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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
18 declaraciones
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
Este sistema no solo es sostenible con una adecuada capacidad fiscal. También es perfectamente compatible con una prestación universal por crianza que erradique la pobreza infantil, que también redistribuirá renta y recursos por vía de una fiscalidad progresiva. En ello estamos.Ver en X ↗ Ficha respuesta
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
El sistema público de pensiones es la política más redistributiva de nuestro Estado de Bienestar. Las cotizaciones sociales, que pagan las empresas en un 82%, permiten redistribuir renta desde los más ricos hacia el conjunto de las clases trabajadoras.Ver en X ↗ Ficha cita otro tweet
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
Como Nacho explica aquí, fundamentalmente se redistribuye desde las dos primeras decilas de renta, que aportan el 90% del flujo redistribuido. Esto también explica el profundo interés de clase que hay por su desmantelamiento. x.com/nachoalvarez_/…Ver en X ↗ Ficha respuesta
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
Redistribuir renta hacia las generaciones más jóvenes y hacia la infancia es urgente. Pero, ¿desde cuándo el criterio para redistribuir renta y coser una sociedad debe ser la edad de los individuos? Redistribuyamos desde quien tiene más renta y patrimonio hacia quien tiene menos.Ver en X ↗ Ficha respuesta
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
Además, las pensiones públicas son la principal política de redistribución de renta del país, y reducen la pobreza a gran escala. En ausencia del sistema público de pensiones, la tasa de pobreza pasaría del 26% actual al 43%. Millones de hogares caerían en la exclusión social.Ver en X ↗ Ficha respuesta
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
¿Sabéis por qué el sistema de pensiones está en la diana de los recortes que quieren hacer? Porque es uno de los principales logros de la clase trabajadora. Porque es lo que más renta redistribuye entre ricos y pobres, más que la educación, la sanidad y el sistema fiscal juntos.Ver en X ↗ Ficha respuesta
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Pablo Bustinduy @pbustinduy· FA ·
Su objetivo es volver a impulsar rebajas fiscales que únicamente favorecerán a los de arriba, a quienes tienen elevadas rentas y grandes patrimonios, y pueden pagarse sus propios planes privados de pensiones.Ver en X ↗ Ficha respuesta
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«Al señor Figaredo, presunto economista, orador mejorable, señorito ejemplar y, desde hoy, parece ser que aficionado a la genealogía -ya le vale, ya le vale-, le voy a decir solo una cosa: usted seguramente no puede llegar a más; yo le aseguro que yo no voy a llegar a menos; no está usted a la altura de la dignidad que ostenta. (Aplausos). Porque sí, señorías de VOX, se lo voy a decir una, dos, tres y las veces que hagan falta: no tienen ustedes otra patria que el dinero. Son servidores de la oligarquía envueltos en la bandera. (Protestas). ¡Qué desperdicio de educación! Quiero terminar con una reflexión sencilla, no dirigida a esta Cámara, sino a la gente que está ahí fuera. En España, en los últimos años, se está creando riqueza con una intensidad y en un volumen que tiene pocos precedentes en nuestra historia. Y la pregunta es evidente: ¿dónde está? ¿Dónde está esa riqueza? El año pasado, la banca ganó 34 000 millones de euros; récord histórico. Las empresas del IBEX 35 repartieron 29 000 millones de euros en dividendos; récord histórico. Mientras, la patronal arrastra los pies para subir los salarios en la negociación colectiva y cada subida del salario mínimo que impulsa Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo es seguida de un coro de expertos diciendo que va a hundir la economía. Millones de horas extra sin remunerar, que es trabajo gratuito, confiscado, robado, que va directamente, bajo forma de plusvalía, al bolsillo de los jefes. (Aplausos). Se está produciendo la desmantelación, el expolio de los servicios públicos, porque cada vez que tienes que esperar meses para que te atienda el médico o cada vez que tienes que pagar una plaza de escuelita privada porque no hay una pública o una residencia privada porque no hay una pública, están robando a los bolsillos de la clase trabajadora, porque los servicios públicos son el patrimonio de quienes no tienen patrimonio. (Aplausos). Y, por último, la crisis de vivienda no es una crisis meteorológica, no está sucediendo porque sí, es un mecanismo para confiscar las rentas de la clase trabajadora (aplausos), para que el salario que sí le llega a su bolsillo se transfiera a una clase propietaria rentista, que es a quien ustedes defienden hoy aquí con su voto en esta Cámara.