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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
15.129 declaraciones · página 410 de 505
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Las reformas que busca implementar el Gobierno con el presente proyecto pretenden que la ciudadanía sienta que la justicia es suya y que la propia Administración de Justicia es un servicio público eficiente y de calidad. Estamos, por tanto, ante una oportunidad que debemos aprovechar para abordar los déficits estructurales y situar al servicio público de justicia en los más altos estándares de calidad, que es lo que nos reclama el ciudadano, que, por cierto, es el estatus que usted no ha nombrado: cuando ha citado a abogados, a procuradores, etcétera, no ha citado a la ciudadanía entre los destinatarios de la justicia. (Aplausos). Y es en este momento y en defensa del voto contrario a la enmienda a la totalidad cuando quisiera destacar la importante reforma que se realiza utilizando los medios adecuados para fortalecer la capacidad negociadora y el arreglo de las partes. Debemos poner los medios adecuados para que los tribunales sean el punto final del conflicto y no la única principal vía para resolverlos. Debemos dar voz a la ciudadanía para que se sientan protagonistas en la gestión de sus controversias. Y, por supuesto, es precisa más negociación y menos litigios, porque nos hará más fuertes y eficaces.»
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ahora me gustaría dirigirme a la proponente de la enmienda a la totalidad. Tras la lectura de su enmienda podemos extraer las siguientes conclusiones, que, incluso, podrían convertirse en preguntas al Grupo Popular. ¿Consideran conveniente una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? ¿Consideran que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha quedado obsoleto, sí o no? ¿Consideran que debe actuarse frente a la falta de especialización de los juzgados, sí o no? ¿Consideran conveniente actuar frente a la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, sí o no? ¿Consideran conveniente ofrecer a la ciudadanía una justicia más próxima y sostenible, sí o no? (Aplausos). En el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos la actuación del Grupo Popular frente a una iniciativa legislativa imprescindible, como han dicho algunos de mis compañeros del servicio público de justicia, cuya frase -me gustaría reseñarlo- no aparece en la enmienda a la totalidad. Señorías del Grupo Popular, no esperábamos menos de ustedes. Una enmienda a la totalidad, y no sorprende... (La señora Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben). Yo fui a un colegio público y me enseñaron educación, señoría (la señora Moro Almaraz: Estoy contestando); me enseñaron educación. (Aplausos). Como decía, no esperábamos menos de usted, pero lo que nos sorprende es que la enmienda a la totalidad venga sin texto alternativo. Si tantos documentos tenían aquí, ¿por qué no tenían un texto alternativo a lo que proponía el Gobierno? (Aplausos). Es una nueva muestra de su curiosa actuación parlamentaria y una imagen clara de lo que la derecha supone en la política española en la actualidad. Ustedes se encuentran muy a gusto en la confrontación permanente, en una continuada estrategia del ruido, con la que tratan de acallar los avances sociales de los gobiernos progresistas. Frente a eso, la voluntad política se demuestra gobernando, y el Gobierno y el Grupo Socialista están, precisamente, para impulsar, con el máximo consenso político con las fuerzas políticas que así lo quieran, un magnífico documento, que es el que nos ha venido del Consejo de Gobierno.»
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, muchas gracias. Buenos días, señorías. El señor ministro no está -estará atendiendo a alguna llamada-, pero le doy las gracias por su presencia. Como es evidente, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la enmienda a la totalidad que se nos presenta, y por dos básicas razones. En primer lugar, porque se trata de un texto que ya había sido trabajado en la anterior legislatura y que alcanzó un amplio consenso, como digo, en el anterior mandato. Y, en segundo lugar, porque el servicio público de justicia, ese que echamos de menos en la enmienda a la totalidad, está demandado mejoras. Señorías, el Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas -así lo dijo nuestro ministro de Presidencia- y, por ello, se están implementando leyes, medios materiales y humanos y recursos económicos. Y el proyecto de ley orgánica se orienta a la consecución de un marco normativo que soporte un servicio público de justicia de calidad, que, además, está vinculado al componente 11.R2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero es que, además, si analizamos los aspectos más relevantes que con esta reforma se pretenden llevar a cabo, se crean los tribunales de instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales; se establecerán las oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia, y, por supuesto, se sustituyen los antiguos juzgados de paz, pero no para suprimirlos, sino para crear modernas oficinas de justicia en cada uno de nuestros municipios. En definitiva, es una reforma importante, puesto que se pasará de los 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial existente en nuestro país, una medida que permite dar respuesta rápida y pertinente, con las máximas garantías, a aquellos litigios que, como último recurso, deben ser resueltos en nuestros tribunales.»