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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
4 declaraciones
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Juan José Aizcorbe @JuanjoAizcorbe· Vox ·
Esta intervención de @Pepa_Millan en la Diputación Permanente es de una elocuencia y claridad meridiana. Y la emoción sincera cuando habla de las buenas gentes de Urda y de “su Cristo”. Impresionante. Millán, a Puente: "VOX va a hacer lo imposible para que usted pague ante... youtu.be/_7c8e8vMVXA?si… vía @YouTube -
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del...
«Muchas gracias, señor presidente. Algunas iniciativas legislativas nacen para resolver problemas ciertos y mejorar la vida de los ciudadanos. Otras, aparecen para atender compromisos adquiridos en cambalaches políticos, apuntalar mayorías inestables y revestir de interés general lo que responde en realidad a las necesidades de supervivencia parlamentaria. La proposición que hoy debatimos pertenece con claridad a esta segunda categoría. Se nos presenta la creación de un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat, como si estuviéramos ante una gran novedad institucional, destinada a corregir retrasos históricos y deficiencias de ejecución. Conviene, sin embargo, situar las cosas en su lugar. Esta proposición no nace de una reflexión técnica sincera, sobrevenida ni de una súbita conversión a la eficacia administrativa. Forma parte de acuerdos que hicieron presidente de la Generalitat a Salvador Illa, con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya. Es una pieza del precio político de aquella investidura. Y cuando una institución nace como moneda de cambio, suele arrastrar ese origen ilegítimo durante mucho tiempo. Esquerra Republicana de Catalunya, convertido ya en aplicado portavoz del socialismo español, intenta presentar esta propuesta como avance de soberanía. Resulta llamativo llamar soberanía a un organismo financiado de forma principal por la Administración General del Estado y encajado en el marco jurídico del propio Estado al que dicen combatir. Llaman conquista a lo que depende del dinero ajeno y emancipación a lo que exige autorización de Madrid. A estas alturas, más que independentismo, algunos practican una Administración profesional del agravio continuo. (Aplausos).»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente...
«Ustedes, señores del Grupo Popular, proponen el mantenimiento de la alternativa conocida como twin peaks, en el que el responsable de la supervisión de solvencia sea el Banco de España y el de conducta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la consideran técnicamente más sencilla y económicamente más eficiente. Pero dicha alternativa sigue siendo una buena solución para repartir el trabajo de los supervisores. No es una alternativa a la creación de una autoridad de defensa del cliente por la sencilla razón de que esa autoridad no debería ser un supervisor financiero. Su función debería ser aplicar las normas de conducta para reparar al cliente cuando sus derechos hayan sido vulnerados, no vigilar su cumplimiento. Así pues, la alternativa que proponen no cumple su finalidad, pero es que la propuesta del Gobierno tampoco. El régimen propuesto no distingue con claridad entre la organización de la autoridad independiente como parte del organismo político en la organización del sistema de su resolución de litigios, que debería constituir su principal actividad. Si a eso añadimos que el Gobierno socialista ha demostrado ser incapaz de mantener la más mínima neutralidad e independencia en las instituciones, debiendo pasar los nombramientos de presidente y vicepresidente por el Ministerio de Economía y por el Congreso con la mayoría absoluta, lo que se evidencia es que esa neutralidad no existirá y que la independencia de la autoridad independiente es entonces una falacia.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social.
«La Constitución española establece en su artículo 149.1.17.ª la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones para determinar el alcance de dicha competencia en diversas sentencias, declarando que el designio perseguido por el acantonamiento del régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos, según el artículo 41 de la Constitución, que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, tal como apunta también, y hemos dicho, el artículo 149.1 de la Constitución. (Aplausos). La mención separada al régimen económico como función exclusiva del Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de Seguridad Social, y no solo la unidad de regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas, que, entre otras consecuencias, no podrían hacerse cargo, por ejemplo, de las pensiones de dichas comunidades autónomas, pues los porcentajes de gasto en pensiones no estarían cubiertos por los ingresos respectivos, como las provincias vascongadas. La nueva doctrina del Tribunal Constitucional, pactada entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no puede separarse de la deriva que este órgano constitucional de importancia fundamental ha adoptado, particularmente desde que está presidido por don Cándido Conde-Pumpido, modificando lo que era interpretación consolidada y avalando la cesión económica de prestaciones de la Seguridad Social expresamente protegida en la Constitución española. El Grupo Parlamentario VOX ya advirtió de que la cesión del ingreso mínimo vital a las comunidades de Régimen Foral suponía un ataque a la configuración de la Seguridad Social, a la viabilidad del propio sistema y a la igualdad de todos los españoles. (Aplausos). Nuestra fuerza política siempre ha afirmado que tal cesión constituye una ruptura del principio de unidad de caja que debe informar el funcionamiento de la Seguridad Social, en cuya virtud el Estado es y debe ser en todo el territorio nacional el único titular de la totalidad de los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social. No puede existir un elemento de distinción solamente en función del lugar de residencia cuando se trata de los derechos y obligaciones de los españoles beneficiarios de las prestaciones sociales. Es más, la posibilidad de que ciertos territorios puedan asumir la gestión y el pago del ingreso mínimo vital, basado únicamente en el sistema de financiación de dichas regiones con régimen económico especial, implica por sí misma un factor de desigualdad entre los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Es curioso que dicha propuesta venga de las izquierdas. (Aplausos).»