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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en...
«Señor presidente, el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para delegar competencias estatales en materia migratoria de Cataluña es la nueva excusa del Partido Popular para patalear por la normalización en Cataluña. Gobernando ustedes, señores del Grupo Popular, acordaron delegaciones de competencias estatales a comunidades autónomas cuando consideraron, porque el artículo 150 de la Constitución lo autoriza. Durante su primera legislatura, Aznar se apoyaba en Convergència i Unió para gobernar y transfirieron -que es más que delegar- competencias exclusivas del Estado sobre tráfico a Cataluña. Durante otros gobiernos del Partido Popular, el Congreso admitió proposiciones de ley de transferencia de competencias para convocar referéndums sobre los servicios meteorológicos o sobre aeropuertos y tráfico aéreo; todo, competencias exclusivas del Estado. Prácticamente la totalidad de comunidades autónomas tienen normativa propia en materia de acogida o integración de personas extranjeras. Hoy existen innumerables problemas de gestión para la expedición y renovación de los permisos de residencia a extranjeros. Las delegaciones del Gobierno están saturadas para estos trámites o para dar citas de solicitudes de protección internacional. Delegar a las comunidades autónomas mientras que se gestione aplicando leyes estatales no es ningún problema en un Estado descentralizado. (Aplausos). El acuerdo entre el Partido Socialista y Junts puede contribuir a agilizar tramitaciones y, por tanto, a dar mayor seguridad jurídica y un trato más humano a las personas extranjeras en nuestro país, y también puede ser mejorado impidiendo demagogias, porque no pueden difundirse ni legitimarse discursos racistas y xenófobos construidos con los argumentos discriminatorios y falsarios que utilizan las derechas racistas; los difundidos de forma ofensiva por VOX, pero también por el Partido Popular, señora De Meer, que en su cuenta de X publicó respecto a la dana que si pides las ayudas en árabe -literal- estas llegan antes, habitual argumento de la extrema derecha; o las declaraciones xenófobas de la señora Ayuso atribuyendo a extranjeros procedentes de Canarias reyertas y agresiones sexuales que nunca habían ocurrido. En aquella ocasión le tocó el papelón de justificar esos despreciables comentarios al señor Sémper. El Partido Popular no debería rebajarse, entrando en competencia con VOX, atacando a personas honradas y trabajadoras que vienen a nuestro país para contribuir a su desarrollo, para hacer trabajos que nadie quiere hacer por su dureza o sus malas condiciones laborales, o como los de cuidados a nuestros familiares, incluyendo las familias de quienes votan a VOX. Apoyaremos la delegación de competencias en materia migratoria a cualquier comunidad autónoma siempre que se respeten los derechos humanos y se mejore la situación de las personas extranjeras en nuestro país, definiendo bien el alcance y la validez de los permisos de residencia expedidos por una comunidad autónoma, incorporando procedimientos de homologación para su utilización en otros territorios del Estado y evitando la multiplicación de burocracia. Y respecto a la aplicación del régimen sancionador en materia de extranjería, velando por que siempre se aplique la misma normativa en cuanto a sanciones y garantías en cualquier lugar del Estado.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Hagámoslo, en nombre de miles de familias españolas que desde hace cuarenta años acogen cada verano a niños y niñas saharauis en el proyecto Vacaciones en Paz, iniciado por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, y del movimiento de solidaridad con los presos políticos saharauis que se moviliza cada semana desde hace cuatro años en apoyo de quienes han sido condenados por Marruecos solo por defender de forma pacífica el derecho a la autodeterminación. Reconozcamos el sentir mayoritario de toda la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Hoy esta Cámara puede acabar con la discriminación de los saharauis respecto a personas de otros pueblos que también han sido parte del Estado español en cualquier momento de la historia: dos años de residencia legal y continuada exigidos a estas últimas, frente a los diez años que ahora mismo se exigen a los saharauis. (Aplausos). Y es un orgullo para cualquier diputada o diputado aprobar una iniciativa tan importante, que va de personas más que de leyes, de vivencias más que de derechos, de justicia práctica y humana más que de jurisprudencia (aplausos), de arena, calor, campamentos y dignidad más que de DNI, sellos o pasaportes. Nuestras hermanas y