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Muchas gracias, presidenta. En SUMAR compartimos con el Gobierno que este proyecto supone un paso decisivo para la modernización del servicio público de justicia para pasar de un modelo arcaico a un modelo contemporáneo. Votaremos, obviamente, en contra de su enmienda a la totalidad, señorías del PP. Se pasará de 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales, lo que incidirá en la mejora de la eficiencia del servicio público de justicia, en igualar la carga de trabajo entre los tribunales y en unificar criterios procesales. Además, se crean -ya lo ha dicho el ministro- nuevas oficinas de justicia en los municipios más pequeños y zonas rurales, que permitirán a la ciudadanía realizar trámites procesales desde su localidad sin tener que ir al tribunal de instancia, consiguiendo que sea la justicia la que se acerque a las personas que la necesitan. Valoramos también positivamente la creación de un procedimiento único para la protección y defensa de consumidores y usuarios, de tal forma que los consumidores y consumidoras no tengan que ir a los tribunales ni de manera individual ni plural, evitando así los macroprocedimientos.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Dicho esto, nos preocupa el ámbito de los consumidores y usuarios; nos preocupa porque conviene recordar en esta Cámara que la competencia vuelve a ser exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, más allá del rompimiento del modelo que de alguna manera llevaban y que ofrece dudas realmente sobre la idoneidad de plantearlo en este proyecto de ley, nos preocupa también que no se ha trabajado suficientemente con el Gobierno de Cataluña y que afecte a algunas de las competencias posibles que se estén ejerciendo en este momento. Dos aspectos más, alguno de los cuales ya he avanzado. No pararemos con la enmienda de consecución de vinculación de las tasas judiciales en el turno de oficio y la retribución de los abogados del turno de oficio, porque se ha de resolver esta situación. Otro elemento vinculado a la justicia que todos olvidamos, pero que quiero poner encima de la mesa -la eficiencia en la justicia-, también tiene que ver con sus funcionarios. La estabilización de interinos que se ha producido en las administraciones públicas ha fallado estrepitosamente en la Administración de Justicia, y hablo desde mi territorio, donde si se nos hubiera dejado hacer como cuerpo de la Generalitat de Catalunya, que no lo es, ya lo tendríamos resuelto. En cambio, desde el Estado no se está previendo ninguna de las necesidades que tiene este territorio.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, ministro; buenos días de nuevo, señorías. El Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Es un proyecto que, ciertamente, como dicen los populares, es un auténtico cajón de sastre donde se recogen una serie de materias que en la anterior legislatura -lo han dicho varios de los ponentes que me han precedido- se trataron en tres proyectos diferentes. Para nosotros esto no es ninguna sorpresa, es la extensión de los decretos ley ómnibus o macedonia, como les llamamos nosotros, a los que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno y que tantas veces hemos dicho que, muy a menudo, nos dificulta su debate y también su posicionamiento. Ministro, sin ningún entusiasmo se lo digo: Quizá tendríamos que valorar si tiene razón de ser esta totalidad. Lo veremos. En relación con todo lo que se regula en este proyecto, que no es poco, nosotros, como siempre, tenemos una prioridad: Cataluña; en este caso, concretamente, la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de justicia y en el cumplimiento del estatuto. Es una prioridad a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay que recordarlo, no ha sido aprobado por el Parlamento de nuestro país y tampoco por esta Cámara ni por el Senado ni tampoco refrendado por los ciudadanos de Cataluña. Es una prioridad, a pesar de su redacción actual, la del Estatuto de Cataluña, que es el resultado de la indebida intromisión mediante la sentencia 31/2010 de un Tribunal Constitucional politizado y falto de legitimidad. Es una prioridad. A pesar de sus enormes faltas y a pesar de todo esto, el estatuto es una norma vigente que reconoce una serie de competencias que nosotros hoy estamos aquí para defender, y en este proyecto, Junts per Cataluña, sin descuidar ninguno de los otros temas legislados, pondremos todo el hierro en la defensa de los juzgados de paz. En la legislatura anterior Junts per Cataluña se quedó sola en la defensa de los juzgados de paz ante la voluntad del Estado de suprimirlos con las leyes de eficiencia en el ámbito de la justicia de aquel momento y con la connivencia entonces del Gobierno de la Generalitat. En Cataluña los juzgados de paz son un instrumento de justicia y de proximidad muy enredado en el país, que han demostrado a lo largo de su historia su vocación de servicio público, utilidad y eficacia en la resolución de los conflictos. Pero no solo eso, los juzgados de paz son, por encima de todo, órganos pertenecientes al Poder Judicial, a los que les corresponde ejercer las funciones de la llamada justicia de proximidad recogida en el artículo 108 del Estatut de Catalunya.