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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Este decreto ley es la solución para impedir que situaciones como esta vuelvan a producirse. Por eso, la votación que se plantea hoy es muy sencilla. Me cuesta pensar que algún grupo parlamentario pueda justificar su oposición a esta medida, porque al hacerlo estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos a costa del interés general, del bienestar, de la tranquilidad y de los derechos de los consumidores, es decir, de la ciudadanía, es decir, de sus votantes. Creo sinceramente que sería imposible de entender. Como lo sería que, en el caso de que se reprodujeran circunstancias como estas o en el caso de que se volvieran a producir los abusos conocidos, como los vividos en estas últimas emergencias, tuvieran ustedes que explicarle a la gente que hay multinacionales que pueden seguir lucrándose de esta manera injusta e injustificable sencillamente porque hubo quien hoy en esta Cámara votó en contra de adoptar esta medida. Confío en que pueda salir adelante con el apoyo mayoritario de los grupos de esta Cámara y que, una vez más, el interés general pueda abrirse paso. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Gracias, presidenta. En todo caso, después de estos resultados conocidos, creo que podemos concluir de manera razonable que este mecanismo funciona y sirve para poner coto a esos abusos, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos y la prevalencia del interés general. (Aplausos). Ese es el objetivo de este decreto ley y creo sinceramente que constituye la respuesta idónea a la demanda unánime expresada por la ciudadanía, porque, cuando ocurre una desgracia colectiva, de lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o una ciudadana es de que le vayan a estafar. Siento decirlo de manera tan clara, pero parece evidente que ninguna empresa debe poder hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía y me cuesta creer que haya que defender algo tan básico como que, si tienes que salir de tu casa corriendo por una emergencia, no tengas que preocuparte por pagar cientos de euros por una noche de hotel; como que, si tu hogar o tu pueblo, allí donde has crecido y vivido toda la vida, se está inundando, no tengas que preocuparte porque un trayecto en VTC pase de costar 10 a 200 euros; como que cuando todo un país está aún conmocionado por la pérdida de compatriotas en un accidente trágico, no tengas que pagar 500 euros por un medio de transporte alternativo para llegar a tu trabajo o a estar con tu familia.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Ante esta realidad, la opinión pública, las organizaciones de consumidores y usuarios, instituciones como el Defensor del Pueblo, pero también la mayoría de los grupos parlamentarios aquí reunidos, expresaron reiteradamente la necesidad de poner coto a estas situaciones de indefensión y vulnerabilidad de la ciudadanía y de limitar, por tanto, estos abusos injustificables por algunos operadores del mercado. No podemos normalizar que trayectos en VTC, por ejemplo, que un día cualquiera cuestan 25 euros, llegaran hasta los 90 euros en grandes ciudades durante el apagón. No es admisible que los vuelos a Galicia alcanzaran hasta los 400 euros por trayecto, como sucedió el pasado verano durante la oleada de incendios, o que tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz ocurrido recientemente, volviera a dispararse el precio de los transportes alternativos, como los billetes de avión, el alquiler de vehículos o también las aplicaciones de viajes compartidos. Creo que, independientemente de la afiliación política e ideológica de la ciudadanía, una inmensa mayoría de nuestro pueblo compartió su indignación ante estos abusos. ¿Cómo no hacerlo cuando en medio de una emergencia hay quien decide aprovecharse de la necesidad y la vulnerabilidad ajenas?»