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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Esther Gil de Reboleño Lastortres · Sumar ·
Congreso · PlenoAsunto convencional
«Gracias, presidenta. Señorías, hoy quiero dirigirme a sus señorías del Grupo Socialista para decirles que no podemos esperar más, que hemos votado a favor de la ampliación del plazo de la subcomisión relativa a los delitos de odio, pero no queremos agotar estos seis meses más, queremos que se tramite lo antes posible. Ni siquiera queremos votar prorrogar dos meses, porque el trabajo está hecho, las comparecencias también y las propuestas puestas encima de la mesa. Señorías, tenemos un problema grave de odio y es un problema que está contaminando nuestra sociedad y nuestro país. Lo estamos viendo en Ceuta, con el odio hacia las personas migrantes, el odio hacia personas que tienen otro color de piel o que tienen otro origen, el odio incluso hacia los niños y niñas. Yo me pregunto cómo se puede odiar a un niño, señorías de la ultraderecha y del Partido Popular. Pero no hace falta ir a Ceuta, el odio está instalado en nuestras calles, está instalado hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTBIQA+, hacia las personas que profesan otra religión, hacia las personas que tienen un cuerpo diferente o hacia las personas racializadas.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.
«Señorías, la violencia machista no puede combatirse con declaraciones retóricas, se combate transformando las relaciones sociales que perpetúan la subordinación, garantizando la independencia material de las mujeres y dotando a los poderes públicos de herramientas eficaces para prevenir la violencia y proteger a quienes la sufren. La emancipación de las mujeres no es una concesión; es una condición indispensable de cualquier proyecto democrático que aspira a una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Por eso rechazamos esta enmienda, rechazamos que se utilice la presunción de inocencia para enfrentar garantías jurídicas y protección de las víctimas, rechazamos que se instrumentalice la infancia para alimentar una batalla ideológica contra el feminismo y rechazamos que se utilice el sufrimiento de las mujeres para legitimar discursos racistas. No hay neutralidad posible ante la violencia: o construimos herramientas o contribuimos a mantener las condiciones que permiten que continúe. Y nosotras decimos: ni un paso atrás en los derechos de las mujeres, ni una niña ni un niño utilizado por sus padres como instrumentos de violencia hacia sus madres, ni una madre cuestionada o perseguida por intentar protegerlos y ni una víctima sin protección.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · Pleno¿Cuál es su prioridad, Vicepresidenta?
«Señora Guardiola, ¿sabe para qué sirven 137 diputados del Partido Popular? Para votar en contra de los trabajadores todos los días. (Aplausos). Por ejemplo, golpeándolos en contra de la reducción de la jornada laboral, algo que afecta a doce millones y medio de personas. Por cierto, señor Feijóo, aviso a los trabajadores de este país: el señor Nadal quiere que hagamos más horas extra en un país donde realizamos dos millones y medio de horas extra a la semana sin retribuir. También, señora Guardiola, sirven ustedes para votar en contra de los pensionistas, y el gurú económico del señor Feijóo nos advierte. Ojo a los pensionistas, que no quieren revalorizar las pensiones con el IPC, lo quieren ligar a la productividad. Ustedes contra los pensionistas. Y ahora la última. Sus prioridades, señora Guardiola, es que la señora Vázquez venga a este Congreso a echar gas pimienta, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras. (Aplausos.-Rumores). Esas son sus prioridades. Pero fíjese, señora Guardiola, tienen ustedes otra prioridad: criminalizar a los trabajadores de España. La última noticia del señor Feijóo es que va a dar poder a las mutuas para que sean ellas las que den las altas médicas cuando los trabajadores están enfermos. Estas son sus prioridades: golpear a la gente trabajadora. (Aplausos). ¿Sabe cuáles son las nuestras? Escuche, señora Guardiola. Estamos trabajando con el diálogo social en un plan para mayores de 52 años. ¿Tiene algo que aportar, señora Guardiola? Vamos a subir el salario mínimo. Cuando llegue la ley de prevención de riesgos, ¿van a votar a favor, señora Guardiola? Mire, señora Guardiola, mi prioridad es que los dos decretos del viernes salgan adelante. ¿Van ustedes a votar a favor de la gente de este país, señora Guardiola (rumores), o van a seguir haciendo lo que hacen? Porque su voto en contra, señora Guardiola, va a permitir que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda. Usted habla de suicidios, ¡es que no tienen vergüenza!, cuando van a votar en contra, permitiendo que se desahucie a la gente en España. Estos son ustedes, señoría. Hagan el favor, rectifiquen y sean útiles para España. (Aplausos.-protestas).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Y no, señorías del Grupo Socialista, la solución no es ir a Europa a pedir este mismo impuesto, pero a escala europea; la solución es hacerlo aquí, como hicimos hace un par de años. (Aplausos). Es así. Igual que hay que nombrar el fondo buitre de Maricarmen, Urbagestión. Igual que hay que nombrar las energéticas que cuadriplican beneficios, como Repsol o Moeve, también hay que nombrar a quiénes tumbaron el impuesto de las energéticas: PP, Vox, PNV y Junts. Hay que nombrarlos. Por lo tanto, sí, estamos a favor de esta moción de Podemos; de gravar los beneficios extraordinarios de las multinacionales energéticas; de limitar los precios de los carburantes y de una empresa de energía pública, aunque el problema no es tanto la generación de energía, sino hacer pública la distribución, que las redes sean de titularidad pública; crear una tarifa eléctrica con mínimo energético vital, con una garantía de acceso universal y progresiva en el consumo y, por lo tanto, articular una política fiscal adecuada en la electricidad y diferencial en los combustibles. Todo esto es posible. Lo es con voluntad política; lo es cuando la calle aprieta; lo es cuando hay que dar respuesta a la gente trabajadora, que no quiere dejarse la totalidad de su salario en vivienda, comida y transporte, en el mejor de los casos, mientras otros se lucran especulando con la situación en Oriente Medio.