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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«Y sí, tengo el honor de defender hoy el decreto ley de la estabilización de los contratos de alquiler, la principal reivindicación del movimiento popular que ha desbordado las calles y la agenda política de este país, poniendo por fin sobre la mesa en este Parlamento el primer problema que tiene la gente trabajadora en este país, sí, la renovación automática de los contratos de alquiler. Y vaya semanita que llevan ustedes, ¿eh? ¡Madre mía, el comunismo, el intervencionismo, fíjense hasta dónde vamos a llegar contra los pequeños propietarios! Pues este es el modelo que existe en Inglaterra, en los Países Bajos, en Bélgica, en Italia, en media Europa, y es un principio bastante sencillo de entender: la necesidad que tiene un ciudadano, una ciudadana, una familia, un trabajador de tener una vivienda no se acaba cada cinco años. Por tanto, cuando acaba un contrato, esta idea que tenemos de, claro, se acaba el contrato, con lo cual vuelves a la ley de la jungla; es el mercado, amigo, ha subido un 40 % y, si no, te buscas la vida. Bueno, pues no; hay otro modelo que dice que, cuando vence ese contrato, se renueva automáticamente, salvo que exista una causa justificada para ello. Y han puesto el grito en el cielo: ¡Intervencionismo! ¡Se va a hundir el mercado! Esto nos recuerda -¿verdad, vicepresidenta? (Asentimiento)- a aquello de que subir el salario mínimo iba a destruir la economía española. ¡Cómo se van a reforzar los derechos de los trabajadores, válgame, Dios! ¿Qué va a pasar con el tejido productivo en España? ¡La reforma laboral, dar estabilidad, hacer indefinido el puesto de trabajo! ¡Qué barbaridad! ¡Va a hundir la economía española! Y ahí estamos, con la mayor ocupación de nuestra historia y creciendo a un ritmo que ninguno de los países que aplican sus medidas está consiguiendo alcanzar. (Aplausos). ¡Pues claro que darle derechos a la gente trabajadora hace que las cosas vayan mejor! (Continúan los aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«Y ni siquiera son solo cifras. En estos días, parte de lo que ha pasado en este país es que se ha puesto en común, se ha socializado una experiencia que han vivido millones y millones de personas. Esa empresa a la que pides que te pinten las paredes del piso, porque hace veinticinco años que nadie las pinta, y te pone un bote de pintura; ese casero que te dice que te va a subir el alquiler un 40 % porque vence el contrato, pero te dice que te lo pienses bien, porque, claro, la casa es lo más importante que hay en la vida; esa empresa que se queda tu fianza inventándose un motivo falso o que te obliga a pagar los honorarios para suscribir el contrato, aunque es mentira, es ilegal, o que te cobra por visitar un piso o que se inventa un seguro de impago o gastos de gestión que tienes que pagar porque: oye, si no lo quieres tú, ya lo querrá otro. Imagínense lo que va a pensar la gente ahí fuera de lo que van a votar ustedes hoy. Que mientras ustedes están aquí haciendo aspavientos, dándose golpes en el pecho, haciendo sus cálculos partidistas de cómo me va a ir en las elecciones o qué me conviene, hay gente ahí fuera que está siguiendo esto porque le tienen que renovar su contrato de alquiler y todavía no le han dicho nada o porque la van a echar, porque de pronto le van a decir que vale un 60 % más, porque es el mercado, amigo. Imagínense lo que va a pensar la gente cuando ustedes voten que no, cuando lo único que puedes permitirte es pagar una habitación en un piso donde antes vivía una familia y resulta que lo ha comprado un buitre, le ha puesto tabiques y hace que vivan ahí seis, siete familias apiñadas, porque: oye, es el mercado, amigo. Imagínense lo que van a pensar cuando ustedes voten que no mientras semana sí y semana también te llega un aviso de que va a haber un desahucio y que necesitan gente para intentar pararlo. Imagínense lo que va a pensar la gente que va viendo cómo su bloque, su barrio, se va llenando de pisos turísticos ilegales, del ruidito maldito de las maletas, viendo cómo cierra el comercio y cómo el sitio al que llamabas tu casa, tu barrio, donde querías que crecieran tus hijos, se ha convertido en un parque temático para el que se lo pueda pagar, y tú te buscas la vida. (Aplausos). Imagínense lo que va a pensar la gente trabajadora de sus representantes políticos.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«En este país, el 20 % de la población vive de alquiler. Hay un 5 % de hogares que perciben rentas en concepto de ingresos por alquiler. Ustedes hablan de los pequeños propietarios, pero en los últimos catorce años el número de familias españolas que poseen un inmueble ha caído un 14 %. Los grandes tenedores han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario en estos años. Hoy, el 61 % de los alquileres en España son propiedad de multiarrendadores y personas jurídicas. Seis de cada diez. En ciudades como Madrid o Barcelona, ese número es mucho mayor. Señorías de Junts, en la ciudad de Barcelona, 16 000 personas poseen 200 000 pisos en alquiler. La renta de esos multiarrendadores cuadruplica, de media, la de una familia de inquilinos. El patrimonio de los multiarrendadores multiplica por 450 veces el patrimonio de los inquilinos. El mercado del alquiler en este país funciona como un mecanismo de trasvase de rentas de las clases trabajadoras, de quien menos tiene, a las clases propietarias, a quien más tiene. Las medidas que contemplan los decretos leyes de hoy implican una transferencia a la inversa: 624 millones de euros que van a pasar de los propietarios a los inquilinos. Por eso no va de aritmética parlamentaria, lo que van ustedes a lograr votando que no hoy es precisamente eso, que 624 millones de euros vayan a los bolsillos de quien ya cuadruplica la renta de las familias trabajadoras y que lo pague de su bolsillo el trabajador, la trabajadora, con el fruto de su esfuerzo. (Aplausos). Eso es lo que votan ustedes. Y no va a haber bandera, no va a haber exabrupto, no va a haber escenificación obscena: ¡tendrán las llaves de su casa cuando gobierne Feijóo! Las únicas llaves que hemos visto son las del ático de Ayuso, siete millones de dinero público. (Aplausos). Esa es la política de vivienda del Partido Popular, votar para que desahucien a la gente de su casa (continúan los aplausos); para que te suban el alquiler un 40 %; para que te echen a la calle; para que no sepas si vas a tener que cambiar a tus hijos de colegio porque no puedes pagar el alquiler de la casa donde has vivido toda tu vida, del barrio donde han vivido tus padres y tus abuelos, y te tienes que ir para que pongan un piso turístico ilegal mientras Almeida mira hacia otro lado o para que lo compre un extranjero oligarca para tener un pisito en Madrid. Ustedes no defienden a los españoles, ustedes defienden a los ricos, no tienen bandera ni vergüenza. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la...
