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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
391 declaraciones · página 11 de 14
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Las políticas punitivas derrochan dinero, y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad. Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo, piensen en seguridad humana, en garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con sistemas limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se dificulten las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía (aplausos) y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad, o garantizar pensiones dignas. En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Realmente nosotros creemos que hay que combatir estas situaciones de inseguridad; pero la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. El CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente. En nuestro país, a las personas les preocupa, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas las de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo o la sanidad, y solo en el puesto veintiuno está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Además, España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, pero España es el sexto país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante. Es decir, con cuarenta millones de habitantes menos que Alemania y once millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos que estos países. Y lo dejo claro: estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«En todo caso, una propuesta muy similar a esta ya la trajo el Partido Popular a la Cámara y fue tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora con este discurso es claramente combatir el discurso de esa alianza fascista independentista de la Alianza Catalana; pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. (Aplausos). Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los tres años. Ustedes están proponiendo que por el hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta tres años de cárcel, eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos, como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la fiscalía. Es decir, ¿por qué no atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo? Ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a la de ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de tres meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta tres o seis años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento. Delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica, que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobre facturación, en perjuicio de consumidores, etcétera, todos esos delitos tienen penas inferiores a los seis años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los tres años. No pueden ustedes agravar los hurtos como delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresas. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«También justifican su propuesta en un supuesto colapso de la justicia en Cataluña, como en el resto del Estado. Pero, fíjense, esa tasa de congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal en Cataluña que en el resto de jurisdicciones. Es decir, el problema de congestión no es por este tipo de delitos, sino por las cuestiones civiles, por el atasco civil. En España, la tasa de congestión en los tribunales ha ido bajando en general, y ahora mismo, a pesar de que ha ido bajando, la tasa en España es de un 3,94 y de un 3,08 % en Cataluña. Es decir, en Cataluña hay menos congestión judicial que en el resto de España. Asimismo, ustedes justifican su propuesta en un incremento de los hurtos en las explotaciones agrícolas desde la pandemia. Es verdad que es una realidad social que ocurre, pero es distinta. Aquí creo que hay que atender a los expertos, a las organizaciones agrarias. La Unión de Agricultores y Ganaderos explicó claramente que los hurtos en explotaciones agrarias (la señora Madrenas i Mir hace gestos negativos) -sí, lo dicen ustedes en su exposición de motivos- han crecido desde la pandemia; pero la solución no es incrementar las sanciones o los agravantes, sino incrementar la vigilancia de la policía para prevenir estos robos en zonas rurales.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Muchas gracias. Presidente, señorías, esta propuesta que traemos aquí, ahora de Junts, es una propuesta que no se basa en datos fiables, y eso es lo primero que hay que resaltar. Evidentemente, los hurtos son un problema social que afecta a muchos barrios céntricos, muchos barrios turísticos, y es verdad que sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situaciones de exclusión social, pero los datos que nos han presentado no son correctos. Es verdad que en el año 2023 hubo un 6 % de incremento de la criminalidad en Cataluña; pero en el año 2021, antes de la reforma aprobada en 2022, el incremento de la criminalidad fue de un 36 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2024, esos delitos contra el patrimonio se han reducido un 2,3 % y en un 4 % los hurtos. Es decir, tras la reforma de 2015 del Código Penal, los hurtos se incrementaron un 50 % en España. Después de la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, una reforma que fue acompañada de medidas de empleo y de atención social, han descendido los delitos contra el patrimonio y los hurtos, y tengan ustedes en cuenta que esa reforma de 2022 apenas ha tenido tiempo de aplicarse por los tribunales. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de empleo y medidas sociales, se reduce la criminalidad (aplausos) y se garantiza la seguridad humana.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Segundo hecho. El 23 de julio podríamos haber acabado con esta situación, pero el Partido Popular impidió la reforma de la ley de extranjería, a pesar de que habían aceptadas por el Gobierno todas sus exigencias. Los tres puntos innegociables del señor Clavijo, convertidos luego en cuatro puntos innegociables por el señor Tellado, habían sido aceptados. Primero, la creación de un grupo de trabajo sobre infancia migrante no acompañada. Segundo, la propuesta sensata del señor Vivas, presidente de Ceuta, de cesión de guardia y custodia de menores a entidades del tercer sector en la Península mientras la tutela la siguen teniendo Ceuta y Canarias. Tercero, el Gobierno asegura la financiación para el traslado de niños y niñas, y la atención durante al menos un año tras el traslado. Y, cuarto, un mismo sistema de protección en toda España con la declaración de alarma migratoria cuando sea procedente. Señores del Grupo Popular, si van a seguir bloqueando una solución para Ceuta y Canarias, les ofrecemos que el acuerdo para conseguir el traslado de menores a la Península se haga sobre las propuestas de los señores Vivas y Clavijo -ambos de Gobiernos en los que participa el Partido Popular-, pero ni siquiera en esos términos lo aceptarán, porque la situación de los niños desamparados, españoles o extranjeros, al PP no le importa nada. Muchas gracias.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«¿Fuerza el Partido Popular la sobrepasada capacidad de acogida de niños y niñas en Canarias y Ceuta para retomar la propuesta del señor Tellado de enviar a la Armada a acabar con los cayucos? (Rumores). Quien tiene que comparecer para explicar su bloqueo a solucionar la situación en Canarias y Ceuta es el señor Feijóo, y debería dar orden ya de acabar con la utilización política por parte del PP y VOX de estos niños desprotegidos. El Partido Popular es el responsable directo de la situación que se sufre hoy en Canarias y Ceuta, y lo digo por los siguientes datos. Desde los gobiernos de comunidades autónomas, el Partido Popular lleva años bloqueando los traslados de estos menores a la Península. En 2022 se pactó la ínfima cifra de 378 traslados y solo se realizaron 228 en todo el año. En el año 2023 se pactaron 373 y solo se acogió a 67 en el resto de comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, con 7 millones de habitantes, se ofreció a acoger la hiperbólica cifra de 34 menores, pero finalmente no acogió a ninguno. En 2024 solo se ha aceptado el traslado de 347 menores desde Canarias, pero aún no se ha hecho ningún traslado. El 85 % de las plazas ofertadas en otras comunidades autónomas no se han cubierto, no se han cumplido los acuerdos voluntarios de 2022, 2023 y 2024, pero sí han cobrado la financiación transferida por el Estado para la acogida no realizada. Que lo sepa toda España: la derecha está haciendo negocio de este incumplimiento. (Rumores).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Las islas Canarias son el 1,5 % del territorio nacional y en él reside menos del 5 % de la población, pero tutela aproximadamente a 5200 niños y adolescentes, y Ceuta acoge a 400 menores más. Es decir, mientras que el 98,5 % del territorio nacional acoge a 5000 menores, en el 1,5 % -Ceuta y Canarias- se acoge a 5600. Esta situación se habría corregido con la reforma de la ley de extranjería, pero lo han impedido los destructivos intereses políticos del Partido Popular y de VOX (aplausos), en alianza en esta ocasión con los independentistas de Junts. Cuanto peor para Canarias y Ceuta, mejor para los intereses del Partido Popular. Y vaya por delante el agradecimiento de este grupo parlamentario, de SUMAR, a los gobiernos de Canarias y Ceuta, a los presidentes Clavijo y Vivas, por su sensatez, por su empatía con las niñas y niños desprotegidos y por el respeto a los derechos humanos que han mostrado. Nuestro reconocimiento a las sociedades canaria y caballa por la solidaridad con la que han recibido a más de la mitad de los niños que llegan a España.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Señores y señoras del Grupo Popular, España formará parte de la comunidad de naciones civilizadas mientras respetemos las normas y convenios de derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas. Somos la frontera de Europa con el Magreb y el Sahel, que es una región sumida en conflictos graves. Que en lo que va de año hayan llegado a Canarias 20 000 personas huyendo de estos conflictos no es ninguna emergencia migratoria para un país de 48 millones de habitantes, máxime cuando buena parte de los refugiados que llegan continúa en tránsito a otros países de la Unión Europea. A la vista de la situación en sus países y de lo poco que hacemos para garantizar el desarrollo y la estabilidad política en esta región vecina, lo raro es que no lleguen más miles de personas buscando un futuro digno para sus hijos. Pero sí que es una emergencia para Canarias o Ceuta si el Partido Popular los condena a hacer frente en solitario a la acogida de miles de niños y de niñas que huyen solos o que han visto cómo morían sus padres por el camino.»