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Ante esta situación, en SUMAR lo tenemos clarísimo. Primero -ya lo dijo mi compañero Manuel Lago en esta tribuna hace quince días-, el Gobierno tiene que intervenir el mercado estableciendo un precio máximo de la gasolina y del gasóleo, como ya hacemos con el precio de la bombona de butano. La avaricia de la industria petrolera se combate con ambición política. Hay que establecer un precio máximo, regulado por el Gobierno, para evitar el empobrecimiento de la sociedad española; hay que topar los precios, como ya han hecho otros Estados y como, de hecho, también ha explicado mi compañero Carlos Martín. Segundo, tenemos que ponernos las pilas para conseguir la neutralidad climática y dejar de depender de los combustibles fósiles que contaminan nuestras vidas, y de los matones como Trump, que ignoran la legalidad internacional de la que nos hemos dotado como Estados. Y esto, señorías, de hecho, es una cuestión de justicia social y justicia climática. Es hora de tasar los beneficios caídos del cielo de estas multinacionales. Toca recuperar aquel impuesto de 2023 y de 2024 que impulsó el Gobierno de coalición para gravar de forma extraordinaria los ingresos de las grandes compañías del sector energético. Se recaudaron más de 2000 millones de euros anuales para financiar medidas anticrisis para las familias.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Gracias, presidente. Esta mañana nos hemos despertado con esperanza al constatar que la lucha de Maricarmen, la de los centenares de personas que acampan en la Puerta del Sol y la de los miles de personas que llevan años manifestándose por el derecho a una vivienda digna y asequible, se materializaba en dos reales decretos que nos acercan un poco más a la consecución de este derecho constitucional. Unas normas que desarrollan una serie de medidas que abordan algunas de las prácticas que han derivado en una crisis de la vivienda que se percibe como el principal problema de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, sí, la política sirve, si bien es cierto que necesita de la movilización social, de conquistar calles y plazas, para que esta reaccione con la contundencia necesaria para frenar fondos buitre y especuladores como Urbagestión, que mercadean con un derecho fundamental. (Aplausos). Y hoy, también hoy, nos hemos levantado con la información de que la inflación sube hasta casi el 5 % debido al aumento del precio de los carburantes. O, dicho de otra manera, debido a la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán y a las empresas del oligopolio energético, que aprovechan para especular con el precio del barril y se forran a costa de la gente. Y estas empresas tienen nombre: Repsol y Moeve, multinacionales españolas que han multiplicado sus beneficios por cuatro respecto al año anterior. En los seis primeros meses de 2025 ganaron 285 millones de euros. Ahora, en 2026, con la guerra, han ganado 2847 millones durante el mismo periodo: 2000 millones más gracias a la guerra. ¿Y quién los paga? La gente, la ciudadanía. El aumento del precio del barril repercute en los costes de producción de las empresas, lo que produce una subida general de los precios, especialmente en los alimentos, que son un bien básico en todos los hogares y que tienen mucho más peso en las familias con menos ingresos. También repercute en el precio de la gasolina, en el transporte, en cómo nos movemos.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«España ha votado en contra del reglamento de retorno porque no respeta los derechos de las personas, porque crea centros de detención fuera de la Unión Europea donde las leyes europeas no se aplican y no se respetan los derechos de los recluidos. Nuestro ministro del Interior expresó serias dudas sobre la legalidad de esos centros de confinamiento y criticó la posibilidad de privación de libertad de hasta veinticuatro meses con prórrogas indefinidas. En una democracia no se puede detener a nadie indefinidamente y menos por una situación administrativa. Es una vergüenza que ese reglamento fuera aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026. El Gobierno de izquierdas ha recogido el sentir mayoritario de las organizaciones sociales que atienden a migrantes y refugiados. Amnistía Internacional, Oxfam y CEAR consideran que el reglamento supone un retroceso en derechos y garantías legales y consolida un modelo basado en la externalización -y en Ceuta ya hemos visto que las políticas de externalización son temerarias y dejan en indefensión la soberanía de los países europeos-, y critican la detención administrativa de veinticuatro meses o que se acabe con las garantías de no devolución de personas perseguidas. Rechazan, en general, los centros de internamiento fuera de la Unión Europea por el riesgo de detención arbitraria, de malos tratos y de restricciones al acceso de un recurso judicial efectivo. Y, sobre todo, las organizaciones sociales reclaman vías legales y seguras para migrantes y refugiados y la reagrupación familiar. Y es que nada de eso se contempla en el PEMA. Save the Children y Unicef afirman que la detención de niños y niñas por ser migrantes no es propia de una democracia. Las familias con menores deben quedar protegidas frente a las deportaciones. Y ACNUR se muestra igualmente muy preocupada por el no respeto al principio de devolución.