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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Marta Trenzano Rubio · PSOE ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno acerca de la participación de...
«Muchas gracias, presidente. Señorías, hoy no es un día cualquiera. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Como valenciana les hablo con un nudo en la garganta. Las heridas de la tragedia que azotó Valencia aún laten en la memoria de quienes la vivieron. Permítanme, en primer lugar, honrar la memoria de las víctimas, hombres, mujeres y niños, vidas truncadas que jamás volverán y que dejaron un vacío imborrable en sus familias y en sus pueblos. A sus seres queridos, a quienes hoy enfrentan el peso del duelo, les envío el más profundo abrazo desde este hemiciclo. (Aplausos). Su dolor es también el nuestro, y desde esta tribuna les decimos que no están solos. Sin embargo, en medio de este dolor nos encontramos una vez más con la manipulación y el oportunismo político de VOX y del Partido Popular, que pretenden borrar la verdad y ensuciar el recuerdo de quienes sufrieron. Es indignante que mientras los valencianos lloraban a sus muertos y empezaban a reconstruir lo perdido, algunos elegían usar la tragedia como arma política. Pero es nuestra responsabilidad dejar las cosas claras. El Sistema Nacional de Protección Civil no deja lugar a interpretaciones: las comunidades autónomas son las responsables de la dirección, coordinación y activación de recursos en emergencias de ámbito autonómico. Y, más cerca de Valencia, la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, de la Comunitat Valenciana, reafirma que es la Generalitat quién debe liderar esa gestión. Es esa misma Generalitat la que, en manos del PP y VOX, recortó 14 millones de euros del presupuesto de emergencias (aplausos) y desmanteló el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias, una unidad podría haber cambiado el desenlace de esta tragedia. Por cierto, ese mismo Gobierno dará 250 millones de euros a los damnificados, mientras perdona cada año 550 millones de euros a los 26 000 valencianos más ricos. ¡Qué vergüenza! (Aplausos). Queda claro, señorías, que es su modelo de Estado el que nunca salva al pueblo. (Aplausos).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno acerca de la participación de...
«Con esta moción, el Grupo Parlamentario VOX, lejos de expresar solidaridad y agradecimiento, lo que hace es volver a extender bulos, poniendo en duda cuáles son las competencias autonómicas. Esta moción supone la negación del Estado de las autonomías y demuestra un gran desconocimiento, fingido o no, sobre el marco competencial y normativo en materia de protección civil. El Grupo Parlamentario VOX pretende que se aplique la Ley de Seguridad Nacional en lugar de la normativa aplicable en materia de protección civil, que es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, e ignora que el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de protección civil y seguridad pública. Podemos poner en cuestión la solvencia del mando autonómico, preguntarnos por qué no se alertó a la población a tiempo para que se pusiera a salvo o cómo es posible que la Aemet alertara durante horas sobre el peligro mientras el president de la Generalitat estaba incomunicado. Lo que no se puede poner en cuestión es la competencia de la comunidad autónoma.»
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María Soledad Cruz-Guzmán García · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético en los barrios...
«Tras estos gravísimos incidentes, la Policía consiguió desmantelar ocho plantaciones de marihuana, que son la principal causa de esos problemas de cortes de suministro de los que nos hablan, producidos por la sobrecarga de los peligrosos enganches ilegales que abastecen a esos cultivos. (Aplausos). Esa es la verdad. Para que se haga una idea, cada plantación supone un gasto de suministro de ochenta viviendas de 100 metros cuadrados y ese consumo industrial, para el que no está calculada la red, produce no solo la avería en los fusibles, sino incendios en los transformadores que ponen en riesgo la vida de los vecinos. La inseguridad también provoca el aumento de ocupación ilegal, y de manera injusta las viviendas son ocupadas por la fuerza frente a aquellos que escogieron seguir confiando en el sistema. ¿Con quiénes están ustedes, señorías de SUMAR? Sin seguridad no hay solución para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios. Solo en Sevilla faltan medio millar de policías nacionales. El alcalde de mi ciudad se lo ha reclamado hasta tres veces al ministro del Interior, que sigue tan desaparecido como Sánchez, prófugo de sus responsabilidades, ocupado quizá en blindar al DAO de la Policía en el real decreto de ayudas por la DANA. (Aplausos). Lamentable, realmente lamentable. ¿Van a hacer ustedes el favor de reclamarle esos efectivos a su compañero Marlaska? Estaría bien, señorías de SUMAR, porque en estos barrios la seguridad es sinónimo también de libertad.»