«Lo de hoy no va de aritmética parlamentaria, no va de negociaciones entre grupos políticos, no va de enmiendas, no va de la interpretación de este artículo o del otro, lo de hoy es un conflicto de clase. Lo de hoy es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario ganado con el esfuerzo de las clases trabajadoras de este país para repartírselo como dividendos y ni siquiera tributar en España por ese dinero. (Aplausos). Votar que no hoy a estos decretos es defender el interés de esa oligarquía y darle la espalda a tu pueblo. Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña, pero votar que no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir a la única causa y la única bandera del rentismo. Y yo les digo: No están calibrando lo que están haciendo. Muchas veces en esta Cámara se expresa una enorme distancia entre los debates que hay aquí dentro y lo que quiere la gente ahí fuera, pero muy pocas veces esa brecha ha sido tan sideral como lo que está sucediendo hoy aquí, en esta sesión en esta Cámara; muy pocas veces. Y si está pasando esto, si hoy están ustedes aquí y con nombres y apellidos van a tener que suscribir la infamia -la infamia- de dejar desprotegidos a millones de españoles y españolas, es gracias a que la gente se ha levantado, a que un clamor social recorre las calles de todo este país diciendo que ustedes no les representan, que ustedes no les dan solución a sus problemas. (Aplausos). Y hoy, una vez más, van a insistir en ello. Y si la gente en este país ha conseguido eso, también ha conseguido una cosa todavía más valiosa, que es dejar demostrada a la ciudadanía en su conjunto una verdad incontrovertible: que todos los derechos de la gente trabajadora se han conquistado luchando, que ninguno ha sido concedido, que ninguno ha sido regalado, que todos se han arrancado a las oligarquías organizándose, movilizándose y protestando. (Aplausos). Y ustedes quizá hoy vuelvan a tumbar medidas para proteger a la gente trabajadora en este país. Quizá lo consigan hoy también, pero, se lo digo con toda la solemnidad de la que soy capaz: el derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima de los intereses de la clase rentista a la que ustedes representan. (Aplausos).»
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Gerardo Pisarello Prados · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección...
«Ténganlo claro: cualquiera que sea el resultado de hoy, las izquierdas republicanas de esta Cámara, dentro y fuera del Gobierno, vamos a seguir luchando para que la voz del pueblo movilizado se imponga a la de los rentistas y os responsabilice como sus cómplices en la calle y en las urnas. Y lo harán también, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras de EH Bildu, Esquerra Republicana, Podemos y BNG, porque llevamos meses, años presionando al Partido Socialista para que deje de celebrar las inversiones de Blackstone -como decía el ministro Puente- o para que apruebe de una vez la renovación automática de los contratos de alquiler, que ponga fin a la nefasta herencia de Boyer y de Felipe González. Y porque ese es el frenteamplismo, la unidad más básica que nos está pidiendo hoy la ciudadanía y la sociedad movilizada: defender juntos y juntas, contra las derechas rentistas alineadas con el trumpismo y el saqueo de lo público, políticas valientes que unan a las clases trabajadoras, migrantes o autóctonas, inquilinas o hipotecadas, en un solo clamor común.»
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Gerardo Pisarello Prados · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección...
«Jesús es de Granada. (Muestra una fotografía). Tiene tres hijos menores y el Gobierno del Partido Popular quiere echarlo de su casa, sin alternativa habitacional. Olga era de Hospitalet. (Muestra otra fotografía). Igual que otros catalanes, fue empujada a la muerte por rentistas extranjeros y Junts hoy va a traicionar su memoria. Maricarmen es de Madrid. (Muestra otra fotografía). Todavía sigue ingresada en el hospital Gregorio Marañón por no poder pagar el alquiler que le pedía un fondo sin escrúpulos. Seha es de Cornellà, de La Paz, y está embarazada de siete meses. (Muestra otra fotografía). Para Santiago Abascal, el más sumiso de los empleados de los fondos estadounidenses, es una 'morocarmen' que merece estar en la calle como Olga, como Jesús y millones más. ¡Malditos sean los especuladores que provocan los desahucios! (Aplausos). ¡Y malditas sean las derechas rentistas vendidas a los buitres que con su voto permitirán que nuestras abuelas, nuestras vecinas queden en la calle o pierdan la vida! (Aplausos). Y sépanlo, señores del PP, de VOX y de Junts: quien hoy perpetre esta infamia con su voto no va a quedar impune, porque ni los inquilinos ni los ahogados por los alquileres ni los hipotecados atrapados por los bancos ni cientos de miles de jóvenes -entre los que pueden estar sus propios hijos- van a olvidar esta traición al pueblo, y porque a partir de hoy cada familia rota, cada vida destrozada por la violencia de un desahucio verá sobre su mano la mano cruel e inhumana que aprieta el gatillo de los grandes rentistas. (Aplausos). Porque lo mejor de los decretos que hoy tratamos aquí no es producto de un partido sino de un clamor democrático, transversal de miles de ciudadanos a pie que han tomado la voz por dignidad y por rabia y porque los límites de estos decretos -que también existen- reflejan el peso desmesurado que las oligarquías rentistas siguen teniendo en muchos partidos políticos y en nuestro sistema político. Hoy VOX y el Partido Popular, patriotas de pulsera, votarán en contra de millones de españoles que no pueden pagar su alquiler o su hipoteca por orden de fondos extranjeros y de los reyes del pelotazo urbanístico. (Aplausos).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.
