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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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María Soledad Cruz-Guzmán García · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético en los barrios...
«Gracias, señora Armengol. Gracias también a la nueva portavoz de SUMAR, la tercera en tan solo un año, por su propuesta, que, aunque no acierta en la solución, nos da la oportunidad de acercarnos a los problemas reales, estos de los que su desgobierno está tan alejado porque está a otra cosa, enfrascado en sus estrategias políticas de supervivencia a cualquier precio. ¡Cuánto nos habrán costado ayer los votos del impuestazo, señorías! (Aplausos). Están pendientes de ocultar su patente debilidad parlamentaria, que crece como los casos de corrupción que acorralan a este Gobierno, hundiéndolo en su agonía legislativa y judicial. Tan poco pisan el terreno, tanto huyen de los problemas de los españoles, que se han olvidado de la principal reivindicación de los vecinos de los barrios con menor renta per cápita: la falta de seguridad. Si escucharan las letras del rapero Hache o si se adentraran en la vida cotidiana del Polígono Sur de la mano del tiktoker Manuel Jiménez, sabrían de lo que les hablo. Les hablo de barrios complicados, singulares y auténticos, con el flamenco corriendo por sus venas y por sus calles, al natural; de barrios de familias con diferentes necesidades sociales, formativas o laborales, que son atendidas por el comisionado -hoy tenían su feria del empleo-, por el ayuntamiento y por muchas, muchísimas asociaciones, como la de Antonio Guerrero, los Salesianos, el Catering Social Abrecaminos, los amigos de Vencedores con su gimnasio o el inagotable trabajo de Maruja Vilches, que consigue enganchar a los jóvenes con la droga más hermosa: la música de la banda del Polígono Sur. Muchas gracias a todos.»
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Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Por ello, es importante que en esta iniciativa quede claro que los profesionales sanitarios han de ser tenidos en cuenta, como hemos contemplado en nuestra enmienda. La ley lleva publicada desde el 28 de febrero de 2023 y ahora, casi dos años después, ustedes presentan esta iniciativa en línea con los anuncios flash de la ministra; eso sí, saltándose la ley en los artículos antes mencionados, porque no tienen en cuenta ni al marco del consejo interterritorial ni a las profesiones sanitarias. Sin embargo, la ministra anuncia borradores de protocolos para el registro de objetores de conciencia. Miren, llevan un año de legislatura y el único balance que pueden hacer es el de un año de corrupción que ha salpicado al Ministerio de Sanidad. ¿Para qué crean un observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria? ¿Qué pasa? ¿Qué ocultan, que no conocemos aún los españoles? Ha sido un año también de mala gestión que afecta a la igualdad de todos los españoles y a su cohesión territorial. ¿Dónde está la financiación de la ley ELA? ¿Para cuándo van a resolver la falta de médicos de familia y comunitaria? ¿Realmente les interesa la Atención Primaria? Pero bueno, señorías, aún hay esperanzas de que se resuelva la situación de la Atención Primaria, porque tenemos a una ministra que lo va a impulsar como representante del Comité Ejecutivo de la OMS en Europa, y lo que no hacemos en España lo vamos a hacer ahora desde la OMS. (Aplausos). ¿Para cuándo la Agencia de Salud Pública? Les recuerdo que terminó el plazo de presentación de enmiendas el 18 de septiembre. ¿Qué pasa, que su debilidad parlamentaria no permite la tramitación? La emergencia provocada por la DANA pone en valor el papel que podía tener este organismo en la planificación de recursos o en cómo prevenir infecciones o epidemias. ¿Por qué tienen tanto rechazo al modelo MUFACE? ¿Van a ceder, señorías del Grupo Socialista, a esto con tal de mantener a Sánchez en la Moncloa?»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Otro ejemplo de acción-reacción: el PSOE denuncia en su iniciativa de hoy el uso de esas mayorías en el Senado para organizar una jornada antiabortista el 2 de diciembre. Bien, hemos de decir que esta es una situación que no nos viene de lejos y que no es distinta del posicionamiento que ha mostrado el PP en contra de la reforma, por ejemplo, del Código Penal que se hizo en esta Cámara para castigar a aquellas personas que coaccionan a las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Dejando velado este estira y afloja que se llevan ustedes, PSOE y PP, deseamos poner el foco en un hecho incuestionable: el Gobierno español parece no tener capacidad de hacer cumplir la ley porque no controla la aplicación donde no tiene competencias. Esto es de cajón, y me explico. En su iniciativa denuncian que hay comunidades autónomas donde no se puede cumplir la Ley 1/2023, que garantiza el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva, servicios que incluyen el aborto voluntario. Como consecuencia, por ejemplo, algunas comunidades no tienen un registro de objetores de conciencia que permita hacer compatibles todos los derechos de objeción y el derecho de poder abortar en la sanidad pública, tal y como recoge la ley. Les recuerdo que Junts presentó una enmienda que ustedes, los señores de PSOE, rechazaron. Entonces se pedía que el registro no fuese a nivel autonómico, sino de cada centro del sistema público de salud. Lo pedían los médicos, también por razones de confidencialidad con respecto a sus posicionamientos, y estaba plenamente justificado, porque facilitaba el servicio como ha quedado demostrado. Sí, facilitaba el servicio. Y ahora estamos viendo que ha tenido unas consecuencias indeseadas.»