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Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Señorías, lo que estamos viendo en el Parlamento es una clara huida por parte del Gobierno, empezando por Sánchez y continuando por sus ministros. La ministra de Sanidad tiene más de doscientas preguntas orales y treinta peticiones de comparecencias de mi grupo pendientes de sustanciarlas en la Comisión de Sanidad. Tengo el convencimiento de que se le ha olvidado el camino. Y, mientras tanto, en el Sistema Nacional de Salud sin dar solución a los múltiples problemas por los que pasa. Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«España se ha erigido en realidad como uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos relacionados con las mujeres y, también, de los derechos reproductivos y sexuales desde 1985 hasta 2022. Estar a favor del aborto -escúchenme bien, señorías- es estar a favor de la vida de miles y miles de mujeres que han sido multadas, encarceladas y condenadas al ostracismo social; o que han muerto, y aún lo hacen, en cuartuchos insalubres; o que se desangran, por ejemplo, por las calles o en su cama. Su vulneración sí puede conllevar la muerte. (Aplausos). Aprovecho, pues, la tribuna para agradecer a tantas y tantas mujeres que lo defendieron antes de que apareciera en nuestras leyes; mujeres que lucharon contra el machismo y el sistema patriarcal en clandestinidad, contra el silencio, el reproche y las miradas punzantes. Por ellas, por nosotras y por todas las que vendrán, debemos seguir avanzando. (Aplausos). Pese a que nuestras leyes reconocen el derecho, no todas las mujeres en España pueden ejercerlo por igual. Todas las mujeres deberían poder acudir a un centro de salud u hospitalario público cercano, pero hay mujeres en España que deben peregrinar por otras ciudades o comunidades autónomas con tal de poder acceder a este derecho.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Nosotros no hemos presentado enmienda al respecto de la gestación subrogada porque hoy no tocaba, pero sí que hemos presentado una enmienda para pedir y añadir un punto por que el registro de objeción de conciencia con respecto a la intervención directa en la práctica de la interrupción sea, como decíamos, de cada centro sanitario del sistema público de salud y no de ámbito autonómico. Y todavía menos que consten estos datos del objetor en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Gracias.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Otro ejemplo de acción-reacción: el PSOE denuncia en su iniciativa de hoy el uso de esas mayorías en el Senado para organizar una jornada antiabortista el 2 de diciembre. Bien, hemos de decir que esta es una situación que no nos viene de lejos y que no es distinta del posicionamiento que ha mostrado el PP en contra de la reforma, por ejemplo, del Código Penal que se hizo en esta Cámara para castigar a aquellas personas que coaccionan a las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Dejando velado este estira y afloja que se llevan ustedes, PSOE y PP, deseamos poner el foco en un hecho incuestionable: el Gobierno español parece no tener capacidad de hacer cumplir la ley porque no controla la aplicación donde no tiene competencias. Esto es de cajón, y me explico. En su iniciativa denuncian que hay comunidades autónomas donde no se puede cumplir la Ley 1/2023, que garantiza el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva, servicios que incluyen el aborto voluntario. Como consecuencia, por ejemplo, algunas comunidades no tienen un registro de objetores de conciencia que permita hacer compatibles todos los derechos de objeción y el derecho de poder abortar en la sanidad pública, tal y como recoge la ley. Les recuerdo que Junts presentó una enmienda que ustedes, los señores de PSOE, rechazaron. Entonces se pedía que el registro no fuese a nivel autonómico, sino de cada centro del sistema público de salud. Lo pedían los médicos, también por razones de confidencialidad con respecto a sus posicionamientos, y estaba plenamente justificado, porque facilitaba el servicio como ha quedado demostrado. Sí, facilitaba el servicio. Y ahora estamos viendo que ha tenido unas consecuencias indeseadas.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Nosaltres no hem presentat esmena al respecte, evidentment, de la gestació subrogada perquè avui no tocava, però sí que hem presentat una esmena per demanar afegir un punt perquè el registre d'objecció de consciència, respecte de la intervenció directa en la pràctica de la interrupció, sigui, com dèiem, de cada centre sanitari del sistema públic de salut i no d'àmbit autonòmic, i encara menys que constin aquestes dades de l'objector a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. Gràcies. Gracias, presidente. Señorías, asistimos hoy a un nuevo capítulo de esta guerra PP-PSOE, una acción-reacción del PSOE intentando parar el golpe mediático del PP cuando el PP anuncia que pondrá en marcha una iniciativa para eliminar la obligatoriedad de hacer uso del permiso de paternidad de seis semanas postparto. El PP lo ha vendido como flexibilidad para que las familias dispongan como consideren de este permiso. El PSOE lo ve -y nosotros también, que conste- como un retroceso, ya que la obligatoriedad tiene como objetivo que las madres estén acompañadas de los padres en la tarea de cuidar a la criatura que acaba de llegar a este mundo. De hecho, esta obligatoriedad de hacer uso del permiso en el caso de los padres de forma simultánea con las madres se implementó porque la flexibilidad previa servía para que los hombres terminasen delegando en las madres la atención al recién nacido, esto de acuerdo con los datos de la Seguridad Social.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Deixant de banda aquest estira i arronsa que es porten vostès, el PSOE i el PP, volem posar el focus en un fet inqüestionable: el Govern espanyol sembla no tenir capacitat de fer complir la llei perquè no en controla l'aplicació allà on no té competències. Això és de calaix. I m'explico. En la seva iniciativa denuncien que hi ha comunitats autònomes on no es pot complir la Llei 1/2023, que garanteix l'accés públic, universal i gratuït als serveis i programes de salut sexual i salut reproductiva, serveis que inclouen l'avortament voluntari legal, com a conseqüència, per exemple, que algunes comunitats no compten amb un registre d'objectors de consciència que permeti fer compatibles tots dos drets: el d'objecció i el dret a poder avortar a la sanitat pública, tal com recull la llei. Els recordo que Junts va presentar una esmena que vostès, els senyors del PSOE, van rebutjar, en què es demanava que el registre no fos a nivell autonòmic, sinó de cada centre del sistema públic de salut. Ho demanaven els metges també per raons de confidencialitat respecte dels seus posicionaments, i estava plenament justificat perquè facilitava el servei, com ha quedat demostrat -sí, facilitava el servei. I ara estem veient que aquell 'no' ha tingut, podríem dir, unes conseqüències indesitjades.»
