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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«En estas semanas, también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque los han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas como, por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle -aunque lleven décadas viviendo allí- para revender un edificio, sacar cien habitaciones donde había veinte apartamentos y convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirlos de ejercer sus derechos, amenazándolos con problemas judiciales y convenciéndolos de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario -tan importante en el imaginario político de este país- está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy, apenas un 5 % de la población percibe rentas en concepto de alquiler; seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar; apenas trece grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100 000 viviendas en alquiler, y hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de cincuenta pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22 % en los últimos catorce años, mientras los grandes tenedores -los que poseen más de diez- han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50 % y, si no puedes pagarlo, a la calle; quienes se están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, los de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que, cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital -la juventud- que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos o sociales en aras de una supuesta y falsa meritocracia. Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad -pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país-, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20 % de la población, prácticamente 10 millones de personas, que vota a todas las formaciones políticas, que vive en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy, se vota sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy defiendo, en nombre del Gobierno, el Real Decreto Ley 8/2026, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán, pero lo que van a votar ustedes es esto: van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera; van a votar si las casas en las que residen casi tres millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas; van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad y si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio o en sus ciudades pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo o si se encuentran con subidas unilaterales del 30 %, el 40 % o el 50 % que muchas no podrán asumir para ver cómo en los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones; lo que van a decidir es si ustedes actúan de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda -como les mandata el artículo 47 de la Constitución- o no. Eso es lo que van a votar ustedes hoy. (Aplausos). Cuando en unos minutos pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta. Hoy, nos acompaña en la tribuna gente como Paula, que ha solicitado la prórroga de su contrato junto con decenas de vecinas de varios inmuebles a las que una de las mayores familias terratenientes de España, que acumula un patrimonio estimado en más de 3000 millones de euros, quiere echar de sus casas -de las casas en las que llevan viviendo décadas- para convertirlas en alojamientos turísticos. Nos acompaña Mercedes, amenazada de expulsión por un fondo buitre que compró a sus espaldas su vivienda de alquiler social a una institución financiera rescatada con dinero público. Nos acompaña Eva, que, gracias a la prórroga, ha podido negociar con su casero una extensión de su contrato de alquiler cuando ya lo daba por perdido. Hoy, están siguiendo este debate -el que se produce en una Cámara semivacía- cientos de miles de personas a las que les vence el contrato de alquiler entre este año y el que viene, con un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que les pone imposible encontrar una alternativa viable, que limita y condiciona sus decisiones de vida y que vulnera gravemente sus derechos constitucionales. Para ellas, la prórroga de los alquileres no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura, no es una cuestión de cálculos electorales o partidistas, es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios o incluso de sus ciudades, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas. Lo que se dirime es si sus vidas, las vidas de millones de españoles y españolas -repito-, cuentan algo para sus representantes políticos o si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es la vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados. Desde el día 22 de marzo, decenas de miles de personas como ellas han solicitado la prórroga de alquileres y se quedarán dos años más en sus viviendas en las mismas condiciones que establecen sus contratos. Desde su promulgación en el BOE, ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho. Hoy, quiero empezar agradeciendo la labor ejemplar de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, de las organizaciones de consumidores, de las asociaciones vecinales, de las plataformas antidesahucios y de muchísimas organizaciones no gubernamentales y de distintos partidos políticos. (Aplausos). Quiero agradecer su labor y poner en valor la gran victoria para el movimiento por el derecho a la vivienda que supone la prórroga de los alquileres para decenas de miles de hogares que, gracias a ellos, gracias a su trabajo, van a ver aliviada su suerte en los próximos años.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Primera cuestión: la perspectiva asistencialista que atraviesa todo el sistema de la dependencia, desde lo micro, en el día a día de muchas residencias, hasta lo macro, en la propia arquitectura jurídica sobre la que se sustenta. El cambio de modelo de cuidados propone justamente lo contrario. Nos alejamos de centrar los esfuerzos en la gestión de las instituciones y nos volcamos en los resultados, las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas usuarias: qué se quiere, dónde se quiere envejecer y cómo se quiere ser cuidado. Cuando se pregunta a las personas mayores, el 90 % de ellas contesta que desea permanecer en su casa el mayor tiempo posible. Garantizar que esa preferencia sea posible requiere cambios profundos en un sistema que no fue diseñado para ello; cambios complejos, pero que deben emprenderse cuanto antes. Por eso con esta reforma pretendemos pasar del modelo asistencialista a uno más cercano y comunitario, a través de transformaciones concretas que mejoren especialmente los cuidados a domicilio e impulsen la promoción de la autonomía personal. Por ejemplo, se propone garantizar la accesibilidad universal como un derecho, con la creación de un fondo estatal de accesibilidad universal para poder abordar las obras necesarias en todos los espacios públicos. Y se propone también modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ampliar supuestos de obligatoriedad en las reformas de accesibilidad. Además, la reforma contempla la expansión de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario, para que pueda cubrir actividades como hacer la compra, ir al médico o al centro de día. Consagra la teleasistencia como un derecho subjetivo y busca incorporar al catálogo de servicios aquellos de asistencia personal, apoyos en viviendas o la provisión de productos de apoyo. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · Pleno¿Cree que su Ministerio está dando respuestas a los problemas reales de los españoles?
