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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señora presidenta, señorías, nueve de cada diez españoles creen que la justicia no es igual para todos, que no trata del mismo modo a ricos o a pobres. Y muchas energías se dedican a un activismo judicial empeñado en acabar con el Gobierno de izquierdas. Ayer lo decía la portavoz de VOX: ¿Se siente el Gobierno respaldado por jueces y fiscales? Como si los partidos tuvieran que pedir permiso a jueces y fiscales para gobernar. (Aplausos). Proliferan actuaciones judiciales que son puro derecho penal del enemigo, como el acoso sufrido por Unidas Podemos o por la familia del presidente del Gobierno y por el fiscal general del Estado. La derecha está en esta estrategia: quien pueda hacer que haga. Mientras, poco avanzamos los demócratas en la regeneración de instituciones y en recuperar los muchos derechos y libertades cercenados por el Partido Popular. La reforma de la justicia es una urgencia democrática para que se trate igual a cualquier persona. Instituciones que deberían ser imparciales y neutrales están en guerra contra la democracia, en coordinación desestabilizadora con el Partido Popular y VOX. El Ministerio de Justicia erró al pactar la reforma del Consejo del Poder Judicial con sus secuestradores, proposición de ley negociada y presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, un intento fallido de acabar con la utilización de la justicia por la derecha. De 120 nombramientos realizados en los meses del nuevo consejo, más de 90 han recaído en jueces adscritos a las asociaciones conservadoras, los mismos que ayer convocaron un paro contra la independencia del Poder Legislativo. (Aplausos). ¿Pueden imaginarse un paro de este Congreso pidiendo que se anulen sentencias del Tribunal Supremo?»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en...
«El debate sobre fronteras es un debate sobre soberanía. Hoy nuestra soberanía depende más de la actuación de la Agencia Tributaria, que va a estar en primera línea para defendernos de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, que de las fuerzas de seguridad del Estado, que van a seguir atendiendo en nuestras fronteras a las personas que llegan exhaustas huyendo de la miseria, las guerras o las persecuciones. El futuro de la Unión Europea se defiende asegurando la pervivencia de sus valores fundacionales: la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo, lo que es incompatible con la propuesta de reglamento europeo de centros de deportación presentado la semana pasada, que, de aprobarse, permitirá trasladar a los solicitantes de asilo rechazados a países lejanos, por los que nunca han pasado, lo que además es contrario a la sentencia de nuestro Tribunal Supremo del pasado mes de febrero que obliga a evaluar la concesión de la residencia por razones humanitarias a las personas a las que se deniegue su solicitud de asilo. Esta propuesta de pacto europeo de migración y asilo sienta las bases para que los Gobiernos puedan llegar a acuerdos con países no europeos para que reciban a extranjeros deportados por un precio al que llamarán incentivos económicos, como Bukele, subcontratando sus cárceles antiterroristas para meter en ellas a inmigrantes deportados por Estados Unidos por un precio por cabeza, como si fueran ganado. Se parece bastante al tráfico de personas. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Vamos a defender la democracia de quienes quieren acabar con ella, de Trump y de Musk o del Partido Popular y de VOX, porque la democracia la hemos construido con mucho sacrificio, a pesar de los obstáculos y ataques desestabilizadores de la derecha durante lo que el PP llama la 'luminosa Transición', y aún hoy soportamos manifiestos de militares fascistas que el PP y VOX nunca desautorizan. Acusan al Gobierno de atacar la independencia de los jueces, pero hace dos días organizaron unas jornadas en las que agitaron a magistrados, obligados a aplicar la ley, para que denunciaran las tropelías del Gobierno, en palabras del señor Tellado y del señor Feijóo. Un aquelarre de barbaridades repetidas por sus corifeos en el Poder Judicial, encantados de dejarse utilizar por el Partido Popular. Hay jueces que hacen política y deberían abstenerse de hacerlo, al menos así parecerían independientes. (Aplausos). Porque el PP ha organizado una persecución judicial al fiscal general con la excusa de una filtración procesal que ha sido diseñada desde la Puerta del Sol. Han causado grave daño a una institución esencial del Estado de derecho. El Tribunal Supremo todavía no ha concretado cuál sería el secreto revelado que les ha servido para imputar al fiscal general. Atacan la autonomía del Ministerio Fiscal para convertirlo en otro actor al servicio de su agenda trumpista. Utilizan a organizaciones criminales de extorsionadores para degradar la democracia; le han puesto un sueldo en el Senado a un capo de 'Manos Sucias' (aplausos), el abogado del grupo extorsionador en la causa contra el fiscal, que se autodefine gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal de las que se beneficia el Partido Popular, a la vez que nutre a los medios difusores de bulos y mentiras.