«Presidente, señorías, hoy debatimos una enmienda a la totalidad que pretende devolver al Gobierno el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Pero no estamos ante un simple desacuerdo técnico ni ante una discrepancia jurídica sobre la redacción de la norma, estamos ante un intento político de negar la dimensión estructural de la violencia machista, de deslegitimar décadas de lucha feminista y de obstaculizar la protección de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas (aplausos), y conviene decirlo desde el principio, sin eufemismos y sin complejos. La violencia vicaria existe, el machismo existe y negar su dimensión de género no protege a la infancia, protege el marco ideológico que pretende invisibilizar la violencia patriarcal. La enmienda de VOX está construida sobre una contradicción fundamental. Afirma condenar toda violencia contra las mujeres y contra la infancia, pero utiliza esa afirmación como una antesala para cuestionar las herramientas jurídicas que permiten identificar, prevenir y combatir una de sus manifestaciones más crueles, que es la violencia vicaria. No hablamos de una abstracción ideológica, hablamos de niños y niñas convertidos en instrumentos de castigo. Hablamos de madres a las que se intenta destruir a través de aquello que más aman porque el agresor puede seguir utilizando los vínculos familiares como mecanismo de amenaza, coacción y sometimiento. Y, frente a esa realidad, ¿qué propone VOX? Eliminar los mecanismos de protección, eliminar la detección del riesgo, eliminar la formación de los profesionales y eliminar una atención especializada. Esa es la decisión política que hoy debemos juzgar.»
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Ernest Urtasun Domènech Ministro de Cultura· Sumar ·
Congreso · Pleno¿Tiene este Gobierno alguna política cultural?
«Gracias, señor Sémper, por su pregunta. El equipo actual del Ministerio de Cultura está llevando las políticas culturales de nuestro país al siglo XXI a través del despliegue del plan de derechos culturales, defendiendo la creación y el acceso a la cultura y reforzando los equipamientos culturales en muchas partes de España como nunca se había hecho, entre otras cosas, en colaboración muchas veces con sus comunidades autónomas. Me hablaba de la reforma del INAEM. Yo estoy reformando el INAEM (el señor Sémper Pascual hace gestos negativos); quienes no lo reformaron fueron ustedes cuando estuvieron en el Gobierno durante ocho años. (Aplausos). Estoy trabajando para la ley del cine -sí, sí- con el sector, y la vamos a sacar -hoy hay ponencia-. Les he tendido la mano para que trabajen con nosotros en la ley del cine, pero ustedes prefieren hacer una oposición destructiva al Gobierno en lugar de trabajar a favor del cine porque a ustedes el cine les importa un pimiento, señor Sémper, perdone que le diga. Después me habla usted de vivienda. Le voy a decir una cosa muy clara, señor Sémper: una de las cosas que preocupa a los creadores de este país también es el acceso a la vivienda. Muchos están muy preocupados por la inestabilidad que genera en sus carreras el no poder llegar a fin de mes. Usted que presume de defender a los creadores, cosa que no hace, quiero que les explique por qué el viernes van a votar en contra de un decreto que permitiría que se prorrogaran los contratos, que no hubiera desahucios en este país y que se regulara la temporada. Explique a los creadores de nuestro país por qué van a votar en contra, señor Sémper. (Aplausos).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Hasta ahora, hemos normalizado expulsar de su casa a ancianas vulnerables que pagan religiosamente su alquiler. Hemos normalizado que multinacionales cuadrupliquen sus beneficios. El mercado se ha apoderado del debate público normalizando acontecimientos que no lo son. Pero es hora de decir basta, y no existe mejor instrumento que la política para acabar con estas dinámicas abusivas de mercado y devolver el sentido común y el bien común al centro del debate público, al centro de la política. Termino. La responsabilidad es nuestra, es del Gobierno, es hacer una política útil. Y hoy hacer política útil es que la crisis energética, la crisis de la vivienda, no la paguen los de siempre. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Y no, señorías del Grupo Socialista, la solución no es ir a Europa a pedir este mismo impuesto, pero a escala europea; la solución es hacerlo aquí, como hicimos hace un par de años. (Aplausos). Es así. Igual que hay que nombrar el fondo buitre de Maricarmen, Urbagestión. Igual que hay que nombrar las energéticas que cuadriplican beneficios, como Repsol o Moeve, también hay que nombrar a quiénes tumbaron el impuesto de las energéticas: PP, Vox, PNV y Junts. Hay que nombrarlos. Por lo tanto, sí, estamos a favor de esta moción de Podemos; de gravar los beneficios extraordinarios de las multinacionales energéticas; de limitar los precios de los carburantes y de una empresa de energía pública, aunque el problema no es tanto la generación de energía, sino hacer pública la distribución, que las redes sean de titularidad pública; crear una tarifa eléctrica con mínimo energético vital, con una garantía de acceso universal y progresiva en el consumo y, por lo tanto, articular una política fiscal adecuada en la electricidad y diferencial en los combustibles. Todo esto es posible. Lo es con voluntad política; lo es cuando la calle aprieta; lo es cuando hay que dar respuesta a la gente trabajadora, que no quiere dejarse la totalidad de su salario en vivienda, comida y transporte, en el mejor de los casos, mientras otros se lucran especulando con la situación en Oriente Medio.