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Juan Carlos Jerez Antequera · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Como ya destacó el compañero José Luis Aceves en el Pleno comentado del 18 de junio, el Grupo Socialista apoya el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. De esta forma, se les otorgará una protección real y efectiva acorde con la situación actual de las prisiones españolas y conforme a las singularidades propias de dicho cuerpo, lo que les permitirá desarrollar sus funciones en mejores condiciones. Pero, señorías, nuestras propuestas van más allá de la declaración de condición de agentes de seguridad. Es fundamental dotar a estos cuerpos de la normativa que ya poseen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, permitiendo así, uno, su identificación por número de registro profesional, salvaguardando su anonimato y su intimidad domiciliaria en los actos procesales de notificación, emplazamiento o requerimiento; dos, la separación de los trabajadores penitenciarios del resto de otros detenidos o presos; tres, su protección por parte de la Administración, al aplicarse la obligación de resarcirles en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia de su actividad profesional; cuatro, la presunción de veracidad, ya que con la condición de agente de autoridad gozarían del principio de veracidad, salvo prueba en contrario; y, cinco, la necesidad de dotar de formación reglada de acceso al cuerpo y de formación continua y de especialización a lo largo de la carrera profesional. O sea, política útil, refuerzo y profesionalización de los servicios públicos. Presidente, acabo, y quiero hacerlo en nombre de mi grupo, expresando nuestro reconocimiento a los empleados públicos del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias por su servicio a la comunidad. Señorías del Grupo Popular, vengan a la política útil, defiendan lo público. Y, sí, señorías, votaremos a favor, otra vez. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Creo que ha comentado mi colega, el diputado Iñarritu, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha denunciado, efectivamente, algunas conductas sobre presuntos malos tratos en las cárceles españolas. Esto es así, señorías del PP. También, según datos de Amnistía Internacional y del observatorio del sistema penitenciario, hay preocupación en este sentido. Cambiar la consideración de los funcionarios podría obstaculizar todavía más las investigaciones en estas situaciones irregulares. Distintos colectivos de derechos humanos alertan de que estas medidas contribuyen a una cultura punitiva extraordinariamente anacrónica, especialmente en contextos de privación de libertad. No es el objetivo de la cárcel que entiende el Grupo Republicano. No es el modelo penitenciario que queremos para una sociedad del siglo XXI. Las cárceles son espacios excepcionales, singularmente vigilados y bajo un control muy fuerte. Por dentro esto es a cargo de los funcionarios correspondientes y por fuera a cargo, como ustedes saben, de las fuerzas de seguridad; en el caso de Cataluña, del cuerpo de Mossos d'Esquadra. En un entorno cerrado y vigilado como el de la cárcel, el aumento del poder para los funcionarios de prisiones reduciría todavía más los derechos de los presos inevitablemente y de forma inercial, mecánicamente, poniendo -se quiera o no- al preso en una situación de más alta vulnerabilidad. Actualmente, la jurisprudencia, señorías del PP -lo saben-, considera que los funcionarios de prisiones disponen de una protección significativa cuando tienen lugar ataques y agresiones contra ellos, y estos son considerados un delito contra la autoridad. Esto es así según el Código Penal. Esto implica que los presos pueden ser castigados severamente. Así pues, dar un reconocimiento añadido como figuras de autoridad a estos funcionarios no va a cambiar nada de manera sustancial. En cambio, es importante este nuevo estatuto que podría aumentar las condenas o sanciones por cualquier acto de resistencia o de desacuerdo por parte de los internos. Tenemos que recordar, además, señorías del PP, que hoy los informes que escriben los funcionarios ya tienen presunción sistemática de certidumbre ante la declaración de un interno. Así pues, no añade nada nuevo tampoco.»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«En definitiva, proponemos reforzar uno de los fundamentos del sistema penitenciario, como son sus funcionarios, a los que además mostramos desde aquí todo nuestro reconocimiento por su trabajo ejemplar, como han demostrado con creces, sobre todo en las grandes crisis, y basta recordar la actuación ejemplar que han tenido durante la pandemia, como también queremos recordar aquí la actuación ejemplar que han tenido los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Picassent, que, debido a la DANA, han tenido que ir enlazando turno tras turno ante la imposibilidad de poder ser relevados, porque, como saben, la zona estaba inaccesible para sus compañeros. Por tanto, señorías, al ser esta una ley que avanza en la protección de los funcionarios y en la calidad del sistema penitenciario español, les pido no solo su voto favorable a esta toma en consideración, sino también que se apruebe con la celeridad, con la urgencia que esto requiere, porque todos los funcionarios nos están escuchando y lo están esperando precisamente de esta Cámara, que es la que tiene competencia para regularlo y reconocerlo con rango de ley. De ahí la propuesta que hacemos de modificación de la ley orgánica de instituciones penitenciarias. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Un presidente que está atrincherado en la Moncloa, más preocupado por la corrupción de su entorno que por el interés general y por los problemas de los españoles. Pero al Grupo Popular sí nos interesan los españoles y nos preocupan los trabajadores, por eso hoy presentamos esta proposición de ley para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, no como hace el Gobierno, que los viene engañando de forma repetida, que les promete que habrá un reconocimiento -que, como dice el secretario general, tiene que ser urgente-, pero que después, cuando llega esto a la Cámara, se congela siguiendo, como digo, las órdenes del Gobierno. Nosotros queremos este reconocimiento de la condición agentes de la autoridad para los funcionarios, pero también dotarles de los medios materiales adecuados para que puedan desempeñar su trabajo. Por poner un ejemplo, les diré que carecen de guantes seguros que eviten la acción de objetos punzantes y que carecen de chaquetas ignífugas, cuando saben que son los primeros que acuden cuando hay un incendio en un centro penitenciario, antes de que lleguen los bomberos. Nosotros entendemos que estas son medidas esenciales para la prevención de riesgos laborales.»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«El Grupo Popular, consciente de la necesidad de que un texto con rango legal establezca el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a estos funcionarios, presenta esta proposición de ley, esperando que se tramite con la celeridad a la que aludía el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias. El reconocimiento de agentes de la autoridad también supone que, si reciben una agresión en el ejercicio de sus funciones, puedan ser indemnizados en los mismos términos que contempla el Código Penal para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las agresiones y los asesinatos de los trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Y aquí, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero mostrar un cariñoso recuerdo y la condena del asesinato de Nuria López a manos de un preso en el presidio de Tarragona, como también quiero enviar a sus familiares todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. (Aplausos). Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan desde hace muchos años mayor seguridad en los puestos de trabajo, algo que reclaman los funcionarios de todas las comunidades autónomas, porque, aunque en el País Vasco y en Cataluña estas competencias, como saben, se encuentran transferidas a la Generalitat y al Gobierno del País Vasco, tampoco en esos territorios tienen reconocida esta condición de agente de la autoridad, algo que sí ocurre en países de nuestro entorno con sus homólogos, como, por ejemplo, en Francia. Disponer de unos funcionarios con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es requisito fundamental para avanzar en un sistema penitenciario de calidad. Pero, lamentablemente, el Gobierno de España no está en eso. El Gobierno de España utiliza a los funcionarios y la política penitenciaria como moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa. Es absolutamente infame e indigna la frase de su socio Otegi: Presos por presupuestos. Pero, hablando de presupuestos, también es indigno que el presidente del Gobierno haya querido utilizar la tragedia de la DANA para sacar unos presupuestos. (Aplausos).»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Por último, lo que más le interesa a la señora Ribera: la energía nuclear. Ha decidido que hay que apagar todas las centrales nucleares que hay en España, los siete equipos. ¿Pero qué alternativa da? Ninguna. Por tanto, una energía que no emite CO2, estable, que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico español y que funciona veinticuatro horas los siete días de la semana, la vamos a parar en España. Pero ¡ha llegado el milagro de Bruselas! Es decir, en Madrid decimos una cosa y en Bruselas decimos la otra. Pobres de Pirineos para abajo y ricos hacia arriba. ¿Eso es lo que la señora Ribera quiere para los españoles? (Aplausos). ¿Cuál es la razón para argumentar que es necesario el cierre nuclear en España y en el resto de Europa no? Escúchenme bien, somos el único país del mundo con equipos nucleares en funcionamiento que ha decidido que no haya continuidad o alargamiento de la vida útil. El único del mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde miente la señora Ribera, en Madrid o en Bruselas?»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«La ministra Ribera nos ha llevado a aumentar la dependencia del gas de forma galopante, sin desarrollar ni el biometano ni el almacenamiento hidráulico ni el almacenamiento eléctrico. Añadido esto al conflicto con Argelia, nuestro principal proveedor, y teniendo en cuenta además que aplicó la famosa excepción ibérica, incrementó el consumo solo en el año 2022 de gas para fabricar energía eléctrica un 57 %. Solo en 2022. Eso quiere decir problemas con el primer proveedor, más consumo y que tenemos que buscar un segundo proveedor y es cuando aparece Rusia, que en el año 2018 prácticamente no existía como proveedor de gas para España, pero que hoy ocupa el segundo lugar, con más de un 20 %. Le voy a dar algunos datos, porque los datos se comprueban; es mejor que estar comentándolos. En el año 2022, año de inicio de la invasión de Ucrania, España compró 3520 millones de euros de gas ruso; en 2023, 2800 millones de euros, y en lo que llevamos de 2024, 1600 millones. En total, las empresas españolas, derivado de la política energética propulsada por Teresa Ribera, han gastado más 8000 millones de euros en gas ruso.»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«¿Qué ocurre con la industria, la industria electrointensiva, aquella que utiliza energía eléctrica para el desarrollo y la elaboración de sus productos y que emplea en España a 2 900 000 personas? ¿Qué pasa con ella? Ustedes podrían perfectamente destinar el 25 % de los ingresos de CO2 procedentes de las subastas a favorecer a esas empresas y, por lo tanto, destinar 896 millones de euros, pero no lo hacen. Han presupuestado 300, cuando la energía eléctrica para esta industria es dos veces -dos veces- más cara que en Alemania y tres veces más cara que en Francia. Por tanto, procurando que no sean homogéneas y que compitan en desigualdad de condiciones. Además, esta vicepresidenta, esta ministra, contraria a la neutralidad tecnológica, ha implementado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que es especulativo, irrealizable y propagandístico. Pongo un ejemplo. El PNIEC dice que en 2030 tiene que haber en España 5,5 millones de vehículos eléctricos. Hoy en día hay matriculados cuatrocientos. Es decir, ellos están en un sitio y la realidad en otro. Hay un colapso absoluto en el desarrollo de la energía renovable; por ejemplo, en Canarias, con lo que está ocurriendo con la energía eólica offshore, donde una inversión de 1000 millones de euros está paralizada porque son incapaces de desarrollarla y de con ello abaratar la factura eléctrica no solo de los canarios, sino de todos los españoles. ¿Saben ustedes cuánto ha disminuido la inversión extranjera en España por cosas como esta, por cuestiones como esta, desde que Sánchez es presidente del Gobierno? Un 55 % en valores nominales y un 67 % si descontamos la inflación. Eso también es política energética.»