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Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Se ha citado ya el terrible suceso del 30 de agosto de 2023: el cobarde y vil asesinato de una funcionaria de prisiones, Nuria López. Nuria López es un caso muy llamativo, muy triste, pero es que en el pasado año 2023 hubo 508 casos de agresiones que sufrieron nuestros funcionarios de prisiones, habiendo aumentado en más de un 12 % la siniestrabilidad y las agresiones con respecto a estos funcionarios. Esto por sí solo justificaría el reconocimiento de ese principio de autoridad y otras muchas medidas que van directas a garantizar su seguridad. En tercer lugar, es absolutamente necesario ampliar la plantilla, una plantilla envejecida, escasa y desmotivada. Pongamos dos ejemplos: dos funcionarios de prisiones que tienen que entrar en un módulo con más de ciento cuarenta reclusos, varios de ellos altamente peligrosos; o que de cada tres bajas que se producen en Instituciones Penitenciarias, solo una es cubierta. Esto lleva a una situación, como digo, de envejecimiento y de escasez en la plantilla de funcionarios de prisiones. Hay una falta de medios materiales, necesitan equipos de protección individual, chalecos, guantes, trajes especiales, material contra incendios y también, cómo no, la utilización, como en tantas otras prisiones del mundo, de sistemas Táser de inmovilización de reclusos con sistema de bloqueo desde la unidad central de control de seguridad de cada centro penitenciario. Y no quisiera olvidarme, porque también es de justicia y muy importante: necesitan una retribución justa, con salarios, con incentivos y con los pluses de peligrosidad que requiere su trabajo.»
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Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Muchas gracias. Esta toma en consideración que nos trae el Grupo Popular, para llevar a cabo la reforma de la Ley General Penitenciaria en su artículo 80 y reconocer que los funcionarios de prisiones deben ser entendidos y reconocidos legalmente como agentes de la autoridad, está muy bien, pero llega tarde y es manifiestamente insuficiente. Pero el Grupo Socialista tampoco puede decir nada, porque, como ya se ha dicho esta tarde aquí en varias ocasiones, lleva retrasando la aprobación de esta condición durante varias legislaturas y, además, no hace más que dejar que caduque, seguir prorrogando y prorrogando y volver a presentarla. Hace cuatro años, en febrero de 2020, VOX ya presentó una proposición de ley de carácter global, de carácter integral, dirigida a establecer un marco general de protección y garantías para nuestros funcionarios de prisiones. A nadie se le oculta que VOX es el único partido de esta Cámara que no cree en el sistema de competencias de las comunidades autónomas. En concreto, en esta materia creemos que es absolutamente necesario que el Estado recupere la competencia exclusiva penitenciaria para que no ocurran situaciones de trato favorable, como hemos visto, por ejemplo, en Cataluña con respecto a los presos condenados golpistas o, en el País Vasco, con respecto a los presos condenados asesinos etarras. (Aplausos). Y además para evitar una situación inaceptable, y es que a igual trabajo e igual responsabilidad no haya una terrible discriminación con respecto a los funcionarios del resto de España, y por eso esa exigencia permanente de lograr una equiparación salarial.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Nuestro país ha avanzado de forma sobresaliente en el contexto europeo en estos últimos cuarenta años de democracia en materia de prisiones. Estamos situados a la vanguardia europea de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende que esta proposición que hoy presenta tenga contenidos más limitados que los que están en tramitación y, sobre todo, que ignore los problemas. Presentan hoy una PL que ignora los problemas más importantes que hay en el sistema penitenciario. Miren, ustedes incluyen tres modificaciones -es el corazón de su propuesta- que ya están incluidas en la ley que está en tramitación: la consideración de agente de la autoridad, el reconocimiento del principio de veracidad de los informes emitidos por los funcionarios y medidas para que la situación de detención o traslado de retenidos o funcionarios que estén en régimen de prisión -ellos encarcelados- puedan tener garantías de seguridad. Eso está muy bien, pero ¿por qué no abordan, en este debate sobre el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad, una tendencia populista, como ya se ha hecho en esta tribuna, de reforzamiento del autoritarismo? Es decir, cuando ustedes no se centran en los verdaderos problemas y siguen haciendo énfasis en algo que ya se está tramitando, realmente lo que están haciendo es recurrir a ese discurso populista que refuerza el autoritarismo, que denuncia unos falsos problemas de convivencia en nuestra sociedad, unos problemas que no existen en este país. Apuntarse a ese discurso a quien acaba luego reforzando es a la ultraderecha. Es un discurso absolutamente injustificado, cuyas consecuencias ya hemos visto en toda Europa.