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«En este país, el 20 % de la población vive de alquiler. Hay un 5 % de hogares que perciben rentas en concepto de ingresos por alquiler. Ustedes hablan de los pequeños propietarios, pero en los últimos catorce años el número de familias españolas que poseen un inmueble ha caído un 14 %. Los grandes tenedores han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario en estos años. Hoy, el 61 % de los alquileres en España son propiedad de multiarrendadores y personas jurídicas. Seis de cada diez. En ciudades como Madrid o Barcelona, ese número es mucho mayor. Señorías de Junts, en la ciudad de Barcelona, 16 000 personas poseen 200 000 pisos en alquiler. La renta de esos multiarrendadores cuadruplica, de media, la de una familia de inquilinos. El patrimonio de los multiarrendadores multiplica por 450 veces el patrimonio de los inquilinos. El mercado del alquiler en este país funciona como un mecanismo de trasvase de rentas de las clases trabajadoras, de quien menos tiene, a las clases propietarias, a quien más tiene. Las medidas que contemplan los decretos leyes de hoy implican una transferencia a la inversa: 624 millones de euros que van a pasar de los propietarios a los inquilinos. Por eso no va de aritmética parlamentaria, lo que van ustedes a lograr votando que no hoy es precisamente eso, que 624 millones de euros vayan a los bolsillos de quien ya cuadruplica la renta de las familias trabajadoras y que lo pague de su bolsillo el trabajador, la trabajadora, con el fruto de su esfuerzo. (Aplausos). Eso es lo que votan ustedes. Y no va a haber bandera, no va a haber exabrupto, no va a haber escenificación obscena: ¡tendrán las llaves de su casa cuando gobierne Feijóo! Las únicas llaves que hemos visto son las del ático de Ayuso, siete millones de dinero público. (Aplausos). Esa es la política de vivienda del Partido Popular, votar para que desahucien a la gente de su casa (continúan los aplausos); para que te suban el alquiler un 40 %; para que te echen a la calle; para que no sepas si vas a tener que cambiar a tus hijos de colegio porque no puedes pagar el alquiler de la casa donde has vivido toda tu vida, del barrio donde han vivido tus padres y tus abuelos, y te tienes que ir para que pongan un piso turístico ilegal mientras Almeida mira hacia otro lado o para que lo compre un extranjero oligarca para tener un pisito en Madrid. Ustedes no defienden a los españoles, ustedes defienden a los ricos, no tienen bandera ni vergüenza. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«Lo de hoy no va de aritmética parlamentaria, no va de negociaciones entre grupos políticos, no va de enmiendas, no va de la interpretación de este artículo o del otro, lo de hoy es un conflicto de clase. Lo de hoy es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario ganado con el esfuerzo de las clases trabajadoras de este país para repartírselo como dividendos y ni siquiera tributar en España por ese dinero. (Aplausos). Votar que no hoy a estos decretos es defender el interés de esa oligarquía y darle la espalda a tu pueblo. Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña, pero votar que no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir a la única causa y la única bandera del rentismo. Y yo les digo: No están calibrando lo que están haciendo. Muchas veces en esta Cámara se expresa una enorme distancia entre los debates que hay aquí dentro y lo que quiere la gente ahí fuera, pero muy pocas veces esa brecha ha sido tan sideral como lo que está sucediendo hoy aquí, en esta sesión en esta Cámara; muy pocas veces. Y si está pasando esto, si hoy están ustedes aquí y con nombres y apellidos van a tener que suscribir la infamia -la infamia- de dejar desprotegidos a millones de españoles y españolas, es gracias a que la gente se ha levantado, a que un clamor social recorre las calles de todo este país diciendo que ustedes no les representan, que ustedes no les dan solución a sus problemas. (Aplausos). Y hoy, una vez más, van a insistir en ello. Y si la gente en este país ha conseguido eso, también ha conseguido una cosa todavía más valiosa, que es dejar demostrada a la ciudadanía en su conjunto una verdad incontrovertible: que todos los derechos de la gente trabajadora se han conquistado luchando, que ninguno ha sido concedido, que ninguno ha sido regalado, que todos se han arrancado a las oligarquías organizándose, movilizándose y protestando. (Aplausos). Y ustedes quizá hoy vuelvan a tumbar medidas para proteger a la gente trabajadora en este país. Quizá lo consigan hoy también, pero, se lo digo con toda la solemnidad de la que soy capaz: el derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima de los intereses de la clase rentista a la que ustedes representan. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«La adopción de la prórroga y el tope del 2 % de los alquileres supondrá un alivio económico de más de 2000 euros al año para un hogar medio. Pero en ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla o Madrid, hablamos de una diferencia de 600 o 700 euros al mes por hogar. Yo les pido que imaginen la magnitud de este alivio para una economía familiar media. Pónganlo en proporción con cualquiera de las medidas que ha adoptado esta Cámara o que ustedes proponen adoptar, sea en energía, en alimentación, en tributación, en mejoras salariales. Imaginen el impacto en la vida real de cientos de miles de hogares. Y ahora piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que no. Otro de los pseudoargumentos que he oído repetirse en estas semanas es que es el Estado quien debe asumir el coste de la protección social y no los ciudadanos. Es un argumento que no tiene sentido en el caso de la prórroga, que no supone coste ni merma alguna en la posición de ninguna de las partes. Los arrendadores van a seguir percibiendo sus rentas con total normalidad. Los inquilinos van a seguir pagándolas cada mes. El único coste esgrimible es el de aquellos agentes financieros que planearan someter las rentas a un incremento repentino y abusivo del 50, el 60 o el 70 %, como quien se apodera de las reservas de agua en un momento de escasez. Pero es que ese derecho no existe. Eso se llama especular con la vivienda y lo prohíbe la Constitución española.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Además, esto es un formidable problema económico para España, porque toda esa inversión especulativa en la vivienda no solo cercena un derecho constitucional, no solo exprime a las familias para convertir sus rentas en beneficio privado de fondos extranjeros que ni siquiera tributan en España, sino que es una amenaza para el desarrollo económico mismo del país. Porque no genera valor añadido, ni inversión productiva, ni empleo de ningún tipo. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino. (Aplausos). Frente a esta realidad, la prórroga de los contratos de alquiler es una medida razonable, proporcionada, de sentido común, que brinda una protección inmediata a casi tres millones de personas en todo el país frente a las subidas abusivas de precios que les están expulsando de sus hogares. Son cientos de miles de familias que, en un contexto global de incertidumbre, contarán con un horizonte de estabilidad y certeza respecto al que es el principal gasto y la principal preocupación de las familias españolas: la vivienda.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«En estas semanas, también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque los han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas como, por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle -aunque lleven décadas viviendo allí- para revender un edificio, sacar cien habitaciones donde había veinte apartamentos y convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirlos de ejercer sus derechos, amenazándolos con problemas judiciales y convenciéndolos de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario -tan importante en el imaginario político de este país- está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy, apenas un 5 % de la población percibe rentas en concepto de alquiler; seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar; apenas trece grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100 000 viviendas en alquiler, y hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de cincuenta pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22 % en los últimos catorce años, mientras los grandes tenedores -los que poseen más de diez- han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50 % y, si no puedes pagarlo, a la calle; quienes se están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, los de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que, cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital -la juventud- que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos o sociales en aras de una supuesta y falsa meritocracia. Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad -pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país-, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20 % de la población, prácticamente 10 millones de personas, que vota a todas las formaciones políticas, que vive en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy, se vota sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Esto es algo importante, porque más de cuatro millones de compatriotas viven hoy con una discapacidad y esperan de su país avances decididos para garantizar la promoción de su autonomía, la accesibilidad universal y la plenitud de sus derechos económicos, políticos, civiles y sociales. Es importante también porque saben que España es uno de los países más longevos del mundo; este año nuestro país superó por primera vez los 84 años de esperanza de vida al nacer. Y porque las tendencias demográficas en curso y los cambios en