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por tanto, señor ministro, reflexionen. No pedimos que no se presenten estos proyectos, este último tiene que ser evaluado, tienen que ser evaluadas las consecuencias. Señorías, vuelvo a decir que no se dejen llevar por los cantos de sirena. Mañana, ni el Gobierno ni ustedes podrán mirar a los ojos a los consumidores y usuarios de este país, especialmente a los más vulnerables. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!).»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Además de todo esto, de ese proyecto heterogéneo que se ve que ni con maquillaje han podido conseguir que en el primer libro se supriman los juzgados de todo tipo -ojo, alcaldes; ojo, señorías: los juzgados de paz, juzgados de instancia, juzgados de instrucción-, muy bien, nosotros somos partidarios del tribunal de instancia, pero no nominal sino serio, y eso cuesta y necesita estabilidad. Pues además de eso -vamos a llamarlo- la guinda del pastel es que lo hace con la incorporación del anteproyecto de acciones colectivas. Mire usted, le agradezco que no haya sido tan insistente en aquello de: Ustedes responderán ante la Unión Europea, ustedes responderán de que no hemos cumplido a tiempo, ustedes responderán..., no, porque esa es su responsabilidad como Gobierno. Incluso FACUA ha puesto de manifiesto (muestra un documento) que este sistema, que rompe absolutamente con la tradición jurídica y la seria protección española y europea de los consumidores, y que rechazan la mayor parte de las trasposiciones de la directiva en Europa, es un modelo favorable a un nuevo cliente, a un nuevo nicho de empleo, que son los fondos de inversión, los fondos de licitación internacionales. (Aplausos). Estamos asombrados: ¡un Gobierno de izquierdas que regula! -y no puedo detenerme- un modelo -y no me hagan caso a mí ni al Consejo Económico y Social ni al Consejo del Poder Judicial- al que el Ministerio de Economía pone tres objeciones que no han sido salvadas (muestra otro documento), que ponen de manifiesto que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que va en contra del derecho de defensa y que va en contra del artículo 24, hoy de moda en esta Cámara. ¡Este es el fondo del derecho de defensa! Los consumidores no van a recibir más que lo que están recibiendo desde hace tiempo en Estados Unidos por este tipo de modelo, en el mejor de los casos, 3 dólares o, como nos ocurrió a muchos con el tema del diésel, unos guantes de cortesía. Sin embargo, los fondos de licitación -está demostrado en distintos informes que pueden consultar, al igual que yo- tienen una media de ganancia de 1 millón de euros. Hay una ausencia de beneficio para el consumidor, porque se destruye el mercado, se destruyen las empresas y el consumidor es excluido, porque es un sistema de desvinculación, y el consumidor no se va a desvincular. Habrá una lucha feroz de esos fondos de inversión litigadores para, con el menor esfuerzo, con menores consumidores a los que resarcir, poder ganar mucho dinero a costa de destruir nuestro sistema, que es un ejemplo -un ejemplo- en toda Europa y en toda Iberoamérica.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«El desprestigio al que se está sometiendo al legislador no puede ser secundado, desde luego, por el Grupo Popular. Pedimos a los demás que nos acompañen. Ustedes sabrán. Desde luego, nosotros queríamos poner de manifiesto aquí claramente que no podemos estar en una actitud pasiva de resignación, de mirar para otro lado con la esperanza de que, a través de pagos a unos y otros grupos políticos, se consiga aprobar una norma que hoy presenta más riesgos y problemas que ventajas y beneficios. Por eso pido apoyo. No es cierto lo que ha dicho el ministro. Es muy posible que el Gobierno, el ministerio haga bien su trabajo, pero esto es un puzle de proyectos heterogéneos. Es un puzle de proyectos con muchísimos problemas. Presenten los proyectos y nos ponemos a trabajar -si cuando queremos, trabajamos, lo estamos viendo-, que no nos echamos para atrás, pero esto no puede ser. Les pido a los grupos parlamentarios que no atiendan los cantos de sirena de lo que les han prometido y que mañana tengan que arrepentirse.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En primer término, tengo que decir que mi partido, el Partido Popular, reivindica el respeto del Gobierno para con el Poder Judicial como presupuesto imprescindible e innegociable para seguir avanzando en las reformas presentadas para alcanzar esa Justicia más ágil y eficiente en España. Es inadmisible, señorías, señor ministro, seguir con la poco edificante actitud gubernamental, con el bochornoso espectáculo que sube cada semana de decibelios contra los jueces, y que no solo no encuentra defensa por parte del ministro de Justicia, sino que, sorprendentemente, se ha convertido en el principal activista, en los últimos días, en el acoso y presión a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. (Aplausos). Sentado esto, que es fundamental -porque si no ¿qué estamos haciendo?