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Esa inacción en política energética es lo único que le podemos agradecer a la señora Ribera, porque la energía eléctrica que hoy estamos consumiendo, que hoy ilumina esta casa, que tienen en su casa los españoles o que es el instrumento para la competitividad de muchas industrias, es hoy la segunda más cara de todo 2024. Hoy, porque la más cara fue ayer. E imagino que esto tiene que ver con la responsabilidad de la ministra de Energía también. (Aplausos). Desde que ella fue nominada candidata al Parlamento Europeo, en abril de 2024, hasta el mes de noviembre -escuchen bien-, el precio de la energía ha subido un 273 %. De abril a noviembre. Algo tendrá que ver con la política energética, ¿o no? Ustedes se han negado reiteradamente a implementar el IVA reducido en la energía eléctrica y en la factura del gas también. Se han negado reiteradamente, a pesar de que han incrementado en un 30 % los ingresos desde que Sánchez es presidente del Gobierno. Les hemos pedido que saquen de la factura aquellos asuntos que no tengan que ver con la política energética, como, por ejemplo, el déficit de tarifa. Solo en el año 2024 vamos a pagar por los errores de política energética del señor Zapatero 2371 millones de euros. Si nos hubiesen hecho caso y en 2022, en 2023 y en 2024 ese déficit lo hubiésemos incluido en los presupuestos generales del Estado, hubiéramos disminuido la factura eléctrica a los españoles en 7000 millones de euros. Les veo y recuerdo cómo recientemente hablaban ustedes mucho de vulnerabilidad, de problemas de las familias más desfavorecidas. Llevan sin publicar un informe al respecto desde el año 2022, pero hay un informe que ha publicado la Universidad de Comillas que dice que hay ocho millones -ocho millones- de familias que tienen una temperatura inadecuada en sus hogares y que hay 3 200 000 hogares que viven en situación de pobreza energética. Ante eso, imagino que también tendrá algo que decir la señora Ribera. (Aplausos).»
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Si ustedes quieren de verdad proteger a los consumidores, que somos todos, lo mejor que pueden hacer por ellos es no continuar con esta agonía de legislatura. Déjense ustedes de tanta proposición inútil, que no vale para nada, y disuelvan esta Cámara, que con este Gobierno y con los socios que tienen no tiene ningún sentido y solo sirve para dañar cada día más la libertad y la igualdad junto con la seguridad de los españoles. Se lo repito: convoquen elecciones ya y dejen de hacer perder el tiempo a esta Cámara y, sobre todo, de volver locos a los ciudadanos. Márchense y dejen que seamos nosotros (risas) los que arreglemos este desastre en el que nos están sumiendo, porque se lo vuelvo a repetir, y lo van a ver muy pronto. Si no, fíjense en lo que está pasando en el mundo. Se lo repito: fíjense en lo que está pasando en el mundo. (Rumores). Sí, lo que está pasando con las ideas que algunos defendemos. Es la hora. Se acerca el momento y llega el momento de que un partido como VOX, de verdad, gobierne y solucione los problemas de este país. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Buenas tardes. Señorías, ¿ven esto que tengo aquí? (Muestra dos folios). ¿Lo ven? Pues no, no es mi lista de la compra ni el trabajo del colegio de mi hija de este fin de semana, no. Esto -dos hojas- es la proposición de ley que estamos debatiendo hoy; esto, folio y medio. ¿De verdad, señores socialistas, no les da vergüenza? Una proposición de ley que, además, no tiene ningún sentido. Les voy a recordar que actualmente se está debatiendo el Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y esta proposición de ley, esta nimiedad que ustedes traen hoy aquí no es más que lo que debería ser una enmienda, un añadido a ese proyecto de ley, en concreto a la mediación en los contratos de electricidad o hidrocarburos. Pero ustedes no, ustedes no pueden presentar una enmienda, ustedes no pueden mejorar esa ley; ustedes traen a esta Cámara esta simpleza de proposición de ley. ¿Y saben el motivo real? Pues que su única intención es hacer teatro, el paripé de que aquí, en esta Cámara y en esta legislatura, se está legislando algo, cuando la realidad es que tenemos una legislatura bloqueada para cualquier asunto importante, como se demostró ayer en la Comisión de Hacienda. Porque este Gobierno Frankenstein que lideran ustedes, que solo busca decretar amnistías o dar sin medida cada vez más dinero y privilegios a sus socios separatistas y golpistas, en ningún caso sirve para mejorar la vida de los españoles. Eso, ténganlo muy claro, no les interesa. Eso sí, llenan el Diario de Sesiones de decretos leyes y de proposiciones de ley absurdas, absolutamente irrelevantes, cuando no malintencionadas, con el único resultado de hacernos perder a todos el tiempo y, lo que es más grave, para gastar más dinero de los contribuyentes y volver cada vez más locos a los ciudadanos con toda esta paranoia de normativa inútil que ha llegado a un punto que ya es absolutamente imposible de cumplir. (Aplausos). Porque, ¿saben ustedes cuántas leyes y normas tenemos en España en estos momentos, la mayoría tan ineficaces y ridículas como esta? Pues en torno a trescientas mil. Solo les voy a poner un ejemplo, para que se hagan una idea los ciudadanos que me estén escuchando. El año pasado, en 2023, un año en el que para alivio de los ciudadanos se paró la legislatura durante cinco meses por la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, el año pasado -insisto-, en medio año se aprobaron 683 normas estatales. En ese mismo período, 2023, los distintos boletines oficiales publicaron más de 1,2 millones de páginas, o sea, que una persona que quisiera más o menos leer o estar al tanto de lo que se ha legislado tendría que leer unas 3500 páginas al día. Da para escribir 850 Quijotes. (Aplausos).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Gracias, presidenta. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada pagan un precio más elevado. ¿Lo recuerdan todos ustedes? Es una frase -muy distentida, por cierto- que dijo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Cerca de 11 millones de consumidores en España están acogidos a la tarifa regulada, 11 millones de tontos, entre ellos yo. A todas sus señorías, al igual que al resto de los españoles, una llamada telefónica nos ha violentado durante la mejor de las siestas de verano, en una etapa llana del tour. ¿Qué querrán? Muy sencillo: jugar con las palabras y el desconocimiento entre lo que es la distribuidora y la comercializadora de gas y electricidad. No tienen que cambiar, nos dicen, le ofrecemos un mejor contrato en el que usted pagará menos. Normalmente se conforman con que cambies de comercializadora por otra de la competencia y otras muchas veces la estafa es ofrecer algo imposible de materializar, porque está por debajo del precio real de coste. Cuando te llega el contrato y el primer recibo, si lo miras, que la gran mayoría de la gente no lo mira, el sobresalto es mayúsculo, no tiene nada que ver con la conversación telefónica registrada. Los consumidores más expertos, los pocos que saben orientarse en el complejo mapa de la Administración pública, llevan su reclamación a la Administración de consumo autonómica. Empresas multinacionales conocidas por todos nosotros participan en las juntas arbitrales de Consumo. Allí diferentes árbitros analizan la reclamación y exigen a la compañía la transcripción de la conversación telefónica. Curiosamente, esta nunca aparece. Caso resuelto, el consumidor tiene razón y se le compensa. Un apunte. Las empresas matrices están adheridas a las juntas arbitrales, pero sus filiales low cost no. En esas, al consumidor engañado le toca presentar denuncia judicial. Si la Administración de consumo autonómica es proactiva y va más allá, interroga directamente a la empresa. La respuesta siempre es la misma: un comercial que trabaja para una subcontrata se ha excedido. Si se les recuerda que no es la primera vez que pasa, la respuesta es categórica: ya hemos rescindido el contrato con esa empresa que dañaba nuestra reputación comercial. Ese era el modus operandi que utilizaban las empresas cuando el precio de la luz ocupaba la portada de los medios de comunicación y, por tanto, como sabemos por otros temas, se convertía en una preocupación de los ciudadanos.