nuestras estructuras familiares hacen que el desafío de los cuidados y la construcción de un sistema público de protección social capaz de garantizar los apoyos necesarios para promover la autonomía personal y asegurar una atención digna a las personas en situación de dependencia sea quizás la tarea social más acuciante que tenemos por delante. Muchas veces este desafío se aborda desde una lógica numérica o una perspectiva contable, y las propias estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales nos muestran que de aquí al año 2030 el sistema va a atender entre dos millones y dos millones y medio de personas, lo que a su vez va a requerir de una incorporación considerable de trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de la dependencia, cifrada hasta en trescientas mil trabajadoras adicionales. Pero yo hoy quisiera empezar transmitiendo que no se trata solo de una cuestión numérica o contable con una aseveración bien sencilla: envejecer no es una carga ni un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el resultado del progreso y el desarrollo económico y social de la democracia española (Aplausos). Y ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas de protección social para hacer que estén a la altura de ese desarrollo y remover los obstáculos y las desigualdades que lastran las vidas de los ciudadanos y ciudadanas en función de criterios como la renta, la riqueza o el lugar en el que viven. Es algo que vimos de forma muy clara, dolorosa, durante la pandemia. El modelo de las macrorresidencias, una década de recortes en política social y una financiación crónicamente insuficiente nos hicieron conscientes como sociedad de que ese no es el modelo de cuidados que nos merecemos y que deseamos. Así que a la pregunta de por qué estas reformas, cabría responder simplemente eso: porque este país las necesita y porque las vamos a necesitar todos y cada uno de nosotros y nosotras.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Se hace haciendo todo esto, pero, evidentemente, no solo. Tenemos que hacer esfuerzos en muchos otros frentes. He mencionado ya la ley de vivienda, que es esencial para reducir el nivel insostenible de los precios del alquiler. (Aplausos). España necesita una reforma fiscal que permita redistribuir más y mejor, gravando los grandes patrimonios y las rentas del capital. Tenemos que seguir avanzando en una transformación energética que nos permita contar con energía, barata, segura y limpia; pero no basta con esto, tenemos que garantizar un acceso democrático, justo y equitativo a la energía limpia, porque solo esa será la base de una transición justa. Y tenemos que proteger el tiempo de las personas, garantizar el derecho a conciliar la vida laboral y la vida familiar, proteger el tiempo que dedicamos a cuidar a los demás o, simplemente, a descansar. Mire, yo soy muy consciente de la gravedad y la complejidad del problema de la pobreza y la exclusión social en España, pero es un problema que no se resuelve con discursos impostados y con mentiras fehacientes. Se resuelve democratizando la estructura económica de España, combatiendo la desigualdad en nuestra sociedad y en las relaciones de mercado, redistribuyendo la riqueza y la renta, subiendo los salarios y las prestaciones sociales, ampliando el alcance de nuestro Estado del bienestar. Así es como se combate la pobreza, al mismo tiempo que se genera una sociedad más cohesionada y una economía más próspera. Estos son los principios que guían la acción del Ministerio de Derechos Sociales, estas son las prioridades de acción del Gobierno. Y la pregunta es si ustedes comparten alguna de ellas, pero me va a permitir que lo dude. Porque ustedes fingen, impostan esta preocupación por la pobreza, pero hace apenas dos semanas escuchaba a un diputado suyo en Murcia afirmar que el Gobierno estaba alimentando la ideología del parasitismo social, un problema que, según él, se debía resolver volviendo a la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo (un señor diputado: ¡Era de la República!), VOX siempre en la vanguardia de la innovación en políticas públicas.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Ahora bien, sobre esta base yo asumo que el mandato que tiene el Gobierno en esta legislatura no es, sencillamente, consolidar las medidas del anterior, sino que tenemos que hacer que ese esfuerzo sirva para poder atajar por fin los déficits estructurales y los problemas de desigualdad y pobreza que arrastrábamos desde mucho antes de 2020. De la problemática que he descrito, que se ve en la encuesta de condiciones de vida, se deducen tres tareas fundamentales. La primera es la vivienda, porque en este país el 40 % más pobre de la población destina hasta un 66 % de sus ingresos a la vivienda. Es algo que es, evidentemente, insostenible. ¿Y qué hay que hacer? Hay que empezar por aplicar la ley de vivienda, especialmente lo que tiene