-, reclamamos la devolución de un proyecto que atenta contra los más esenciales principios de la buena técnica normativa; la seguridad jurídica; desatiende cada vez de forma más grave las advertencias del Consejo de Estado; y que introduce, sin la suficiente motivación, nuevas reglas de calado importadas de otros sistemas jurídicos, como el estadounidense, que rompen con el sistema de defensa de consumidores y usuarios en España, dando un poder inusitado e injustificado a fondos internacionales de litigación; utilizando a los consumidores para privarles de su derecho a la tutela judicial efectiva, con una norma de dudosa constitucionalidad y con grave riesgo y consecuencias para el tejido económico del país. Un cambio de modelo que no ha sido justificado -hoy ha desaprovechado esa ocasión-; no lo ha sido ni en sus causas ni evaluado en sus consecuencias, y que avanzaría en contra del criterio de los principales órganos consultivos del Estado, del propio Ministerio de Economía -no el nuestro, no Luis de Guindos, no, el Ministerio de Economía de ustedes, de este Gobierno-, que ha vertido -y ahí está sellado, rubricado por el Ministerio de Asuntos Económicos- la grave inconstitucionalidad en la que se puede incurrir con este proyecto, la tercera parte de este proyecto. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por eso, como continuación a ese Real Decreto Ley 6/2023, que suponía la trasposición a nuestro derecho de la Ley de Eficiencia Procesal y de la Ley de Eficiencia Digital, hoy traemos este proyecto de ley de reforma de nuestra justicia, para dotarla con una estructura orgánica que sea eficaz, que se adapte al siglo XXI, que sea rápida, que sea ágil y que pueda permitir mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas. Es un proceso de reforma que ya se inició en la legislatura anterior, que se denominaba Proceso de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia. De hecho, se hizo un trabajo muy fructífero y muy intenso por parte de los distintos grupos parlamentarios, que dio lugar a multitud de enmiendas que ya fueron aprobadas en ponencia en la legislatura anterior. Es voluntad Gobierno que todas esas enmiendas que ya se pactaron, se negociaron y se acordaron en la legislatura anterior, se puedan incorporar al proyecto de ley que hoy presentamos para defenderla de la enmienda a la totalidad presentada.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Buenos días, señorías. Tomo la palabra ante ustedes para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores frente a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Quiero decirles que esta norma es fundamental en el proyecto que tiene este Gobierno para la justicia. Queremos impulsar -me lo habrán escuchado más veces- la mayor transformación de la justicia en décadas, y queremos hacerla a través de estas reformas legislativas, que son imprescindibles. Queremos una justicia que sea ágil, que sea digital, que funcione y que sea útil para los principales destinatarios de la justicia, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, además, queremos hacer una reforma integral de la Administración de Justicia, que nos permita pasar de una estructura del siglo XIX a tener una justicia con una estructura del siglo XXI. Ya hemos dado pasos en esta dirección. Ya se aprobó y se convalidó por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2023, que potencia, por ejemplo, todos los trámites, todas las vistas telemáticas; impulsa la Carpeta Justicia para hacer posible que cualquier profesional o cualquier ciudadano, desde su casa o desde su despacho, pueda acceder a todos los procedimientos en los que sea parte o en los que esté asesorando a un cliente. También se introduce en la ley -ya está en vigor, es el Decreto Ley 6/2023- la posibilidad de procesos de robotización y de utilización de inteligencia artificial para algunos procesos que son repetitivos y que consumen mucho tiempo a los funcionarios y funcionarias, y que, sin embargo, no aportan un valor añadido, y así se pueda hacer a través de las máquinas.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Quedan cuestiones importantes por desarrollar que han quedado al margen de esta ley. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a consulta jurídica el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita, cuya intención es reformar para dotar de una mejora del servicio y, sobre todo, para actualizar los baremos. No obstante, hemos recogido en esta ley el derecho de asistencia jurídica gratuita de personas físicas, de microempresas en el ámbito concursal y en el orden penal para las personas jurídicas. (Rumores). Respecto al tema de la mutualidad de la abogacía y la procura, el Gobierno desde el Ministerio de Inclusión está trabajando para buscar una solución a esta reivindicación justa de parte del colectivo que demanda una pasarela al RETA. Y no quiero finalizar la intervención sin agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones, así como a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que me han acompañado en la Ponencia. Señorías, trabajemos juntos para que España siga avanzando. Trabajemos juntos para una España donde todos los futuros sean posibles, para aquellos que buscan justicia, para aquellos que buscan igualdad, para las generaciones venideras que merecen un horizonte de oportunidades que será fruto del trabajo y el esfuerzo que hoy sembramos.