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Creo que ha comentado mi colega, el diputado Iñarritu, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha denunciado, efectivamente, algunas conductas sobre presuntos malos tratos en las cárceles españolas. Esto es así, señorías del PP. También, según datos de Amnistía Internacional y del observatorio del sistema penitenciario, hay preocupación en este sentido. Cambiar la consideración de los funcionarios podría obstaculizar todavía más las investigaciones en estas situaciones irregulares. Distintos colectivos de derechos humanos alertan de que estas medidas contribuyen a una cultura punitiva extraordinariamente anacrónica, especialmente en contextos de privación de libertad. No es el objetivo de la cárcel que entiende el Grupo Republicano. No es el modelo penitenciario que queremos para una sociedad del siglo XXI. Las cárceles son espacios excepcionales, singularmente vigilados y bajo un control muy fuerte. Por dentro esto es a cargo de los funcionarios correspondientes y por fuera a cargo, como ustedes saben, de las fuerzas de seguridad; en el caso de Cataluña, del cuerpo de Mossos d'Esquadra. En un entorno cerrado y vigilado como el de la cárcel, el aumento del poder para los funcionarios de prisiones reduciría todavía más los derechos de los presos inevitablemente y de forma inercial, mecánicamente, poniendo -se quiera o no- al preso en una situación de más alta vulnerabilidad. Actualmente, la jurisprudencia, señorías del PP -lo saben-, considera que los funcionarios de prisiones disponen de una protección significativa cuando tienen lugar ataques y agresiones contra ellos, y estos son considerados un delito contra la autoridad. Esto es así según el Código Penal. Esto implica que los presos pueden ser castigados severamente. Así pues, dar un reconocimiento añadido como figuras de autoridad a estos funcionarios no va a cambiar nada de manera sustancial. En cambio, es importante este nuevo estatuto que podría aumentar las condenas o sanciones por cualquier acto de resistencia o de desacuerdo por parte de los internos. Tenemos que recordar, además, señorías del PP, que hoy los informes que escriben los funcionarios ya tienen presunción sistemática de certidumbre ante la declaración de un interno. Así pues, no añade nada nuevo tampoco.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Crec que ho ha esmentat al meu col·lega, el diputat Iñarritu: el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura ha denunciat, efectivament, algunes conductes sobre presumptes maltractaments a les presons espanyoles. Això és així, senyories del PP. I també, segons dades d'Amnistia Internacional i de l'Observatori del Sistema Penal, hi ha preocupació en aquest sentit. Canviar la consideració dels funcionaris podria obstaculitzar encara més les investigacions en aquestes situacions irregulars. Diversos col·lectius de drets humans alerten que aquestes mesures contribueixen a una cultura punitiva extraordinàriament anacrònica, especialment en contextos de privació de llibertat. No és l'objectiu de la presó que entenem des del Grup Republicà, no és el model penitenciari que volem per a una societat del segle XXI. Les presons són espais excepcionals, singularment vigilats i sota un control ben fort. Per dins, això és a càrrec dels funcionaris corresponents i, per fora, a càrrec, com vostès saben, de les forces de seguretat; en el cas de Catalunya, del Cos de Mossos d'Esquadra. En un entorn tancat i vigilat com és una presó, l'augment del poder per als funcionaris de presons reduiria encara més els drets dels presos, inevitablement, de manera inercial, mecànicament, posant-los, vulguin o no, el pres, en una situació de més alta vulnerabilitat. Actualment, la jurisprudència, senyories del PP -ho saben-, ja considera que els funcionaris de presons disposen d'una protecció significativa quan esdevenen atacs i agressions contra ells, i això és considerats un delicte contra l'autoritat. Això és així segons el Codi penal. Això implica que els presos poden ser castigats severament. Per tant, donar un reconeixement afegit com a figures d'autoritat a aquests funcionaris no canvia res de manera substancial. En canvi -en canvi-, és important, aquest nou estatut podria incrementar les condemnes o sancions per qualsevol acte de resistència o desacord per part dels interns. Hem de recordar, a més, senyories del PP, que avui els informes que escriuen els funcionaris ja tenen presumpció sistemàtica de certesa davant la declaració d'un intern. Per tant, no afegeix res de nou tampoc.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«En l'exposició de motius de la proposició del Partit Popular es parla d'aconseguir espais de convivència més segurs. Esquerra sosté que convertir els funcionaris en agents d'autoritat, com si fossin policies, no va, senyories, en aquesta direcció, no soluciona res i, ans el contrari, generaria distorsions i problemes. El funcionari, com vostès saben, és un actor indispensable de transformació de la persona que està reclosa en un sentit de reeducació i de reinserció social. Aquest reconeixement que proposa el Partit Popular no facilitaria aquest objectiu, perquè introdueix un biaix molt greu de desconfiança afegida a la relació entre interns i funcionaris. Senyories -vostès haurien de saber-ho-, a literatura especialitzada sobre sistemes penitenciaris apunta que la confiança i el respecte mutu són claus per mantenir la seguretat i un ambient correcte en els centres penitenciaris. La condició d'agent d'autoritat podria generar tensions sobrevingudes entre interns i funcionaris. Assignar als funcionaris de presons el rang d'agents d'autoritat incrementaria el risc d'abús de poder -ho repeteixo: abús de poder- en un entorn que és especialment delicat. Podria haver-hi més casos d'arbitrarietat repressiva i els interns, en aquest sentit, tindrien menys possibilitat de denúncia.»