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, al Partido Popular le entran las prisas cuando se trata de restringir derechos, como ahora para que se implemente el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en lo relativo al reglamento de retorno, el traslado de personas perseguidas que han solicitado protección internacional a centros de internamiento fuera de la Unión Europea donde no se aplica el derecho comunitario, es decir, el modelo Guantánamo. Ojalá tuviera el Partido Popular la misma prisa para acabar con la especulación de la vivienda y sumarse al bloque parlamentario que trabaja para acabar con los desahucios de personas vulnerables como Maricarmen (aplausos), o para garantizar que la gente pueda acceder a una vivienda digna. PP y VOX se quejan de que los índices de natalidad en España son bajos. No se puede tener una familia viviendo en una habitación en un piso compartido que no tiene ni cuarto de estar. A los racistas de VOX hay que recordarles la doctrina social de la Iglesia y la Biblia. El tuit de VOX ayer sobre 'Morocarmen' seguro que es un pecado, además de puro racismo. Y, sobre todo, es mentira, pues el 70 % de los desahucios de este país afectan a extranjeros.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«La reducción de víctimas exige una política integral y transversal. Necesitamos más prevención, más educación vial, más infraestructuras seguras, más protección de peatones y ciclistas, más transporte público y más movilidad activa. Y eso se sigue reforzando a través del transporte público con la integración en el billete único (aplausos), para que sean opciones seguras, accesibles y atractivas. Necesitamos seguir incorporando la justicia restaurativa a nuestras políticas públicas, situando a las víctimas en el centro para una mejor protección. Necesitamos avanzar hacia un modelo sancionador más justo, donde las consecuencias económicas de las infracciones estén vinculadas de forma más equitativa a la capacidad económica de cada persona, porque, si no, pasan sin pena ni gloria. Y es que la seguridad vial no se construye fundamentalmente con sanciones; se construye generando responsabilidad colectiva. Y hacia esto podemos avanzar hoy aquí. Señorías, esta iniciativa no pretende señalar hábitos, sino crear sinergias con amplios sectores sociales, prevenir el alcoholismo y conectar esa prevención con la seguridad vial. Pretende recordar algo muy sencillo: conducir exige atención, prudencia y capacidad de reacción. Reducir a cero la presencia de alcohol al volante significa agudizar nuestros sentidos, prevenir mejor los riesgos y actuar con mayor responsabilidad hacia el resto. Ese es el verdadero sentido de esta reforma. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Estas son unas llaves (muestra unas llaves), las de una casa, las de un hogar, el lugar al que tenemos derecho y el lugar al que esperamos volver. Por eso hoy hablamos también del derecho a llegar a casa. Señorías, hoy debatimos una medida sencilla de explicar y fundamentada en una evidencia que lleva años acumulándose. Cuando hay alcohol al volante, aumenta el riesgo. Cuando reducimos ese riesgo, salvamos vidas. Por eso apoyamos esta toma en consideración. La rebaja de la tasa máxima permitida en la conducción avanza hacia un modelo de mayor protección para todas las personas usuarias de las vías públicas. ¡Qué casualidad! Somos todas y cada una de las personas que convivimos en España. Permítanme comenzar reconociendo el trabajo realizado por nuestro compañero Félix Alonso, anterior portavoz en materia de seguridad vial (aplausos), que defendió esta misma orientación política durante la anterior tramitación. Sin duda, su contribución ayudó a situar este debate donde debe estar: en la defensa de la vida, la prevención y la seguridad vial como política pública prioritaria. Señorías, sabemos que esta medida puede no generar unanimidad; que en todos nuestros pueblos, barrios y ciudades pueden quedar personas con dudas. También sabemos que forma parte de un debate social mucho más amplio sobre determinados hábitos culturales que están profundamente arraigados. Pero es que no queremos mirar a otro lado. Abramos ese nuevo espacio de conversación con la toma en consideración.»
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Verónica Martínez Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Señorías, todo esto del acceso a la carrera judicial importa por algunas cosas más. La democracia española transformó profundamente muchas de las instituciones del Estado, pero el Poder Judicial lo transformó un poquito menos. Llevamos décadas con un sistema de acceso extraordinariamente cerrado, basado en años de preparación individual -en buena medida privada, como ya he dicho- y en el que quienes ya forman parte de la carrera judicial preparan a quienes aspiran a entrar en ella. Eso no es inocuo. Las instituciones también construyen culturas, las transmiten, las reproducen, y cuanto más cerrado es el mecanismo de entrada, más difícil es cambiar esa cultura. Señorías, esto no es una discusión abstracta. La semana pasada una comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, y, ante una situación como esta, tenemos que preguntarnos también cómo administra justicia nuestra justicia. Claro que jueces y juezas aplican la ley, pero aplicar el derecho no es apretar un botón. Hay interpretación, hay ponderación y decisiones procesales, hay posibilidades de suspensión y aplazamiento previstas por nuestro ordenamiento. De hecho, el propio procedimiento de Maricarmen tuvo lanzamientos anteriores que fueron aplazados judicialmente. (Aplausos). Nadie nadie nadie interpreta la realidad desde el vacío, por eso, cuando hablamos de uno de los poderes del Estado, importa qué experiencias vitales, qué realidades sociales y qué formas de ver el mundo están presentes. Queremos una judicatura que conozca también esas vidas, porque el derecho se aplica sobre la vida de la gente, sobre quien pierde un empleo, sobre quien no puede pagar el alquiler y sobre una mujer de 87 años que acaba saliendo en camilla de un piso en el que ha vivido setenta años por un desahucio.»