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Dicho esto, nos sorprende que no fuera hasta 2017, cuatro años después de la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que la legislación española no la incorporara en su ordenamiento jurídico. Curiosamente, en esa trasposición a la exposición de motivos -en esa-, el legislador español manifestó que es importante destacar que esta ley -aquella- no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de las entidades de resolución alternativa a que pueden recurrir los consumidores y empresarios para la resolución de sus litigios. Siete años después de esa trasposición y once años después de que el Parlamento Europeo dictara la directiva, hoy ustedes vienen aquí y expresan de nuevo que los últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadores y consumidores, publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalan la necesidad de introducir modificaciones legislativas que determinen la obligación de información prevista en la normativa sectorial. En pocas palabras, once años después, las empresas eléctricas y las gasísticas no parece para nada que se hayan aplicado lo que la legislación del año 2013 requería y a los sucesivos Gobiernos del Estado, en vez de hacer su trabajo y forzar la aplicación de la ley, únicamente se les ocurre legislar de nuevo que tienen que cumplir la legislación.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Asimismo, señalan los informes del Defensor del Pueblo que un alto número de consumidores no sabe a qué órgano o Administración acudir para resolver sus reclamaciones frente a sectores energéticos. Señalan, incluso, que las consejerías autonómicas responsables en la materia -competentes para conocer las discrepancias que surgen en el marco de las reclamaciones energéticas-, una vez que se ha concluido el proceso de reclamación y han sido desestimadas estas reclamaciones por las comercializadoras, han detectado casos en los que las autoridades de consumo han facilitado una información errónea al considerar que el consumidor no tenía acceso a una vía extrajudicial. ¿Qué nos indican estos informes? Nos indican que aún nos queda un importante camino por recorrer para consolidar el sistema, para unificar criterios y difundir de forma adecuada las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los consumidores para proteger sus derechos. Señorías, esperamos contribuir con nuestra propuesta a avanzar en este camino y seguir evolucionando en la protección jurídica del consumidor, que somos la sociedad en general. Amparados en las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su último informe, es nuestra intención aclarar el contenido del deber de informar a los consumidores sobre la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se contienen en dos importantes leyes sectoriales: la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Somos conscientes de que la resolución alternativa de litigios aún no es suficientemente conocida por los consumidores y usuarios. Por este motivo, es importante remover desde los poderes públicos cualquier obstáculo que pueda dificultar la información que debe ofrecerse a los consumidores para el acceso a esta vía de solución de conflictos. Reitero mis palabras del principio: un consumidor informado es un consumidor protegido. (Aplausos). Contribuir a este objetivo es lo que motiva esta propuesta, la cual espero que sea de interés para el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara y podamos seguir avanzando para la sociedad española. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«En el ámbito internacional, cuando la Asamblea General de la ONU aprueba las directrices sobre la protección del consumidor, enumera una serie de medidas que permite a los consumidores obtener compensación, y así se abre el camino de la resolución alternativa de litigios con un mecanismo extrajudicial; un mecanismo que es rápido, justo y poco costoso, y teniendo en cuenta las necesidades de las personas consumidoras con bajos recursos. La Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, es la norma que aplica los procedimientos de resolución alternativa y exige que se cumplan unos requisitos de calidad en toda la Unión Europea, y que los consumidores y las consumidoras conozcan la existencia de dichos procedimientos. El objetivo de esta directiva es claro: que los consumidores puedan identificar rápidamente qué entidades de resolución alternativa son competentes para tratar su reclamación. Esta norma también deja bien claro que la información debe ser clara, comprensible y de fácil acceso. Esta Directiva 2013/11 fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en la Ley 7/2017, del 2 de noviembre. Esta ley fue objeto de una intensa negociación durante su tramitación parlamentaria, en la cual el Grupo Parlamentario Socialista incorporó más de cuarenta enmiendas al texto del proyecto. El resultado del texto disponía a sectores concretos a dos cambios normativos de especial trascendencia: en primer lugar, la protección de los usuarios del transporte aéreo, de aceptación obligatoria y resultado vinculante para las compañías aéreas; y, en segundo lugar, la creación de una única entidad para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero y la obligación a las entidades financieras de que participaran en los procedimientos de dicha entidad.