocrática Cayetana está molesta porque las derechas perderán el Senado. 🤷🏻♂️ 💰🪖 La oligarquía detesta la paz porque siempre se han enriquecido con el botín de guerra. Que rabien, porque salimos a ganar con el acuerdo más amplio de la izquierda desde el Frente Popular.✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Auditorio lleno en el acto de presentación del Frente Amplio. La clase trabajadora lo tiene claro: vamos a parar al fascismo y erradicar los desahucios para que nadie vuelva a sufrir lo que sufrió Maricarmen. Con @Toni_Valero y el resto de compañeras, ¡salimos a ganar! ✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Con la actual ley, la independencia en el ejercicio de la jurisdicción está garantizada. Tiene independencia, evidentemente, el juez Peinado para perseguir a Begoña Gómez. Tuvo independencia el juez Escalonilla para abrir doce piezas separadas, doce, para investigar la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos, que nunca llegó a juicio, aunque el instructor sí llegó a la Audiencia Provincial, donde continúa ejerciendo su independencia. Tiene independencia la Audiencia Provincial de Valencia cada vez que reabre la causa contra Mónica Oltra, porque algo tendrá que haber. Y tiene independencia judicial la Sala segunda del Supremo cuando se niega a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y validada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia Europeo. La independencia del Supremo llega al extremo de privar de derechos electorales a miles de españoles que ahora son españoles de segunda clase. Así, el Tribunal Supremo se ha sumado a una campaña de mentiras de VOX y del Partido Popular que asegura que los procesos electorales son fraudulentos, salvo que ganen ustedes, por supuesto. No es de extrañar que el 65 % de los españoles opine que existe lawfare. Animo al Grupo Popular a que señale un solo caso, uno, en el que, a consecuencia del actual sistema de elección de vocales del consejo, se haya impedido la independencia judicial.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al...
«VOX y Partido Popular no ayudan nada a Ceuta. Mientras los trabajadores de la saturada Área de Menores de Ceuta realizaban un trabajo excepcional, los señores Tellado y Juan Bravo se reunían en Ceuta con el provocador ultra Vito Quiles, y el PP y VOX bloqueaban el reparto de los niños y las niñas a las comunidades autónomas. En lugar de trabajar para que ayuntamientos y comunidades autónomas acojan a quienes deben salir de Ceuta, ayer utilizaron a los ayuntamientos para su campaña electoral permanente, impidiendo la unidad política que necesita la ciudad. (Aplausos). Mientras el movimiento vecinal de los barrios de trabajadores de Ceuta suple las carencias en atención humanitaria, el Gobierno local ha retrasado la puesta a disposición del Estado de espacios para acoger migrantes y refugiados y se opone a que salgan de Ceuta a la península. Esta actitud contribuye a los estallidos racistas y de odio, que ponen en riesgo siglos de convivencia entre las distintas comunidades de Ceuta. Pedimos a la sociedad caballa que se oponga a soluciones imposibles, que nada arreglan y que convierten a Ceuta en una olla a presión. Es urgente sacar de Ceuta a quienes no han retornado a Marruecos. Al igual que el Ministerio de Juventud e Infancia, todo el Gobierno debe impulsar los traslados a la península, donde 8000 personas no son ningún problema; hay más de 10 000 plazas de acogida de migrantes disponibles gracias a la reducción de llegadas a Canarias. Todos sabemos que ahora no van a poder ser devueltos ni expulsados, que Marruecos no va a aceptar devoluciones, que no ha aceptado ni a los fallecidos ni a niños ni a niñas. Las expulsiones o devoluciones requieren la aplicación del debido proceso, ningún funcionario va a prevaricar después de que inhabilitaran a dos de ellos nueve años por intentar devoluciones sumarias de niños.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Dejen de usar a Ceuta como rehén. Mienten afirmando que se puede expulsar ya a siete mil extranjeros que han quedado en Ceuta. Es imposible, y lo saben: ni la ley española ni la europea permiten expulsiones colectivas y sumarias. Además, Marruecos no recibe ni a sus ciudadanos fallecidos. Quien quiere a la sociedad ceutí le habla con valentía y le dice la verdad. Esto sirve para todos los grupos parlamentarios y también sirve para el Gobierno. Dejen de repetir que nadie va a salir de Ceuta a la península. Nosotros y nosotras, porque queremos a Ceuta y a los ceutís y somos solidarios con ellos, queremos acabar rápidamente con la presión que soportan, y eso solo es posible trasladando a la península a quienes permanecen allí aún tras entrar el 30 de julio y que sea en la península donde se sustancien los procedimientos individuales que procedan en derecho, incluidos los recursos judiciales. Por mucho que lo pidan en su declaración institucional, ¿también van a pedir que los jueces prioricen las resoluciones de esos recursos y dejen de atender los asuntos regulares de la justicia? ¿Eso están pidiendo? Votaremos en contra de su demagógica propuesta. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La derecha europea, en lugar de defender a España y criticar al agresor -Marruecos-, con la connivencia de los Estados Unidos de Trump y del Israel del genocida Netanyahu, nos responsabiliza de la entrada de 80 000 personas, que fueron empujadas contra Ceuta, de las que, por cierto, 70 000 ya salieron. Engañan diciendo que el ataque a Ceuta es por causa de la regularización extraordinaria o porque España es el único país que votó en contra del indigno reglamento europeo de retorno. El Partido Popular y VOX no han criticado a los Gobiernos europeos que han atacado a España; han sido complacientes con Marruecos, especialmente el Partido Popular; no han condenado la actuación de Estados Unidos, que ya en abril aprobó en el Congreso que la soberanía española en Ceuta y Melilla era cuestionable, ni la de Israel, que lleva meses diciendo que Ceuta y Melilla están ocupadas por colonos españoles; han responsabilizado de lo ocurrido a nuestro Gobierno, al país agredido, a su país, y no han condenado las sanciones unilaterales que Meloni ha impuesto a los viajeros españoles.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, pues nada, ya hemos visto que ni al Partido Popular ni a VOX les interesa lo más mínimo que la Guardia Civil pueda afiliarse a sindicatos, que la Guardia Civil o la Policía tengan capacidad de negociación colectiva o que la Guardia Civil y la Policía tengan derechos a aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y, por supuesto, les parece excelente que la Guardia Civil siga sometida al Código Penal Militar cuando realizan tareas policiales en el interior de España. Es decir, al Partido Popular y a VOX que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan derechos laborales les importa un pimiento. En todo caso, en el mundo observamos cómo se cierran fronteras, se persigue, manu militari, a extranjeros y a nacionales que se solidarizan con los extranjeros, se confinan migrantes en indignos centros de reclusión, sin haber cometido ningún delito. España, sin embargo, ha iniciado un proceso de reconocimiento de derechos que ha merecido páginas y editoriales en todo el mundo. Un proceso de regularización gracias a una iniciativa ciudadana que recogió más de 700 000 firmas. Quiero felicitar hoy a todas esas personas que consiguieron que saliera adelante esta iniciativa y, en especial, a todos y todas los servidores y servidoras públicas que están sacando adelante este proceso de regularización (aplausos), que han recogido ya 900 000 solicitudes y también a todas las personas que, perteneciendo a organizaciones de apoyo, ONG, están colaborando también para que esto salga adelante. Es un auténtico orgullo formar parte de este país y también apoyar al único Gobierno que en este momento marca una tendencia en el mundo absolutamente distinta. Pero, señor ministro, recogiendo preocupaciones de esos movimientos sociales, queremos pedirle que en estos quince días que quedan se intensifiquen las medidas de reforzamiento para que este proceso de regularización sea todo un éxito; que se tomen medidas para que se dé un apoyo más rápido desde las oficinas consulares en terceros países para que se facilite la tramitación de la documentación que sea necesaria; que se haga un esfuerzo para que dotemos de más medios materiales y técnicos a todas las personas que están trabajando en este proceso; que se paralice cualquier expulsión que pueda afectar a personas susceptibles de ingresar en el proceso de regularización, y que los denominados antecedentes o anotaciones policiales no sean utilizados como si fueran antecedentes penales a la hora de dificultar el proceso de regularización. Y me gustaría hacer una petición muy especial, señor ministro: es imprescindible que se busque una solución para los solicitantes de apatridia de origen saharaui que quedaron excluidos del proceso de regularización sin renunciar a la solicitud de apatridia. (Aplausos). Creemos que la solución es bien sencilla y está prevista en la ley, que es simplemente que se les otorgue provisionalmente, mientras concluye su procedimiento de apatridia, una autorización laboral que equipararía los resultados al proceso de regularización. En todo caso, acaba de entrar en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo el pasado 12 de junio. Se acaba de aprobar el reglamento de retorno. Es un auténtico orgullo que España haya sido el único país que ha votado en contra de estas medidas, que son un auténtico recorte de derechos fundamentales. En especial porque se vulnera el derecho a la libertad, al aumentar los motivos de detención y confinamiento en frontera, hasta incluso una posibilidad de veinticuatro meses de duración. No es casualidad que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y hasta dieciséis relatores de las Naciones Unidas, sindicatos, se hayan pronunciado sobre este paquete de medidas denunciando que pueden afectar gravemente a los derechos fundamentales. Pedimos que nuestro Gobierno siga oponiéndose a cualquier amenaza de la protección internacional, más hoy día en un mundo en el que se multiplican las causas de persecución, donde es más necesario que nunca reforzar los mecanismos de protección internacional.