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Ante esta situación, en SUMAR lo tenemos clarísimo. Primero -ya lo dijo mi compañero Manuel Lago en esta tribuna hace quince días-, el Gobierno tiene que intervenir el mercado estableciendo un precio máximo de la gasolina y del gasóleo, como ya hacemos con el precio de la bombona de butano. La avaricia de la industria petrolera se combate con ambición política. Hay que establecer un precio máximo, regulado por el Gobierno, para evitar el empobrecimiento de la sociedad española; hay que topar los precios, como ya han hecho otros Estados y como, de hecho, también ha explicado mi compañero Carlos Martín. Segundo, tenemos que ponernos las pilas para conseguir la neutralidad climática y dejar de depender de los combustibles fósiles que contaminan nuestras vidas, y de los matones como Trump, que ignoran la legalidad internacional de la que nos hemos dotado como Estados. Y esto, señorías, de hecho, es una cuestión de justicia social y justicia climática. Es hora de tasar los beneficios caídos del cielo de estas multinacionales. Toca recuperar aquel impuesto de 2023 y de 2024 que impulsó el Gobierno de coalición para gravar de forma extraordinaria los ingresos de las grandes compañías del sector energético. Se recaudaron más de 2000 millones de euros anuales para financiar medidas anticrisis para las familias.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Gracias, presidente. Esta mañana nos hemos despertado con esperanza al constatar que la lucha de Maricarmen, la de los centenares de personas que acampan en la Puerta del Sol y la de los miles de personas que llevan años manifestándose por el derecho a una vivienda digna y asequible, se materializaba en dos reales decretos que nos acercan un poco más a la consecución de este derecho constitucional. Unas normas que desarrollan una serie de medidas que abordan algunas de las prácticas que han derivado en una crisis de la vivienda que se percibe como el principal problema de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, sí, la política sirve, si bien es cierto que necesita de la movilización social, de conquistar calles y plazas, para que esta reaccione con la contundencia necesaria para frenar fondos buitre y especuladores como Urbagestión, que mercadean con un derecho fundamental. (Aplausos). Y hoy, también hoy, nos hemos levantado con la información de que la inflación sube hasta casi el 5 % debido al aumento del precio de los carburantes. O, dicho de otra manera, debido a la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán y a las empresas del oligopolio energético, que aprovechan para especular con el precio del barril y se forran a costa de la gente. Y estas empresas tienen nombre: Repsol y Moeve, multinacionales españolas que han multiplicado sus beneficios por cuatro respecto al año anterior. En los seis primeros meses de 2025 ganaron 285 millones de euros. Ahora, en 2026, con la guerra, han ganado 2847 millones durante el mismo periodo: 2000 millones más gracias a la guerra. ¿Y quién los paga? La gente, la ciudadanía. El aumento del precio del barril repercute en los costes de producción de las empresas, lo que produce una subida general de los precios, especialmente en los alimentos, que son un bien básico en todos los hogares y que tienen mucho más peso en las familias con menos ingresos. También repercute en el precio de la gasolina, en el transporte, en cómo nos movemos.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«España debe adaptar su legislación al PEMA, pero manteniendo un enfoque garantista, prestando atención a quienes tienen fundado temor de persecución. Y nada de eso dice el Grupo Popular en su PNL. Y el debate no es el retorno como instrumento de la política migratoria, sino sus límites, duración, condiciones de la detención, garantía de los recursos, principio de no devolución y la protección de niños, familias y otras personas vulnerables. Acabo. Tampoco vamos a apoyar un régimen de excepción para Ceuta. En la ley en vigor están todos los mecanismos para aliviar la situación de la ciudad. No hay que inventarse ningún reglamento ni decreto de excepción. Esos mecanismos, además de expulsar y devolver, deben incluir los traslados a la península, especialmente de refugiados y niños y niñas en acompañamiento familiar.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«España ha votado en contra del reglamento de retorno porque no respeta los derechos de las personas, porque crea centros de detención fuera de la Unión Europea donde las leyes europeas no se aplican y no se respetan los derechos de los recluidos. Nuestro ministro del Interior expresó serias dudas sobre la legalidad de esos centros de confinamiento y criticó la posibilidad de privación de libertad de hasta veinticuatro meses con prórrogas indefinidas. En una democracia no se puede detener a nadie indefinidamente y menos por una situación administrativa. Es una vergüenza que ese reglamento fuera aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026. El Gobierno de izquierdas ha recogido el sentir mayoritario de las organizaciones sociales que atienden a migrantes y refugiados. Amnistía Internacional, Oxfam y CEAR consideran que el reglamento supone un retroceso en derechos y garantías legales y consolida un modelo basado en la externalización -y en Ceuta ya hemos visto que las políticas de externalización son temerarias y dejan en indefensión la soberanía de los países europeos-, y critican la detención administrativa de veinticuatro meses o que se acabe con las garantías de no devolución de personas perseguidas. Rechazan, en general, los centros de internamiento fuera de la Unión Europea por el riesgo de detención arbitraria, de malos tratos y de restricciones al acceso de un recurso judicial efectivo. Y, sobre todo, las organizaciones sociales reclaman vías legales y seguras para migrantes y refugiados y la reagrupación familiar. Y es que nada de eso se contempla en el PEMA. Save the Children y Unicef afirman que la detención de niños y niñas por ser migrantes no es propia de una democracia. Las familias con menores deben quedar protegidas frente a las deportaciones. Y ACNUR se muestra igualmente muy preocupada por el no respeto al principio de devolución.