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Presidenta, señorías, buenos días. Antes de comenzar, quiero dejar constancia de mi pesar por tantas víctimas y de mi afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA, la consideración y el respeto por el inmenso trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios y la preocupación por el temporal, que vuelve a golpear en las últimas horas. (Aplausos). Señorías, vamos a hablar de verdad de la ley. Les informo: estamos ante la ley del sí o sí, ante una nueva modalidad de un real decreto ley ómnibus para leyes orgánicas. Vean: se registra un proyecto fake, se redacta otro mediante enmiendas en el ministerio, que luego presentan los grupos de Gobierno y se impone. Eso es lo que entienden por negociar. Es la prueba inequívoca de que entró en esta Cámara el proyecto fake del que yo hablaba el 11 de julio, una nueva falta de respeto a las Cortes Generales. Y se lo voy a explicar, porque no son frases para impactar. ¿Que no es posible la implantación de la ley en julio de 2025 -lo dice todo el mundo- sin riesgo de colapsar la justicia? No importa, sí o sí. ¿Que se carga a ayuntamientos y comunidades con el coste de la ley? No importa, sí o sí. ¿Que la ley es más difícil de leer e interpretar que un jeroglífico? Sí o sí. ¿Que de las observaciones técnicas de los letrados, cincuenta y cuatro apretados folios, se aceptan cuatro comas y se desoye todo lo demás? No importa, sí o sí. Se aprueba como sea, por encima de todo, sea cual sea el pago; la justicia es la que paga el precio. Esta ley del sí o sí es el late motiv real de un proyecto que debería haber sido lo que el portavoz socialista ha relatado, pero que no lo es. Hoy la tenemos que aprobar sea como sea y está manchada de indignidad, porque, junto con el debate de Radiotelevisión Española, el día 30 de octubre se convocó una ponencia para incorporar todo lo que pasaba por allí, todo lo que querían, haciéndolo rápidamente y con una comisión el día 4 para que no se notara mucho.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Es una reforma de la justicia con un régimen transitorio i-na-su-mi-ble, y lo saben muy bien, manteniendo las diferencias en las competencias de justicia entre las comunidades autónomas, que por mor de unas y otras van a distintas velocidades; por ejemplo, aquellas donde todavía se deben presentar las copias en papel y aquellas que utilizan la dirección electrónica única. Es una justicia con falta de recursos y medios que señala juicios para el año 2029; un desastre y, tal como se plantea la reforma, no se mitigará. Saben que es una mala reforma, pilotada por un Gobierno sin escrúpulos e incapaz y que, con estos mimbres, la justicia española no será ni ágil ni útil, pero sí desigual para los ciudadanos en función de cada comunidad autónoma. Es una reforma incompleta, sesgada, sin razón, sin ciencia que, como decíamos al principio, apuntala el fallido Estado de las autonomías. Esta no es la reforma que necesita la justicia en España ni los españoles. Es una oportunidad perdida. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Reforma de la justicia que de nuevo, y en pago a los favores del separatismo vasco, modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local sin venir a cuento, por la que sobre los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter general, que son los secretarios de ayuntamiento y los interventores municipales, acogidos a un proceso selectivo, concurso de traslado o adjudicación de destino único, a partir de ahora, en el ámbito de las provincias vascongadas, será el Gobierno vasco quien tendrá todas las competencias que tiene ahora el Estado con respecto a esos funcionarios. Lógicamente, nos oponemos a esta ruptura y a esa desigualdad en un cuerpo de ámbito nacional. Esto supone, una vez más, la destrucción de los elementos esenciales del Estado español para convertir España en un almacén de retales. (Aplausos). Son tantas las patrañas y la mugre legislativa que modifica incluso normas de financiación de los partidos políticos o que, bajo el pretexto de una teórica respuesta a un procedimiento de infracción de trasposición, que tampoco viene a cuento, modifica la Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea, un traje a medida hecho para los socios del PSOE, los separatistas y los herederos políticos de ETA, como hicieron recientemente con el cómputo de penas para etarras -insisto en ello- abriendo la vía de 'salvemos a Puigdemont'. (Aplausos).»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidente, miembros de la comisión participantes en la ponencia, especialmente los que llevan la representación de la misma en este debate, permítanme vuestras señorías una intervención esquemática, simple, insuficiente por la premura del tiempo asignado, siendo de obligada condición hoy y ahora aquí no huir de la vehemencia necesaria que requiere la actual y calamitosa situación en España con los últimos acontecimientos en momentos de rabia, de dolor, de sentido de duelo con los hechos más trágicos y de estupefacción, indignación y reproche por tanta iniquidad política de este Gobierno y sus secuaces de turno. (Aplausos). Ejemplo de ello es el trámite formal con el que despacha este importante proyecto de ley -que debe reformar, en teoría, la justicia- con rapidez inusitada en su fase final, con enmiendas a paladas, a martillazos deslavazados, retirando una sección entera -tal como se advirtió-, incoherente y que apuntala el fallido Estado de las autonomías que han estado amamantando todos ustedes con fruición suicida, empeñados en matar las almas regionales para sustituirlas por hechos diferenciales a través de estructuras administrativas caras, inútiles y perversas como las comunidades autónomas, con todo el soporte artificioso y pesebres de favores que las hacen inútiles -como hemos visto, por desgracia-, que reafirman la desigualdad entre españoles y que persisten -con esta reforma que afecta a la justicia- en trato diferente en según qué taifa. Proyecto de ley llamado de eficiencia del servicio público de justicia, justo en los momentos en que el fallido Estado de las autonomías ha mostrado su auténtico y pavoroso rostro en un Estado ineficiente y fratricida, inexistente cuando más necesario era. (Aplausos).»