hermanos saharauis deben ser reconocidos como lo que son, nuestros iguales. Saldemos la deuda histórica con el pueblo saharaui. Llevamos cincuenta años de retraso: no perdamos más tiempo mirando a otro lado. España sigue siendo, de iure, la potencia administradora del territorio, aún pendiente de descolonización. Y no estamos regalando la nacionalidad a nadie, estamos devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Pero el 17 de octubre del año 2024 el Consejo de la Unión Europea acordó reforzar el derecho internacional, conforme a la Carta de Naciones Unidas, y respetar el derecho de libre determinación de los pueblos, y el 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, país que se obstina en incluir al Sáhara Occidental como territorio propio. El Tribunal de Justicia Europeo decide que los productos procedentes de los territorios saharauis ocupados deben etiquetarse expresamente como productos del Sáhara Occidental, porque ese territorio no es Marruecos (Aplausos). Y esas sentencias reiteran el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y reconocen la condición del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, que es el legítimo y único titular del derecho de autodeterminación del territorio, recordando que es un pueblo que, a raíz de la ocupación del año 1976, ha tenido que abandonarlo. Y concreta que el pueblo saharaui está compuesto por 500 000 personas, de las que 255 000 se encuentran en campamentos de refugiados en Argelia, 125 000 están en la diáspora y otras 125 000 están en territorios ocupados por Marruecos, de forma que el resto de los habitantes del territorio ocupado deben ser considerados como colonos. Y concluye que, debido a la situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos -?literal-, 'es necesario el consentimiento del pueblo saharaui para acuerdos con la Unión Europea que incumban a productos del Sáhara Occidental'. Para el tribunal de la Unión Europea esto es jurisprudencia consolidada, y el respeto a la legalidad internacional nos obliga a cumplirlo. No hay formas distintas de aplicar el derecho internacional en función de que afecte a ucranianos, palestinos o saharauis. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Empiezo con una enhorabuena emocionada a nuestra diputada saharaui y señalando que hoy nos enfrentamos a ataques inaceptables al derecho internacional, creado precisamente para garantizar la paz y la convivencia entre pueblos y naciones. Nuestro grupo parlamentario defiende que es imprescindible construir amplios consensos entre fuerzas democráticas en defensa del derecho de libre determinación de los pueblos, la paz y la cooperación multilateral para el arreglo pacífico de controversias, y todos los grupos de esta Cámara deberíamos coincidir en que la guerra en el Sáhara Occidental la inició la actual potencia ocupante, Marruecos, que es una agresión contraria al derecho internacional y que la paz debe beneficiar a todas las partes, no puede beneficiar solo al agresor. Sin ambigüedades, son principios que defendemos aplicables a cualquier conflicto o territorio, y es doctrina de la Corte Internacional de Justicia que un pueblo sometido a colonización tiene la opción del derecho a la autodeterminación, y nada ha variado jurídicamente desde 1991, cuando se constituyó la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental para la realización del referéndum en ese territorio sometido a colonización. Lo que ha cambiado es que Marruecos ha realizado una intensa campaña minando los apoyos a la libre determinación del pueblo saharaui.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Vamos a defender la democracia de quienes quieren acabar con ella, de Trump y de Musk o del Partido Popular y de VOX, porque la democracia la hemos construido con mucho sacrificio, a pesar de los obstáculos y ataques desestabilizadores de la derecha durante lo que el PP llama la 'luminosa Transición', y aún hoy soportamos manifiestos de militares fascistas que el PP y VOX nunca desautorizan. Acusan al Gobierno de atacar la independencia de los jueces, pero hace dos días organizaron unas jornadas en las que agitaron a magistrados, obligados a aplicar la ley, para que denunciaran las tropelías del Gobierno, en palabras del señor Tellado y del señor Feijóo. Un aquelarre de barbaridades repetidas por sus corifeos en el Poder Judicial, encantados de dejarse utilizar por el Partido Popular. Hay jueces que hacen política y deberían abstenerse de hacerlo, al menos así parecerían independientes. (Aplausos). Porque el PP ha organizado una persecución judicial al fiscal general con la excusa de una filtración procesal que ha sido diseñada desde la Puerta del Sol. Han causado grave daño a una institución esencial del Estado de derecho. El Tribunal Supremo todavía no ha concretado cuál sería el secreto revelado que les ha servido para imputar al fiscal general. Atacan la autonomía del Ministerio Fiscal para convertirlo en otro actor al servicio de su agenda trumpista. Utilizan a organizaciones criminales de extorsionadores para degradar la democracia; le han puesto un sueldo en el Senado a un capo de 'Manos Sucias' (aplausos), el abogado del grupo extorsionador en la causa contra el fiscal, que se autodefine gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal de las que se beneficia el Partido Popular, a la vez que nutre a los medios difusores de bulos y mentiras.