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Plurinacional SUMAR, la apoyamos con convicción, para que ya no haya lugar a dudas. Si bebes, no conduzcas; si vas a conducir, bebe sin alcohol. Porque ninguna muerte es aceptable, porque la seguridad vial debe abordarse desde una perspectiva integral, transversal a todas las políticas y responsable, y porque construir una nueva cultura de movilidad más segura es una tarea colectiva que merece un compromiso colectivo y unánime. Muchas gracias a todos los grupos que hoy se van a comprometer en ese sentido y que hoy pueden hacer avanzar la seguridad vial para que mañana no sea demasiado tarde y para que, junto al derecho a la vivienda, consigamos el derecho a llegar a casa. Y apoyen el derecho a la movilidad; que nadie tenga dudas. Gracias. (Aplausos).»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«La reducción de víctimas exige una política integral y transversal. Necesitamos más prevención, más educación vial, más infraestructuras seguras, más protección de peatones y ciclistas, más transporte público y más movilidad activa. Y eso se sigue reforzando a través del transporte público con la integración en el billete único (aplausos), para que sean opciones seguras, accesibles y atractivas. Necesitamos seguir incorporando la justicia restaurativa a nuestras políticas públicas, situando a las víctimas en el centro para una mejor protección. Necesitamos avanzar hacia un modelo sancionador más justo, donde las consecuencias económicas de las infracciones estén vinculadas de forma más equitativa a la capacidad económica de cada persona, porque, si no, pasan sin pena ni gloria. Y es que la seguridad vial no se construye fundamentalmente con sanciones; se construye generando responsabilidad colectiva. Y hacia esto podemos avanzar hoy aquí. Señorías, esta iniciativa no pretende señalar hábitos, sino crear sinergias con amplios sectores sociales, prevenir el alcoholismo y conectar esa prevención con la seguridad vial. Pretende recordar algo muy sencillo: conducir exige atención, prudencia y capacidad de reacción. Reducir a cero la presencia de alcohol al volante significa agudizar nuestros sentidos, prevenir mejor los riesgos y actuar con mayor responsabilidad hacia el resto. Ese es el verdadero sentido de esta reforma. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Conviene dejar algo muy claro: esta reforma no va contra nadie. No va contra el mundo rural, no va contra nuestras cooperativas, no va contra los productores de vino, de cerveza o de otras actividades agroalimentarias que forman parte de nuestro patrimonio económico, cultural y gastronómico. Va a favor de la responsabilidad, va a favor de la seguridad, va a favor de que, cuando una persona decide ponerse al volante, lo haga con todos sus sentidos puestos en proteger la vida, la de quienes comparten las vías. (Aplausos). Porque el mensaje de esta iniciativa no es prohibir ningún consumo; es no normalizar la mezcla entre consumo y conducción. Y eso es compatible con defender a nuestro sector agroalimentario, con apoyar su producción y con seguir impulsando políticas agrarias que garanticen el futuro del campo y de quienes viven de él. La inmensa mayoría de las personas que producen vino en nuestro país saben perfectamente que disfrutar de un producto de calidad y conducir son decisiones que deben producirse en momentos distintos. Señorías, los datos son contundentes: más del 33 % de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tráfico presentaban alcohol en sangre. Además, incluso consumos relativamente bajos incrementan el riesgo de sufrir un accidente grave o mortal. Por eso, esta propuesta conecta con las recomendaciones de organismos especializados, de la estrategia conocida como Visión Cero. Y precisamente desde esa visión, queremos señalar que esta medida es necesaria, aunque no suficiente; hay que seguir trabajando.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Estas son unas llaves (muestra unas llaves), las de una casa, las de un hogar, el lugar al que tenemos derecho y el lugar al que esperamos volver. Por eso hoy hablamos también del derecho a llegar a casa. Señorías, hoy debatimos una medida sencilla de explicar y fundamentada en una evidencia que lleva años acumulándose. Cuando hay alcohol al volante, aumenta el riesgo. Cuando reducimos ese riesgo, salvamos vidas. Por eso apoyamos esta toma en consideración. La rebaja de la tasa máxima permitida en la conducción avanza hacia un modelo de mayor protección para todas las personas usuarias de las vías públicas. ¡Qué casualidad! Somos todas y cada una de las personas que convivimos en España. Permítanme comenzar reconociendo el trabajo realizado por nuestro compañero Félix Alonso, anterior portavoz en materia de seguridad vial (aplausos), que defendió esta misma orientación política durante la anterior tramitación. Sin duda, su contribución ayudó a situar este debate donde debe estar: en la defensa de la vida, la prevención y la seguridad vial como política pública prioritaria. Señorías, sabemos que esta medida puede no generar unanimidad; que en todos nuestros pueblos, barrios y ciudades pueden quedar personas con dudas. También sabemos que forma parte de un debate social mucho más amplio sobre determinados hábitos culturales que están profundamente arraigados. Pero es que no queremos mirar a otro lado. Abramos ese nuevo espacio de conversación con la toma en consideración.»