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Verónica Martínez Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Señorías, la Constitución habla de igualdad, mérito y capacidad, y nosotras queremos tomarnos en serio las tres cosas. No creemos que la capacidad para ejercer de juez o jueza pueda medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas. Un juez no trabaja recitando una ley de memoria; tiene que interpretar, argumentar, valorar hechos y pruebas contradictorias, escuchar y decidir. Todo eso exige efectivamente muchísimo conocimiento jurídico, pero también exige capacidad de análisis, razonamiento, criterio, comprensión de la realidad social y capacidad para relacionarse con todas las personas que entran por el juzgado. La memoria es una capacidad, señorías, pero no es, ni mucho menos, la medida del resto de capacidades. Por eso nuestra propuesta sobre la escuela judicial parte de idea completamente diferente. No creemos que la formación pública deba empezar cuando ya hemos hecho toda la selección. Hoy en día, durante años, el Estado prácticamente desaparece de la preparación de quienes quieren ser jueces. Todo esto queda, en buena medida, en manos privadas. Solo cuando una persona ya accede a la oposición, aparece el Estado y comienza la formación pública. Nosotras queremos revertir esa lógica, que la formación pública forme parte del propio proceso de acceso: una formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad.»
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Viviane Ogou i Corbi · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la nefasta política educativa de su Gobierno.
«Gracias, presidenta. Me gustaría empezar haciendo un agradecimiento a los centenares de personas que hoy han intentado parar el desahucio de Maricarmen. (Aplausos). Y tengo que decir que, a pesar de todas las cosas buenas que estamos haciendo, me molesta profundamente que el Partido Socialista se ponga de perfil una vez tras otra ante la especulación inmobiliaria. La semana pasada trajimos una ley para acabar con la especulación de los fondos buitre, como el fondo que hoy ha desahuciado a Maricarmen -esos fondos que también compran los pisos donde viven familias con niños y niñas que van al colegio, que no sé cómo quieren que estos niños y niñas tengan buenos resultados-, y ustedes se abstuvieron. Me molesta que VOX, Junts y el Partido Popular hagan un seguidismo constante de los lobbies de la vivienda en vez de defender el derecho a la vivienda de todos y de todas. Y estamos cansados de llevar propuestas al Consejo de Ministros y que el Partido Socialista se ponga de perfil. Así que cuando tenemos que hablar sobre cuáles son los problemas que hacen que nuestros niños y niñas no saquen las mejores notas, tenemos que hablar también de las cuestiones estructurales, como el derecho a la vivienda, porque ¿quién va a sacar buenas notas cuando lo van a desahuciar, cuando sus padres no llegan a final de mes o cuando no pueden ver lo suficiente a sus familias porque no paran de trabajar? (Aplausos). Si queremos también solucionar los problemas de fondo, podemos empezar subiendo los impuestos a los fondos buitre, a ver si se van ya de nuestro país.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Por eso nosotras creemos en un proyecto de país y de futuro que invierta en vivienda social y que esté protegida permanentemente, que forme parte del parque público; es decir, inversiones financieramente sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda y también para fortalecer nuestra economía, nuestra cohesión social y nuestro futuro colectivo. También en adaptación y mitigación al cambio climático, en eficiencia energética, para que podamos levantar la vista y ver una tierra en la que haya libertad, paz y autonomía energética. Por eso vamos a apoyar este real decreto ley, porque La Palma necesita nuestro apoyo y porque las familias agricultoras, las cooperativas y las personas trabajadoras autónomas merecen que las instituciones las acompañemos hasta culminar la reconstrucción y porque creemos que una política fiscal responsable no consiste únicamente en reducir deuda, sino también en invertir en garantizar derechos, fortalecer la cohesión territorial y mejorar la vida de la gente. Porque, al final, la política consiste precisamente en poner los recursos públicos al servicio de las personas y no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Pero estamos hablando de la agricultura, que es una de las columnas vertebrales en La Palma; es empleo, es cohesión territorial, es identidad y es arraigo. La principal cooperativa agraria de la isla, Cupalma, agrupa más de 2450 personas agricultoras, genera 300 empleos directos y supera los 60 millones de euros al año de facturación. Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos únicamente de carreteras, fincas o infraestructuras; hablamos de familias, de proyectos de vida, de mujeres rurales y agricultoras que sostienen buena parte de la actividad económica, y de los cuidados, que defiende la juventud que decide quedarse en la isla y defiende nuestros territorios. La erupción duró ochenta y cinco días. La reconstrucción económica, social y emocional de una isla necesita mucho más tiempo y con este real decreto ley se lo queremos ofrecer, porque necesita que las instituciones sigamos acompañando a quienes todavía están reconstruyendo sus vidas. El segundo gran elemento de este decreto tiene que ver con la inversión pública. La norma permite que determinadas comunidades autónomas puedan utilizar parte del superávit, es decir, recursos que ya tenían. Y aquí conviene hacer una reflexión política de fondo. Que necesitemos una autorización específica para invertir en vivienda pública, en transición ecológica o en resiliencia climática significa que seguimos, en buena medida, bajo la arquitectura económica de la austeridad. Es una arquitectura que durante demasiado tiempo ha limitado la capacidad de las Administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que ha llegado el momento de liberarnos definitivamente de esa lógica. Porque la pregunta no es si podemos invertir, la pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo, y no hacerlo para mejorar la vida de la gente. ¿Podemos permitirnos no ampliar el parque público de vivienda cuando miles de jóvenes no tienen acceso a una vivienda digna? ¿Podemos permitirnos no invertir en adaptación al cambio climático cuando sus efectos ya forman parte de nuestro día a día? ¿Podemos permitirnos no invertir en eficiencia energética cuando sabemos que reduce costes para familias, Administraciones y empresas? No podemos.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Este real decreto ley tiene dos objetivos muy claros: seguir acompañando a La Palma en su recuperación y permitir que las comunidades autónomas puedan impulsar nuevas inversiones con recursos que ya tienen. Son dos objetivos distintos que responden a una misma idea. Cuando existen necesidades sociales, económicas o territoriales, las instituciones debemos estar a la altura, como lo están hoy mis compañeros acompañando en el desahucio a Maricarmen. (Aplausos). En primer lugar, hablaremos de La Palma. Ya han pasado cinco años desde la erupción del Tajogaite -cinco años- y, sin embargo, basta leer el real decreto o visitar la zona para comprender que la reconstrucción no ha terminado. Todavía hay personas agricultoras que necesitan una nueva moratoria para hacer frente a sus préstamos. Todavía hay personas trabajadoras autónomas que requieren medidas extraordinarias para mantener su actividad y todavía hay explotaciones que siguen recuperándose de los daños causados por la erupción o que son construidas sobre una nueva colada. Por eso, apoyamos que se mantenga durante 2026 la deducción en el IRPF para las personas residentes en la isla y que se movilicen nuevos recursos para compensar pérdidas de producción, reconstruir infraestructuras agrarias y recuperar explotaciones afectadas.»