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«No compartimos que fuerzas democráticas y de izquierdas permitan, con sus votos o sus abstenciones, que las políticas punitivas de la ultraderecha se abran paso. Contra el autoritarismo ultraderechista, pie en pared, en defensa de los valores democráticos, y ni un paso atrás. (Aplausos). Siempre defenderemos que el derecho sancionador sea restaurativo, orientado a la reintegración del infractor, especialmente cuando las infracciones devienen de situaciones de exclusión social. Permitir que este proyecto saliera del Congreso y llegara al Senado ha abierto la puerta a que la derecha y la ultraderecha, PP, VOX y Junts, lo utilicen fraudulentamente ahora para tratar de impedir que los extranjeros accedan a derechos básicos. A la ultraderecha les das la mano para incrementar penas y te cortan el brazo, aniquilando los derechos humanos conquistados. Vincular reincidencia delictiva con los permisos de residencia de extranjeros es una repugnante falsedad para asentar el relato de que inmigración es igual a delincuencia. Díganselo a Mansur, el joven que llegó en patera a Málaga y salvó a una mujer de morir durante un temporal, o a Mohamed, en situación irregular, que salvó la vida, en Bilbao, a un anciano que cayó a la ría. (Aplausos). Los inmigrantes son más víctimas que responsables de delitos y, especialmente, son carne de victimización mientras están en situación de irregularidad: víctimas de delitos de explotación y abusos laborales y sexuales; víctimas de la vulneración de derechos básicos, como el acceso a la vivienda. La derecha quiere que no puedan denunciar por el miedo a ser detenidos o deportados. No olvidamos al exconcejal del Partido Popular de Pozo Alcón, Jaén, después dirigente de VOX, quien arrojó en la puerta de un centro de salud a un trabajador inmigrante, que murió mientras trabajaba sin papeles en su finca.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Gracias, señora presidenta. Tras impedir que se sancione a quienes conducen bajo efectos del alcohol, el pasado martes, el Partido Popular y VOX se oponían a medidas de prevención de la conducción a velocidad temeraria, a sancionar los delitos de riesgo y la temeridad. El PP y VOX, cada día más ultras, desprecian la prevención. Prefieren castigar, sin diferenciar entre reparación del daño y venganza. Aznar introdujo penas de hasta 40 años de cárcel y Rajoy la prisión permanente revisable, la cadena perpetua que, junto a la pena de muerte, había eliminado la Segunda República. Ahora, con acuerdo del PP, VOX, Junts y Grupo Socialista y la abstención de Esquerra Republicana, el Congreso acordó endurecer las penas por hurtar un teléfono móvil. Hasta seis años de cárcel, más que por corrupción. Y ya presentamos una ley anticorrupción que Junts, PP y VOX hundieron en esta Cámara. La semana pasada, Partido Popular, VOX, UPN y Coalición Canaria votaron a favor de incrementar los supuestos de cadena perpetua. Populismo punitivo, puro integrismo. Al año, una plaza de prisión nos cuesta 24 000 euros, mientras que una de Formación Profesional poco más de 6000. Sin embargo, en los centros públicos de comunidades autónomas gobernadas por la derecha no hay plazas de Formación Profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles, mientras que no hay limitación de plazas en las cárceles. Llega del Senado, aún más endurecida, la proposición de ley que incrementa las sanciones por hurto. Y, así, no se va a acabar con los hurtos. Lo que se va a hacer es multiplicar la población penitenciaria.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de...