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Nuestro grupo parlamentario denuncia esta estrategia trumpista (risas) y convocamos a toda la sociedad a defender la democracia a la que la derecha está poniendo en grave peligro en todo el mundo. Los sectores más conservadores y corporativos de la justicia han perdido toda independencia, imparcialidad o neutralidad. Hemos conocido que el PP, experto en destruir pruebas a martillazos, tiene ahora a sueldo en el Senado al abogado del grupo extorsionador Manos Limpias en la causa contra el fiscal general. La web de la Cámara Alta lo tiene asignado al Grupo Parlamentario del Partido Popular. El señor Soriano, gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal, se pone la venda antes de la herida y afirma que no es lo mismo si la filtración de un sumario la hace un abogado como él o un fiscal. Esto nos confirma que el PP organiza las filtraciones de información contenida en procedimientos judiciales que le interesa hacer, ya sean filtraciones que interesan a Alberto 'el de Quirón' o las que ya hemos empezado a ver, la filtración de forma absolutamente irresponsable de información procedente de los dispositivos electrónicos intervenidos al fiscal general. ¿Quién va a responder cuando la información relativa a investigaciones de organizaciones criminales se filtre?»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La imputación formal del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe provincial de Madrid y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica por una nota con la que la Fiscalía General del Estado desmentía un bulo manipulador difundido por el gabinete de la señora Ayuso supone criminalizar el funcionamiento de una institución como el Ministerio Fiscal. Estamos ante una imputación judicial que ignora el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, norma que regula la dependencia jerárquica en la Fiscalía, como establece el artículo 124 de la Constitución. Según la sorprendente resolución judicial, la obligada dación de cuentas al fiscal general por los fiscales puede ser considerada a partir de ahora como un delito. Es una resolución que adolece de absoluta falta de indicios de criminalidad, lo que debería llevar de forma inmediata al archivo del procedimiento. Pero esta causa es una sorprendente caza de brujas que ha contado con la entusiasta participación de una conservadora y politizada Asociación de Fiscales, que ejerce una de las acusaciones. (Rumores.-El señor Pérez López: Bueno, bueno, bueno). Nunca la autonomía del Ministerio Fiscal se había puesto tan en peligro. Órganos muy importantes de la justicia se han convertido en actores políticos: o bien ponen en entredicho la aplicación de las normas que aprueba el Parlamento, o bien abren procedimientos judiciales al dictado del Partido Popular usando a sus organizaciones satélites como acusaciones. Es la derecha política la que ha abierto una investigación judicial al fiscal general del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de no tan desconocido origen, sin importarles que su estrategia judicial deslegitime una institución esencial en el Estado de derecho. Se les ha ido la mano en sus ataques a la democracia y al Estado de derecho, ataques en coordinación con los sectores más reaccionarios de la justicia, de los poderes económicos y de los medios de comunicación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Las derechas han pasado del bloqueo institucional al Consejo del Poder Judicial al bloqueo a cualquier medida para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para reconocer derechos a sus usuarios y a los profesionales de la justicia. No asumen que la justicia es de toda la sociedad, no de su propiedad. Es un servicio público cuya finalidad es satisfacer los derechos fundamentales de la gente en democracia. Por eso, por supuesto, estaremos en contra de estos vetos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ayer asistimos estupefactos a la última cacicada del Partido Popular y VOX para controlar la justicia. Tras el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, negándose a cumplir la Constitución, llegan las renovaciones de los tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, y la primera sorpresa fue ayer en las Cortes de Castilla y León, con un espectáculo inaceptable en el Pleno. La terna de jueces propuesta por el Partido Popular fue derrotada por 31 votos a favor y 35 en contra. A pesar de perder la votación, el presidente de la Mesa de las Cortes, de VOX, impuso que quedaba aprobada la terna rechazada por la asamblea legislativa. Este es el respeto a la democracia y a la justicia del Partido Popular y de VOX: pierden una votación y la dan por aprobada. (Aplausos). VOX retuerce la institución y el Partido Popular se aprovecha. Y las derechas hablan de despolitizar la justicia, pero eso solo lo defienden cuando no pueden secuestrarla y ponerla a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lleva diecinueve años presidido por un juez nada neutral ni imparcial, que declara, por ejemplo, que el Partido Comunista de España no puede tener los mismos derechos que el resto de los partidos. Y esta transgresión de las reglas básicas de la democracia la continúan hoy con estos vetos del