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy me corresponde defender el Real decreto ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia, una normativa que responde principalmente al clamor social que se ha producido en nuestro país tras el encarecimiento disparatado de los precios de algunos bienes y servicios esenciales que vimos tras el accidente ferroviario de Adamuz, las inundaciones en Grazalema y otras localidades de Andalucía y Extremadura, pero también tras el apagón, los incendios devastadores que vivimos el pasado verano o la dana de Valencia. Lo que se ha visto una y otra vez en estas situaciones es que, incluso en las circunstancias más duras y que causan mayor dolor en nuestras sociedades, existen agentes económicos empeñados en demostrar que no les importa la gente afectada por estas situaciones, sino cuánto dinero pueden obtener de ellas, a menudo por medio de sistemas automatizados de fijación de precios desprovistos de cualquier límite, de cualquier noción del bien común o del interés general. De hecho, estos incrementos abusivos en ningún caso se han correspondido con incrementos de los costes operativos o de funcionamiento de esos servicios; al contrario, responden al afán de obtener un lucro inmerecido, injustificado e inaceptable a costa de explotar la necesidad ajena y la vulnerabilidad de los consumidores. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Por último, tenemos una tercera cuestión que seguro que muchas de sus señorías enfatizarán en esta sesión, la relativa a la financiación del sistema. La triste realidad es que venimos de una trayectoria y de un pasado de infrafinanciación crónica y sistemática del sistema. Por eso, la tarea que tenemos ante nosotros y nosotras es doblemente exigente. Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos toda la determinación de hacerlo y creo que contamos también con suficientes hechos probados desde la legislatura pasada para poder sustentar ese compromiso. Desde el año 2020, la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del sistema de la dependencia se ha incrementado en un 150 % y se ha triplicado desde el año 2014, y si incluimos los fondos provenientes del PRTR que España -que ha sido el único país europeo en hacerlo- ha dedicado en su componente 22 a la política social y específicamente a la política de cuidados, esos fondos se han multiplicado por cuatro desde el año 2014. En este 2025 alcanzaremos un máximo histórico de más de 3700 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5 % respecto al año anterior y de un 15 % respecto a 2023. Hoy, con total claridad, quiero transmitir a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. (Aplausos). Es lo que refleja el acuerdo de gobierno, que recoge el compromiso de alcanzar un 50 % de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado, y creo que también los hechos de nuestra acción reciente. Hace apenas unas semanas esta Cámara aprobó por unanimidad una inyección extraordinaria de 500 millones de euros adicionales al sistema de la dependencia, pero en los últimos meses también nuestro ministerio, tanto en materia de dependencia como de discapacidad, ha destinado importantes partidas presupuestarias extraordinarias para financiar, por ejemplo, con 20 millones de euros programas de educación inclusiva para el alumnado autista en nuestro sistema educativo, 41 millones de euros para desarrollar un marco estatal de atención temprana, 65 millones de euros para desarrollar un plan de acción de mujeres y discapacidad, como mandata el artículo 49 de la Constitución, y, provenientes de los fondos europeos que se desarrollaron desde la legislatura pasada en el Gobierno de coalición, se han destinado 365 millones de euros para promover la teleasistencia y más de 1000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas para la adaptación y adecuación de hasta dieciséis mil plazas residenciales.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Pasamos ahora a la segunda cuestión: la falta de valorización social generalizada, no solo económica, del trabajo de cuidados, asunto derivado de su fuerte feminización tradicional y de su relegación al ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, de la economía no monetizada. Atendiendo a la conversación pública, atendiendo a los debates sobre la economía, por ejemplo, podría parecer que el trabajo de una persona que cuida día a día de los otros no valiera mucho. Sin embargo, es evidente que se trata de uno de los trabajos más elementales de nuestra sociedad, porque si un solo día todas las personas que cuidan no pudieran realizar su trabajo, la vida social en nuestro país colapsaría. Por eso, esta reforma busca centrarse no solo en quienes necesitan cuidado, sino también en quienes cuidan y poner en valor su labor. Queremos poner la dependencia en el centro de nuestro estado del bienestar, dando a los cuidados el peso social y el reconocimiento que siempre debieron tener. Algunas de las medidas más importantes en este sentido son la ampliación de las prestaciones a cuidadores del entorno relacional así como el fomento de la investigación social y tecnológica, que debe repercutir en una mejora de la labor de cuidados.