«Proponer medidas que ya existen, como la expulsión de extranjeros con condena penal o la expulsión en vía administrativa, o es ignorancia o es demagogia. Proponen luego ocurrencias de imposible ejecución. Por ejemplo, cobrar sanciones económicas a los países de origen de los migrantes. ¡A los países más pobres del mundo le van ustedes a cobrar sanciones! Eso lo tengo yo que ver. Esta propuesta realmente es un peaje que el Partido Popular paga a VOX para que le permita gobernar en Extremadura y en Aragón (rumores); para salir del atolladero en el que se han metido tras la decisión de Feijóo de adelantar cuantas elecciones autonómicas ha podido. Y es un anticipo de lo que nos espera si el Partido Popular gobierna junto a VOX o dependiendo de ese partido ultra y fascista que pretende expulsar a todo el mundo en todas partes, ya sean extranjeros o hasta al militante de VOX con el carné número uno. ¡Por expulsar que no quede! (Aplausos). Una purga peor que la de Stalin, decía Ortega Smith, que afirma que no hay nada peor que el terror impuesto por Abascal en su propio partido. Imagínense a Abascal de ministro de Interior de España.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Esta ley no aborda las causas del problema. Al castigar duramente la reiteración de hurtos de poca monta genera nuevos problemas y se saturan las cárceles con desgraciados. En Cataluña y en toda España la congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal que en las demás jurisdicciones. Pero, con esta reforma, el acusado de multirreincidencia, en lugar de ir a un juicio por delitos leves, irá un juicio más complejo, penado ahora con hasta tres años. La mayoría de los delitos de cuello blanco, los que cometen los ricos, tienen penas iguales o inferiores a tres años. Por ejemplo, delitos como la alteración de precios, la sobrefacturación en perjuicio de consumidores o los delitos societarios. Y ahora tendremos unos juicios que tardarán dos años en celebrarse. Una medida ineficaz que no arregla el problema, más atasco en la jurisdicción penal y más tiempo para que el acusado siga reincidiendo. Pero lo más grave es que se trata de un acuerdo entre el Grupo Popular, Junts y el Grupo Socialista. ¿Esto qué es?, ¿un experimento de gran coalición? Esto es un acuerdo para convertir en ley el discurso demagógico de VOX, de Se Acabó la Fiesta o de Alianza Catalana. Ya saben: No se puede salir a la calle por la delincuencia y los extranjeros vienen a delinquir. Menos el que cuida a mi madre enferma, claro, que a ese le conozco y es buena gente. (Aplausos). Un acuerdo con quienes abren las puertas al negacionismo de VOX, en este caso el Grupo Popular. Un acuerdo con quienes votan con el Grupo Popular y VOX para destrozar el escudo social, Junts. Un acuerdo con quienes deshumanizan al adversario: el galgo de Paiporta llamaban al presidente ayer aquí. La ultraderecha y los fascistas en esto ni se mojan, observan en sus escaños este delirio populista impulsado por el PP, por Junts y por el Grupo Socialista y recogen el rédito electoral, como hemos visto en Extremadura y en Aragón.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Nos vamos a repartir el tiempo entre un servidor, que tenía la palabra, y la portavoz Martínez Barbero. En primer lugar, el Partido Popular no sabe cómo ocultar que ha impedido hoy nuevamente que se actualicen las pensiones; ha derribado el escudo social a las personas vulnerables de este país; ha impedido que se paralicen los desahucios para las familias en situación de vulnerabilidad; ha impedido el mantenimiento de las ayudas de los bonos energéticos o de los bonos térmicos y han impedido la entrega a cuenta a las comunidades autónomas de 40 000 millones de euros más que los que se entregaron el año pasado. Es decir, han impedido el funcionamiento de los servicios públicos. (Rumores). Además, les parece muy duro respetar el Reglamento de la Cámara y ceñirse al orden del día. Ustedes llegan con la arbitrariedad que les caracteriza y cambian ahora porque ustedes deciden el orden del día. Sobre todo, es una vergüenza su falta de valentía para defender a España, a los países hermanos latinoamericanos, a los países europeos como Dinamarca o a nuestros socios como Canadá. A ustedes no se les oye defender a las Naciones Unidas ni el derecho internacional; a ustedes no se les oye todavía -ni se les va a oír nunca- defender la no injerencia en los asuntos de otros países, defender la soberanía nacional de cualquier pueblo, porque no defienden ni la de España; y, por supuesto, no se les escucha en ningún momento rechazar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero es que tampoco hemos oído nosotros ni las organizaciones agrarias de este país su oposición a los aranceles al campo y también a la industria que ha impuesto la Administración del señor Trump; no hemos oído su oposición a los recortes de la PAC, de las subvenciones de la política agraria comunitaria, un 30 % por el rearme, es decir, para nutrir ese dinero las empresas de armamento de los Estados Unidos; y, sobre todo, no hemos oído que hayan dicho ni una palabra cuando Trump no para de amenazar a España porque le hemos dicho que no le vamos a entregar 85 000 millones de euros cada año que necesitamos para nuestra sanidad, para nuestra educación o para las pensiones que ustedes acaban de votar en contra. Y qué tal su engaño sobre el Mercosur? ¿De eso no hablan tampoco? Llevan semanas, meses, votando en el Parlamento Europeo a favor del Mercosur, y cuando conseguimos paralizar la aplicación, vergonzosamente salen ustedes a decir que siempre han estado en contra del Mercosur. ¡Hay que tener la cara dura! A ver si dejan de engañar a la gente de este país. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«España es el primer destino turístico mundial. Millones de turistas visitan España cada año: 94 millones el año pasado, que no vendrían de vacaciones si peligrara su seguridad. Esta derecha antipatriótica asusta a nuestro pueblo y al turismo. Ustedes trabajan para el negocio que más ha crecido en España desde que el Partido Popular está en la oposición: las empresas de alarma y de seguridad privada (aplausos), incluidas las de matones fascistas, que aseguran que cuando sales de tu casa te okupan la vivienda. Asustar con propuestas de falta de seguridad permite que sus amiguetes obtengan grandes beneficios. El Partido Popular y VOX crean miedo para hacerse con votos. En nuestros barrios viven personas extranjeras. Hacen trabajos precarios, mal pagados, duros, que ustedes no están dispuestos a realizar. Para los racistas y para VOX, negros y musulmanes son genéticamente criminales, pero resulta que, en la lista de los diez criminales más buscados por la policía española, nueve son nacidos en España y el otro en la Unión Europea, y todos son hombres y blancos. Abascal acostumbra a relatar casos de extranjeros delincuentes, que seguro que los habrá, pero igual los hay heroicos: extranjeros, llegados en patera, que han salvado a españoles de la muerte jugándose la vida; africanos, negros, voluntarios que se enfrentan al fuego en Galicia; trabajadores marroquíes, moros, salvando a españoles durante la dana, etcétera. (Muestra varios recortes de prensa.-Aplausos). Inseguridad es dar impunidad a los delincuentes.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«El consejo fue renovado hace un año, tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, del que resultaba un teórico equilibrio entre las distintas sensibilidades existentes en la justicia. Desde septiembre del año pasado se han realizado 161 nombramientos en el nuevo consejo de plazas pendientes de nombrar debido a ese secuestro de la institución que el Partido Popular mantuvo cinco años. Sorprendentemente, la estrategia del Partido Popular consigue que, a julio de 2025, un 68 % de los nombramientos recaigan en jueces conservadores, frente a un reducido 32 % de nombramientos que recaen entre jueces y juezas progresistas. Es una desproporción que llama la atención porque, sobre todo, no responde a la realidad social de este país. Y estos cuestionables métodos, consensos, que no unanimidades, han llegado a su cenit en los plenos de junio de este año 2025, en los que, de los veintiocho nombramientos efectuados, solo cinco han recaído en jueces progresistas. Un escaso 15 % frente a un 85 %. Y se ha dicho que estos desequilibrios se deben a la ausencia de candidaturas progresistas. Sin embargo, desde mayo de 2025, cuando era patente la desproporción en los nombramientos ya efectuados, al menos en veinte ocasiones había alternativas progresistas solventes que podían haber equilibrado la situación, pero que no recibieron más que un voto, continuando los nombramientos de conservadores casi por unanimidad de los vocales del consejo. Y es positivo que el 41 % de los nombramientos hayan recaído en mujeres. Y se ha logrado el incremento de la cifra de magistradas en todos los ámbitos, pero la paridad de sexos en los nombramientos no se ha logrado en cinco de los once ámbitos de la justicia: en las altas responsabilidades, en las presidencias y en las salas del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional. La derecha ha puesto en marcha una estrategia que le ha llevado a reforzar su hegemonía política y de control del Poder Judicial, mientras los denominados progresistas han concurrido a votaciones, divididos hasta con tres posiciones diferenciadas en algunas votaciones. Y, a la vista de estos datos, creemos que estos consensos alcanzados no han sido ni razonables ni equilibrados cuando han servido para reforzar el control del Partido Popular sobre la justicia, a la vista de que los candidatos de los vocales propuestos por el Partido Popular han sido nombrados mayoritariamente. No entendemos las amplias mayorías que consigue la derecha para, por ejemplo, denegar el amparo solicitado por el juez De Prada frente a la campaña de desprestigio de Jiménez Losantos, que solo tuvo un voto a favor; o para denegar el reingreso del magistrado Baltasar Garzón tras un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (aplausos) que condenó a España por inhabilitarlo, que solo contó con tres votos a favor de entre veinte posibles votos; o para denegar, con un solo voto a favor, la incoación del expediente disciplinario al juez que vilipendió en una diligencia la memoria de nuestro querido y recordado Pedro Zerolo en un proceso contra el humorista Quequé.