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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
100 declaraciones · página 3 de 4
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«La regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia; no es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la okupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales, y mucho menos es cierto que, cuando salimos de casa, nos okupen la casa. Eso es un bulo; no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales, y nada de eso se regula ni se contempla ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana; ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. (Aplausos). Confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales; les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales en lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales (aplausos), que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante cincuenta años. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«¿Quién está en estas enmiendas? En primer lugar, VOX, los novios de la muerte, que apenas hace dos semanas defendieron expresamente en este pleno el régimen dictatorial de Franco. Nunca han luchado por las libertades públicas ni por la democracia; han proclamado en distintas ocasiones que el Gobierno dictatorial de Franco era mejor que un Gobierno democrático; apoyan el uso de la violencia para la resolución de controversias y conflictos; proponen políticas discriminatorias para quien no sea varón, blanco, católico, heterosexual y nacional español (aplausos); defienden abiertamente medidas restrictivas de los derechos de las mujeres para que no puedan decidir sobre su cuerpo ni puedan desenvolverse socialmente con igualdad respecto a los hombres, y afirman en su enmienda a la totalidad que la recuperación de las libertades públicas, que sin duda supone acabar con la ley mordaza, representa una amenaza porque mina las bases de autoridad, seguridad y eficacia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Su propuesta es liberticida y autoritaria. Ustedes quieren acabar con los derechos conquistados por quienes se opusieron a la Dictadura. Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima oportunidad. Miren, tenemos memoria y recordamos -se lo recordamos a quienes no lo vivieron- que ustedes son los correligionarios de quienes reprimieron a los luchadores y las luchadoras sociales, a quienes nos devolvieron el derecho de reunión y manifestación al traernos la democracia. Ustedes y el PP quieren mantener restringidos los derechos que en su día eliminó esa dictadura militar que tanto defienden. Y ya, el no va más es que se opongan a exigir coherencia lógica y razonabilidad en las actuaciones administrativas que acuerdan sanciones. Para ustedes, lo lógico y lo razonable, literalmente, vulnera la eficacia del ejercicio de seguridad ciudadana y obstaculiza el ejercicio del mantenimiento del orden público. Todo muy científico. Desde luego, no es democrático defender la arbitrariedad como forma de actuación de los poderes públicos. La arbitrariedad es propia de regímenes autoritarios como los que están construyendo los Milei, los Orban o los Putin, tan del gusto de la ultraderecha española. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«En todo caso, le voy a hacer una serie de aclaraciones. Las agresiones a la policía se castigan por el Código Penal. No estamos reformando el Código Penal y no se está abordando ningún debate; con lo cual, cualquier tipo de agresión que sufra cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene la debida protección. Y, desde luego, no es este el objeto de este debate, sino la modernización de nuestro régimen de control del orden público y de prevención de incidentes y de alteraciones del orden público. Es decir, estamos introduciendo -y eso es lo que parece que a ustedes les preocupa- métodos de prevención de las alteraciones de orden público para que no haya que llegar a esas situaciones que se generalizaron durante su Gobierno, que ustedes acostumbran a provocar constantemente, revueltas ciudadanas y alteraciones del orden público. Para acabar rápido, yo lo que pido a toda esta Cámara y a quienes tengan dudas es que no atiendan los argumentos que hemos dado los distintos ponentes que hemos intervenido hasta ahora defendiendo este texto, atiendan al criterio de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les acaba de enviar una carta a todos los grupos parlamentarios -también a usted, señor Tellado- pidiendo que la Cámara apruebe esta toma en consideración. Amnistía Internacional dice que para ellos esta reforma ni siquiera es suficiente, es un paso en el buen camino, y que un país democrático respetuoso con los derechos y libertades públicas todavía podría hacer mucho más. Con lo cual, yo lo que pido es que hagamos más caso a Amnistía Internacional y que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar esta norma, con las debidas correcciones si hacen falta durante su tramitación, para que nuestro país cuente con una legislación en materia de seguridad ciudadana y libertades plenamente respetuosa con los derechos humanos. Y, francamente, no