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Verónica Martínez Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Señorías, incluso hay algo más: la justicia tiene un poder enorme y, precisamente por eso, sus límites también importan. Cuando desde los tribunales se pretende intervenir en la disputa política, condicionar decisiones democráticas o perseguir lo que no corresponde perseguir judicialmente, tenemos un problema que va mucho más allá de una sola sentencia, y en esas estamos desde hace tiempo. Por todo esto, no podemos reducir el acceso a la carrera judicial a una discusión sobre tipos de exámenes o pruebas; es una discusión sobre democratización de uno de los poderes del Estado. Quizá por eso ustedes, señorías del Grupo Popular, nunca quieren llegar hasta el fondo de ese debate, porque si hablamos de democratizar la justicia, tenemos que hablar también de su relación con las instituciones. Señorías del Grupo Popular, mantuvieron bloqueada durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora están haciendo exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional desde el Senado. Esto empieza a ser una costumbre bastante peligrosa, señorías. Si a sus señorías del Grupo Popular la mayoría que hay les gusta, el órgano se queda como está, no hay renovación que el mandato se quede ahí, todo lo caducado que esté. Ustedes tienen un problema con una regla bastante elemental de la democracia, que las mayorías cambian, y a veces, señorías del Grupo Popular, ustedes pierden, pero no lo aceptan. Las señorías del Grupo Popular no aceptan que la democracia tiene cambios y estos tienen consecuencias. Por eso bloquean, por eso estiran mandatos caducados, porque han llegado a considerar que determinados espacios del Estado son suyos, como si las instituciones tuvieran propietario. Y no, señorías, el Estado no es del Partido Popular y el Poder Judicial tampoco. El problema, señorías, no es que el sistema no funcione; el problema es que funciona exactamente como a ustedes les conviene, y ya va siendo hora de que funcione para todas las demás. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Verónica Martínez Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Muchas gracias, presidenta. Antes de empezar con el tema objeto del debate, hoy quería celebrar una victoria, quería celebrar la victoria de los cientos de personas que llevan meses organizándose y movilizándose para decirnos que la vivienda es un derecho y no un activo financiero. (Aplausos). A todas esas personas, muchas de ellas acampadas a 600 metros de aquí, otras tantas manifestándose en las plazas de nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tenemos que darles las gracias por empujar para que la política esté a la altura. Esperemos, señorías, que este viernes la Cámara de representantes de la ciudadanía haga honor a su nombre y vote en consecuencia con lo que esa ciudadanía quiere. Señorías, el Grupo Popular trae hoy una proposición para modificar la formación en la escuela judicial. Lo que pasa es que, antes que discutir lo que ocurre en la escuela judicial, hay una pregunta un poquito más importante: ¿quién consigue llegar hasta ahí? Hoy una persona termina Derecho y, si quiere ser jueza, tiene por delante de media cuatro o cinco años estudiando una oposición. Ahí la igualdad formal empieza a chocar con la realidad porque para dedicar cuatro o cinco años a estudiar una oposición, hay que poder vivir dedicándole cuatro o cinco años. Hay que poder comer, hay que poder pagar el alquiler, hay que poder pagar a quien te prepara. Y difícilmente se puede trabajar porque prepararse una oposición ya es una jornada completa. Nosotras queremos que la judicatura se parezca más a la sociedad a la que sirve, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas de familias humildes y trabajadoras, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas que son las primeras en su casa y en su familia que estudian Derecho. Esto no cuestiona el enorme mérito que tienen todas aquellas que aprueban una oposición durísima, pero sí señala el problema, que son todas aquellas personas con mucho mérito y mucha capacidad y que ni siquiera van a poder intentarlo.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Por eso nosotras creemos en un proyecto de país y de futuro que invierta en vivienda social y que esté protegida permanentemente, que forme parte del parque público; es decir, inversiones financieramente sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda y también para fortalecer nuestra economía, nuestra cohesión social y nuestro futuro colectivo. También en adaptación y mitigación al cambio climático, en eficiencia energética, para que podamos levantar la vista y ver una tierra en la que haya libertad, paz y autonomía energética. Por eso vamos a apoyar este real decreto ley, porque La Palma necesita nuestro apoyo y porque las familias agricultoras, las cooperativas y las personas trabajadoras autónomas merecen que las instituciones las acompañemos hasta culminar la reconstrucción y porque creemos que una política fiscal responsable no consiste únicamente en reducir deuda, sino también en invertir en garantizar derechos, fortalecer la cohesión territorial y mejorar la vida de la gente. Porque, al final, la política consiste precisamente en poner los recursos públicos al servicio de las personas y no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Pero estamos hablando de la agricultura, que es una de las columnas vertebrales en La Palma; es empleo, es cohesión territorial, es identidad y es arraigo. La principal cooperativa agraria de la isla, Cupalma, agrupa más de 2450 personas agricultoras, genera 300 empleos directos y supera los 60 millones de euros al año de facturación. Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos únicamente de carreteras, fincas o infraestructuras; hablamos de familias, de proyectos de vida, de mujeres rurales y agricultoras que sostienen buena parte de la actividad económica, y de los cuidados, que defiende la juventud que decide quedarse en la isla y defiende nuestros territorios. La erupción duró ochenta y cinco días. La reconstrucción económica, social y emocional de una isla necesita mucho más tiempo y con este real decreto ley se lo queremos ofrecer, porque necesita que las instituciones sigamos acompañando a quienes todavía están reconstruyendo sus vidas. El segundo gran elemento de este decreto tiene que ver con la inversión pública. La norma permite que determinadas comunidades autónomas puedan utilizar parte del superávit, es decir, recursos que ya tenían. Y aquí conviene hacer una reflexión política de fondo. Que necesitemos una autorización específica para invertir en vivienda pública, en transición ecológica o en resiliencia climática significa que seguimos, en buena medida, bajo la arquitectura económica de la austeridad. Es una arquitectura que durante demasiado tiempo ha limitado la capacidad de las Administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que ha llegado el momento de liberarnos definitivamente de esa lógica. Porque la pregunta no es si podemos invertir, la pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo, y no hacerlo para mejorar la vida de la gente. ¿Podemos permitirnos no ampliar el parque público de vivienda cuando miles de jóvenes no tienen acceso a una vivienda digna? ¿Podemos permitirnos no invertir en adaptación al cambio climático cuando sus efectos ya forman parte de nuestro día a día? ¿Podemos permitirnos no invertir en eficiencia energética cuando sabemos que reduce costes para familias, Administraciones y empresas? No podemos.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la aprobación de la Ley de Familias.