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Presidenta, diputados y diputadas. Según la moción, España es un estado fallido y el Estado de derecho ha desaparecido. Difunden una imagen de país incompatible con la seguridad jurídica imprescindible para continuar progresando económica y socialmente. El Partido Popular es una maquinaria de sabotaje de las políticas públicas incapaz de reconocer que nuestros avances económicos y sociales nos han convertido en la envidia de Europa, como titulaba el lunes la BBC británica. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Claro que hay mucho que hacer aún, pero ustedes votaron en contra de las subvenciones al transporte para las personas mayores, los trabajadores y los jóvenes; votaron contra las ayudas a las víctimas de la dana, a las que el PP abandonó en un barrizal de incompetencia criminal (aplausos), y por quinto año se han opuesto a las subidas de las pensiones y del salario mínimo. Asimismo, secuestraron cinco años al Consejo del Poder Judicial, y pretenden actuar a su antojo en el Congreso como si tuvieran mayoría y lo exigen como condición para cesar su ataque a las instituciones. Continúan sin reconocer la legitimidad de las leyes aprobadas, y pretenden equiparar al Congreso con la cámara antisistema en la que han convertido el Senado, dedicada a sabotear la actividad legislativa de las Cortes y a organizar bochornosos espectáculos propios de la estrategia de reality show de la jefa de su partido, la señora Ayuso.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Nuestro grupo parlamentario denuncia esta estrategia trumpista (risas) y convocamos a toda la sociedad a defender la democracia a la que la derecha está poniendo en grave peligro en todo el mundo. Los sectores más conservadores y corporativos de la justicia han perdido toda independencia, imparcialidad o neutralidad. Hemos conocido que el PP, experto en destruir pruebas a martillazos, tiene ahora a sueldo en el Senado al abogado del grupo extorsionador Manos Limpias en la causa contra el fiscal general. La web de la Cámara Alta lo tiene asignado al Grupo Parlamentario del Partido Popular. El señor Soriano, gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal, se pone la venda antes de la herida y afirma que no es lo mismo si la filtración de un sumario la hace un abogado como él o un fiscal. Esto nos confirma que el PP organiza las filtraciones de información contenida en procedimientos judiciales que le interesa hacer, ya sean filtraciones que interesan a Alberto 'el de Quirón' o las que ya hemos empezado a ver, la filtración de forma absolutamente irresponsable de información procedente de los dispositivos electrónicos intervenidos al fiscal general. ¿Quién va a responder cuando la información relativa a investigaciones de organizaciones criminales se filtre?»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La imputación formal del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe provincial de Madrid y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica por una nota con la que la Fiscalía General del Estado desmentía un bulo manipulador difundido por el gabinete de la señora Ayuso supone criminalizar el funcionamiento de una institución como el Ministerio Fiscal. Estamos ante una imputación judicial que ignora el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, norma que regula la dependencia jerárquica en la Fiscalía, como establece el artículo 124 de la Constitución. Según la sorprendente resolución judicial, la obligada dación de cuentas al fiscal general por los fiscales puede ser considerada a partir de ahora como un delito. Es una resolución que adolece de absoluta falta de indicios de criminalidad, lo que debería llevar de forma inmediata al archivo del procedimiento. Pero esta causa es una sorprendente caza de brujas que ha contado con la entusiasta participación de una conservadora y politizada Asociación de Fiscales, que ejerce una de las acusaciones. (Rumores.