me cabe en la cabeza que un partido de esta Cámara que se dice democrático pueda tener prevenciones o desconfianzas con que se garanticen los derechos humanos a todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Esa reforma supone una ampliación y mayores garantías también para toda la ciudadanía al facilitar nuevas herramientas y nuevas formas de intervención de los agentes policiales para que desarrollen su actividad con más eficacia y escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos fundamentales. Porque la existencia de zonas oscuras o de falta de garantías en la legislación acaba perjudicando tanto a la ciudadanía como a los profesionales de la seguridad ciudadana. Por eso, pedimos a los sindicatos policiales que desarrollen su necesaria tarea reivindicativa, pero de manera que no comprometan la necesaria neutralidad de los servicios policiales, y que no sean utilizados por la extrema derecha, porque eso les aleja de la amplia mayoría de la sociedad española. Y asistimos a un gran acuerdo de fuerzas democráticas, lo que no es habitual: son seis los grupos parlamentarios los que han presentado esta propuesta. Es un importante aval para la toma en consideración y para comenzar una tramitación parlamentaria que ojalá sea urgente, porque no hay excusas entre los demócratas para acabar con la ley mordaza, que lleva más tiempo en vigor con el Gobierno de coalición de izquierdas que el tiempo que estuvo en vigor con el Partido Popular. Hemos superado las dificultades arrastradas hasta ahora para alcanzar un acuerdo, que en algunos casos no eran ni siquiera por materias propias de esta ley, sino que hacían referencia a otros aspectos regulados en otras normas, algunas de las cuales actualmente también están siendo modificadas. Tenemos, por tanto, al alcance de la mano lo que probablemente es la última oportunidad para acabar con la ley mordaza (aplausos), y las demócratas y los demócratas no tenemos excusa para dejarla pasar.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana. El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas. Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Que el PP sea el partido más corrupto de Europa no obsta para que seamos implacables con la corrupción en otros partidos, porque el respeto a la clase trabajadora nos obliga a ello. Sobre el caso KoldoAldama, claro que se debe investigar a fondo y cesar a cualquier acusado de corrupción, también si afecta al PSOE, pero eso no justifica las barbaridades de esta moción. Por ejemplo, el caso Cuarteles, que lo incluyen, ocurrió durante el Gobierno de Rajoy, es responsabilidad del Ministerio del Interior del Partido Popular, y ustedes todavía tienen que pedir perdón por los recursos del Ministerio del Interior utilizados para destruir las pruebas de su corrupción, para perseguir con la Policía a quienes consideraban enemigos de la dirección de su partido o por proponer a un corrupto como Cotino al frente de la Policía Nacional (aplausos) para tapar escándalos como la Gürtel, Fórmula 1 o el robo que hicieron aprovechando la visita del Papa a Valencia. El exministro Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Martínez enfrentan acusaciones de quince años de cárcel.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«'Nuestra obligación es acabar con este Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance', dice el señor Tellado, y los medios son la mentira y la desestabilización. La moción es digna de Goebbels. Tacha de ilegítimo a un Gobierno investido por el Parlamento, tilda de corruptos acuerdos de la mayoría parlamentaria y critica que los presupuestos se aprueben fuera de plazo, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó tres presupuestos fuera de plazo. Es decir, degradan la democracia con el mismo discurso autoritario e intolerante de la ultraderecha. Claro que la corrupción es un grave problema, porque desvía al bolsillo de corruptos el dinero necesario para gasto social, pero ningún partido debería degradar la justicia registrando panfletos a los que llaman querellas. Una rigurosa querella de Izquierda Unida obligó a investigar el caso Bárcenas, con 7,5 millones en comisiones por contratos públicos repartidos entre dirigentes del Partido Popular, incluido el enigmático M. Rajoy. (Aplausos). El tesorero Bárcenas fue condenado a treinta años de prisión. La sentencia declaró la responsabilidad del Partido Popular por corrupción, y en el caso Gürtel el Partido Popular fue otra vez condenado por corrupción. Doce de los catorce ministros de Aznar han estado imputados, implicados o cobrando sobresueldos, y Matas, Rato o Zaplana han sido condenados y encarcelados. En julio condenaron al Partido Popular por financiación B en Valencia, tienen pendiente el juicio del caso Púnica y esperan sentencia por el caso Lezo. En total, 6 000 000 millones de euros en B.