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Elementos un poco sobrevenidos a este debate, pero que me parece importante poner en relieve. En primer lugar, daremos apoyo a la enmienda en cuanto a las mutualidades de abogados, que presenta SUMAR. Lo he dicho cuarenta veces, y estaría bien que lo hiciéramos nuestro: cuando alguien presenta una enmienda correcta, se apoya. Daremos apoyo también a la enmienda relacionada con la justicia de proximidad en la ciudad de Barcelona, entre otras cosas, porque en 2006, luego del comentario que se ha hecho al ministro Hereu, en esa época él era alcalde de Barcelona y yo era concejala del Gobierno, así que parte del diseño que se hizo de la justicia de proximidad en Barcelona proviene de Esquerra Republicana de Catalunya, porque es la idea de justicia que tenemos, aquella idea que entiende el territorio, que está adherida al territorio y que, por lo tanto, puede impartir lo que entendemos por justicia. No haré comentarios porque, entre otras cosas, no me queda tiempo, sobre la opinión que tiene mi grupo respecto del Poder Judicial español. Creo que en este momento no corresponde y habrá otros momentos para decir lo que pensamos al respecto, que creo que toda la Cámara lo sabe porque lo hemos dicho en varias ocasiones, y seguramente hay comisiones donde es más oportuno decirlo. Por lo tanto, posicionamiento positivo en cuanto a la ley, también en cuanto a estas enmiendas que he comentado; hemos retirado todas nuestras enmiendas. Nos parecía que debíamos garantizar que los artículos de ese estatuto laminado, que votamos en contra porque era insuficiente, también se cargó todos los aspectos de justicia. Por lo tanto, el único marco normativo que realmente nos vincula es el contenido en los artículos 101 a 108 del Estatuto de Cataluña, que es lo que dispone también los medios materiales y personales. En cuanto a los interinos de la Administración de Justicia, la situación de jueces sustitutos se arregla un poco en esta ley, pero no lo suficiente.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Seguimos. Por lo tanto, juzgados de Paz, juntamente con la Asociación de Jueces de Paz de Cataluña hemos estado trabajando en ello. ¿Se apropiarán de los 10 000 euros en los temas de conciliación en casos civiles? Pues que se apropien. De hecho, nosotros también lo hemos negociado. Fue por nosotros. También subimos de los 90 euros a los 150. Un poquito escaso y mezquino. Vamos incrementando la capacidad de los jueces de Paz para impartir justicia jurisdiccional en el territorio catalán. Saben que es una figura histórica en nuestro territorio y, por lo tanto, para nosotros era muy importante mantenerla. ¿Qué más nos ha preocupado? Porque vivimos en el mundo real. Por ejemplo, que se incorporaran todos los temas relacionados con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en cuanto a planta. ¿Qué otra cosa nos ha movido? La incorporación de todo lo que se había previsto en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia también en sede de esta ley, que es donde efectivamente tocaba. Por lo tanto, pese a que no coincidimos al cien por cien, lo que sí aceptaré es que la tramitación de todo lo relacionado con los medios alternativos de resolución de conflictos venía ya muy trabajado de la legislatura anterior y, por lo tanto, no va a estar sujeto a suficiente debate en la ponencia. Como ya estaba bastante trabajado y la idea era intentar desjudicializar al máximo los procesos que pueden tener una resolución sin llegar a los tribunales, la línea nos parecía correcta. La conversión de la planta del Estado español en juzgados unipersonales a tribunales con tres magistrados también nos parecía correcta. Recupero lo que ha comentado una diputada anteriormente: La justicia cuando es lenta no es justa, es injusta. Por lo tanto, pese a que la administrativización de la justicia pueda ser un problema, también es parte de su capacidad garantista, y todos vemos claro que debemos mantener unas oficinas judiciales que efectivamente sirvan a la impartición de esta justicia.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Moltes gràcies. Presidenta, señorías, representantes del mundo judicial, letrados consistoriales que nos acompañan hoy, la iniciativa que nos ocupa pretende mejorar la eficiencia en el ámbito de la justicia o, mejor dicho, en el Servicio Público de Justicia desde el punto de vista organizativo de la planta judicial, complementando el Real Decreto 6/2023 de digitalización del Servicio Público de Justicia. De entrada, debemos dejar claro que este modelo de justicia española no es el nuestro, no es el que queremos para Cataluña. Para nosotros la justicia tiene otras prioridades. En primer lugar, ser efectiva para resolver los conflictos de la sociedad y, por eso, creemos que sobra Administración y falta justicia, una justicia que debería ser más cercana a los ciudadanos, lo contrario de lo que hace esta ley. Pero para nosotros es prioritario que la justicia, más allá del servicio para resolver conflictos, deje de ser rehén de una cúpula que se pone donde no debe ponerse, esto es, en la vida y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña, y lo hace de forma arbitraria, con dobles varas de medir y vulnerando nuestros derechos, que nos criminaliza, permite que nos espíen y nos acusa de terrorismo. Una justicia que, cuando esté la enmienda, que es lo que hemos hecho con la ley de amnistía, se revela incluso contra las decisiones de la soberanía popular expresada en esta Cámara. Por eso, nuestras prioridades, insistimos, son diferentes en materia de justicia. Por ejemplo, establecer un sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces; por ejemplo, obligarles a que conozcan las leyes oficiales del lugar donde están destinados, cumpliendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, o, por ejemplo, eliminar la Audiencia Nacional, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático.»
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Ricardo Tarno Blanco · PP ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Gracias, señora presidenta. Brevemente, quiero anunciar el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular a estos dos convenios. Al primero porque es un convenio que va a mejorar la vida de los ciudadanos españoles que residen en Estados Unidos. Es muy llamativo cómo la interviniente del Grupo SUMAR ha utilizado esta intervención para los tópicos y típicos de esa izquierda cada día más rancia. Estoy seguro de que el Estado español ha tenido relaciones excepcionales con la Administración Biden, y las va a seguir teniendo con la Administración Trump, porque es la obligación que tiene un país como el nuestro. Por otro lado, es sorprendente que el Gobierno o una parte del Gobierno se vaya a abstener en un convenio internacional. Hay una permanente contradicción entre los socios del Gobierno no solamente en política nacional, a lo que nos tenía acostumbrados, sino en política internacional. Pero un Gobierno del que una parte importante que los socios que lo sustentan es incapaz de aprobar los convenios internacionales, ¿qué tipo de Gobierno es? ¿Qué fiabilidad da al resto de socios, al resto de países del mundo? (Aplausos). Son incapaces de tener una postura común en asuntos tan livianos como los que se tratan hoy: imagínense en lo importante. Por eso, de verdad, háganselo ver y si merece la pena seguir con una legislatura en la que permanentemente se están contradiciendo los dos socios de Gobierno y el resto de las minorías que lo apoyan. Yo creo que por los españoles no merece la pena.»