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«En definitiva, proponemos reforzar uno de los fundamentos del sistema penitenciario, como son sus funcionarios, a los que además mostramos desde aquí todo nuestro reconocimiento por su trabajo ejemplar, como han demostrado con creces, sobre todo en las grandes crisis, y basta recordar la actuación ejemplar que han tenido durante la pandemia, como también queremos recordar aquí la actuación ejemplar que han tenido los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Picassent, que, debido a la DANA, han tenido que ir enlazando turno tras turno ante la imposibilidad de poder ser relevados, porque, como saben, la zona estaba inaccesible para sus compañeros. Por tanto, señorías, al ser esta una ley que avanza en la protección de los funcionarios y en la calidad del sistema penitenciario español, les pido no solo su voto favorable a esta toma en consideración, sino también que se apruebe con la celeridad, con la urgencia que esto requiere, porque todos los funcionarios nos están escuchando y lo están esperando precisamente de esta Cámara, que es la que tiene competencia para regularlo y reconocerlo con rango de ley. De ahí la propuesta que hacemos de modificación de la ley orgánica de instituciones penitenciarias. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«El Grupo Popular, consciente de la necesidad de que un texto con rango legal establezca el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a estos funcionarios, presenta esta proposición de ley, esperando que se tramite con la celeridad a la que aludía el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias. El reconocimiento de agentes de la autoridad también supone que, si reciben una agresión en el ejercicio de sus funciones, puedan ser indemnizados en los mismos términos que contempla el Código Penal para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las agresiones y los asesinatos de los trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Y aquí, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero mostrar un cariñoso recuerdo y la condena del asesinato de Nuria López a manos de un preso en el presidio de Tarragona, como también quiero enviar a sus familiares todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. (Aplausos). Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan desde hace muchos años mayor seguridad en los puestos de trabajo, algo que reclaman los funcionarios de todas las comunidades autónomas, porque, aunque en el País Vasco y en Cataluña estas competencias, como saben, se encuentran transferidas a la Generalitat y al Gobierno del País Vasco, tampoco en esos territorios tienen reconocida esta condición de agente de la autoridad, algo que sí ocurre en países de nuestro entorno con sus homólogos, como, por ejemplo, en Francia. Disponer de unos funcionarios con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es requisito fundamental para avanzar en un sistema penitenciario de calidad. Pero, lamentablemente, el Gobierno de España no está en eso. El Gobierno de España utiliza a los funcionarios y la política penitenciaria como moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa. Es absolutamente infame e indigna la frase de su socio Otegi: Presos por presupuestos. Pero, hablando de presupuestos, también es indigno que el presidente del Gobierno haya querido utilizar la tragedia de la DANA para sacar unos presupuestos. (Aplausos).»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Presidenta, diputados, hoy les presentamos la proposición de ley para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. Con este reconocimiento se pretende reforzar uno de los pilares básicos del sistema penitenciario, que son los funcionarios de prisiones, funcionarios que tienen como tareas fundamentales, por un lado, la retención y la custodia de detenidos y presos y, por otro, la reeducación y la reinserción social de aquellos que han estado sometidos a penas privativas de libertad. Actualmente, el personal de la institución penitenciaria lo integran alrededor de 21 500 personas, de las que alrededor de 14 400 se dedican a tareas de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad interior en los centros penitenciarios y en los centros de reinserción social. Estas importantes funciones se realizan en entornos confinados, donde el contacto con los internos es muy estrecho y el clima laboral, tenso. Piensen que la convivencia es forzada, ya que los reclusos se ven obligados a cumplir sanciones penales en contra de su voluntad, lo que hace que los funcionarios se enfrenten a situaciones de indisciplina, desobediencia, amenazas y conductas violentas. Por tanto, debe ser un objetivo primordial de la Administración penitenciaria velar por la integridad física y la salud tanto de los funcionarios como de los internos. Tengan en cuenta que un gran porcentaje de reclusos padecen problemas de salud mental y de adicciones, lo que complica todavía más el trabajo de los funcionarios.»