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Presidente, señorías, no entiendo cómo el PP insiste en hablar de corrupción cuando no puede dar lecciones de ética a nadie. Se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de que beneficia a trabajadores y a la economía. Se oponen a reducir la precariedad o la jornada laboral e impiden que los ricos paguen impuestos, sabiendo que sin impuestos es imposible mantener servicios esenciales para los trabajadores. Por cada euro en impuestos que la derecha dice rebajar a un trabajador son más de 100 los que no pagan los poderosos; 100 euros que dejan de financiar la enseñanza o la sanidad pública, y eso sí que es corrupción, como también es corrupción impedir que familias o jóvenes tengan viviendas dignas. Según la señora Ayuso, limitar el precio de la vivienda no funciona y es un atentado contra la propiedad. Su pareja ingresó, con un par de llamadas, 2 000 000 millones de euros, cuando un trabajador con el SMI tardaría ciento veinticinco años en ganar ese dinero. El PP lo que quiere es acabar con este Gobierno para poder hacer negocios con las privatizaciones y los contratos públicos y seguir cobrando sobres y comisiones en B.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Policías y guardias civiles, tengan cuidado con quienes los utilizan cuando están en la oposición, como acaba de hacer la señora Vázquez, que los instrumentaliza y habla más de Delcy, de Koldo, de la ley mordaza, de las embajadas o del COVID que de sus problemas y de esta propuesta (aplausos), y que luego, cuando gobiernan, los ignoran. (Aplausos). Desconfíen de quienes les aseguran que la equiparación salarial se garantiza con una ley, porque ni el Estado tiene competencias para legislar sobre los salarios de la Policía de Euskadi, de Cataluña o de Navarra ni la Hacienda pública puede estar al albur de criterios salariales de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, porque tendría cuantiosas implicaciones en el presupuesto y restaría soberanía al Estado. Lograr la equiparación salarial y mantenerla solo es posible mediante la permanente negociación sindical, con un régimen legal que les permita la negociación colectiva y dé carácter imperativo a lo que acuerdan sus sindicatos, con transparencia en los conceptos retributivos y en la forma de fijarlos en cada nómina y con sindicatos policiales con visión de clase y mecanismos efectivos para luchar por los derechos de los y las trabajadoras de la seguridad del Estado (aplausos), peleando junto al resto de trabajadores públicos para, por ejemplo, acabar con la indigna dieta media diaria por todos los conceptos de 103,37 euros -la media, que las hay más bajas-.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Señor presidente, la equiparación salarial de los cuerpos policiales es una justa reivindicación histórica. Policías y guardias civiles han reclamado mejoras sociolaborales, siendo la principal, sin duda, la equiparación salarial entre cuerpos policiales. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde hace cuarenta años han abanderado esta reivindicación, y desde 2016 Unidas Podemos y ahora SUMAR apoyamos la equiparación salarial entre cuerpos policiales y otras medidas para mejorar la situación laboral del colectivo con las necesarias medidas presupuestarias. En 2018, la acción sindical de los trabajadores de la Policía y la Guardia Civil obligó al Partido Popular, tras años de negativas mientras gobernaban, a aceptar la equiparación salarial, pero no tomaron ninguna medida para ello. Fue el Gobierno de izquierdas quien realizó la equiparación salarial. El Grupo Parlamentario Popular apoya las reivindicaciones salariales y laborales de la Policía y la Guardia Civil solo cuando está en la oposición. Cuando gobiernan, desprecian a los empleados públicos y también a los de la Policía. (Aplausos). En el año 2018, con el Gobierno de Rajoy, el presupuesto de la Policía eran 312 millones menos que en el año 2000, y el año pasado, 2023, gobernando el Gobierno de izquierdas, eran 930 millones más. Se necesitó desalojar al PP del Gobierno para cumplir con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas. Desde 2018 a 2023, el incremento salarial en la Policía y la Guardia Civil ha sido de un 38 % de media, con una inversión de 850 millones y, simultáneamente, ampliando la plantilla policial con una tasa de reposición del 120 %, 14 000 agentes más en cinco años. El Partido Popular, mucho ruido y pocas nueces.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Muchas gracias. Presidente, señorías, esta propuesta que traemos aquí, ahora de Junts, es una propuesta que no se basa en datos fiables, y eso es lo primero que hay que resaltar. Evidentemente, los hurtos son un problema social que afecta a muchos barrios céntricos, muchos barrios turísticos, y es verdad que sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situaciones de exclusión social, pero los datos que nos han presentado no son correctos. Es verdad que en el año 2023 hubo un 6 % de incremento de la criminalidad en Cataluña; pero en el año 2021, antes de la reforma aprobada en 2022, el incremento de la criminalidad fue de un 36 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2024, esos delitos contra el patrimonio se han reducido un 2,3 % y en un 4 % los hurtos. Es decir, tras la reforma de 2015 del Código Penal, los hurtos se incrementaron un 50 % en España. Después de la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, una reforma que fue acompañada de medidas de empleo y de atención social, han descendido los delitos contra el patrimonio y los hurtos, y tengan ustedes en cuenta que esa reforma de 2022 apenas ha tenido tiempo de aplicarse por los tribunales. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de empleo y medidas sociales, se reduce la criminalidad (aplausos) y se garantiza la seguridad humana.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Segundo hecho. El 23 de julio podríamos haber acabado con esta situación, pero el Partido Popular impidió la reforma de la ley de extranjería, a pesar de que habían aceptadas por el Gobierno todas sus exigencias. Los tres puntos innegociables del señor Clavijo, convertidos luego en cuatro puntos innegociables por el señor Tellado, habían sido aceptados. Primero, la creación de un grupo de trabajo sobre infancia migrante no acompañada. Segundo, la propuesta sensata del señor Vivas, presidente de Ceuta, de cesión de guardia y custodia de menores a entidades del tercer sector en la Península mientras la tutela la siguen teniendo Ceuta y Canarias. Tercero, el Gobierno asegura la financiación para el traslado de niños y niñas, y la atención durante al menos un año tras el traslado. Y, cuarto, un mismo sistema de protección en toda España con la declaración de alarma migratoria cuando sea procedente. Señores del Grupo Popular, si van a seguir bloqueando una solución para Ceuta y Canarias, les ofrecemos que el acuerdo para conseguir el traslado de menores a la Península se haga sobre las propuestas de los señores Vivas y Clavijo -ambos de Gobiernos en los que participa el Partido Popular-, pero ni siquiera en esos términos lo aceptarán, porque la situación de los niños desamparados, españoles o extranjeros, al PP no le importa nada. Muchas gracias.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Mire, con la reforma que ustedes hicieron en el 2015 no bajaron los índices de criminalidad, eso es cierto, subieron; sin embargo, los delitos contra el patrimonio y los hurtos se han reducido, según los datos de Eurostat y del Ministerio de Interior, en este primer trimestre de este año un 2,3 % y un 4 % los hurtos, estando en vigor la reforma que hizo este Gobierno en el año 2022. Crear preocupación social desproporcionada sobre problemas que no son de la dimensión que ustedes dicen, que obviamente existen, lo que hace es que luego ascienda el voto a la ultraderecha en Europa. Eso es lo que están ustedes provocando con este tipo de propuestas sumamente desproporcionas e irresponsables. Y decía usted: Son los problemas que preocupan a la gente. Mire, yo tengo aquí los problemas que preocupan a la gente según los actuales datos estadísticos. Y le digo una cosa, en abril del 2024, según el CIS, los principales problemas de la gente eran la crisis económica, el paro y la corrupción. La inseguridad ciudadana o la delincuencia estaba en el puesto veintiuno. (Aplausos). ¿Cómo que ese es el problema que preocupa a la gente? La realidad es que te vas a la calle a comprar el pan y no te okupan la casa; ni te okupan la casa ni vuelves sin la cartera y sin haber podido comprar el pan (risas.-Aplausos), porque ni esto está lleno de carteristas ni a todo el mundo le van quitando la casa. En España, les guste o no, tenemos la mitad o un 75 % menos de criminalidad que en Alemania o en el Reino Unido, según las estadísticas europeas.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«La adaptación del Código Penal a lo establecido por el Supremo la hizo el Gobierno de coalición en el año 2022. Y es verdad que se añadió una nueva redacción sobre la multirreincidencia que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos pareció exorbitada, pero la votamos porque reducía ese supuesto de hasta tres años de prisión a dieciocho meses. Ustedes entonces se abstuvieron y es verdad que ahora traen una reducción de ese supuesto de reincidencia de hurtos leves, de delitos leves -lo que antes eran las faltas-, de los dieciocho meses máximo que estaba en la reforma de 2022 hasta un máximo de un año. Eso está bien, lo reducen, dos años menos de lo que propusieron en 2015, pero ¿por qué proscriben en esta misma reforma, al hacer esta reducción, la aceptación del cumplimiento de la condena en este caso de hurtos? ¿Porque ustedes prohíben en esta reforma que a una persona que está en la cárcel por hurto se le pueda suspender la condena después de haber cumplido una parte proporcional? Eso no tiene ninguna explicación más que ese tipo de castigo que ustedes buscan siempre contra los más pobres; es decir, cosas que a un infractor de un delito, por ejemplo fiscal, no se le tiene por qué limitar, resulta que ustedes en este caso de multirreincidencia sí lo limitan.