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Juan Antonio Valero Morales · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir...
«¿Qué otras medidas hay que tomar fuera de la escuela, pero que sabemos que determinan, que inciden, que influyen en el sistema educativo? Por ejemplo, favorecer la conciliación familiar para que niños y niñas puedan estar por las tardes con sus padres y con sus madres. Eso significa reducir la jornada laboral y a eso se opone VOX. (Aplausos). Garantizar que los hijos e hijas de las familias de clase trabajadora tengan condiciones materiales dignas. Eso significa subir salarios, limitar el precio de la vivienda y reforzar las becas, y a todo eso ha votado en contra VOX. Fuera de la escuela también es importante proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas de las pantallas y de las redes sociales, y eso significa poner límites, regular, pero eso va en contra de esos tecnoligarcas que están aupando a VOX y a la internacional reaccionaria. En definitiva, todo lo que mejora la escuela pública o las condiciones de las familias trabajadoras tiene enfrente a VOX. Por tanto, señorías, conviene desmontar una idea que se repite muy a menudo: no existe una educación neutral; toda ley educativa transmite valores y proyecta una sociedad. La diferencia está en qué sociedad queremos construir, y desde la izquierda lo tenemos claro: queremos una educación pública e inclusiva para tener una sociedad más justa y más democrática y queremos una escuela pública para que quien no ha nacido con un pan debajo del brazo y tiene más dificultades pueda progresar. Cuando VOX habla de acabar con el adoctrinamiento, no propone eliminar los valores de la escuela, sino sustituir unos valores por otros para utilizar la escuela para construir una sociedad autoritaria, desigual y patriarcal (rumores), al servicio de la reacción y la barbarie. (Aplausos).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la aprobación de la Ley de Familias.
«Las cuidadoras principales de personas en situación de dependencia deben ser reconocidas y apoyadas. Desarrollan un trabajo esencial para garantizar una vida digna a las personas que quieren y cuidan. Pero debe existir una alternativa, unos servicios públicos robustos y unas prestaciones dignas que no incentiven a las mujeres -la mayoría de las que cuidan son mujeres- a quedarse en el hogar. Cuidar de un ser querido dependiente no es un trabajo, sino que es una función social que debe ser reconocida y apoyada, pero debe ser la última de las opciones para que estas mujeres no dediquen todo su tiempo y su vida a cuidar en el hogar. Aquí estamos para aprobar esta ley imprescindible, para sumar, debatir y conseguirlo. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la aprobación de la Ley de Familias.
«El otro pilar de esta ley es la prestación universal de crianza, la PUC, para las familias con menores de 3 años con el fin de garantizar el bienestar de niños y niñas en sus primeros años de vida. Es universal porque no es asistencialismo, sino un derecho que llega automáticamente a quien más lo necesita, sin trabas ni burocracia. Hoy el 34,6 % de los niños, las niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 2,7 millones de menores. La PUC es el instrumento más eficaz para combatirlo y es urgente aprobarla. Seguramente la gente que sigue este debate se preguntará quién puede estar en contra de proteger a las familias monoparentales o de desarrollar una prestación que contribuya a erradicar la pobreza infantil. Pues VOX, porque no solo está en contra de cualquier medida que implique mejorar la vida de la gente, sino especialmente de aquellas familias que no encajan con su canon conservador de familia. Para VOX solo existe un modelo de familia, pero la realidad es otra, les guste o no. También el PP, al que le encanta señalar todos los retos que tenemos como sociedad y culpar de ellos al Gobierno, como se esperaría de cualquier oposición, pero sin ninguna propuesta constructiva, nada. Nunca está dispuesto a remangarse para pactar unas políticas que mejoren las condiciones materiales de vida de la gente. Y finalmente está Junts...»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la aprobación de la Ley de Familias.