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Primera cuestión: la perspectiva asistencialista que atraviesa todo el sistema de la dependencia, desde lo micro, en el día a día de muchas residencias, hasta lo macro, en la propia arquitectura jurídica sobre la que se sustenta. El cambio de modelo de cuidados propone justamente lo contrario. Nos alejamos de centrar los esfuerzos en la gestión de las instituciones y nos volcamos en los resultados, las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas usuarias: qué se quiere, dónde se quiere envejecer y cómo se quiere ser cuidado. Cuando se pregunta a las personas mayores, el 90 % de ellas contesta que desea permanecer en su casa el mayor tiempo posible. Garantizar que esa preferencia sea posible requiere cambios profundos en un sistema que no fue diseñado para ello; cambios complejos, pero que deben emprenderse cuanto antes. Por eso con esta reforma pretendemos pasar del modelo asistencialista a uno más cercano y comunitario, a través de transformaciones concretas que mejoren especialmente los cuidados a domicilio e impulsen la promoción de la autonomía personal. Por ejemplo, se propone garantizar la accesibilidad universal como un derecho, con la creación de un fondo estatal de accesibilidad universal para poder abordar las obras necesarias en todos los espacios públicos. Y se propone también modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ampliar supuestos de obligatoriedad en las reformas de accesibilidad. Además, la reforma contempla la expansión de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario, para que pueda cubrir actividades como hacer la compra, ir al médico o al centro de día. Consagra la teleasistencia como un derecho subjetivo y busca incorporar al catálogo de servicios aquellos de asistencia personal, apoyos en viviendas o la provisión de productos de apoyo. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y todas las presentes en esta sesión, de la que espero que podamos salir con dos avances importantes en materia de política social. El primero, la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que vienen ustedes de debatir y que, tras muchos años de presión y de esfuerzos por parte de las organizaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras, supondrá un paso delante de calado en la defensa de esos derechos y, por tanto, también en la extensión y la mejora de la democracia española al cubrir gran parte de las relaciones económicas y comerciales. El segundo hito de esta sesión es la votación de la tramitación en esta Cámara de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, reforma que despliega el mandato constitucional del artículo 49 y supone la que quizás sea la mayor reforma social en mucho tiempo para ampliar y desarrollar el estado del bienestar y así para mejorar la democracia española.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del...
«Quisiera señalar también que desde hace semanas trabajamos con el conjunto de comunidades autónomas, con todos los Gobiernos autonómicos para que, si ustedes tienen a bien convalidar este Real Decreto Ley hoy, puedan proceder a la adaptación de los sistemas autonómicos de la dependencia y asegurar que las prestaciones lleguen a las personas usuarias en el menor plazo posible, que lo estamos haciendo, como no podría ser de otra manera, con plena lealtad y absoluta cooperación y que así vamos a seguir haciéndolo. En definitiva, señorías, este Real Decreto Ley va a permitir una mejora importantísima de la cobertura de cuidados de las personas con ELA, dentro del sistema de promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia, a través de un proceso de reforma y de adaptación del sistema que pasa por estos tres ámbitos diferentes: el estructural, el específico y el financiero. Con toda sinceridad, les digo que confío en que hoy podamos verlo convalidado para materializar el apoyo de la sociedad a las personas con ELA y, al hacerlo, fortalecer nuestro sistema de ayuda a la dependencia, pero también nuestro Estado social y nuestra democracia, en su conjunto, porque con sinceridad les digo que creo que esa es la principal virtud de la política social, que, afecte a quien afecte, sea cual sea el grupo social al que se proteja, los avances nos hacen mejores como sociedad, en conjunto. No se trata de grupos o de intereses de parte, sino de la democracia y del interés general.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del...
«Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Hace apenas unos días, cuando subía a esta tribuna para defender la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, intenté utilizar ese tiempo para hacer una defensa sincera del interés general. Hoy quisiera empezar del mismo modo, pero con más solemnidad y determinación, si cabe, porque el real decreto ley que hoy se vota en esta Cámara es un hito para la política social y me atrevería a decir que para la política, a secas, de este país por ser fruto del trabajo incesante de una sociedad civil ejemplar y de unas instituciones que, con todas las dificultades propias de este tiempo, con las diferencias que tan a menudo parecen insalvables, con los obstáculos que escarpan y alargan los caminos, logran, sin embargo, que ese interés general se abra paso. Como sabrán, en el pasado mes aprobamos en el Consejo de Ministros un real decreto ley para dar desarrollo normativo a la ley ELA, cumpliendo con la disposición adicional cuarta y el conjunto de los mandatos recogidos en el texto, un trabajo que se complementa con el real decreto por el que se establecen los criterios que definen los procesos irreversibles y de alta complejidad de cuidados desarrollado desde el Ministerio de Sanidad, también ya aprobado por el Consejo de Ministros. El objetivo principal de este decreto ley es reforzar nuestro sistema de cuidados para que cubra las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de cuadro similar, y, haciéndolo, fortalecemos también el conjunto del sistema y avanzamos hacia un modelo de cuidados que se adapte a las necesidades de las personas usuarias, y no al revés. Así, este decreto ley no solo responde a la demanda histórica de las personas con ELA y de sus familias, sino que, al hacerlo, hace mejor al conjunto del sistema.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
«Por otro lado, también abordamos la renovación automática de los contratos. Todo el mundo conoce esta realidad. En la actualidad, muchos contratos suscritos, sobre todo a través de dispositivos móviles, se renuevan de manera automática, y la realidad es que hay empresas que acaban obteniendo grandes beneficios gracias a que no tengamos conciencia o se nos olvide la existencia de esa propia suscripción o que no tengamos el tiempo suficiente para decidir si seguimos requiriendo o no los servicios ofrecidos. De nuevo, para poder garantizar que todos los consumidores puedan tomar sus decisiones de forma consciente, esta ley prevé que las empresas informen al usuario con quince días de antelación a la fecha de vencimiento, un plazo durante el que se podrá comunicar la voluntad de renovación o de cancelación del contrato, de modo que todo el mundo tenga claro qué está pagando sin trucos. En definitiva, y no me voy a extender más, esta ley viene a recoger una serie de preceptos básicos que, como decía al inicio, creo que se pueden considerar de interés general y de sentido común. Y esto es así porque esta ley es el resultado de muchas horas de debate, de negociación, de intercambios y de aportaciones de la sociedad civil, entre distintos ministerios y Administraciones públicas y entre todos los grupos parlamentarios. Y con todas las dificultades propias de este tiempo, creo que esta ley es un buen ejemplo de la mejor forma de hacer política, que no es otra que servir al interés general, mejorar la vida de las mayorías sociales, responder a sus demandas y aunar voluntades para que así sea, para avanzar en cuestiones que de verdad importan. Esto es algo que ha sucedido más veces, sobre todo en el ámbito de la política social. Sucedió con la reforma constitucional del artículo 49, con la ampliación de permisos, con la ley ELA. Yo confío en que esta ley pueda suponer un símbolo de ese mismo empeño y un nuevo paso en esa dirección, y creo que esto es compatible con la gesticulación y con la legítima expresión de posiciones y estrategias políticas. Es compatible hacer eso con apoyar el interés general y las mejoras en la vida cotidiana de nuestros compatriotas. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