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Señores del Partido Popular, yo sé que ustedes están muy ocupados, pero quería pedirles el apoyo expreso a esta ley. No cometan ustedes errores del pasado, ustedes han permanecido al margen de los principales avances sociales en este país. Ustedes votaron en contra y recurrieron ante el Tribunal Constitucional leyes que recogían derechos y libertades de nuestra ciudadanía. (Aplausos). No cometan el mismo error, señorías. Sigamos trabajando en lo que nos une. Esta ley tiene que salir con el máximo consenso. Es una ley fruto del compromiso del Gobierno con la modernización de la justicia, pero, sobre todo, es una ley muy demandada por la Abogacía y en cuya redacción intervino la comisión de expertos, presidida por el ilustre abogado don Antonio Garrigues, que hoy nos acompaña desde la tribuna de invitados. Es una ley que ha sido mejorada por la Abogacía, ya que recoge las principales conclusiones del Congreso de Tarragona, así como otras aportaciones de las asociaciones del tercer sector y otros colectivos profesionales, a cuyos representantes quiero agradecer su labor, aprovechando su presencia en la Cámara, a la señora Victoria Ortega, presidenta del Consejo en funciones; al señor Salvador González, presidente electo; al decano de Madrid, don Eugenio Ribón, y al decano de Barcelona, don Jesús Sánchez. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Desde la perspectiva de la Abogacía, se recoge la exigencia de la titulación y colegiación, y se introduce la referencia a los profesionales que actúan por cuenta ajena. Se ha reforzado el secreto en las comunicaciones entre profesionales a efectos probatorios, se ha introducido la posibilidad de la dirección letrada de solicitar el habeas corpus, protege la libertad de expresión y la independencia profesional, y regula especialmente los deberes deontológicos y el derecho a la conciliación laboral de los y las profesionales. Respecto a las costas procesales, en caso de condena a costas o jura de cuentas, regula la facultad de los colegios de la Abogacía para publicar criterios orientativos. Igualmente, desde el punto de vista de las instituciones, recoge a los colegios de la Abogacía y a los consejos como entidades supervisoras, sancionadoras y responsables de la capacitación y de la formación de los profesionales. Como ya manifestó el ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Parlamento, las acciones que el Gobierno quiere llevar a cabo tienen un marcado impulso reformista, que necesita de grandes consensos, no solo de esta Cámara, sino de la sociedad y de todos los sectores jurídicos. Y uno de los compromisos en materia de justicia de mi partido siempre ha sido la ampliación de derechos y libertades y la mejora continua de las instituciones. (Aplausos). Y esta ley es una muestra de ello. A lo largo de la tramitación, se han presentado 146 enmiendas, la mayoría han sido aprobadas. Se han aprobado 29 transaccionales, que han sido también aprobadas por la mayoría de los grupos políticos, y se ha introducido una disposición adicional para la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por defender el derecho de asociación y sindicación en la Guardia Civil.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A pesar de todo, creemos que los avances son suficientes, especialmente en materia lingüística -recuerdo también a la bancada socialista que, tarde o temprano, tendremos que entrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que se incluyan las lenguas oficiales como requisito y no como mérito para el acceso a los puestos en Cataluña, Euskadi, Galicia-; decía que esto pone la primera piedra para la efectividad de los derechos. Permítanme terminar con un tema que nos preocupa enormemente; es una enmienda que no se ha retirado y que no nos podemos mostrar a favor, nos vamos a abstener; y nos preocupa por cómo ha entrado. Es la que tiene que ver con el traspaso respecto a las jubilaciones del sistema mutualista al RETA de abogados y procuradores. En este escaño, ya dijimos que estábamos absolutamente a favor de que se garantice una jubilación y unas prestaciones dignas. Visto el sistema y el contenido de esta ley, entendíamos que no era el lugar para ponerlo. Además, fue la traslación de una PNL, es decir, de una proposición no de ley. Les pido al Gobierno, por la parte que le corresponda al ministerio, y al Ministerio de Asuntos Sociales también, que nos pongamos a trabajar ya, de una vez por todas; porque esta vez no nos vamos a posicionar a favor, pero a partir de ahora lo haremos; y si conviene, entregaremos una propuesta escrita. Pero no podemos esperar más, porque cada mes que pasa es un abogado, una abogada, un procurador, una procuradora, que ve sus derechos laborales, que había tenido, pues absolutamente conculcados. Entonces, cuál es el Estado que deja a estas personas en la más absoluta miseria. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Hay dos enmiendas que no ha habido manera de que nos compraran, y estas sí valían dinero. Ustedes saben que hubo un gran debate cuando se impusieron las tasas para el acceso a los tribunales porque estas tasas eran finalistas. Bien, desde el Gobierno de la Generalitat se ha pedido por activa y por pasiva que las tasas percibidas en Cataluña fueran destinadas a la remuneración digna del turno de oficio, porque somos perfectamente conscientes de que los abogados y abogadas que se dedican al turno de oficio están mal pagados, están poco reconocidos y tienen poco apoyo por una labor que realizan y que es esencial en la garantía de la defensa de todos los ciudadanos. ¡Y no ha habido manera! Está enmienda, que ya les avanzo que vamos a ir interponiendo en todas las leyes que nos presenten -esto sí, vinculadas con la Administración de Justicia, no lo vamos a hacer en las leyes sobre costas, pero les avanzo que las presentaremos-, para nosotros son indispensables imprescindibles, porque sin un reconocimiento y una retribución de un turno de oficio digno, difícilmente podremos garantizar la calidad que necesita el servicio que se presta en concepto de defensa de las personas que lo necesitan, porque esto no es una opción, es una necesidad.