«Gracias, presidenta. Podemos nos trae hoy una PNL que insta al Gobierno a aprobar de forma inmediata el proyecto de Ley de Familias que permita el reconocimiento de la diversidad familiar, la protección social de todas las familias y la garantía del derecho a la conciliación. Bien, no podríamos estar más de acuerdo con la importancia de esta ley, y por eso, de hecho, el 27 de febrero de 2024, hace más de dos años, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Familias. Desde entonces esta norma se encuentra en este Parlamento para ser debatida, acordada, votada y aprobada por los grupos de esta Cámara, así que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Derechos Sociales, ya ha hecho su trabajo, y por eso hemos enmendado el redactado, para enfatizar que la responsabilidad de su aprobación se encuentra en nuestras manos, radica en la capacidad de negociación y acuerdo de las diputadas y diputados. La Ley de Familias resume la razón por la que SUMAR está en el Gobierno de coalición progresista: conquistar derechos y hacer visibles las realidades que otros niegan y condenan a la precariedad. Esta ley crea por primera vez un marco legal común que reconoce la diversidad familiar que ya existe en el Estado y garantiza a todas las familias la misma protección social. Uno de sus pilares se sustenta en la creación del título estatal de familia monoparental, un reconocimiento oficial válido en todo el Estado para acceder en igualdad de derechos a prestaciones y ayudas específicas. Y no es un detalle administrativo, señorías, sino que tiene un objetivo claro porque el 50 % de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza o exclusión social, la mitad, y además tiene el rostro de mujer: de todos los hogares monoparentales, ocho de cada diez están encabezados por una mujer.»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de jubilación sin penalización.
«Por eso, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta, porque esta cuestión, después de tantos años de reivindicación, evidentemente, se merece ser debatida en esta Cámara, y porque creemos que el trámite parlamentario debe ser precisamente para mejorar el texto, para escuchar a los colectivos afectados, para escuchar a los agentes sociales y para construir una solución que repare una injusticia sin generar otros problemas y más desigualdades. Es el compromiso que hoy deberíamos adquirir todas, no elegir entre reconocer el problema o rechazarlo, como me temo que algunos pueden intentar hacer.»
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Teslem Andala Ubbi · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la crisis que atraviesa la Ciudad Autónoma de Ceuta.
«Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Es una de las múltiples mociones -por supuesto, no sobran- sobre Ceuta y la grave situación humanitaria que se está viviendo allí, compañero del Grupo Popular, compañero ceutí, pero en toda tu intervención has repetido lo mismo que en todas las intervenciones: qué malo es Pedro Sánchez, qué malo es el Gobierno. ¿Qué respuesta das tú, no solamente a ti mismo, sino al pueblo ceutí, para que esto no vuelva a pasar con un Gobierno del Partido Popular? ¿Qué solución le vais a dar a esto? Pensáis que Marruecos es el Marruecos de Aznar. Marruecos no es el Marruecos de Aznar ni Ceuta y Melilla son la crisis del Perejil. Además, hay algo que no se está dando en este debate, ni el debate económico ni qué vamos a hacer como Estado y como nación si esto vuelve a pasar. Creo que podemos desandar el camino, y el camino se desanda desde el inicio. En primer lugar, hay que decir que ayer mismo se cumplían seis años de los acuerdos de Abraham. Son acuerdos impulsados por la Administración Trump en los que se da un peso importantísimo a Marruecos y a Rabat para el reconocimiento del Estado genocida de Israel como Estado legítimo, con una presencia crucial en Oriente Medio. Posteriormente, la Administración Trump reconocía la autonomía sobre el Sáhara Occidental. Los populares no lo señalasteis en ese momento. (El señor Celaya Brey señala a las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: El PSOE). Por supuesto, ya lo he dicho: el PSOE, la hipocresía del Gobierno. Lo he dicho muchas veces. Pero sigo con la narrativa. En el año 2024 se aprobó en el Parlamento Europeo el Pacto sobre Migración y Asilo. En el pacto, aunque es terrible y de fronteras, se financia aún más la dictadura de Marruecos, se le da muchísimo más dinero, se le da más fortaleza, más poder, pero, además, señala algo importante, algo que el Partido Popular Europeo apoyó: cada solicitud de asilo se tiene que hacer de manera individual y, si ha sido rechazada, para la expulsión de ese migrante se necesitan, como mínimo, doce semanas. Estuvisteis a favor. (El señor Celaya Brey: Máximo, máximo). Sí, sí, pero por eso no podemos expulsar a la gente tampoco en un día. (El señor Celaya Brey pronuncia palabras que no se perciben). Esto es así, es el Reglamento Europeo y, si lo queréis modificar, habrá que volver a llevarlo a la Comisión para su debate. Tercero, en el 2025 la Comisión Europea de la señora Ursula von der Leyen puenteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para fortalecer aún más los acuerdos de asociación que tenemos en materia de pesca y agricultura con Marruecos, en detrimento del derecho internacional del pueblo saharaui. No se dijo absolutamente nada ni se hizo absolutamente nada, y la señora Von der Leyen es del partido de los conservadores europeos. No se hizo absolutamente nada, y fue en detrimento de los agricultores españoles. Cuarto, este 15 de julio la Administración estadounidense, a través de un informe, efectivamente no vinculante, pero que deja simplemente una huella crucial en la financiación en materia de cooperación con Rabat, deja claro que Ceuta y Melilla son territorios en disputa entre Rabat y el Reino de España. Y eso no está ahí por azar, sino que viene porque existe una Administración Trump y un Estado genocida de Israel que aúpan y fortalecen a Marruecos.