«Señoría, todo lo que le he mencionado está en el Boletín Oficial del Estado. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de proteger y defender a las familias trabajadoras en este país? Seguir subiendo los salarios, el salario mínimo, el sueldo de los funcionarios, las pensiones, como está haciendo este Gobierno. (Aplausos). ¿Sabe que hay que hacer? Bajar el precio de los alquileres. ¿Por qué no aplican la ley de vivienda allí donde gobiernan, si pueden hacerlo? Lo más importante es no deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, las universidades, la dependencia; es dejar de hacer regalos fiscales a los grandes patrimonios, a los fondos de inversión o a las empresas energéticas. Mire, señoría, este ministerio tiene un horizonte bien claro para lo que queda de la legislatura: mejorar el sistema público de la dependencia, que, por supuesto, contará con la financiación necesaria para ello; adoptar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil (aplausos), intervenir el mercado de la vivienda para proteger a los inquilinos frente a las lógicas de especulación y rentismo que les asfixian. Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general. Yo les preguntaría a quién van a servir ustedes. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · Pleno¿Está el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 satisfecho de su gestión?
«Hay que tener audacia para hablar del bienestar de los españoles viniendo de donde ustedes vienen. Yo les aseguro que este país no olvida cómo ustedes desmantelaron la sanidad y la educación públicas con 10 000 millones de euros en recortes (aplausos.-Protestas) y el sistema de la dependencia con 5400 millones de euros en recortes, o las decenas de miles de familias españolas desahuciadas de sus casas mientras ustedes regalaban 60 000 millones de euros a la banca para rescatarla de una crisis que ella misma había causado. (Aplausos.-Protestas de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-La señora ministra de Sanidad, García Gómez, hace el gesto de pedir silencio llevándose el dedo índice a la boca). Y a quien se le haya olvidado, ustedes se lo recuerdan cada día (el señor Santiago Romero y el señor Tellado Filgueira intercambian palabras que no se perciben.-El señor Guijarro García protesta efusivamente), oponiéndose a la reforma laboral, a la reducción de jornada, al salario mínimo y a la ley de familias, negándose a aplicar la ley de vivienda, negándose a reducir los precios de los alquileres en las comunidades donde ustedes gobiernan y ahogando a la sanidad y a la educación públicas, como hace la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, para que unos pocos se lucren con los servicios públicos y con lo que es de todos. (Protestas.-El señor Pérez López pronuncia palabras que no se perciben.-Varios señores diputados chistan pidiendo silencio). Y eso es cuando ustedes se atreven a decir que no, porque luego está... (La señora ministra de Sanidad, García Gómez, intercambia palabras con el señor Tellado Filgueira que no se perciben).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Señoría, vienen ustedes hoy aquí a hablar de pobreza, de barrios humildes, de la situación de las familias trabajadoras en España, pero en esta materia el problema de VOX no es solo de hipocresía, no es que digan una cosa y hagan otra, el problema es que su proyecto político, su idea de sociedad se basa sistemáticamente en la explotación de los trabajadores y de las personas más vulnerables. (Aplausos). Le voy a poner ejemplos. Ustedes vienen a hablar de pobreza, pero cuando el Gobierno de España creó el ingreso mínimo vital -que debe mejorar mucho, pero que ha supuesto una red de protección mínima para millones de personas- ustedes no lo apoyaron. Y, sí, hablaron de paguitas, de subvencionados, de premiar a quien no quiere trabajar, de parasitismo social. Ustedes hablan de las dificultades de la gente trabajadora, pero cada vez que el Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional (aplausos), mejorando la condición de millones de personas que están, precisamente, en una posición más vulnerable en el mercado de trabajo, ustedes se han opuesto, porque desincentiva a las empresas, que son quienes crean riqueza, ¿verdad? Ustedes hablan de precariedad, pero votaron en contra de la reforma laboral, que ha logrado