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Mirin, defensar el català és legislar a favor del català. Però, sobretot, és utilitzar-lo sempre, sent un altaveu de prestigi de la nostra llengua. Aquesta és l'actitud davant dels que els preocupa més que, en el Tribunal Suprem, s'hi pugui arribar a parlar català, o alguna de les llengües cooficials de l'Estat, que no l'arbitrarietat del jutge Llarena o la parcialitat del jutge Marchena. Senyors del PP, això sí que costa diners i, més a la curta que a la llarga, espero que també algun disgust. Però això és Espanya. Mentre el ministre apedaça la justícia per protegir drets, com aquest dret de defensa, es pacta el Consell del Poder Judicial amb aquells que s'han passat els drets per l'engonal i només els volen per ells i quan els convé. El que els deia: avui, com ahir, en el reino de España, absoluta normalitat. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, ministro. Hoy llega a este Pleno el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y lo hace después de diversas reuniones de Ponencia y unas cuantas más con el Grupo Socialista, en nuestro caso, que nos han servido para incorporar o transaccionar, en el dictamen emitido por la Comisión que tenemos a debate, la práctica totalidad de nuestras enmiendas. Así, de las quince enmiendas presentadas, todas han quedado recogidas en mayor o menor medida, salvo dos vinculadas a la asistencia jurídica gratuita, que han sido vetadas por el Gobierno porque tenían afectación presupuestaria. Saben ustedes que esta ley, entre otras cosas, tiene por objeto, importante para nosotros, dar a conocer a las personas físicas y jurídicas las garantías que les corresponden como titulares del derecho de defensa, y lo hace estableciendo el libre acceso a los tribunales de justicia, garantizando un proceso sin dilaciones indebidas y asegurando la protección en procedimientos penales. Precisamente porque estos derechos amparan a toda la población, buena parte de nuestras enmiendas tenían por objetivo garantizar la accesibilidad de todas las personas a estos derechos, también de aquellas que conviven con una discapacidad. Así, en el periodo de Ponencia se ha incorporado el uso de sistemas alternativos como, por ejemplo, el braille, la lectura fácil, los pictogramas, el lenguaje de signos, los intérpretes o cualquier otro tipo de sistema de comunicación o de dispositivo necesario para, como decíamos, garantizar la accesibilidad de todas las personas al derecho de defensa, también las de la tercera edad y menores. Esto, sumado a otras mejoras gracias a la incorporación de enmiendas y transaccionales de la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, ha hecho que, a pesar de la falta de ambición del proyecto, que ya se ha manifestado y han manifestado algunos portavoces que me han precedido, la iniciativa haya alcanzado un amplio apoyo que, sin duda, habría sido más significativo si no fuera por la alergia de la derecha extrema a la diversidad, en este caso a la diversidad de las lenguas de este Estado. Lenguas como el catalán que, con las transaccionales de dos de nuestras enmiendas, una de Esquerra y otra del BNG, y la labor compartida con las diputadas Mercè Perea y Pilar Vallugera, dan un paso adelante, incorporando a la ley el derecho a utilizar en los procesos ante todos los órganos con jurisdicción en todo el Estado cualquiera de las lenguas oficiales de las nacionalidades donde se resida o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, y también a recibir en cualquiera de estas lenguas las comunicaciones que se hayan producido.»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Finalmente, señorías del Partido Socialista, señores del Gobierno, ¡qué paradoja! No entendemos cómo nos traen ustedes, precisamente en este momento, esta iniciativa. Los españoles no sabemos qué es para ustedes el derecho de defensa, nos tienen desconcertados porque, según el día o la persona de cuya defensa se trate, tiene un contenido u otro. Así, tenemos dos opciones totalmente opuestas. Una es un derecho de defensa absoluto, que convierte la presunción de inocencia de una persona en una presunción iuris et de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario. Ese derecho de defensa se transforma así en un acto de fe: créanme, es inocente, sin mayores explicaciones. Convierte a esa persona en alguien totalmente inmune e irresponsable y, en consecuencia, deriva también en un derecho al ataque. Si un juez, cumpliendo con su obligación, investiga e instruye un procedimiento para esclarecer hechos denunciados presuntamente delictivos y verificar si hay o no actuación delictiva por parte de esa persona inmune y responsable, el derecho a la defensa se transforma en un ataque al juez. Está permitido que todo el Gobierno, ministro de Justicia a la cabeza, ataque a dicho juez. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. El derecho de defensa es uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático y, como tal, reviste la protección máxima en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 24. Al traer ustedes este proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa pareciera que iba a haber una regulación sistemática de este derecho desarrollando su contenido y reforzando sus garantías, más allá de lo que ya existía tanto en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o en leyes como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Lejos de esta expectativa, queda el texto presentado. Sin embargo, desde mi grupo hemos tratado de mejorarlo con la presentación de distintas enmiendas y abanderando algunas de las transaccionales que aportan importantes mejoras. Y es que, señorías, somos un partido de Estado, nuestro compromiso es con los ciudadanos, con el Estado de derecho y con la democracia y, en este caso, obviamente, con el derecho de defensa. Como decía, algunas de las enmiendas transaccionales que apoyamos son las relativas a la mayor accesibilidad de las personas con discapacidad, cumpliendo con nuestro compromiso y más allá de la reforma del artículo 49 de la Constitución, o las relativas a un mayor reconocimiento del servicio prestado en el turno de oficio, o la aprobación de criterios orientativos por parte de los colegios para la estimación de costas. Pero ustedes, señores del Gobierno, nos han vetado enmiendas que recogen legítimas reivindicaciones de la abogacía, como son la actualización anual de los importes del turno de oficio, la regulación de la defensa de oficio respecto de las personas jurídicas y la repercusión por parte del Estado del coste de la defensa de oficio prestada cuando finalmente no se concede ese derecho al solicitante de la asistencia jurídica gratuita. Y es que no olvidemos que los profesionales de la abogacía son el medio fundamental para hacer real y efectivo este derecho de defensa de los ciudadanos, así que démosles, entonces, todas las facilidades y herramientas para desempeñar mejor su trabajo. Ustedes han sido cicateros con ellos. Aquí tenemos, en su representación, a la presidenta del Consejo General de la Abogacía y a los distintos decanos, a quienes no podemos sino transmitir nuestro reconocimiento por la labor que estos profesionales desarrollan. (Aplausos).»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Hay otros ejemplos de iniciativas legislativas que podríamos poner, como la ley de memoria histórica. Se viola el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de información y la libertad de cátedra, por no hablar del derecho a la libertad religiosa. Porque, según sabemos, es un propósito resuelto del Gobierno expulsar a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, que es un monasterio autónomo y que canónicamente solamente obedece la autoridad de su abad. Ustedes piensan expulsarlos. ¿Me puede decir si para usted esto no es lesivo para el derecho a la libertad religiosa de una comunidad religiosa? Porque si no, ya me contará usted lo que entiende por derecho a la libertad religiosa y, por cierto, lo que entiende usted por principio de laicidad, porque si resulta que el Estado, siendo laico, va a tener un gobierno que decide quién está o no está en un monasterio y qué comunidad religiosa lo tiene que habitar, entonces, mire usted, apague y vámonos. Todas sus iniciativas en materia de derechos fundamentales o han sido lesivas de estos o son siempre iniciativas que encubren acciones ideológicas e ideologizadas, revestidas, por lo tanto, siempre de un manto de falsedad y de ignorancia absoluta en materia jurídica. Se lo he dicho a usted muchas veces: usted, de derecho, sabe muy poco y cada una de sus actuaciones ilustra crecientemente este grado de ignorancia.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«No se resuelve satisfactoriamente tampoco el problema de los haberes pasivos, léase pensiones de jubilación de abogados y procuradores mutualistas. Esta es una petición sobre la que estos colegios profesionales han insistido mucho -y creemos que con razón- y todavía hay alguna enmienda viva sobre este particular. Se añade una regulación parcial e innecesaria de los colegios profesionales. Bien, pero también están regulados en otra ley. No sé en qué incrementa esto lo qué sería un valor legislativo que constituya una novedad relevante en nuestro ordenamiento. Mire, el Gobierno -tampoco el Partido Popular- no se caracteriza por su apoyo a los derechos fundamentales. Las violaciones de tales derechos por parte de las iniciativas del Gobierno son constantes; son constantes. Sí, sí, no me mire con esa cara de asombro. Usted sigue sin dar aquí, y tampoco el presidente del Gobierno, una explicación acerca de por qué se declararon inconstitucionales dos decretos del estado de alarma, ¡ninguna!, y ninguna es ninguna; todavía se la debe usted a esta Cámara. Si eso no es una violación de derechos fundamentales, pues no sé lo que entiende usted por violación de derechos fundamentales.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la venia. Estamos en presencia del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa; proyecto, quizá, no de todo punto necesario, toda vez que el texto remitido por el Gobierno a las Cortes, al Congreso, consiste en positivizar como norma lo que sería un precipitado de jurisprudencia constitucional y de tribunales internacionales, principalmente la Corte Europea de Derechos Humanos, en materia de derecho a la defensa, cuando no se trata de una mera reiteración de particulares ya regulados en leyes vigentes en nuestro ordenamiento. Es decir, no vemos... (Rumores). Perdón, señora presidenta, a mí me molesta sobremanera que estos señores estén hablando. Entonces, o les llama usted la atención, o tendré que decírselo yo.»