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y termino con una última reflexión. La asunción de los cuidados como una obligación democrática y, por tanto, como pilar de nuestro sistema de protección social no se refiere solo a las situaciones de dependencia o a las personas con discapacidad. Cuidar y ser cuidados es algo que atraviesa los ciclos vitales desde que inician hasta que acaban. El sistema de cuidados propio de un Estado social del siglo XXI debe abarcar el conjunto de esas realidades vitales. Y, para empezar -y este es el siguiente paso que les anuncio desde aquí-, el sistema de cuidados en España debe incluir una prestación universal por crianza, para acabar con la pobreza infantil en este país. (Aplausos). En pocas semanas tendremos en esta Cámara el debate de los presupuestos generales del Estado: por parte del Ministerio de Derechos Sociales será un debate sobre la prestación universal por crianza. Los veo a todos ustedes, señorías, en ese debate. Será un placer. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y la pregunta para cuando hoy se vote aquí es: ¿y ahora qué?, ¿ahora qué pasa? Y esto me permite -termino con esto- ahondar en una cuestión que ha rondado en el debate parlamentario y en la tramitación de estas normas desde el principio. ¿Esto cómo se financia? ¿Cómo se pueden garantizar estos derechos? Se ha mencionado hoy mismo también. ¿La financiación de esta ley es real o no lo es? Pues yo digo hoy aquí que, a diferencia de otras veces en que se aprueban leyes aquí y se mandan al Boletín Oficial del Estado, no hay que esperar al desarrollo reglamentario para ver la transformación, a que la ley se vaya desplegando, y esto es así porque hemos hecho una cosa inédita en la política social de este país, y es que aprobamos la financiación de este cambio de modelo por adelantado, antes de que se pudiera culminar esta reforma con estas leyes. Y miren a lo que me refiero: desde que se votó aquí el 14 de julio el decreto ley de financiación extraordinaria para el nuevo sistema de cuidados, la comunidad de Andalucía ha recibido en julio y agosto 105 millones de euros más, Aragón 16, Asturias 8,7, Baleares 9, Canarias 26, Cantabria 6, CastillaLa Mancha 26, Castilla y León 37, Cataluña 63, Comunidad Valenciana 56, Extremadura 12, Galicia 30, la Comunidad de Madrid 75, Murcia, 16, La Rioja 2,7, Navarra 4 y el País Vasco 19,9. Estas son estimaciones de las nóminas transferidas en los meses de julio y agosto, que totalizan un incremento adicional de 517 444 000 euros adicionales solo en julio y agosto respecto a lo que se venía recibiendo. Esta cantidad será de 6200 millones de euros el año que viene -garantizado-, lo que implica que al año que viene se va a multiplicar por cinco -repito, por cinco- la financiación de la dependencia que destinaba el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Esto, que son hechos, son transferencias realizadas a las comunidades autónomas, es lo que planteamos desde el principio, que íbamos a poner la financiación por adelantado para hacer posible la refundación del modelo de cuidados que implican las leyes que se aprueban hoy.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y en ese arco parlamentario el Partido Popular unas veces ha estado en el verde y otras en el amarillo, a veces lo han apoyado y otras se han abstenido. En el caso de esta reforma, cuando pasó por aquí hace dos meses desde esta tribuna yo les agradecí con total sinceridad que ustedes se abstuvieran, que modificaran en el último minuto el sentido de su voto. Lo que había sucedido antes es que en el largo año de trabajos en la Comisión de Derechos Sociales ustedes no quisieron participar en la ponencia y votaron en contra de todo. Pero retiraron sus propias enmiendas y vinieron aquí a decir que se abstenían, y al final yo se lo agradecí. Porque era importante que saliera adelante esta ley con un consenso suficiente, porque la ley no tenía memoria económica y porque promulgar nuevos derechos sin que tuviera la financiación suficiente era generar frustración; algo así venían a expresar entonces ustedes. Pero luego en el Senado ya nada de todo esto vale, y, sin negociar ni hablar con el Gobierno de nada, cuando ya no importan las memorias económicas ni nada de todo esto, han añadido un montón de cuestiones, algunas importantísimas, otras incomprensibles, y es evidente que en el planteamiento hoy hay la voluntad de generar un choque, en el que yo no voy a entrar. Como he hecho siempre en el pasado con estas cuestiones -lo mismo les digo a ustedes y a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que con buena voluntad y propósito constructivo han planteado la cuestión de la CUME y otras tantas necesidades acuciantes- y como creo que ha hecho la ministra de Inclusión esta mañana aquí, lo que voy a hacer es comprometerme a sacarlo adelante con el mayor consenso posible, de la manera más coherente posible, y no solo en referencia a estas cuestiones, sino respecto a otras también que han quedado aparcadas sobre protección a las familias, a las familias numerosas, a las monomarentales, etcétera, que han quedado aparcadas porque ni siquiera han querido sentarse a hablar de la ley de familias. La vamos a traer aquí y lo vamos a hacer bien y vamos a seguir avanzando, sin instrumentalizar ni utilizar como arma arrojadiza cuestiones tan absolutamente imprescindibles, urgentes y necesarias.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y, en esta legislatura tan compleja, tan difícil, lo han conseguido ya en distintas ocasiones, han conseguido teñir de verde el arco parlamentario. Lo hicieron con el artículo 49, con la ley ELA, con el decreto ley que dotó de 500 millones de euros para el despliegue de esa ley, con el decreto ley que puso 6200 millones de euros para hacer posible esta transformación del modelo de cuidados y también con la reforma de las leyes que hoy culmina. Bueno, de verde entero, no; siempre ha habido una excepción, que es la ultraderecha, que sistemáticamente ha votado en contra de cada una de estas reformas, y yo hoy quiero decirlo aquí para que se sepa, para que conste y esto les persiga para siempre. Cuando esta Cámara en un ejercicio de consenso absolutamente transversal, que es el de la sociedad española, se ha puesto de acuerdo para atender las reclamaciones, las demandas más justas de nuestros compatriotas más vulnerables, para hacerles la vida un poco mejor, ustedes siempre han votado en contra, sistemáticamente. Esa es la verdad y debe conocerse. De hecho, lo que han hecho ahora en el Senado, después de haber votado en contra de la reforma de estas leyes, es decir, de haber intentado oponerse a que existieran, bloquearlas para que no sucedieran, ha sido introducir una enmienda