-El señor Pérez López: Bueno, bueno, bueno). Nunca la autonomía del Ministerio Fiscal se había puesto tan en peligro. Órganos muy importantes de la justicia se han convertido en actores políticos: o bien ponen en entredicho la aplicación de las normas que aprueba el Parlamento, o bien abren procedimientos judiciales al dictado del Partido Popular usando a sus organizaciones satélites como acusaciones. Es la derecha política la que ha abierto una investigación judicial al fiscal general del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de no tan desconocido origen, sin importarles que su estrategia judicial deslegitime una institución esencial en el Estado de derecho. Se les ha ido la mano en sus ataques a la democracia y al Estado de derecho, ataques en coordinación con los sectores más reaccionarios de la justicia, de los poderes económicos y de los medios de comunicación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Las derechas han pasado del bloqueo institucional al Consejo del Poder Judicial al bloqueo a cualquier medida para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para reconocer derechos a sus usuarios y a los profesionales de la justicia. No asumen que la justicia es de toda la sociedad, no de su propiedad. Es un servicio público cuya finalidad es satisfacer los derechos fundamentales de la gente en democracia. Por eso, por supuesto, estaremos en contra de estos vetos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ayer asistimos estupefactos a la última cacicada del Partido Popular y VOX para controlar la justicia. Tras el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, negándose a cumplir la Constitución, llegan las renovaciones de los tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, y la primera sorpresa fue ayer en las Cortes de Castilla y León, con un espectáculo inaceptable en el Pleno. La terna de jueces propuesta por el Partido Popular fue derrotada por 31 votos a favor y 35 en contra. A pesar de perder la votación, el presidente de la Mesa de las Cortes, de VOX, impuso que quedaba aprobada la terna rechazada por la asamblea legislativa. Este es el respeto a la democracia y a la justicia del Partido Popular y de VOX: pierden una votación y la dan por aprobada. (Aplausos). VOX retuerce la institución y el Partido Popular se aprovecha. Y las derechas hablan de despolitizar la justicia, pero eso solo lo defienden cuando no pueden secuestrarla y ponerla a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lleva diecinueve años presidido por un juez nada neutral ni imparcial, que declara, por ejemplo, que el Partido Comunista de España no puede tener los mismos derechos que el resto de los partidos. Y esta transgresión de las reglas básicas de la democracia la continúan hoy con estos vetos del Partido Popular y VOX tras la cacicada del Partido Popular para conseguir controlar la justicia en Castilla y León. Desde luego, los argumentos de su veto decaen totalmente; ya no pueden alegar malas técnicas legislativas o voluntad de intervención de este Gobierno en la justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En la izquierda plurinacional nos oponemos al veto de las derechas y reiteramos que nos comprometemos a abordar rápidamente la aprobación de acciones colectivas en garantía de derechos de consumidores y usuarios, para impedir las prácticas abusivas de las grandes empresas. (Aplausos). Y también quedan pendientes en esta ley más medidas para proteger las condiciones de trabajo y el empleo en el Servicio Público de Justicia, como ha venido reclamando Comisiones Obreras. También hay que dejar sin efecto esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno, que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos. Es bastante cuestionable que lo consigan, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso obvian la condición de vulnerabilidad de los inquilinos. Como aquí se ha explicado, se trata de un error no intencionado de algunos grupos, que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados golden visa de quienes especulan con la vivienda (aplausos), cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional -y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos-, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como -literal- un programa comunista de subversión de las instituciones. La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero no solo convirtieron la ley de seguridad en ley mordaza, también endurecieron las mordazas en el Código Penal, criminalizaron y restringieron el derecho de huelga y de la libertad sindical, con lo que llevaron al banquillo a los ocho sindicalistas de Airbus por ejemplo. Y, afortunadamente, esa mordaza a los derechos sindicales ya la hemos derogado en el año 2021. Pero también convirtieron en delito la libertad de