«El otro pilar de esta ley es la prestación universal de crianza, la PUC, para las familias con menores de 3 años con el fin de garantizar el bienestar de niños y niñas en sus primeros años de vida. Es universal porque no es asistencialismo, sino un derecho que llega automáticamente a quien más lo necesita, sin trabas ni burocracia. Hoy el 34,6 % de los niños, las niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 2,7 millones de menores. La PUC es el instrumento más eficaz para combatirlo y es urgente aprobarla. Seguramente la gente que sigue este debate se preguntará quién puede estar en contra de proteger a las familias monoparentales o de desarrollar una prestación que contribuya a erradicar la pobreza infantil. Pues VOX, porque no solo está en contra de cualquier medida que implique mejorar la vida de la gente, sino especialmente de aquellas familias que no encajan con su canon conservador de familia. Para VOX solo existe un modelo de familia, pero la realidad es otra, les guste o no. También el PP, al que le encanta señalar todos los retos que tenemos como sociedad y culpar de ellos al Gobierno, como se esperaría de cualquier oposición, pero sin ninguna propuesta constructiva, nada. Nunca está dispuesto a remangarse para pactar unas políticas que mejoren las condiciones materiales de vida de la gente. Y finalmente está Junts...»
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Lander Martínez Hierro · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la Variante sur Ferroviaria, mercancías por la Y vasca y medidas mitigadoras a...
«Presidenta, señorías, arratsalde on. Este es un debate, entre otros muchos, sobre la cuestión ferroviaria en Euskadi que ya lleva tiempo. Pareciera que solo es un debate sobre trazado ferroviario, pero la realidad es que no lo es. Es un debate sobre cómo se toman las decisiones, sobre cómo se condiciona la vida de generaciones y generaciones, sobre territorios o sobre quién tiene voz real en estas decisiones, porque, para empezar, el proyecto del que se habla en esta PNL -hablo de la variante sur ferroviaria, no del tren de alta velocidad- parte como parte, y parte también de una negociación presupuestaria y también con poca escucha y con una negociación política ajena al territorio al que afecta. Y el resultado es precisamente este, que se sacrifican lugares de gran valor -ecológico en este caso- para trasladar un problema o para repartirlo, y no para resolverlo, porque el tráfico pesado seguirá pasando por los mismos lugares de siempre y, además, ahora pasa por más sitios, y a quienes viven en barrios como Gorostiza o Castrejana nadie les preguntó si estaban dispuestos a asumir ese coste.»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de jubilación sin penalización.
«¡Qué alegría veros! (Dirigiéndose hacia la tribuna de invitados). Yo sí que creo en la política y creo que la prueba en realidad es la reforma de pensiones del 2021 que supuso un gran cambio en nuestro sistema. Recuperó derechos y además reforzó ingresos y sostenibilidad. Entre otras cosas recuperó la revalorización vinculada al IPC, sustituyó el perjudicial factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional e introdujo medidas para mejorar la situación de las personas que habían accedido a la jubilación anticipada después de largas carreras de cotización. Esa reforma la conoce muy bien la señora Belarra, porque fueron personas del ministerio que ella dirigía las que, cuando estaba en el Gobierno, llegaron a ese buen acuerdo. Debería estar orgullosa en realidad. Han pasado cinco años y debemos abordar una nueva etapa que corrija las deficiencias que todavía existen en nuestro sistema público de pensiones. Debemos seguir reduciendo la brecha de género; debemos seguir mejorando la suficiencia, es decir, la dignidad de las pensiones; debemos dar una respuesta adecuada a las profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres -hoy hemos tenido una muy buena victoria en la Comisión de Trabajo para las tripulantes de cabina-; y tenemos que abordar, evidentemente, la situación de las personas con largas carreras de cotización que son expulsadas del mercado de trabajo en los últimos años de su vida profesional y que terminan jubilándose de forma anticipada con una reducción de su pensión porque, evidentemente, este problema existe y es real, si no hoy no nos encontraríamos aquí.»
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Eloi Badia Casas · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique los motivos por los que el...
«Señorías, el miércoles pasado tuvimos la ocasión de escuchar a la vicepresidenta tercera dar cuenta sobre el estado real de los trámites del canal. Es verdad, entendemos que retrasos en el calendario puedan generar desconfianza en el territorio. Pero tenemos que contarlo todo y esto no es una foto congelada. Lo expusimos la semana pasada, estudiamos el proceso con detalle, también en el mes de abril: impulso de la tramitación administrativa en enero del año 2023, declaración de impacto ambiental en noviembre del año 2024, aprobación definitiva del proyecto en noviembre de 2025, préstamo del Banco Europeo de Inversiones en enero de este año, fijación de precios máximos en marzo, aprobación del texto del convenio entre el ministerio y Navarra el pasado 21 de abril... Es decir, no hablamos de un proyecto paralizado, sino de un proyecto que lleva tres años encadenando hitos administrativos, uno detrás de otro, hasta llegar a la fase final jurídica antes de la licitación. Esta moción vuelve a caer en el mismo problema que ya señalamos en abril: reduce un procedimiento complejo, ambiental, técnica, administrativa y financieramente a una cuestión simple de fijar fechas con un texto parlamentario. Conviene recordar que este Pleno no es una mesa de contratación, no somos nosotros quienes tramitamos ni evaluamos ni adjudicamos. Podemos exigir información, podemos exigir compromiso político, pero no podemos fijar por votación la fecha de una licitación que además no va a acelerar ningún trámite jurídico, solo traslada presión a un calendario que no depende de la voluntad política, sino de informes preceptivos como el que está haciendo la Abogacía del Estado y de, como se ha anunciado ya, la firma del convenio en el mes de octubre por parte del Gobierno.