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«Señor presidente, cuarenta y ocho activistas de la Flota de la Libertad ya están en España, algunos aquí hoy, con nosotros (aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario SUMAR dirigidos hacia la tribuna de invitados), tras salir de las brutales cárceles sionistas en las que se encierra y tortura, sin juicio ni derecho a la defensa, a miles de palestinos, incluyendo niños. Exigimos la inmediata puesta en libertad de Reyes Rigo y de David Adler, quienes siguen encarcelados. Son rehenes de Netanyahu, todos han sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes tras ser capturados ilegalmente por Israel en buques de bandera española en aguas internacionales. Cumplían el mandato del derecho internacional de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, víctima de un brutal genocidio. Nuestro agradecimiento eterno, y a los millones de personas que han salido a la calle en todo el mundo para salvaguardar la dignidad de la humanidad y exigir el fin del genocidio en Gaza. Occidente ha perdido toda legitimidad por su permisividad con los crímenes de Israel.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«En todo caso, no cabe duda de que alguien va dosificando la información de la UCO, que se publica siempre en clave política y de forma coordinada con las ofensivas del Partido Popular y VOX para deslegitimar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Es muy grave que el Partido Socialista no haya visto la que se les venía encima: dos responsables de organización sucesivamente implicados en el mismo escándalo de corrupción. Y es de una gran irresponsabilidad haber permitido que medrara un individuo como el tal Koldo, salido del lumpen que pulula por los bajos fondos y que desde hace años mantiene evidentes vínculos con servicios de información policiales. Koldo, indultado por el Gobierno de Aznar en 1996, tras ser condenado por un delito de lesiones. Koldo, condecorado en 2018 por el Gobierno del Partido Popular con la cruz con distintivo blanco de la Guardia Civil. Quizá en esos tiempos conoció a Manuel Sánchez Corbí, destinado entonces en el cuartel de Intxaurrondo, exjefe de la UCO y ahora jefe de Seguridad Exterior de Acciona, la única empresa de la trama que la UCO no ha creído conveniente registrar (aplausos), sino que le ha bastado con solicitar que la misma empresa le remita la información que crea conveniente sobre las presuntas comisiones pagadas, que pueden ascender, según la UCO, a más de 600 000 euros. No nos creemos que Koldo tuviera tantos conocimientos técnicos como para haber realizado miles de grabaciones durante tantos años. No nos creemos que fuera un virtuoso del uso de sofisticados mecanismos tecnológicos utilizados en esas grabaciones, artilugios que ni están al alcance del tal Koldo y que nunca habría sabido utilizar él solo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Sobre las denuncias del Partido Popular de interferencias del Gobierno en las investigaciones de la UCO, a la vista del terremoto causado en el PSOE por los informes que esta unidad, en funciones de policía judicial, ha dado a conocer -que ha mostrado, obviamente, un caso de corrupción deleznable que condenamos con toda contundencia-, es evidente que no son más que una mentira más de las que nos tienen acostumbrados, con el habitual despropósito de deslegitimar la democracia. La verdad es que sorprende más tras el acoso del PP a la UDEF y al inspector Morocho. Desde luego, no están en condiciones de poder acusar a nadie de acosar a la policía judicial después del antecedente que tienen ustedes en la materia. Los informes de la UCO se están utilizando con fines políticos desestabilizadores, y no precisamente por los agentes investigadores. Mientras imputa al fiscal general por revelación de secretos y filtración de información, ¿cómo es posible que meses antes de enviarse los informes de la UCO a la justicia el señor Feijóo nos fuera relatando en las sesiones de control del Gobierno el contenido de esos informes, incluso reconociendo en una que tenía el informe completo? ¿Cómo es posible que el contenido de los informes policiales haya circulado con antelación por redes y medios de comunicación? El informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio. ¿Cómo es posible que estuviera en manos de periodistas, que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil? Y lo reconoce, entre otras, Pilar Gómez Rodríguez en declaraciones vertidas en el programa de televisión Todo es mentira. En el informe de la UCO aparecen transcripciones de audios intervenidos al tal Koldo; sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo los audios íntegros, no las transcripciones. Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO, y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quién ha actuado con fines políticos, traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Durante la fase de pérdida de generación de electricidad, el número de grupos acoplados con capacidad de control de la tensión era inferior a los programados por el operador del sistema, e inferior incluso al programado para el día anterior, al haber fallado la tarde previa uno de los grupos previstos, que no fue sustituido por la empresa que debía hacerlo. Red Eléctrica dijo que necesitaba diez unidades de tensión para salir de esa situación, y varias de esas unidades de tensión de compañías eléctricas privadas que dijeron estar disponibles, y que cobraban por tenerlas disponibles, cuando se requirió que se utilizaran, resulta que no estaban en servicio, pero sí estaban cobrando por ello. Probablemente, ninguna de todas esas unidades de tensión actuó como debía, lo que demuestra que no hay un mecanismo eficaz de control de las compañías privadas que intervienen en el sistema: ni de su funcionamiento ni de la retribución que perciben, de las cantidades de dinero que estas compañías eléctricas pueden autoasignarse en su puesto de cobros de servicios que, por lo que hemos visto, ni prestan ni dan. Y aclaro, para quienes nos escuchan, que la forma de autocobrarse este servicio no prestado es repercutir un coste adicional en la factura de la luz que pagan todas las personas y empresas de este país, camuflado entre los muchos conceptos ininteligibles que todos los ciudadanos vemos cada mes cuando recibimos la factura. (Aplausos). Se debe solicitar que devuelvan lo cobrado indebidamente y se debe sancionar este comportamiento. Y también se debe averiguar desde cuándo se mantiene esta práctica, que puede ser generalizada: una gran sobrefacturación de compañías eléctricas privadas por un servicio que no dan y que solo se detecta ante una situación de crisis de estas dimensiones.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para explicar la posición...
«Gaza hablando de que hay una organización que ha cogido a la población civil como escudo humano. Eso es justificar lo que se llaman daños colaterales, y por muy escudos humanos que sean, que yo no voy a entrar si es escudo humano una población que no puede salir de un gueto mientras la bombardean (aplausos), lo que está claro es que a la población civil no se la puede bombardear sistemáticamente. Y también tenemos la Ley 53/2007, sobre el control de comercio exterior, que también nos permitiría resolver estos contratos, sobre todo sin obligar a indemnizar. Señor ministro, creo que nos sobran brillantes juristas en este país para hacer que impere la razón jurídica con todos estos argumentos y anular y dejar sin efecto hasta el último contrato que continúe todavía en ejecución o pendiente de ser ejecutado. (Aplausos). Y, desde luego, en un mundo atravesado por la restricción y vulneración de derechos fundamentales, los pocos palestinos que consiguieran huir del exterminio al que son sometidos por Israel no pueden encontrarse serios obstáculos para conseguir la protección en la Unión Europea, que es lo que va a pasar si se aprueba en sus actuales términos el nuevo reglamento de retorno, porque limitaría gravemente las garantías fundamentales que ahora mismo existen en las leyes españolas y en la ley internacional.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para explicar la posición...
«Señora presidenta, señores diputados, más allá de un debate sobre contratos, esto es un debate sobre cómo cumplir lo ordenado por la justicia internacional y cómo frenar el holocausto palestino puesto en marcha en Gaza por Israel, para que Naciones Unidas nunca más tenga que advertir de la muerte de 14 000 bebés en un plazo inminente de cuarenta y ocho horas. (Aplausos). Sobran argumentos éticos y políticos, pero, sobre todo, sobran argumentos jurídicos para anular cualquier contrato que financie este genocidio. La justicia internacional ya ha llegado a la conclusión de que Israel comete crímenes internacionales, porque ya ha ordenado medidas para acabar con estos crímenes, para impedir que continúe el genocidio y para encarcelar a sus responsables. Y el Gobierno sabe que solo los Estados son los actores con capacidad coercitiva suficiente para hacer cumplir esas resoluciones de los tribunales internacionales. Sin la adopción de medidas ejecutivas concretas por países como España, es imposible detener el genocidio y los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Y nos llena de orgullo que España haya reconocido el Estado palestino; que el presidente pida la salida de Israel de Eurovisión; que haya anunciado que solicitaremos una opinio iuris a la Corte Internacional de Justicia para que determine lo evidente, que la llegada de ayuda humanitaria a la población de Gaza es una obligación conforme al derecho internacional. (Aplausos). Todo ello son medidas políticas y diplomáticas imprescindibles, de las que somos coimpulsores al formar parte del Gobierno, pero no sirven para detener un genocidio al que Netanyahu y Trump le han puesto plazo: no más de seis meses para dejar a Gaza sin un palestino. La comunidad internacional no ha aprobado una sola sanción contra Israel por este nuevo holocausto y España debe tomar todas las medidas concretas para obstruir, dificultar e impedir cualquiera de las muchas -muchas- acciones criminales que realiza Israel -acciones militares, policiales y económicas- en ejecución de su plan de genocidio y exterminio del pueblo palestino.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en...