expresión; por ejemplo, criminalizaron la crítica a la familia real y al jefe del Estado. Y para que los jueces pudieran aplicar esas mordazas con manga ancha en este país, sin que nadie les exigiera responsabilidad por estos excesos, modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2015 y suprimieron la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados, ¡la única profesión en este país a la que no se le puede exigir responsabilidad civil! ¡Todo muy democrático! (Aplausos). La mayoría parlamentaria democrática va a utilizar esta legislatura para recuperar todas esas libertades que las derechas nos han quitado, y es motivo de orgullo aprobar una nueva ley, ahora, de convivencia ciudadana. El objeto de esa ley -métanselo en la cabeza- será el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la preservación de la convivencia ciudadana, un objeto ajustado a cualquier sistema democrático, un objeto que cualquier demócrata aceptaría de buen grado. Hagan un esfuerzo e intenten soportar un poco la democracia. Gracias.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Por eso, ustedes amordazan las protestas populares. Ustedes amordazaron la libertad de reunión y de manifestación; ustedes amordazaron la libertad sindical y el derecho de huelga; prohibieron que se hicieran manifestaciones en determinados lugares, y levantaron un Gran hermano orwelliano, acabando también con el derecho a la intimidad de la ciudadanía. Todo ello para desempolvar el concepto de orden público que utilizó el franquismo y que les encanta, y que resulta incompatible con un orden democrático y pluralista en el que se pueden ejercer derechos de ciudadanía. Por eso, no quieren celebrar los cincuenta años del fin del franquismo. (Aplausos). Ustedes dieron al Estado competencias para intervenir prácticamente sin límite alguno, dotándolo de una presunción casi con plena legitimidad en sus actuaciones. Esos son los que se autodenominan liberales. La supuesta desobediencia a las órdenes de la Policía es ahora indistinguible de la libertad de expresión, y cualquier contrariedad puede ser considerada falta de respeto y sancionada. Estas mordazas han provocado una gestión autoritaria de las manifestaciones ciudadanas y unos comportamientos del Estado muy poco democráticos. Y ya les he dicho que está muy alejado de lo que defiende Naciones Unidas, y lo que es peor: han dado lugar a la aparición de comportamientos politizados en algunos sindicatos policiales, que han llegado a firmar acuerdos de formación con grupos violentos paramilitares, con el conglomerado Desokupa. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Señor presidente. El número de insultos de los novios de la muerte es inversamente proporcional a sus argumentos, algo bastante lógico en esta legislatura, según lo que estamos viendo. (Aplausos). Pero aquí venimos a hablar de España y de las libertades públicas, y yo sugiero que la derecha y la extrema derecha comiencen a normalizar un poco la democracia, porque aquí cada quien responde de sus actos y no de los que les han antecedido. Y si ustedes no van a apoyar ninguna norma de Bildu por lo que ocurrió en el País Vasco, nos ponen en la coyuntura de no poder aprobar ni apoyar ninguna norma del partido fundado por ocho ministros de Franco (aplausos), uno de los cuales firmó la sentencia de muerte de Julián Grimau. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. Al PP y a VOX se les llena la boca con la palabra libertad; libertad para lo que ustedes quieren, desde luego, porque a los demás solo nos dejan libertad para tomar cañas y tenernos entretenidos. Mientras, nos van quitando derechos y libertades uno detrás de otro, que es lo que hacen cuando gobiernan. Ustedes, en lugar de tomar medidas contra la crisis económica, en el año 2015, declararon un auténtico estado de excepción mediante sucesivos recortes de libertades. No es tomando cañas como se ha construido la democracia y se han traído las libertades, ha sido ¡protestando!, y con grandes movilizaciones sociales que han hecho temblar a los poderosos y las injusticias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«La regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia; no es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la okupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales, y mucho menos es cierto que, cuando salimos de casa, nos okupen la casa. Eso es un bulo; no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales, y nada de eso se regula ni se contempla ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana; ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. (Aplausos). Confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales; les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales en lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales (aplausos), que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante cincuenta años. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aun no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que buscan la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. (Aplausos). Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogo con quienes se manifiestan. Por eso, esta proposición de ley incorpora una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza, y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación, como la regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Hoy hemos conocido que una niña de once años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado tres días naufragando en el agua, la única superviviente de un naufragio, y esto se ha debido al abandono criminal de Gobiernos europeos. Por eso, también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«El Partido Popular afirma que está dispuesto a mejorar y les pedimos que sean coherentes con esa afirmación y que se sumen a las modificaciones propuestas, para que acabemos con las mordazas a la libertad que ustedes nos impusieron y para adaptarnos a los estándares de los países más civilizados, que también invierten en profesionalización de sus cuerpos policiales mediante la utilización de técnicas de resolución de conflictos acordes a los principios de actuación policial y limitaciones del uso de la fuerza establecidos por las Naciones Unidas y propuestos por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque así es cómo se refuerzan los instrumentos de los que disponen las fuerzas de seguridad en un Estado de derecho para garantizar la seguridad ciudadana. Ningún demócrata debería tener problemas en que se introduzca en la ley la obligación de utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Hagan un esfuerzo, cambien de mentalidad. No es la utilización de la fuerza lo que hace más profesional a una policía en la democracia, y eso lo saben esos señores a los que han invitado, sino estar debidamente capacitados y contar con medios de control de aglomeraciones que no hagan necesario recurrir a la fuerza. El argumento del Partido Popular y de VOX sobre que la reforma de la ley debilita el principio de autoridad policial dice muy poco de la consideración que estos partidos tienen de la preparación profesional y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«¿Quién está en estas enmiendas? En primer lugar, VOX, los novios de la muerte, que apenas hace dos semanas defendieron expresamente en este pleno el régimen dictatorial de Franco. Nunca han luchado por las libertades públicas ni por la democracia; han proclamado en distintas ocasiones que el Gobierno dictatorial de Franco era mejor que un Gobierno democrático; apoyan el uso de la violencia para la resolución de controversias y conflictos; proponen políticas discriminatorias para quien no sea varón, blanco, católico, heterosexual y nacional español (aplausos); defienden abiertamente medidas restrictivas de los derechos de las mujeres para que no puedan decidir sobre su cuerpo ni puedan desenvolverse socialmente con igualdad respecto a los hombres, y afirman en su enmienda a la totalidad que la recuperación de las libertades públicas, que sin duda supone acabar con la ley mordaza, representa una amenaza porque mina las bases de autoridad, seguridad y eficacia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Su propuesta es liberticida y autoritaria. Ustedes quieren acabar con los derechos conquistados por quienes se opusieron a la Dictadura. Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima oportunidad. Miren, tenemos memoria y recordamos -se lo recordamos a quienes no lo vivieron- que ustedes son los correligionarios de quienes reprimieron a los luchadores y las luchadoras sociales, a quienes nos devolvieron el derecho de reunión y manifestación al traernos la democracia. Ustedes y el PP quieren mantener restringidos los derechos que en su día eliminó esa dictadura militar que tanto defienden. Y ya, el no va más es que se opongan a exigir coherencia lógica y razonabilidad en las actuaciones administrativas que acuerdan sanciones. Para ustedes, lo lógico y lo razonable, literalmente, vulnera la eficacia del ejercicio de seguridad ciudadana y obstaculiza el ejercicio del mantenimiento del orden público. Todo muy científico. Desde luego, no es democrático defender la arbitrariedad como forma de actuación de los poderes públicos. La arbitrariedad es propia de regímenes autoritarios como los que están construyendo los Milei, los Orban o los Putin, tan del gusto de la ultraderecha española. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías. La verdad es que cuarenta y ocho horas después de conmemorarse el Día mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, VOX y el Partido Popular, oponiéndose primero a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta para seguir manteniendo las graves restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron: el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales y la expansión de libertades públicas se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que desgraciadamente tenemos, que siempre intenta acabar con las conquistas sociales conseguidas por siglos de lucha de la clase trabajadora. Y no solo trata de acabar con las libertades, sino también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Ya es costumbre que el Partido Popular y VOX se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora (aplausos) -la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, las medidas para disminuir la precariedad laboral o las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda-, pero, además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos, y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira -como hemos visto- como forma de hacer política. Y llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, ya es para nota.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«La judicatura que renuncia a ser imparcial no puede estar exenta de crítica y todos tenemos el mismo derecho de libertad de expresión que el Consejo General del Poder Judicial aplica para exonerar impresentables actuaciones de la judicatura. El Partido Popular utiliza ampliamente la libertad de expresión cuando despelleja a jueces que resuelven de forma contraria a lo que consideran su derecho a la impunidad. El Partido Popular machacó al juez De Prada, ponente de la sentencia Gürtel; Monago, Martínez-Almeida, De Cospedal, Rafael Hernando y Carlos Rojas descalificaron la sentencia y al juez y dijeron que era cercano a ETA. Durante la instrucción de las causas Gürtel y Bárcenas, el PP atacó a los jueces instructores y a los fiscales generales del Estado. Rajoy tildó de cacería las investigaciones. De Cospedal y Cifuentes acusaron de hacer política de incoherentes e hipócritas a los jueces que paralizaron en 2014 la privatización sanitaria. Y el señor Hernando acusó al juez Pedraz de pijo ácrata y de hacer demagogia política indecente. ¿De qué respeto a los jueces nos hablan ustedes? Al PP la democracia le estorba tanto que está poniendo a generales a hacer política. Una vicepresidencia y una secretaría autonómica para la reconstrucción son responsabilidades políticas en una democracia. Si un teniente general, vicepresidente, desprecia las responsabilidades políticas, está despreciando la democracia (aplausos) y al anunciar que no acatará órdenes políticas se pone a la altura de quienes sustituyeron democracias por dictaduras. Nadie se puede imaginar al general jefe de la UME diciendo que no acatará órdenes políticas. Y un general apolítico ya nos gobernó cuarenta años en dictadura. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Como ya han presentado enmiendas a la PL del Grupo Socialista, que no están en esta PL, ¿debemos entender que esta PL que ahora debatimos es insuficiente, que está insuficientemente redactada? ¿Hay más explicaciones? ¿Es, simplemente, porque han llegado tarde? ¿Esta actuación carente de lógica es porque no se han enterado de que existe otra en tramitación legislativa que ya ha cerrado el plazo de enmiendas? ¿Quizás es simplemente una sutil trampa para luego decirnos que no están de acuerdo con lo que ustedes votan? No sé qué explicación darle. En la práctica, están apartando la atención de los funcionarios y de la sociedad sobre los verdaderos problemas de las prisiones, porque el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad es importante y lo reivindican los sindicatos, pero también es visto con preocupación por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, a todos -a los de los servicios médicos y psicológicos, a los juristas, a los servicios generales, al personal de vigilancia-, y está claro que hay que darles recursos, porque su tarea va mucho más allá de sus competencias -muchas veces tiene una orientación claramente tratamental- y hay falta de medios e inversiones suficientes.