«La primera medida fundamental que se enmarca en este eje es la regulación de las llamadas spam. Todo el mundo conoce la sensación de, a cualquier hora intempestiva, recibir una llamada no deseada para vender servicios que no se necesitan o no se han solicitado. ¿Quién no se ha preguntado, de hecho, cómo habrá obtenido esa empresa su número de teléfono para poder acosarle con ofertas económicas que no son deseadas ni consentidas? No se puede hacer negocio a cualquier precio y con cualquier práctica y, sobre todo, no se puede hacer negocio a costa de los derechos, el bienestar y el derecho a la privacidad y al tiempo de la gente. (Aplausos). Por eso esta ley incluye una regulación para que las compañías telefónicas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas y también para declarar nulos los contratos que deriven de comunicaciones no consentidas. La segunda medida que incluimos está relacionada con los gastos de gestión. Cuando se hace una compra, se tiene que saber cuál es el precio que se paga y qué es lo que se cubre. Comprar una entrada y que a la hora de pasar por caja uno se encuentre que tiene que pagar más de lo que había pensado, más de lo que se le había comunicado, es algo inadmisible. Y somos conscientes de que los gastos de gestión producen mucha frustración en la ciudadanía. ¿Gestión de qué? Por eso esta ley va a hacer que el precio final deba reflejar la totalidad, incluidos los gastos de gestión u otras cuestiones que puedan repercutir en el consumidor o usuario, desde el principio de un proceso de compra o contratación.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
«El segundo de los ámbitos de actuación se centra en lo que podemos definir como una atención personalizada, que también forma parte de una atención de calidad. Porque los servicios de atención no solo deben responder a unos estándares mínimos e iguales para todos los sectores y todos los ciudadanos, sino que tienen también que poder dar respuesta a una sociedad que es diversa, compleja y plural. Eso pasa por asegurar una prestación personalizada de atención en función de variables como la edad, la discapacidad o la situación administrativa, y también por garantizar el derecho a efectuar reclamaciones en las lenguas cooficiales ante grandes empresas para los 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que las usan a diario en sus territorios. Creo que es algo absolutamente normal y supone un paso para poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos (aplausos) en un país que es plurinacional y que reconoce las lenguas cooficiales. Yo entiendo que el portavoz de la ultraderecha haya hecho de esto un estandarte y un caballo de batalla. También ha dicho que es obligación del Gobierno hacer leyes que sean claras, y esto lo apunto porque, evidentemente, no ha debido parecerle lo suficientemente clara esta norma, ya que el ejemplo que usted ha puesto para generar escándalo respecto a este derecho consagrado para los consumidores y consumidoras no es tal. La empresa de gambas que usted ha citado como ejemplo, no se preocupe, que no va a tener que cumplir con lo que sugiere esta ley. En todo caso, estaremos encantados de explicárselo para que vea que no hay ningún problema, que es algo completamente normal (aplausos) y que va a ir en beneficio de los consumidores y consumidoras de nuestro país y también de las empresas, que les van a poder ofrecer un mejor servicio y, por tanto, van a poder tener un mayor retorno económico sobre su actividad.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
«En cuanto al primer eje, las mejoras para una atención justa y personalizada, creo que en esto hay que ser muy claros. Si hay tantas personas consumidoras insatisfechas con la atención que reciben es porque no existe por parte de los grandes operadores económicos un interés suficiente en recoger sus reclamaciones y darles debida respuesta. Pero es evidente que las personas consumidoras merecen tener servicios de atención justa y personalizada y eso es lo que busca establecer esta ley, además haciendo que esta atención deba ser auditable de forma anual. Los avances que recoge la ley en este sentido pueden agruparse en dos ámbitos. El primero de ellos es el derecho a ser atendido en tiempo y forma, que pasa por cuestiones como un tiempo máximo de resolución de reclamaciones de quince días, un tiempo máximo de atención para las llamadas telefónicas de tres minutos y también el derecho a ser atendido por un operador u operadora formada si no se desea ser atendido por un robot o un mecanismo de inteligencia artificial. Porque parece evidente que cuando uno se dirige al servicio de atención a la clientela deben existir unas garantías mínimas de calidad del servicio, tanto en lo relativo al plazo temporal de atención como cualitativamente en la atención que se recibe.