INECita «48 millones» · Población residente, 1 jul 2024: 48.821.936 personasFuente ↗
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales. Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero -este, desgraciadamente, ya fallecido-, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces -como a cualquier profesional de este país- y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos). No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores. A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Necesitamos democratizar y modernizar la justicia, que se abandonen las tentaciones corporativistas de elección de órganos. Como cualquier institución de un Estado de derecho, la justicia debe aceptar el criterio de la soberanía nacional y popular, que es lo que mandata la Constitución. Por eso proponemos un gran acuerdo -y acabo, presidente- para proteger a los ciudadanos del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, de los ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas, que soportan investigaciones judiciales sin fundamento que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad del que se considera adversario político. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de tres páginas, deja sin efecto un auto de más de cien páginas de un juzgado de Instrucción tras dos años de investigación, que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. (Aplausos). Pero la misma Audiencia Provincial que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia. Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia, siempre para desprestigiar y acosar a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos ninguna declaración del presidente de este agotado Consejo General del Poder Judicial referida a la coaptación política corporativa del Poder Judicial.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del servicio público de justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales: el Real Decreto Ley 6/2023, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Además, francamente, dudamos de la calidad técnica de la propuesta. El nuevo apartado d) del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta. Por ejemplo, la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinó a Borja Villacís opera exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra y por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. (Aplausos). Existen en distintas provincias bandas de estas características, según se ha publicado, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 65.1.d) actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«El traspaso de la sanidad a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley desde hace años. La pregunta es: ¿por qué catorce de las diecisiete comunidades autónomas no han dado este paso? Esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en prisiones. Eso sí que multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud; a los problemas de salud mental, demasiado frecuentes en los internos. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener a una persona con un problema de salud mental en una prisión y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento? También es necesaria la incorporación del principio de igualdad de trato y no discriminación, porque hay que garantizar que toda la actividad parlamentaria y todo el tratamiento cumple con la Ley Orgánica 3/27, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Quiero manifestar nuestro cariño por Nuria López, por su familia y sus allegados, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, asesinada el 13 de marzo por un interno que, a continuación, se suicidó, que no estaba tampoco muy bien. Esta mujer era personal laboral, y esto ha sido un hecho lamentable que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible, pero que no se habría evitado aunque el pasado mes de marzo los funcionarios hubieran ya tenido el reconocimiento de agentes de la autoridad. En la práctica, ese reconocimiento no va a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios. Hoy, prácticamente en la totalidad de los casos que se juzgan por agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas. Yo sugiero que, si esta PL se aprueba, se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles, como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones. Si no se da el debido tratamiento a los internos, eso acaba repercutiendo en las condiciones de trabajo del personal. Hay deficiencias de los servicios sanitarios y de salud; falta de personal médico, de enfermería; mala remuneración del desempeño profesional; falta de medios técnicos para atender a los internos, y la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que un médico o una médica que tiene que atender a un interno no puede acceder al expediente sanitario de ese interno en los sistemas de atención pública? Es así, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, la Comunidad Autónoma vasca y Cataluña, las únicas que han abordado este problema con seriedad incorporando los servicios sanitarios y de salud a los correspondientes servicios públicos de esas comunidades autónomas.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha. Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo. A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«¿Pero el problema cuál es? -y acabo-: la población penitenciaria. Ahí sí tenemos un grave problema. España tiene el mismo número de reclusos que Alemania o Italia, solo que Alemania tiene 40 millones de habitantes más que los españoles e Italia 15 millones más. No se solucionan las cosas metiendo a la gente en la cárcel, se solucionan creando empleo, poniendo en marcha programas de atención social. (Rumores). Sí señor, ya sé que ustedes desconocen cualquier solución que no sea el látigo, pero con sus políticas lo que hicieron fue incrementar la delincuencia. Votaremos en contra. (Aplausos).»