Partido Popular y VOX tras la cacicada del Partido Popular para conseguir controlar la justicia en Castilla y León. Desde luego, los argumentos de su veto decaen totalmente; ya no pueden alegar malas técnicas legislativas o voluntad de intervención de este Gobierno en la justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero no solo convirtieron la ley de seguridad en ley mordaza, también endurecieron las mordazas en el Código Penal, criminalizaron y restringieron el derecho de huelga y de la libertad sindical, con lo que llevaron al banquillo a los ocho sindicalistas de Airbus por ejemplo. Y, afortunadamente, esa mordaza a los derechos sindicales ya la hemos derogado en el año 2021. Pero también convirtieron en delito la libertad de expresión; por ejemplo, criminalizaron la crítica a la familia real y al jefe del Estado. Y para que los jueces pudieran aplicar esas mordazas con manga ancha en este país, sin que nadie les exigiera responsabilidad por estos excesos, modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2015 y suprimieron la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados, ¡la única profesión en este país a la que no se le puede exigir responsabilidad civil! ¡Todo muy democrático! (Aplausos). La mayoría parlamentaria democrática va a utilizar esta legislatura para recuperar todas esas libertades que las derechas nos han quitado, y es motivo de orgullo aprobar una nueva ley, ahora, de convivencia ciudadana. El objeto de esa ley -métanselo en la cabeza- será el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la preservación de la convivencia ciudadana, un objeto ajustado a cualquier sistema democrático, un objeto que cualquier demócrata aceptaría de buen grado. Hagan un esfuerzo e intenten soportar un poco la democracia. Gracias.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Señor presidente. El número de insultos de los novios de la muerte es inversamente proporcional a sus argumentos, algo bastante lógico en esta legislatura, según lo que estamos viendo. (Aplausos). Pero aquí venimos a hablar de España y de las libertades públicas, y yo sugiero que la derecha y la extrema derecha comiencen a normalizar un poco la democracia, porque aquí cada quien responde de sus actos y no de los que les han antecedido. Y si ustedes no van a apoyar ninguna norma de Bildu por lo que ocurrió en el País Vasco, nos ponen en la coyuntura de no poder aprobar ni apoyar ninguna norma del partido fundado por ocho ministros de Franco (aplausos), uno de los cuales firmó la sentencia de muerte de Julián Grimau. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. Al PP y a VOX se les llena la boca con la palabra libertad; libertad para lo que ustedes quieren, desde luego, porque a los demás solo nos dejan libertad para tomar cañas y tenernos entretenidos. Mientras, nos van quitando derechos y libertades uno detrás de otro, que es lo que hacen cuando gobiernan. Ustedes, en lugar de tomar medidas contra la crisis económica, en el año 2015, declararon un auténtico estado de excepción mediante sucesivos recortes de libertades. No es tomando cañas como se ha construido la democracia y se han traído las libertades, ha sido ¡protestando!, y con grandes movilizaciones sociales que han hecho temblar a los poderosos y las injusticias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«La regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia; no es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la okupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales, y mucho menos es cierto que, cuando salimos de casa, nos okupen la casa. Eso es un bulo; no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales, y nada de eso se regula ni se contempla ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana; ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. (Aplausos). Confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales; les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales en lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales (aplausos), que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante cincuenta años. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«El Partido Popular afirma que está dispuesto a mejorar y les pedimos que sean coherentes con esa afirmación y que se sumen a las modificaciones propuestas, para que acabemos con las mordazas a la libertad que ustedes nos impusieron y para adaptarnos a los estándares de los países más civilizados, que también invierten en profesionalización de sus cuerpos policiales mediante la utilización de técnicas de resolución de conflictos acordes a los principios de actuación policial y limitaciones del uso de la fuerza establecidos por las Naciones Unidas y propuestos por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque así es cómo se refuerzan los instrumentos de los que disponen las fuerzas de seguridad en un Estado de derecho para garantizar la seguridad ciudadana. Ningún demócrata debería tener problemas en que se introduzca en la ley la obligación de utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Hagan un esfuerzo, cambien de mentalidad. No es la utilización de la fuerza lo que hace más profesional a una policía en la democracia, y eso lo saben esos señores