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso, estamos obligados a que la actividad de estos jueces y juezas se desempeñe en la totalidad de los días laborables del año. La justicia europea ha ordenado acabar con este abuso de la temporalidad en España y esto nos obliga a acometer un proceso de consolidación en el empleo. Reduciendo la temporalidad aumentaremos el número de jueces por habitante en España hasta los estándares de calidad europeos para que la justicia esté realmente al servicio de la gente y, sobre todo, fortalecemos la garantía de inamovilidad de los miembros de la carrera judicial, porque eso sí que es un pilar fundamental de su independencia. Se incorpora una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo para conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral. También se suprimen las golden visa de quienes especulan con la vivienda, como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial. Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público. Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«En todo caso, le voy a hacer una serie de aclaraciones. Las agresiones a la policía se castigan por el Código Penal. No estamos reformando el Código Penal y no se está abordando ningún debate; con lo cual, cualquier tipo de agresión que sufra cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene la debida protección. Y, desde luego, no es este el objeto de este debate, sino la modernización de nuestro régimen de control del orden público y de prevención de incidentes y de alteraciones del orden público. Es decir, estamos introduciendo -y eso es lo que parece que a ustedes les preocupa- métodos de prevención de las alteraciones de orden público para que no haya que llegar a esas situaciones que se generalizaron durante su Gobierno, que ustedes acostumbran a provocar constantemente, revueltas ciudadanas y alteraciones del orden público. Para acabar rápido, yo lo que pido a toda esta Cámara y a quienes tengan dudas es que no atiendan los argumentos que hemos dado los distintos ponentes que hemos intervenido hasta ahora defendiendo este texto, atiendan al criterio de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les acaba de enviar una carta a todos los grupos parlamentarios -también a usted, señor Tellado- pidiendo que la Cámara apruebe esta toma en consideración. Amnistía Internacional dice que para ellos esta reforma ni siquiera es suficiente, es un paso en el buen camino, y que un país democrático respetuoso con los derechos y libertades públicas todavía podría hacer mucho más. Con lo cual, yo lo que pido es que hagamos más caso a Amnistía Internacional y que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar esta norma, con las debidas correcciones si hacen falta durante su tramitación, para que nuestro país cuente con una legislación en materia de seguridad ciudadana y libertades plenamente respetuosa con los derechos humanos. Y, francamente, no me cabe en la cabeza que un partido de esta Cámara que se dice democrático pueda tener prevenciones o desconfianzas con que se garanticen los derechos humanos a todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Respecto de la comisión de actuaciones relativas a la tenencia de sustancias psicotrópicas, también se va a modificar, de manera que se introduzca una visión más preventiva y menos sancionadora del consumo, que afecta a multitud de personas jóvenes. Y se van a recoger también las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación, de forma que la toma de imágenes en manifestaciones o en operaciones policiales no será sancionable, siempre protegiendo, a la vez, el derecho a la intimidad o la seguridad de los policías y de sus familias. Sin embargo, lo más importante es la introducción de un nuevo modelo de graduación de las sanciones económicas que va a garantizar por primera vez en la legislación española el principio constitucional de proporcionalidad e igualdad para la imposición de las cuantías de las multas. Se van a aplicar siempre criterios vinculados a la capacidad económica del administrado, porque no es lo mismo poner una infracción de 500 euros a quien le sobra el dinero que a quien no lo tiene. Por eso, se va a introducir la aplicación de un criterio de reducción de las sanciones económicas para infractores cuyos ingresos sean inferiores a 2,5 veces el salario mínimo o a 1,5 veces el salario mínimo. Es un criterio pionero y objetivo para la legislación sancionadora de este país. Además, se van a reducir las cuantías de las infracciones leves o graves. A mí algún amigo de la Guardia Civil de Tráfico me ha comentado alguna vez que están hartos de parar a conductores temerarios que, cuando les ponen la multa, dicen que pagan dos iguales y siguen conduciendo a toda velocidad. Eso es lo que se trata de evitar con la introducción de la ponderación de sanciones a imponer (aplausos), que va a afectar especialmente a los menores de edad. Van a existir también criterios para que los jóvenes, y no solamente los jóvenes -que no pasaba hasta ahora-, puedan realizar tareas de reeducación, puedan reparar el daño causado y puedan así reducir las sanciones.»