que ver con los controles de los alquileres (aplausos), algo a lo que el Partido Popular y ustedes, donde gobiernan con ellos, se oponen sistemáticamente. La segunda es que hay que mejorar la cobertura de las rentas mínimas y de las transferencias directas a quienes más lo necesitan. Pero, qué casualidad, que el Partido Popular y ustedes, en las comunidades donde gobiernan con ellos o sustentan sus gobiernos, han aprovechado el ingreso mínimo vital para diezmar los presupuestos de las rentas autonómicas que tienen una función de complementariedad. Se están oponiendo a algo que es palmario, evidente y necesario. La tercera es incrementar la protección económica y social a las familias España. Usted ha dicho que VOX apoya a una prestación universal por crianza, yo lo celebro, la experiencia es que cada vez que hemos traído una medida, ustedes se han opuesto a ella. ¿En qué se traduce y se concreta la protección económica y social de las familias? Se concreta en la ley de familias, que hemos empezado a tramitar, que va a reconocer por primera vez la protección jurídica de las familias monoparentales, que va a ampliar los supuestos en los que se protege económicamente a las familias numerosas, que va a equiparar los derechos de las parejas de hecho y que va a formalizar una prestación por crianza inicial en el tramo de 0 a 3 años, aunque, como saben, en la negociación de los presupuestos generales del Estado estábamos defendiendo su ampliación hasta los 6 años de edad. Esto se traduce también en el despliegue, por ejemplo, de las tarjetas monedero, que busca algo tan sencillo como comenzar a poner fin a las colas del hambre y garantizar que las personas en situación de exclusión social o de privación material severa puedan comprar productos frescos en condiciones de igualdad al resto de las familias y de dignidad social. Consiste en desarrollar la ley de servicios sociales, que tenemos pendiente, para solucionar el déficit y la deuda que tenemos con unos servicios sociales infravalorados, infrafinanciados, infradesarrollados. (Aplausos). Consiste, por ejemplo, en exceptuar las ayudas económicas de emergencia a la ley de subvenciones, para acabar con el farragoso proceso burocrático que entorpece la labor de nuestros servicios sociales. Se traduce en agilizar el ingreso mínimo vital porque hace poco conocíamos un informe que decía que hasta la mitad de sus potenciales beneficiarios o no conoce la prestación o piensa que no le corresponde. Tenemos mucho margen de mejora para hacer que esta prestación esté a la altura del consenso con el que se aprobó. Se hace promoviendo una transformación profunda de nuestro sistema de bienestar y cuidados, poniendo en el centro las necesidades, las preferencias, los deseos de la ciudadanía y revalorizando también la labor de las mujeres -porque son en más de un 80 % mujeres- que trabajan para desempeñar un papel vital en el mantenimiento de este sector.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«La pregunta obligada es qué se ha hecho para remediar esta situación. Como saben, en la legislatura anterior se desplegó el escudo social que, según datos de EAPN, logró que dos millones de ciudadanos y ciudadanas en España no cayeran en la pobreza. Se hizo desplegando el ingreso mínimo vital, con el que hemos empezado a establecer una política de rentas mínimas, de la que nuestro Estado carecía hasta el momento. Se hizo con los ERTE, que permitieron navegar la crisis sin la destrucción de empleo que había acompañado a cada una de las recesiones anteriores en nuestro país. Se hizo con la subida espectacular del salario mínimo interprofesional de un 54 %, algo sin muchos precedentes en la historia económica europea, pasando de 756 euros a 1134. Se hizo con una reforma laboral, que ha permitido alcanzar niveles récords de ocupación al mismo tiempo que, por fin, se han atajado los que eran los principales déficits estructurales del mercado de trabajo en España, que eran la temporalidad y la precariedad. Se hizo con la excepción ibérica y el tope al precio del gas, que han permitido ahorrar a los españoles 5106 millones de euros en las facturas de la luz; el timo ibérico lo llamó algún creativo del Partido Popular que no tuvo entonces su mejor día, ¿verdad? La semana pasada vi un gráfico que comparaba el coste de la electricidad en España y en Francia -es verdad que en un momento de pico de producción de las renovables- y el de España era 33 veces menor al de Francia, la gran potencia nuclear a la que debíamos imitar. Todo esto, nos permitió completar la recuperación económica en menos de tres años, frente a los nueve que tardamos tras la crisis de 2008 y la década marcada por las políticas de austeridad. Será un caso de estudio en la disciplina económica y de las políticas sociales cómo esta concatenación de crisis ha dado lugar a escenarios radicalmente diferentes por la respuesta que los gobiernos les dieron.»