«Gracias, señor presidente. El Partido Popular mantiene que la delegación de competencias del Estado solo es constitucional cuando gobiernan ellos y ellos las acuerdan. Hoy nos traen el Pacto de Migración y Asilo europeo con la intención de ganarse unos votos metiendo más miedo y preocupación a la sociedad, estigmatizando a quienes se ven obligados a huir de persecuciones sin más salidas que buscar protección en países seguros y acabar en muchos casos cuidando de todas nuestras familias. (Aplausos). Europa es cruel cuando dispone dinero infinito para la guerra pero cada vez menos recursos y derechos para proteger a quienes huyen de ella. El plan de rearmar Europa costará 800 000 millones de euros, 100 000 más que lo gastado en el COVID y la recuperación posterior, y creará inmensos stocks de armamento, que tendrán que ser consumidos. Ese es el negocio de la industria armamentística: consumir armamento, no almacenarlo; y consumirlo en guerras y conflictos, provocando desplazados y refugiados. Si la mitad de esos 800 000 millones los gastáramos en desarrollo de países empobrecidos o en prevención de las persecuciones que provocan los desplazamientos de población, serían mucho más útiles para Europa, no se generaría más tensión bélica, como ha provocado la expansión ilimitada de la OTAN desde hace décadas, y además disminuirían los flujos de migrantes y refugiados. Solo procedentes de Ucrania, 4 200 000 refugiados están acogidos en la Unión Europea, pero dedicar el dinero a prevenir conflictos no interesa a quienes defienden el inmenso negocio de 800 000 millones para el complejo militar industrial de los Estados Unidos.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Esta moción y su campaña contra la Fiscalía pretenden que España olvide que ha sido Alberto, el de Quirón, quien ha reconocido que ha cometido varios delitos graves, como dejar de pagar a la Hacienda pública más de 120 000 euros. (Rumores). Ya advertimos que el Tribunal Supremo no impediría la filtración de la información procedente de esa extravagante incautación de dispositivos electrónicos a la Fiscalía. Han sido divulgados datos de personas con grandes responsabilidades institucionales, como la fiscal de sala del Supremo, la señora Delgado, y ahora es víctima de una campaña de acoso. ¿Y quién va a responder por estas filtraciones extendidas por la pléyade de panfletos digitales, televisiones y radios intoxicadoras que forman parte de la maquinaria mediática del Partido Popular y sus aliados de la ultraderecha? El PP tiene el cuajo de denunciar en su moción una supuesta falta de libertad de prensa y políticas para amordazar a los medios que critican al Gobierno. Con total libertad de expresión desde innumerables medios de comunicación chillan que el Gobierno les ha quitado la libertad de expresión, y mientras tanto callan ante los aranceles de Trump, que amenazan al campo y a la industria española (aplausos): están en peligro 3000 millones de euros en exportaciones solo en Andalucía y hay, al menos, 2800 empresas afectadas. Por los aranceles al hierro y al aluminio la industria española va a perder 500 millones de euros. Arrodillados ante Trump, incapaces de defender a España, solo se atreven a pedir calma, la calma de los cementerios, sumisión ante quién nos ataca. Vamos a votar en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«La regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia; no es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la okupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales, y mucho menos es cierto que, cuando salimos de casa, nos okupen la casa. Eso es un bulo; no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales, y nada de eso se regula ni se contempla ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana; ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. (Aplausos). Confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales; les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales en lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales (aplausos), que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante cincuenta años. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.»