récords de ocupación y reducir la temporalidad a un mínimo (aplausos), porque siempre siguen el mismo principio: mano dura con los pobres, pero el mercado que se regule solo. Usted habla desigualdad, pero cuando adoptamos impuestos a la banca, a las eléctricas o a los grandes patrimonios, ¿ustedes qué hacen? Votar en contra. Y donde gobiernan, y en esta Cámara también, quieren bajar el impuesto de sucesiones, eliminar el de patrimonio, el de sociedades, hacer más rico al que más tiene. (Aplausos). Ustedes hablan de vivienda, pero cuando se trata de regular los alquileres o controlar los precios, ustedes se oponen, lo llaman intervencionismo. Y cuando un fondo buitre compra un edificio para echar a las familias a la calle, ¿de qué lado se ponen? De los especuladores siempre, porque, en este caso, no les importa que sean extranjeros, ¿verdad? (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Se hace haciendo todo esto, pero, evidentemente, no solo. Tenemos que hacer esfuerzos en muchos otros frentes. He mencionado ya la ley de vivienda, que es esencial para reducir el nivel insostenible de los precios del alquiler. (Aplausos). España necesita una reforma fiscal que permita redistribuir más y mejor, gravando los grandes patrimonios y las rentas del capital. Tenemos que seguir avanzando en una transformación energética que nos permita contar con energía, barata, segura y limpia; pero no basta con esto, tenemos que garantizar un acceso democrático, justo y equitativo a la energía limpia, porque solo esa será la base de una transición justa. Y tenemos que proteger el tiempo de las personas, garantizar el derecho a conciliar la vida laboral y la vida familiar, proteger el tiempo que dedicamos a cuidar a los demás o, simplemente, a descansar. Mire, yo soy muy consciente de la gravedad y la complejidad del problema de la pobreza y la exclusión social en España, pero es un problema que no se resuelve con discursos impostados y con mentiras fehacientes. Se resuelve democratizando la estructura económica de España, combatiendo la desigualdad en nuestra sociedad y en las relaciones de mercado, redistribuyendo la riqueza y la renta, subiendo los salarios y las prestaciones sociales, ampliando el alcance de nuestro Estado del bienestar. Así es como se combate la pobreza, al mismo tiempo que se genera una sociedad más cohesionada y una economía más próspera. Estos son los principios que guían la acción del Ministerio de Derechos Sociales, estas son las prioridades de acción del Gobierno. Y la pregunta es si ustedes comparten alguna de ellas, pero me va a permitir que lo dude. Porque ustedes fingen, impostan esta preocupación por la pobreza, pero hace apenas dos semanas escuchaba a un diputado suyo en Murcia afirmar que el Gobierno estaba alimentando la ideología del parasitismo social, un problema que, según él, se debía resolver volviendo a la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo (un señor diputado: ¡Era de la República!), VOX siempre en la vanguardia de la innovación en políticas públicas.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Ahora bien, sobre esta base yo asumo que el mandato que tiene el Gobierno en esta legislatura no es, sencillamente, consolidar las medidas del anterior, sino que tenemos que hacer que ese esfuerzo sirva para poder atajar por fin los déficits estructurales y los problemas de desigualdad y pobreza que arrastrábamos desde mucho antes de 2020. De la problemática que he descrito, que se ve en la encuesta de condiciones de vida, se deducen tres tareas fundamentales. La primera es la vivienda, porque en este país el 40 % más pobre de la población destina hasta un 66 % de sus ingresos a la vivienda. Es algo que es, evidentemente, insostenible. ¿Y qué hay que hacer? Hay que empezar por aplicar la ley de vivienda, especialmente lo que tiene que ver con los controles de los alquileres (aplausos), algo a lo que el Partido Popular y ustedes, donde gobiernan con ellos, se oponen sistemáticamente. La segunda es que hay que mejorar la cobertura de las rentas mínimas y de las transferencias directas a quienes más lo necesitan. Pero, qué casualidad, que el Partido Popular y ustedes, en las comunidades donde gobiernan con ellos o sustentan sus gobiernos, han aprovechado el ingreso mínimo vital para diezmar los presupuestos de las rentas autonómicas que tienen una