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Por último, lo que más le interesa a la señora Ribera: la energía nuclear. Ha decidido que hay que apagar todas las centrales nucleares que hay en España, los siete equipos. ¿Pero qué alternativa da? Ninguna. Por tanto, una energía que no emite CO2, estable, que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico español y que funciona veinticuatro horas los siete días de la semana, la vamos a parar en España. Pero ¡ha llegado el milagro de Bruselas! Es decir, en Madrid decimos una cosa y en Bruselas decimos la otra. Pobres de Pirineos para abajo y ricos hacia arriba. ¿Eso es lo que la señora Ribera quiere para los españoles? (Aplausos). ¿Cuál es la razón para argumentar que es necesario el cierre nuclear en España y en el resto de Europa no? Escúchenme bien, somos el único país del mundo con equipos nucleares en funcionamiento que ha decidido que no haya continuidad o alargamiento de la vida útil. El único del mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde miente la señora Ribera, en Madrid o en Bruselas?»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Asimismo, señalan los informes del Defensor del Pueblo que un alto número de consumidores no sabe a qué órgano o Administración acudir para resolver sus reclamaciones frente a sectores energéticos. Señalan, incluso, que las consejerías autonómicas responsables en la materia -competentes para conocer las discrepancias que surgen en el marco de las reclamaciones energéticas-, una vez que se ha concluido el proceso de reclamación y han sido desestimadas estas reclamaciones por las comercializadoras, han detectado casos en los que las autoridades de consumo han facilitado una información errónea al considerar que el consumidor no tenía acceso a una vía extrajudicial. ¿Qué nos indican estos informes? Nos indican que aún nos queda un importante camino por recorrer para consolidar el sistema, para unificar criterios y difundir de forma adecuada las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los consumidores para proteger sus derechos. Señorías, esperamos contribuir con nuestra propuesta a avanzar en este camino y seguir evolucionando en la protección jurídica del consumidor, que somos la sociedad en general. Amparados en las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su último informe, es nuestra intención aclarar el contenido del deber de informar a los consumidores sobre la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se contienen en dos importantes leyes sectoriales: la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Somos conscientes de que la resolución alternativa de litigios aún no es suficientemente conocida por los consumidores y usuarios. Por este motivo, es importante remover desde los poderes públicos cualquier obstáculo que pueda dificultar la información que debe ofrecerse a los consumidores para el acceso a esta vía de solución de conflictos. Reitero mis palabras del principio: un consumidor informado es un consumidor protegido. (Aplausos). Contribuir a este objetivo es lo que motiva esta propuesta, la cual espero que sea de interés para el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara y podamos seguir avanzando para la sociedad española. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Con esta ley no solo se revoluciona el concepto tradicional de la resolución de conflictos en consumo garantizando su calidad, sino que también somete a este procedimiento a dos de los sectores que actualmente presentan más reclamaciones por parte de los consumidores y usuarios: el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos. Como señalamos en la iniciativa que hoy debatimos, las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural están obligadas a ofrecer a sus consumidores la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios. ¿Por qué es necesario explicar a los consumidores, en concreto a los más vulnerables, qué son y para qué sirven estos sistemas alternativos de litigios? Es necesario porque ellos deben saber que pueden acudir a un lugar diferente al judicial cuando tienen que reclamar una queja, un error en su factura, un error en sus contratos o en su suministro. Por tanto, esta proposición de ley que hoy presentamos quiere que las empresas lleven a cabo un sistema donde aparezca en la factura de sus clientes el nombre de las empresas. Es obligatorio por parte de las empresas de gas y de luz obtener esos datos para que sus clientes sepan dónde poder dirigirse. Tanto es así que, en su artículo 46.1, la Ley del Sector Eléctrico -y voy a citar textualmente- establece que: Serán obligaciones de las empresas comercializadoras, en relación con el suministro, informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. En términos similares se expresa el artículo 57 bis de la Ley del Sector de Hidrocarburos para suministro del gas natural.