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«La pregunta obligada es qué se ha hecho para remediar esta situación. Como saben, en la legislatura anterior se desplegó el escudo social que, según datos de EAPN, logró que dos millones de ciudadanos y ciudadanas en España no cayeran en la pobreza. Se hizo desplegando el ingreso mínimo vital, con el que hemos empezado a establecer una política de rentas mínimas, de la que nuestro Estado carecía hasta el momento. Se hizo con los ERTE, que permitieron navegar la crisis sin la destrucción de empleo que había acompañado a cada una de las recesiones anteriores en nuestro país. Se hizo con la subida espectacular del salario mínimo interprofesional de un 54 %, algo sin muchos precedentes en la historia económica europea, pasando de 756 euros a 1134. Se hizo con una reforma laboral, que ha permitido alcanzar niveles récords de ocupación al mismo tiempo que, por fin, se han atajado los que eran los principales déficits estructurales del mercado de trabajo en España, que eran la temporalidad y la precariedad. Se hizo con la excepción ibérica y el tope al precio del gas, que han permitido ahorrar a los españoles 5106 millones de euros en las facturas de la luz; el timo ibérico lo llamó algún creativo del Partido Popular que no tuvo entonces su mejor día, ¿verdad? La semana pasada vi un gráfico que comparaba el coste de la electricidad en España y en Francia -es verdad que en un momento de pico de producción de las renovables- y el de España era 33 veces menor al de Francia, la gran potencia nuclear a la que debíamos imitar. Todo esto, nos permitió completar la recuperación económica en menos de tres años, frente a los nueve que tardamos tras la crisis de 2008 y la década marcada por las políticas de austeridad. Será un caso de estudio en la disciplina económica y de las políticas sociales cómo esta concatenación de crisis ha dado lugar a escenarios radicalmente diferentes por la respuesta que los gobiernos les dieron.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Estos datos, además, son reflejo de dos problemas fundamentales. El primero, de carácter coyuntural, tiene que ver con la sucesión de crisis interminables que hemos vivido desde 2020, como la pandemia, el shock de suministros, la guerra de Ucrania, la crisis energética, las sequías, incendios consecuencia del cambio climático que ustedes niegan... Es decir, en los últimos cuatro años hemos vivido un escenario de catástrofes recurrentes sin precedentes. Creo que el hecho de que nuestros índices de cohesión social, tras acusar todos estos impactos, sigan siendo mejores que los de la década pasada debe servir para poner en valor algunas de las medidas más eficaces que se pusieron en marcha en estos años, pero también para prepararnos y para adaptarnos a un tiempo que presumiblemente estará marcado por esta sucesión de shocks y desajustes encadenados y permanentes. El segundo problema es de fondo, y lo quiero decir sin rodeos. En España, el Estado históricamente ha redistribuido poco y mal. Ha redistribuido poco porque nuestros ingresos fiscales siguen cuatro puntos por debajo de la media europea en relación con el producto interior bruto, y ha redistribuido mal porque, si analizamos la capacidad del Estado del bienestar en España para reducir las desigualdades económicas, nos damos cuenta de que estamos en el puesto diecinueve de veintisiete en la Unión Europea.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Gracias, presidente. Haciendo un ejercicio de paciencia, por respeto a la solemnidad de esta Cámara, a mi condición de miembro del Gobierno de España y a la importancia y absoluta prioridad del tema que nos ocupa, quiero aprovechar esta intervención para referirme al problema acuciante de la pobreza y la desigualdad en España, y después aprovecharé la réplica para referirme al cariz del discurso del grupo proponente. Señorías, efectivamente, España afronta un reto inmenso en lo que se refiere a desigualdad, pobreza y exclusión social. Recientemente conocimos la publicación de la última encuesta de condiciones de vida, que señaló que el riesgo de pobreza y exclusión social en España ha aumentado medio punto el año pasado, hasta un 26,5 %, lo que es un dato extraordinariamente preocupante, como también lo es el aumento de la carencia material severa hasta un 9 %. Yo lo digo sin ambages, son cifras que no podemos consentir y es inaceptable que la cuarta economía de la zona euro, que una democracia avanzada, que un país rico, exhiba unos niveles de pobreza, de desigualdad y de precariedad tan graves año tras año. Precisamente por eso, por la gravedad de estos hechos, debemos entender bien qué es lo que expresan estos datos.»