a los que han invitado, sino estar debidamente capacitados y contar con medios de control de aglomeraciones que no hagan necesario recurrir a la fuerza. El argumento del Partido Popular y de VOX sobre que la reforma de la ley debilita el principio de autoridad policial dice muy poco de la consideración que estos partidos tienen de la preparación profesional y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«¿Quién está en estas enmiendas? En primer lugar, VOX, los novios de la muerte, que apenas hace dos semanas defendieron expresamente en este pleno el régimen dictatorial de Franco. Nunca han luchado por las libertades públicas ni por la democracia; han proclamado en distintas ocasiones que el Gobierno dictatorial de Franco era mejor que un Gobierno democrático; apoyan el uso de la violencia para la resolución de controversias y conflictos; proponen políticas discriminatorias para quien no sea varón, blanco, católico, heterosexual y nacional español (aplausos); defienden abiertamente medidas restrictivas de los derechos de las mujeres para que no puedan decidir sobre su cuerpo ni puedan desenvolverse socialmente con igualdad respecto a los hombres, y afirman en su enmienda a la totalidad que la recuperación de las libertades públicas, que sin duda supone acabar con la ley mordaza, representa una amenaza porque mina las bases de autoridad, seguridad y eficacia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Su propuesta es liberticida y autoritaria. Ustedes quieren acabar con los derechos conquistados por quienes se opusieron a la Dictadura. Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima oportunidad. Miren, tenemos memoria y recordamos -se lo recordamos a quienes no lo vivieron- que ustedes son los correligionarios de quienes reprimieron a los luchadores y las luchadoras sociales, a quienes nos devolvieron el derecho de reunión y manifestación al traernos la democracia. Ustedes y el PP quieren mantener restringidos los derechos que en su día eliminó esa dictadura militar que tanto defienden. Y ya, el no va más es que se opongan a exigir coherencia lógica y razonabilidad en las actuaciones administrativas que acuerdan sanciones. Para ustedes, lo lógico y lo razonable, literalmente, vulnera la eficacia del ejercicio de seguridad ciudadana y obstaculiza el ejercicio del mantenimiento del orden público. Todo muy científico. Desde luego, no es democrático defender la arbitrariedad como forma de actuación de los poderes públicos. La arbitrariedad es propia de regímenes autoritarios como los que están construyendo los Milei, los Orban o los Putin, tan del gusto de la ultraderecha española. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías. La verdad es que cuarenta y ocho horas después de conmemorarse el Día mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, VOX y el Partido Popular, oponiéndose primero a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta para seguir manteniendo las graves restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron: el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales y la expansión de libertades públicas se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que desgraciadamente tenemos, que siempre intenta acabar con las conquistas sociales conseguidas por siglos de lucha de la clase trabajadora. Y no solo trata de acabar con las libertades, sino también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Ya es costumbre que el Partido Popular y VOX se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora (aplausos) -la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, las medidas para disminuir la precariedad laboral o las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda-, pero, además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos, y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira -como hemos visto- como forma de hacer política. Y llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, ya es para nota.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Una solución técnica también responde a opciones políticas. Es una decisión política, por ejemplo, cómo financiar la reconstrucción, si con la tributación de grandes patrimonios o de los trabajadores; si recaudando dentro o fuera de la Comunidad Valenciana; si reconstruir primero las infraestructuras o las viviendas de los más vulnerables. Y, como hizo Alfonso XII, el Partido Popular está entregando el poder político a jueces y a militares y ninguno ha pasado por las urnas. La política es la principal herramienta de transformación para la clase trabajadora. El Partido Popular y VOX hacen permanente política con las instituciones que controlan. No pretendan además callar la boca a quienes piden más democracia y no pretendan mantener en la precariedad indefinidamente al 20 % del Poder Judicial por propia decisión del Consejo General del Poder Judicial. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«La judicatura que renuncia a ser imparcial no puede estar exenta de crítica y todos tenemos el mismo derecho de libertad de expresión que el Consejo General del Poder Judicial aplica para exonerar impresentables actuaciones de la judicatura. El Partido Popular utiliza ampliamente la libertad de expresión cuando despelleja a jueces que resuelven de forma contraria a lo que consideran su derecho a la impunidad. El Partido Popular machacó al juez De Prada, ponente de la sentencia Gürtel; Monago, Martínez-Almeida, De Cospedal, Rafael Hernando y Carlos Rojas descalificaron la sentencia y al juez y dijeron que era cercano a ETA. Durante la instrucción de las causas Gürtel y Bárcenas, el PP atacó a los jueces instructores y a los fiscales generales del Estado. Rajoy tildó de cacería las investigaciones. De Cospedal y Cifuentes acusaron de hacer política de incoherentes e hipócritas a los jueces que paralizaron en 2014 la privatización sanitaria. Y el señor Hernando acusó al juez Pedraz de pijo ácrata y de hacer demagogia política indecente. ¿De qué respeto a los jueces nos hablan ustedes? Al PP la democracia le estorba tanto que está poniendo a generales a hacer política. Una vicepresidencia y una secretaría autonómica para la reconstrucción son responsabilidades políticas en una democracia. Si un teniente general, vicepresidente, desprecia las responsabilidades políticas, está despreciando la democracia (aplausos) y al anunciar que no acatará órdenes políticas se pone a la altura de quienes sustituyeron democracias por dictaduras. Nadie se puede imaginar al general jefe de la UME diciendo que no acatará órdenes políticas. Y un general apolítico ya nos gobernó cuarenta años en dictadura. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Nuestro país ha avanzado de forma sobresaliente en el contexto europeo en estos últimos cuarenta años de democracia en materia de prisiones. Estamos situados a la vanguardia europea de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende que esta proposición que hoy presenta tenga contenidos más limitados que los que están en tramitación y, sobre todo, que ignore los problemas. Presentan hoy una PL que ignora los problemas más importantes que hay en el sistema penitenciario. Miren, ustedes incluyen tres modificaciones -es el corazón de su propuesta- que ya están incluidas en la ley que está en tramitación: la consideración de agente de la autoridad, el reconocimiento del principio de veracidad de los informes emitidos por los funcionarios y medidas para que la situación de detención o traslado de retenidos o funcionarios que estén en régimen de prisión -ellos encarcelados- puedan tener garantías de seguridad. Eso está muy bien, pero ¿por qué no abordan, en este debate sobre el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad, una tendencia populista, como ya se ha hecho en esta tribuna, de reforzamiento del autoritarismo? Es decir, cuando ustedes no se centran en los verdaderos problemas y siguen haciendo énfasis en algo que ya se está tramitando, realmente lo que están haciendo es recurrir a ese discurso populista que refuerza el autoritarismo, que denuncia unos falsos problemas de convivencia en nuestra sociedad, unos problemas que no existen en este país. Apuntarse a ese discurso a quien acaba luego reforzando es a la ultraderecha. Es un discurso absolutamente injustificado, cuyas consecuencias ya hemos visto en toda Europa.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial. Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«'Nuestra obligación es acabar con este Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance', dice el señor Tellado, y los medios son la mentira y la desestabilización. La moción es digna de Goebbels. Tacha de ilegítimo a un Gobierno investido por el Parlamento, tilda de corruptos acuerdos de la mayoría parlamentaria y critica que los presupuestos se aprueben fuera de plazo, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó tres presupuestos fuera de plazo. Es decir, degradan la democracia con el mismo discurso autoritario e intolerante de la ultraderecha. Claro que la corrupción es un grave problema, porque desvía al bolsillo de corruptos el dinero necesario para gasto social, pero ningún partido debería degradar la justicia registrando panfletos a los que llaman querellas. Una rigurosa querella de Izquierda Unida obligó a investigar el caso Bárcenas, con 7,5 millones en comisiones por contratos públicos repartidos entre dirigentes del Partido Popular, incluido el enigmático M. Rajoy. (Aplausos). El tesorero Bárcenas fue condenado a treinta años de prisión. La sentencia declaró la responsabilidad del Partido Popular por corrupción, y en el caso Gürtel el Partido Popular fue otra vez condenado por corrupción. Doce de los catorce ministros de Aznar han estado imputados, implicados o cobrando sobresueldos, y Matas, Rato o Zaplana han sido condenados y encarcelados. En julio condenaron al Partido Popular por financiación B en Valencia, tienen pendiente el juicio del caso Púnica y esperan sentencia por el caso Lezo. En total, 6 000 000 millones de euros en B.