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Presidenta, señorías, buenas tardes. Comenzamos la sesión en defensa del consumidor bajo el prisma de que tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Señorías, la vulnerabilidad económica entorpece el acceso a la justicia, y este principio, que es aplicable con carácter general, lo es más en el derecho de consumo. Con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos derechos se convierten en humo si no existen cauces adecuados para que los consumidores los puedan hacer valer. Esto lo entendimos muy bien los socialistas cuando pusimos en marcha el Sistema Arbitral de Consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantiza el respeto de los consumidores. (Aplausos). La Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de estos. Por tanto, nuestro marco constitucional es el mandato que impulsó la aprobación en España en 1984 de la primera ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Avanzando en la garantía de la eficacia sobre bases firmes para la protección de sus derechos, en su artículo 31 mandató al Gobierno la creación de un sistema arbitral que entendiera y resolviera, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Sistema Arbitral de Consumo fue desarrollado reglamentariamente por primera vez en el Real Decreto 636/1993.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Buenos días, presidenta, señorías. Permítanme que empiece mi intervención trasladando desde esta tribuna mi más sentido pésame a las familias de las víctimas de la reciente DANA. Como murciano, sé bien los estragos que pueden causar las inundaciones, aunque se me hace imposible asimilar la tragedia humana sucedida. Y, cómo no, reconocer y agradecer a los cuerpos de seguridad, a los militares, a las entidades del tercer sector y, sobre todo, a los miles de voluntarios y voluntarias, muchas de ellas de mi tierra, su colaboración en las zonas afectadas. Hoy defiendo con convicción este proyecto de ley, que apuesta por un modelo de justicia del siglo XXI; una justicia ágil, accesible y verdaderamente al servicio de las personas. Por eso, señorías, les pido que lo aprueben, como hará el Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos haciendo historia; historia para conseguir una justicia que deje atrás las viejas estructuras y métodos que ya no responden a una sociedad moderna y dinámica. Señorías, una justicia eficaz y moderna no es un lujo ni una aspiración ambiciosa, es un deber y una obligación que tenemos con los ciudadanos que nos eligen (aplausos), quienes esperan que sus derechos se protejan con rapidez, claridad y equidad. Nuestro sistema judicial necesita avanzar al ritmo de la sociedad, no puede quedarse rezagado mientras los problemas de las personas avanzan sin solución.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Finalmente -y acabo señora presidenta-, mantenemos una enmienda, que esperamos que sus señorías voten favorablemente, en la que perdimos que se incorpore en la ley que ahora se tramita la previsión de la justicia de proximidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Para mí, como letrado consistorial de Barcelona, es un orgullo defender esta enmienda. En definitiva, se trata simplemente de desarrollar, de una vez por todas, la previsión aprobada por la ley estatal de 2006, aprobada por estas Cortes, que regula el régimen especial del municipio de Barcelona; una previsión que previene la implantación en la ciudad de Barcelona, por la vía de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que estamos haciendo, de una justicia de proximidad con la correspondiente escala judicial, que tiene como principal atribución la resolución de los conflictos de convivencia, de acuerdo con los sistemas de mediación y conciliación. Por lo tanto, es una enmienda que va en línea y sigue la lógica de la ley que ahora mismo se está aprobando. Creo que el tema es de interés para todo el arco parlamentario. En concreto, recuerdo que la histórica diputada Elisenda Malaret, fue muy firme a la hora de defender la justicia de proximidad en Barcelona en el año 2006 cuando se aprobó la ley, queremos saber qué dicen los diputados del PSC no en 2006, sino ahora, en el año 2024, a ver si tienen este criterio y defienden las demandas de Cataluña y, en este caso, de la ciudad de Barcelona o no.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Moltes gràcies. Presidenta, señorías, representantes del mundo judicial, letrados consistoriales que nos acompañan hoy, la iniciativa que nos ocupa pretende mejorar la eficiencia en el ámbito de la justicia o, mejor dicho, en el Servicio Público de Justicia desde el punto de vista organizativo de la planta judicial, complementando el Real Decreto 6/2023 de digitalización del Servicio Público de Justicia. De entrada, debemos dejar claro que este modelo de justicia española no es el nuestro, no es el que queremos para Cataluña. Para nosotros la justicia tiene otras prioridades. En primer lugar, ser efectiva para resolver los conflictos de la sociedad y, por eso, creemos que sobra Administración y falta justicia, una justicia que debería ser más cercana a los ciudadanos, lo contrario de lo que hace esta ley. Pero para nosotros es prioritario que la justicia, más allá del servicio para resolver conflictos, deje de ser rehén de una cúpula que se pone donde no debe ponerse, esto es, en la vida y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña, y lo hace de forma arbitraria, con dobles varas de medir y vulnerando nuestros derechos, que nos