función de complementariedad. Se están oponiendo a algo que es palmario, evidente y necesario. La tercera es incrementar la protección económica y social a las familias España. Usted ha dicho que VOX apoya a una prestación universal por crianza, yo lo celebro, la experiencia es que cada vez que hemos traído una medida, ustedes se han opuesto a ella. ¿En qué se traduce y se concreta la protección económica y social de las familias? Se concreta en la ley de familias, que hemos empezado a tramitar, que va a reconocer por primera vez la protección jurídica de las familias monoparentales, que va a ampliar los supuestos en los que se protege económicamente a las familias numerosas, que va a equiparar los derechos de las parejas de hecho y que va a formalizar una prestación por crianza inicial en el tramo de 0 a 3 años, aunque, como saben, en la negociación de los presupuestos generales del Estado estábamos defendiendo su ampliación hasta los 6 años de edad. Esto se traduce también en el despliegue, por ejemplo, de las tarjetas monedero, que busca algo tan sencillo como comenzar a poner fin a las colas del hambre y garantizar que las personas en situación de exclusión social o de privación material severa puedan comprar productos frescos en condiciones de igualdad al resto de las familias y de dignidad social. Consiste en desarrollar la ley de servicios sociales, que tenemos pendiente, para solucionar el déficit y la deuda que tenemos con unos servicios sociales infravalorados, infrafinanciados, infradesarrollados. (Aplausos). Consiste, por ejemplo, en exceptuar las ayudas económicas de emergencia a la ley de subvenciones, para acabar con el farragoso proceso burocrático que entorpece la labor de nuestros servicios sociales. Se traduce en agilizar el ingreso mínimo vital porque hace poco conocíamos un informe que decía que hasta la mitad de sus potenciales beneficiarios o no conoce la prestación o piensa que no le corresponde. Tenemos mucho margen de mejora para hacer que esta prestación esté a la altura del consenso con el que se aprobó. Se hace promoviendo una transformación profunda de nuestro sistema de bienestar y cuidados, poniendo en el centro las necesidades, las preferencias, los deseos de la ciudadanía y revalorizando también la labor de las mujeres -porque son en más de un 80 % mujeres- que trabajan para desempeñar un papel vital en el mantenimiento de este sector.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las medidas que va a...
«Ocurre que estos incrementos han tenido lugar al mismo tiempo que el salario medio en España alcanzó un máximo histórico de 1900 euros mensuales, un 5,4 % más que en el año anterior. La encuesta de condiciones de vida también nos muestra que la pobreza monetaria ha descendido hasta su cifra más baja desde 2008, que los ingresos medios por persona y hogar han aumentado más de un 8 %; que el índice Gini, que mide la desigualdad, ha bajado al mínimo de la serie histórica, que también se ha reducido la brecha salarial y que las personas en muy baja intensidad laboral se han reducido a la mitad, eran casi un 17 % en el año 2014 y son un 8,4 % en 2023. Es decir, los hogares más vulnerables trabajan más, obtienen más ingresos, se ha reducido la desigualdad y, sin embargo, ha aumentado el riesgo de exclusión social y de carencia material severa. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La pregunta es a qué se debe esta combinación de datos muy preocupantes y de datos positivos. Yo creo que lo que señala esta discrepancia es que, pese a los avances en materia de empleo y en materia de salarios, el aumento de los precios de la energía, en primer lugar -que eran especialmente elevados cuando se realizó la encuesta y que hoy están más contenidos-, pero también el precio de los alimentos y de la vivienda, que continúan subiendo, están teniendo un impacto muy negativo en la cohesión social y en el bienestar en nuestro país. Estos datos también nos señalan que el mercado laboral por sí solo no es capaz de solucionar los retos de la desigualdad y de la pobreza en España. Si fuese cierto -como acostumbraba a decir siempre la derecha- que la mejor política social es crear empleo, yo no tendría que estar hoy aquí exponiendo este problema, de modo que sí, la política social tiene que desempeñar un papel proactivo para corregir esta situación estructural.»