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y la pregunta para cuando hoy se vote aquí es: ¿y ahora qué?, ¿ahora qué pasa? Y esto me permite -termino con esto- ahondar en una cuestión que ha rondado en el debate parlamentario y en la tramitación de estas normas desde el principio. ¿Esto cómo se financia? ¿Cómo se pueden garantizar estos derechos? Se ha mencionado hoy mismo también. ¿La financiación de esta ley es real o no lo es? Pues yo digo hoy aquí que, a diferencia de otras veces en que se aprueban leyes aquí y se mandan al Boletín Oficial del Estado, no hay que esperar al desarrollo reglamentario para ver la transformación, a que la ley se vaya desplegando, y esto es así porque hemos hecho una cosa inédita en la política social de este país, y es que aprobamos la financiación de este cambio de modelo por adelantado, antes de que se pudiera culminar esta reforma con estas leyes. Y miren a lo que me refiero: desde que se votó aquí el 14 de julio el decreto ley de financiación extraordinaria para el nuevo sistema de cuidados, la comunidad de Andalucía ha recibido en julio y agosto 105 millones de euros más, Aragón 16, Asturias 8,7, Baleares 9, Canarias 26, Cantabria 6, CastillaLa Mancha 26, Castilla y León 37, Cataluña 63, Comunidad Valenciana 56, Extremadura 12, Galicia 30, la Comunidad de Madrid 75, Murcia, 16, La Rioja 2,7, Navarra 4 y el País Vasco 19,9. Estas son estimaciones de las nóminas transferidas en los meses de julio y agosto, que totalizan un incremento adicional de 517 444 000 euros adicionales solo en julio y agosto respecto a lo que se venía recibiendo. Esta cantidad será de 6200 millones de euros el año que viene -garantizado-, lo que implica que al año que viene se va a multiplicar por cinco -repito, por cinco- la financiación de la dependencia que destinaba el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Esto, que son hechos, son transferencias realizadas a las comunidades autónomas, es lo que planteamos desde el principio, que íbamos a poner la financiación por adelantado para hacer posible la refundación del modelo de cuidados que implican las leyes que se aprueban hoy.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Es un camino que, por supuesto, no ha estado exento -ni lo va a estar- de dificultades, de la complejidad propia de esta legislatura y de los tiempos que vivimos, pero reviste una importancia singular, y por eso he querido intervenir, para recalcarlo y que quede reflejado en el Diario de Sesiones; una importancia que no es solo para el Gobierno ni para este ministerio -por mucho que haber podido participar de este proceso sea el mayor honor que me vaya a llevar de la política-, sino para más de cuatro millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en día por nuestro sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración, para una sociedad, en su conjunto, que está atravesada a día de hoy por las desigualdades y las insuficiencias que genera nuestro sistema de atención social, de protección social. Lo es para quien cuida hoy de un ser querido, lo es para quien descubre la realidad que supone la necesidad de cuidar a alguien a quien se quiere en términos de jornada, de esfuerzo, de implicación y de soledad muchas veces, especialmente para las mujeres. Y lo es también para unas generaciones que apenas empiezan a formularse la pregunta acerca de a ellos quién les va a cuidar, en una sociedad en la que vivimos mucho más tiempo -lo que es un logro y una conquista democrática y reflejo de todo lo que ha avanzado este país en las últimas décadas-, pero en la que planea con fuerza la pregunta sobre cómo queremos vivir en esos años y qué necesitamos para poder vivir más.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a las portavoces y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios por participar en este punto importante. Es verdad, es una realidad que muchos de los temas que ocupan gran parte del debate político en esta Cámara pasarán y dejarán poca huella, pero hay otros debates que no, y este será uno de ellos. Hoy se culmina la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, después de tres años de durísimo trabajo por parte del ministerio y también de esta Cámara. Aunque la historia es mucho más larga, la historia incluye el plan de choque para la dependencia que se realizó en la legislatura pasada desde el ministerio de Ione Belarra y con el trabajo de Nacho Álvarez y de tanta gente; siguió por la utilización de los fondos europeos, el componente 22, con 3000 millones de euros para modernizar la infraestructura social y el sistema de la dependencia en España -ningún país europeo hizo algo parecido-; ha continuado en el trabajo de la estrategia de desinstitucionalización con todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos, trabajando a una para cambiar nuestro modelo de cuidados; siguió con la aprobación histórica de la reforma constitucional del artículo 49, de la primera reforma social de la historia de nuestra carta magna, que mandató al Gobierno y a esta Cámara a hacer lo que hoy está culminando: enviar al Boletín Oficial del Estado la que es la mayor reforma social en décadas en este país. (Aplausos).»
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Lander Martínez Hierro · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«La práctica totalidad de la teoría política -y así lo desarrollaba la estudiosa Eva Kittay- parte de un sujeto adulto, sano y autónomo. La construcción de este perfil como única subjetividad política -o, al menos, como la subjetividad política de partida- no es, por supuesto, neutral, sino que excluye de forma sistemática a dos grupos a la vez: a quienes quieren y requieren ser cuidados, pero también a quienes cuidan. Así sucede que uno se muda a un bloque de viviendas y no repara en que una persona en silla de ruedas nunca podría entrar en él. Uno se viste, se arregla, hace la comida, y jamás piensa que quizás un día no va a poder hacerlo solo. Uno no entiende por qué esa compañera de trabajo tiene que salir antes, por qué esa amiga siempre se va pronto de las cenas o por qué esa vieja conocida nunca se puede ir de vacaciones en verano. Por eso, insisto, para poder ver esta realidad hay que querer verla, querer mirar a las personas con discapacidad y situación de dependencia, querer mirar a sus familias y a sus personas cercanas, querer mirar a su alrededor para ver así las injusticias estructurales que atraviesan sus vidas y, por supuesto, actuar en consecuencia.»