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María José Rodríguez de Millán Parro · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Lo crucial del Partido Popular no es que traicione a los españoles, a los que sacan a la calle a protestar contra el Gobierno, mientras que a sus espaldas se dedicaban a negociar con él, en lo que ha terminado siendo, según ustedes, el inicio de una amistad. Lo peor es que el Partido Popular ya constituye la otra pata de un sistema que opera contra la igualdad de los españoles y de reparto de las cuotas de poder, donde el PSOE miente más descaradamente y el Partido Popular se camufla jugando al despiste. El día de mañana no podrán esgrimir que ustedes han sido víctimas de nada porque, a diferencia de sus votantes, que no confían en Sánchez, ustedes han decidido participar deliberadamente de este reparto en las cuotas de poder de la justicia. Y la situación es aún más grave por el hecho de que el acuerdo entre este Partido Popular y el PSOE haya tenido que ser tutelado por la Comisión Europea, como si España fuera un Estado fallido. Vergüenza les debería dar someterse al tutelaje de un tercero. (Aplausos). Señorías del Partido Popular, cuando más débil estaba el Gobierno de Sánchez, cercado por la corrupción, luchando por sobrevivir cada siete días a base de decretos cuya aprobación depende de sus socios separatistas, ustedes han salido al rescate para facilitarles el acuerdo más importante al que podía llegar el Gobierno. ¿Cómo vamos a denunciar ante Europa que estamos en manos de una autócrata, que se está agrediendo el Estado de derecho, que se está atacando a los jueces y a la prensa libre si le legitiman en Bruselas pactando con el Partido Socialista y en España repartiéndose los jueces? (Aplausos). ¿Cómo lo vamos a hacer? Partido Socialista y Partido Popular han normalizado que se hable de jueces progresistas y jueces conservadores, y, cuando la justicia lleva apellidos, deja de ser justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
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Gabriel Rufián · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Así que queda poco que decir, más allá de algunas cosas que ustedes están vendiendo. Yo entiendo que las vendan, pero creo que es importante por nuestra parte contrarrestar. La primera es que la razón de Estado es una gran mentira. Es una gran mentira. Existe la complicidad de la sinrazón de Estado, porque cada vez que alguien esgrime el tan cacareado argumento de la razón de Estado pasan cosas como que ustedes, PP y PSOE, vetan comisiones de investigación en torno a corruptelas de la Casa Real. ¿Eso es razón de Estado o es complicidad? Cada vez que alguien esgrime el tan cacareado argumento de la razón de Estado, PP y PSOE mutilan buenas leyes, leyes atacadísimas mediáticamente como, por ejemplo, la ley del solo sí es sí. Cada vez que alguien esgrime el tramposo argumento de la razón de Estado, de la complicidad de Estado, el PP y el PSOE, mediante el artículo 155, se cargan el Gobierno de Cataluña simplemente porque no les gusta. Cada vez que alguien esgrime el tan tramposo y cacareado argumento de la razón de Estado, ustedes se reparten no solamente el máximo órgano de los jueces, sino también Radiotelevisión Española, la CNMC, el Banco de España o pactan leyes como la ley del suelo.»
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Míriam Nogueras · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Por muchos discursitos y cartas que hagan los socialistas, por mucho que intenten vendernos -que la gente se lo cree- que viene el lobo, que, si no me votas a mí, viene él y que paremos a la derecha, la realidad es que los socialistas regalan al Partido Popular las decisiones importantes. Cuando gobierna el PSOE, acaba decidiendo igualmente el PP, acaba decidiendo igualmente la derecha española. Ya dicen que lo que más se parece a un político español de derechas es un político español de izquierdas. Continúa, pues, la farsa de la democracia española y no se trata de que se acabe la fiesta; se trata de que se acabe la farsa y aquí nadie ha tenido las narices de plantar cara y llegar hasta el final, quizás porque han visto lo que les pasa a aquellos que sí lo intentan. Si hablan de democratizar la justicia, hagan ustedes reformas reales, pero dejen de montar numeritos; creen mecanismos de protección contra 'Marchenas', 'Llarenas' o 'Aguirres'; prohíban las puertas giratorias; deroguen la Audiencia Nacional, que es lo mismo que era el tribunal del orden público; incluyan a los jueces en la ley del jurado. ¿Están dispuestos a hacer esto? No lo están, no se atreven, no habrá regeneración democrática. España no será una democracia hasta que no se acabe con la mafia judicial.»
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Ione Belarra · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Sin embargo, la derecha judicial ha demostrado estos días que tenía otros planes. Solo cuatro días después del acuerdo -cuatro días- hemos sabido que el juez de la supuesta trama rusa del procés tomaba decisiones judiciales con el único objetivo de tumbar al Gobierno; que la jueza Pérez Fuentes ha absuelto al organizador del acoso continuado contra Irene Montero y Pablo Iglesias, y, como colofón, nos hemos enterado el mismo 1 de julio que los jueces Pablo Llarena y Marchena han retorcido la ley de amnistía para que no se aplique a los líderes independentistas Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, subvirtiendo de manera muy profunda la voluntad expresa y clara de este Congreso. Creo que no hace falta hacer un croquis para entender lo que está pasando, que la derecha judicial ha querido demostrar que manda más que este Congreso y que manda más que los representantes legítimamente elegidos. Señor Bolaños, yo creo que ustedes pensaban que, con esta rendición, con esta renuncia a transformar, la derecha iba a parar, pero eso nunca es verdad. La derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo, y eso es lo que demuestran estos cuatro días. Así que ahí va nuestra propuesta para hoy, señorías del Grupo Socialista. Rompan el acuerdo con el Partido Popular, rompan el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y renueven este Consejo con la mayoría democrática. Aprueben una ley de medios que acabe de una vez por todas con la corrupción periodística. Además, este acuerdo viene a legitimar la guerra sucia judicial que se ha hecho contra Podemos, sí, pero también contra los partidos independentistas, también contra las sindicalistas de La Suiza, a las que acaban de condenar a prisión, y también ahora contra la familia del presidente.»