criminaliza, permite que nos espíen y nos acusa de terrorismo. Una justicia que, cuando esté la enmienda, que es lo que hemos hecho con la ley de amnistía, se revela incluso contra las decisiones de la soberanía popular expresada en esta Cámara. Por eso, nuestras prioridades, insistimos, son diferentes en materia de justicia. Por ejemplo, establecer un sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces; por ejemplo, obligarles a que conozcan las leyes oficiales del lugar donde están destinados, cumpliendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, o, por ejemplo, eliminar la Audiencia Nacional, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Però no volem aturar-nos aquí. Creiem que la justícia de proximitat ha de recuperar competències en matèria civil i fins i tot en matèria de delictes lleus; també en matèria de registre civil i en temes de família, sempre que no hi hagi implicats menors. I aquesta potencialitat, aquest poder tenir més competències que inicialment, es perdia, també l'hem mantingut. Tot el nostre esforç ha estat acostar la llei a un model de justícia més proper als ciutadans i més respectuós amb el territori. Per nosaltres la justícia no és eficient si no és arrelada a la gent, al territori i a la llengua. Finalment, i acabo, vaig acabant presidenta, mantenim una esmena que sol·licitem que sigui votada per ses senyories, on demanem que s'incorpori a la llei que ara es tramita, doncs la previsió de la justícia de proximitat a l'Ajuntament de Barcelona. Per mi, com a lletrat consistorial de l'Ajuntament de Barcelona, és un orgull defensar aquesta esmena. I, en definitiva, es tracta simplement de desenvolupar d'una vegada la previsió, aprovada per la llei estatal de 2006, aprovada per aquestes Corts, que regula el règim especial del municipi de Barcelona. Una previsió que preveu la implantació de la ciutat de Barcelona per la via de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que és el que estem fent, d'una justícia de proximitat amb la corresponent a escala judicial. Una justícia que té com a principal atribució la resolució dels conflictes de convivència d'acord amb els sistemes de mediació i conciliació. Per tant, és una esmena totalment en la línia i en la lògica de la llei que ara mateix s'està aprovant.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Per això les nostres prioritats, insistim, són unes altres en matèria de justícia, com ho són establir un sistema de responsabilitat penal per als jutges que faci que abans de prevaricar s'ho hagin de pensar almenys dues vegades, com obligar que coneguin les llengües oficials on estan destinats, en compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, o com eliminar l'Audiència Nacional, un òrgan inacceptable en cap estat democràtic. Tornant a la llei que ens ocupa, creiem que pot portar a una indesitjable administrativització de la justícia, és a dir, a una justícia formalista i allunyada dels ciutadans i de les seves necessitats. No volem una eficiència en el Servei de Justícia... No volem una eficiència en la justícia corporativista en interès només dels jutges, dels LAJ i dels funcionaris, en lloc d'una eficiència en la justícia per als ciutadans. I per això hem intentat retornar la llei als ciutadans, a la realitat social, a la realitat territorial, a la realitat lingüística. Per això nosaltres creiem que no és menor haver aconseguit que la llei, en primer lloc, com ressaltava el diputat Mikel Legarda, no és menor que la llei reconegui les competències autonòmiques que incomprensiblement no apareixien enlloc en l'escrit original. O haver aconseguit un primer pas en la desconcentració de part de les funcions de l'activitat judicial en els procuradors, que passen a ser cooperadors de l'administració de justícia i a realitzar diverses actuacions materials per impulsar i agilitzar el procés judicial.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«No podemos obviar que el sistema de justicia de nuestro país padece desde hace décadas y décadas unas insuficiencias estructurales y teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente y también justo, sobre todo justo, para la ciudadanía. En este sentido, creo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que da un paso en esa dirección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Si queremos que las mujeres acudan a la justicia y vean también en la justicia una puerta de entrada segura para salir de esa violencia machista y para dejarla atrás, la justicia tiene que estar especializada, tal y como recoge la ley solo sí es sí. Por eso, gracias a este acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual y también nos hemos dado un plazo máximo de nueve meses para que, tanto los juzgados de Violencia sobre la Mujer como la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, directamente asuman las competencias que tengan que ver con la violencia sexual. Por eso, creemos que es un paso importante que se incluya esta garantía en esta ley. Esta especialización judicial es un compromiso al que obligaba la ley del solo sí es sí, pero un año después de su entrada en vigor el Estado ya acumula un año de retraso en la implementación de estas medidas, que son absolutamente imprescindibles para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.»