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«No son las políticas del Gobierno, sino los ataques a la democracia por la derecha española las que afectan a la fortaleza del Estado de derecho y a la convivencia constitucional. Nuestra desgracia es que, a diferencia de otros países de Europa donde la derecha ha condenado el horror del fascismo, en España la derecha no ha roto vínculos con su pasado de apoyo y participación en la dictadura. La derecha española nunca luchó por la democracia y, salvo cuando es el PP el que está en el Gobierno, no respeta la democracia. Desde que se constituyó el Gobierno de coalición en el año 2019, la derecha se ha acostumbrado a romper las reglas del juego democrático. Hoy, 9 de abril, es el aniversario de la cuarta legalización del Partido Comunista de España (aplausos), tres veces ilegalizado por las derechas en cien años y, por cierto, destinatarios de una amnistía que dio origen a esta democracia. Hemos peleado por la democracia durante cuarenta años de dictadura. Nos hemos sacrificado y cedido para que la derecha aceptara la Constitución, Constitución que nos parece insuficiente desde que la derecha empezó a aplicar las políticas neoliberales que tanto dolor han traído a los pueblos de Europa. Pero respetamos la Constitución y la cumplimos, mientras que luchamos para ampliar sus contenidos y derechos.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Buenas tardes, presidenta. Señorías, este debate es un déjà vu, el bucle estéril en el que el Grupo Popular ha metido a nuestra democracia desde que Aznar les ordenó desestabilizar. Ya saben, el que pueda hacer, que haga. Otra vez el Grupo Popular trae el debate sobre la ley de amnistía, ahora utilizando el último informe de la Comisión de Venecia, comisión que no es más que una mesa de expertos que aconsejan y opinan sobre cuestiones constitucionales. El Grupo Popular deforma el contenido del informe e intoxica a la opinión pública, mientras convierte al Senado en su herramienta de propaganda de la que no prescindirán hasta que finalice el actual periodo electoral con las elecciones europeas. Todo a costa de desestabilizar y bloquear las instituciones, y de enfrentar y preocupar a los y las españolas. El PP no asume su fracaso ante la Comisión de Venecia, que afirmó que la ley de amnistía es acorde con la legalidad europea y no requiere realizar reforma constitucional alguna. Por eso no existe requerimiento alguno de órgano ejecutivo o tribunal europeo amonestando a España a cuenta de esa ley. Con gran inocencia, eso sí, la Comisión de Venecia presupone que el Partido Popular es un partido respetuoso con la institucionalidad constitucional y por ello afirma que sería recomendable que hubiera reformas en España para dotar a la norma de mayor consenso. Compartimos esa recomendación, pero España comprueba a diario que es un estéril esfuerzo intentar consenso alguno con el Partido Popular cuando no gobierna.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Después, fue el Gobierno del Partido Popular el que en el año 2014 siguió un procedimiento exprés de tramitación legislativa -esos procedimientos que censura cuando son utilizados por otras mayorías parlamentarias- e impuso su mayoría absoluta para reducir la jurisdicción universal a supuestos prácticamente imposibles, además eliminando la posibilidad de colaboración con la justicia a través de la acción popular. Esta restrictiva reforma puso fin a una ejemplar aplicación del derecho internacional que los tribunales españoles habían realizado, consiguiendo el mayor reconocimiento y admiración que hayan tenido nunca. Seguía así el PP la tendencia iniciada por el Tribunal Supremo cuando en el año 2012 sepultó toda posibilidad de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas en una fosa más profunda que las que aún quedan por centenares en España llenas de víctimas ejecutadas en la última Dictadura. (Aplausos). El PP o VOX nunca han apoyado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que permanecen en la impunidad dentro o fuera de nuestras fronteras. A la vista de la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que han sacado adelante con la ultraderecha de VOX, tengo nulas esperanzas de que voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí espero que el resto de grupos parlamentarios, aunque solo sea por la dignidad de esas víctimas que han quedado desprotegidas con la derogación de la ley de víctimas de Aragón, voten a favor. Para la derecha española siempre ha habido víctimas de primera y de segunda; por eso se niegan a reconocer derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos si no simpatizan políticamente con ellas. Ahora, en claro incumplimiento del mandato de protección de las víctimas acordado por Naciones Unidas, con la derogación de la ley de víctimas de Aragón han forjado una alianza para privar a las provocadas en la última Dictadura de los limitados derechos que habíamos conseguido reconocerles.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces. Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y, según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente. Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución -Consejo General del Poder Judicial-, del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Sí. Nunca he defendido a esas organizaciones que han mencionado. Yo he tenido el privilegio de ser asesor jurídico en un proceso de paz que ganó un Premio Nobel de la Paz y de trabajar para el Gobierno de Noruega, que ganó un Premio Nobel de la Paz, cosa que ustedes nunca podrán esgrimir. Nada más. Gracias. (Aplausos).»