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«I en el context global actual, pensam que és molt positiu que el Fons Monetari Internacional tingui més marge per actuar d'una forma més immediata, per atendre tots aquells països i països que necessitin una ajuda de forma urgent i no supeditant sempre l'ajuda a un vot que de vegades la pot bloquejar o la pot retrassar. Per això també votarem a favor de la revisió de les quotes del Fons Monetari Internacional. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Sobre el Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos, el Gobierno nos solicita la autorización para su firma, y realmente es una actualización del Convenio de 1988, una actualización que solicitó España hace algún tiempo, tras años de negociación, y ahora se llega a un acuerdo. Es un convenio necesario y muy positivo para los trabajadores y trabajadoras españolas a quienes su empresa española les ha mandado a trabajar a Estados Unidos durante una temporada. El convenio en vigor tenía algunas carencias que provocaban que muchos de estos trabajadores tuvieran muchas dificultades a la hora de garantizar la integridad de sus pensiones. Al fin y al cabo, el sistema de pensiones español es un sistema público, mientras que el sistema de pensiones de Estados Unidos es privado, y eso hace que se tenga que detallar muy bien y mejor este convenio, y eso es lo que pretende la actualización, estableciendo un periodo de cinco años, prorrogable a siete, en el que el trabajador o la trabajadora que haya sido destinado a Estados Unidos continuará cotizando en el sistema público español. Por lo tanto, es un convenio positivo para este colectivo y, por eso animo a todos los grupos a que voten a favor, y lo digo especialmente para esos grupos que tienen costumbre, y la respeto, de abstenerse en los tratados, como Esquerra o Bildu, porque en este caso se trata de un convenio que realmente facilita la vida a un grupo concreto de personas, entre los que se encuentran catalanes y vascos.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Con la venia. VOX va a votar no a la autorización de la Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, sobre revisión general de cuotas, de 15 de diciembre de 2023. Con carácter general, dicha resolución propone que las cuotas de los países miembros del Fondo se incrementen en un 50 %, lo que supone para España que su contribución actual de más de 9,5 millones de euros pasará a ser de más de 14,3 millones de euros. No somos grandes entusiastas, y, desde luego, no incondicionales defensores del multilateralismo. Pero, además, cabe destacar que son Estados contribuyentes con cuota superior a la española solo Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China Popular, Estados Unidos, Rusia, Francia, India, Italia, Japón y el Reino Unido, todos ellos con un PIB superior al español. Pero también tienen PIB superior al español y, sin embargo, su cuota es inferior a la española Australia, Indonesia, Corea del Sur y México. Además, no se observa la debida proporción entre PIB y cuota por comparación de España, cuyo PIB es cercano al billón y medio de euros, con Estados cuyo PIB es superior al de España. Así es lo que sucede en el caso de Alemania, Brasil, Canadá, China Popular y Estados Unidos. Por consiguiente, descubrimos de este modo que el Gobierno y sus ministros, además de ignorar y violar las leyes y la Constitución siempre que les place, y les place muchas veces y de modo recurrente, y además de ser ineptos en la acción propia del Poder Ejecutivo, tampoco saben contar. ¿O es que acaso quieren regalar algo al Fondo Monetario Internacional y/o a otros Estados miembros, por complejo de naturaleza internacional del presidente del Gobierno y/o del miniministro de Asuntos Exteriores, con efectos secundarios multilaterales? Finalmente, la propia resolución dispone que el aumento de la cuota de un país miembro propuesto solo entrará en vigor si el país miembro la acepta por escrito en una fecha determinada, con arreglo a las normas del Fondo. Luego, España no debe consentir este aumento. Gracias. (Aplausos).»
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Alda Recas Martín · Sumar ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Gracias, presidenta. Señorías, cuando me propusieron estrenarme en esta Cámara con la justificación del voto sobre dos convenios internacionales no me pareció el mejor comienzo, la verdad. Sin embargo, este es el caso de dos convenios que pueden tener impacto positivo o no en el orden internacional, en la vida cotidiana de mucha gente. Muchos de los que se encuentran aquí no quieren ver que en este mundo globalizado lo que afecta, por ejemplo, a un alemán en sus próximas elecciones o a una sudanesa en una sequía o si una niña es asesinada en Gaza en un conflicto que no somos capaces de parar afecta y debe ser de la incumbencia de todos y de todas. Este convenio, el primero, puede parecer un tema burocrático, sin más. Sin embargo, hablamos de regulaciones que dan esperanza y seguridad jurídica y, sobre todo, consolidan derechos. Eso sí es libertad. Se trata de un acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos que regula las condiciones de prestaciones y derechos de las personas trabajadoras con derecho a pensión. Respecto a España, el convenio afecta a la legislación relativa a las prestaciones contributivas del sistema español de Seguridad Social y a las del Régimen de Clases Pasivas del Estado en lo que se refiere a incapacidad permanente por enfermedad común o accidente no laboral, jubilación o retiro, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral. Esta consolidación de derechos merece un sí, sobre todo porque los futuros acuerdos tras la victoria de la sinrazón de Trump en un país como Estados Unidos dudamos de que se vayan a basar en consolidación de derechos para los más vulnerables, y dudamos de que se firmen acuerdos para luchar contra el cambio climático, dudamos de que se hagan acuerdos para luchar contra las fake news. Si van a basar acuerdos en ayudar a sus amigotes, a sus empresas o para acabar con derechos, no cuenten con nosotros.»