para decir: ya que va a salir, ya que se van a ampliar derechos, ya que va a mejorar la protección social de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, asegurémonos de que no reciban ninguna de esas prestaciones o ayuda quienes nosotros no queremos, quienes tengan otra religión, o los nombres que a ustedes no les gustan, los solicitantes de asilo... ¡Qué vergüenza! Por muy grande que sea el crucifijo que lleven, ¡qué malos cristianos son! Por muy grande que sea la banderita que lleven, ¡qué malos patriotas son! De verdad, ¡que se sepa esto y que les persiga! (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Desde luego, nosotros nos hemos dejado la vida en llegar a este día, pero somos plenamente conscientes de que, si esto está sucediendo hoy aquí, si hemos llegado hasta aquí, es gracias al trabajo del CERMI, de la ONCE, de COCEMFE, de Plena Inclusión, de CEAFA, de CEOMA, de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, de los sindicatos de clase, de las plataformas de mayores, de las organizaciones de la discapacidad, del tercer sector, en su conjunto. Y hoy una vez más, como han hecho todos los portavoces parlamentarios, quiero agradecer y reconocer su labor, expresar mi admiración por haber sabido ejercer de manera ejemplar la responsabilidad y el papel que las organizaciones sociales tienen en una democracia. Ya los griegos decían en la antigua Grecia que cuando la democracia degenera se convierte en demagogia -también esta tarde hemos escuchado bastante demagogia aquí-, pero lo que precisamente diferencia un régimen del otro es la existencia de organización social, de conciencia, de presión, de movilización para hacer que la democracia cumpla con el propósito que es el suyo, que es garantizar la igualdad de derechos y oportunidades y el reparto de la riqueza y de los recursos, que es lo que está haciendo el Estado social hoy en día. Gracias a la existencia de un sector social como el que tenemos en España seguimos avanzando y este tipo de consenso, este tipo de avances son posibles.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
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«Y lo es para el Estado social, que avanza asumiendo que la cuestión de los cuidados no es individual, no es una cuestión familiar, no es una cuestión privada: es una necesidad que penetra en nuestra sociedad transversalmente y, por tanto, a la que hay que dar una respuesta democrática, generando derechos, generando igualdad de oportunidades, de condiciones ante las mismas necesidades. Y es también particularmente importante para reafirmar una excepción, la excepción española, que en un momento en el mundo en el que lo que abunda y lo que avanza son los conflictos, son las guerras, son los rearmes, son los recortes, este país sigue apostando por convertir nuestra sociedad en un lugar más justo, por seguir ampliando la red de protección social, por seguir generando derechos. Y lo es, si me permiten la osadía, también para ustedes, porque un día podrán mirar hacia atrás, la labor parlamentaria que realizaron en esta sede y podrán decir: Yo voté a favor de esa reforma en el Congreso -eso para quienes voten a favor, por supuesto; no para los que no lo puedan decir-. Creo que será una forma de honrar el mandato que asumieron en esta Cámara.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
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«Es un camino que, por supuesto, no ha estado exento -ni lo va a estar- de dificultades, de la complejidad propia de esta legislatura y de los tiempos que vivimos, pero reviste una importancia singular, y por eso he querido intervenir, para recalcarlo y que quede reflejado en el Diario de Sesiones; una importancia que no es solo para el Gobierno ni para este ministerio -por mucho que haber podido participar de este proceso sea el mayor honor que me vaya a llevar de la política-, sino para más de cuatro millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en día por nuestro sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración, para una sociedad, en su conjunto, que está atravesada a día de hoy por las desigualdades y las insuficiencias que genera nuestro sistema de atención social, de protección social. Lo es para quien cuida hoy de un ser querido, lo es para quien descubre la realidad que supone la necesidad de cuidar a alguien a quien se quiere en términos de jornada, de esfuerzo, de implicación y de soledad muchas veces, especialmente para las mujeres. Y lo es también para unas generaciones que apenas empiezan a formularse la pregunta acerca de a ellos quién les va a cuidar, en una sociedad en la que vivimos mucho más tiempo -lo que es un logro y una conquista democrática y reflejo de todo lo que ha avanzado este país en las últimas décadas-, pero en la que planea con fuerza la pregunta sobre cómo queremos vivir en esos años y qué necesitamos para poder vivir más.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a las portavoces y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios por participar en este punto importante. Es verdad, es una realidad que muchos de los temas que ocupan gran parte del debate político en esta Cámara pasarán y dejarán poca huella, pero hay otros debates que no, y este será uno de ellos. Hoy se culmina la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, después de tres años de durísimo trabajo por parte del ministerio y también de esta Cámara. Aunque la historia es mucho más larga, la historia incluye el plan de choque para la dependencia que se realizó en la legislatura pasada desde el ministerio de Ione Belarra y con el trabajo de Nacho Álvarez y de tanta gente; siguió por la utilización de los fondos europeos, el componente 22, con 3000 millones de euros para modernizar la infraestructura social y el sistema de la dependencia en España -ningún país europeo hizo algo parecido-; ha continuado en el trabajo de la estrategia de desinstitucionalización con todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos, trabajando a una para cambiar nuestro modelo de cuidados; siguió con la aprobación histórica de la reforma constitucional del artículo 49, de la primera reforma social de la historia de nuestra carta magna, que mandató al Gobierno y a esta Cámara a hacer lo que hoy está culminando: enviar al Boletín Oficial del Estado la que es la mayor reforma social en décadas en este país. (Aplausos).»