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Como siempre hemos defendido en esta Cámara, en democracia los sindicatos policiales deben tener capacidad de negociación colectiva. Cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución, la Guardia Civil tiene derecho a sindicarse y a realizar actividad sindical, y pedimos a toda la Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular -al que le importan dos narices los derechos de estos señores y señoras, como hemos visto en la intervención de la señora Vázquez (aplausos)- pero también al Grupo Parlamentario Socialista, que se comprometan a reconocer los derechos sindicales plenos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y a los y a las policías y guardias se lo decimos claramente: solo la actividad sindical y la negociación colectiva habitual y continuada les va a permitir alcanzar y mantener la equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales del Estado, o igualar las cuantías de las pensiones de jubilación de las distintas policías, o aprobar los imprescindibles coeficientes reductores de Seguridad Social para garantizar la jubilación anticipada a los trabajadores y trabajadoras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las mismas condiciones que al resto de los trabajadores de otros cuerpos policiales. Por eso, en SUMAR apoyamos todas estas propuestas y trabajaremos para garantizarlas por ley.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales. Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero -este, desgraciadamente, ya fallecido-, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces -como a cualquier profesional de este país- y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos). No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Señora presidenta, señorías, el PP quiere subsanar la reforma del Código Penal que presentó en el año 2015 y que introdujo la posibilidad de aplicar el agravante de multirreincidencia a los delitos leves, las antiguas faltas de hurtos inferiores a 400 euros, eso es de lo que estamos hablando. La reforma fue dejada sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo consideró que la reforma era de todo punto desproporcionada. Eso es lo que dijo. Es decir, el PP en aquel momento convirtió una pena de multa de uno a tres meses en una pena de prisión de hasta tres años. Hasta el Supremo dijo que era desproporcionado. Y ahora nos traen, de otra forma, los mismos incrementos en otros supuestos, también hasta tres años. Esto se hizo el mismo año de las reformas mordaza. A eso es a lo que se dedicaba el Partido Popular en el año 2015. Obviamente, estamos hablando de los casos de reincidencia, pero los casos de reincidencia no son casos idénticos a organizaciones criminales. Como decía el profesor Edwin Sutherland, maestro de la criminología de principios del siglo XX, en aquel brillante libro llamado Ladrones Profesionales, son casos de ladrones profesionales, personas en situaciones de exclusión que muchas veces no han tenido oportunidad de tener otra profesión. Y organizaciones criminales son las que se dedican al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, al narcotráfico o a la trata de personas, para lo cual hay que tener medios y recursos económicos; es decir, son supuestos muy distintos. Estamos hablando de personas en situación de exclusión social, de lo que popularmente se llaman 'robagallinas'. Por cierto, ustedes proponen penas superiores o iguales a los delitos más graves del Código Penal, aquellos que solamente pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica, y les voy a dar ejemplos. Están proponiendo reformas que pueden llegar a condenas de tres años, exactamente como la máxima que hay en el Código Penal ahora mismo para la alteración de los precios de concursos y subastas públicas; o tres veces más de la máxima prevista en el Código Penal para los delitos relativos al mercado y a los consumidores; o tres veces más de la prevista para el delito de sobrefacturación; o igual a las previstas más graves para administradores que cometen delitos societarios. ¿Usted cree que un delito societario puede gravarse o penarse igual que cuando un infractor roba tres móviles? Pues, francamente, yo creo que eso no es posible en una democracia. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«De no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable. Por eso, en SUMAR proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar medidas ya para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de derecho. Primero, modificar el procedimiento de renovación del Consejo del Poder Judicial para liderarlo del secuestro. Segundo, reformar las competencias del Consejo para ejercer las establecidas en la Constitución, sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de justicia pueda seguir funcionando. Tercero, reformemos el acceso a la carrera judicial y fiscal primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando, mediante becas, con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria. (Aplausos). Cuarto, ampliemos los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos. Quinto, reactivemos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa. Y deroguemos, por supuesto, la reforma de la ley mordaza del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura. Reformemos también la Ley sobre Secretos Oficiales y la ley de tratados internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la democracia. Hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de ciento cuarenta países. Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina. El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con la Corte Penal Internacional...»