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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Buenas tardes. Señorías, ¿ven esto que tengo aquí? (Muestra dos folios). ¿Lo ven? Pues no, no es mi lista de la compra ni el trabajo del colegio de mi hija de este fin de semana, no. Esto -dos hojas- es la proposición de ley que estamos debatiendo hoy; esto, folio y medio. ¿De verdad, señores socialistas, no les da vergüenza? Una proposición de ley que, además, no tiene ningún sentido. Les voy a recordar que actualmente se está debatiendo el Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y esta proposición de ley, esta nimiedad que ustedes traen hoy aquí no es más que lo que debería ser una enmienda, un añadido a ese proyecto de ley, en concreto a la mediación en los contratos de electricidad o hidrocarburos. Pero ustedes no, ustedes no pueden presentar una enmienda, ustedes no pueden mejorar esa ley; ustedes traen a esta Cámara esta simpleza de proposición de ley. ¿Y saben el motivo real? Pues que su única intención es hacer teatro, el paripé de que aquí, en esta Cámara y en esta legislatura, se está legislando algo, cuando la realidad es que tenemos una legislatura bloqueada para cualquier asunto importante, como se demostró ayer en la Comisión de Hacienda. Porque este Gobierno Frankenstein que lideran ustedes, que solo busca decretar amnistías o dar sin medida cada vez más dinero y privilegios a sus socios separatistas y golpistas, en ningún caso sirve para mejorar la vida de los españoles. Eso, ténganlo muy claro, no les interesa. Eso sí, llenan el Diario de Sesiones de decretos leyes y de proposiciones de ley absurdas, absolutamente irrelevantes, cuando no malintencionadas, con el único resultado de hacernos perder a todos el tiempo y, lo que es más grave, para gastar más dinero de los contribuyentes y volver cada vez más locos a los ciudadanos con toda esta paranoia de normativa inútil que ha llegado a un punto que ya es absolutamente imposible de cumplir. (Aplausos). Porque, ¿saben ustedes cuántas leyes y normas tenemos en España en estos momentos, la mayoría tan ineficaces y ridículas como esta? Pues en torno a trescientas mil. Solo les voy a poner un ejemplo, para que se hagan una idea los ciudadanos que me estén escuchando. El año pasado, en 2023, un año en el que para alivio de los ciudadanos se paró la legislatura durante cinco meses por la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, el año pasado -insisto-, en medio año se aprobaron 683 normas estatales. En ese mismo período, 2023, los distintos boletines oficiales publicaron más de 1,2 millones de páginas, o sea, que una persona que quisiera más o menos leer o estar al tanto de lo que se ha legislado tendría que leer unas 3500 páginas al día. Da para escribir 850 Quijotes. (Aplausos).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Estas empresas a las que hoy queremos ayudar para resolver de forma rápida y satisfactoria sus conflictos con los consumidores son las mismas que quieren escaquearse de pagar impuestos. Sus señorías saben que soy diputado de los Comunes, de los Comuns per Tarragona. Repsol, que opera en el complejo petroquímico, es la empresa más contaminante de España, con el 62 % de las emisiones de todo el IBEX 35. En el Camp de Tarragona destacan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Muchos de estos contaminantes no son analizados y sobre algunos compuestos ni siquiera existe regulación ni control. Apoyado por los grupos lobistas de esta Cámara y medios de comunicación que reciben importantes inyecciones publicitarias, Repsol utiliza el chantaje fiscal para seguir pagando menos de un 3 % en el impuesto sobre sociedades, frente al 18 % de las pymes. Se trata de un chantaje falso -un chantaje falso-, pues estas empresas tienen que reconvertir sus contaminantes refinerías si no quieren pagar grandes multas aquí y en Portugal. De momento, la acción de las manadas lobistas y la prensa parece que soplan a favor de las chimeneas en lugar de a favor de la ciudadanía. Señorías, si queremos que el pueblo, con sus impuestos, y la acción de los servicios públicos siga salvando al pueblo, constituyamos el ADR, sí, pero no nos olvidemos de hacer pagar a aquellos que más beneficio obtienen de sus malos humos y del abuso a los consumidores. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Recientemente, hemos vuelto a ver el mismo método para que la gente contratara una alarma para que, supuestamente, no le okuparan su casa. En España, en 2022 se produjeron 17 000 denuncias, de las que solo un 5 % fueron ocupaciones ilegales, es decir, 850 okupaciones de viviendas de primera y segunda residencia en toda España. Gracias a la derecha, a la publicidad de los medios de comunicación y a la alarma creada, hoy muchos de esos 26 millones de viviendas que hay en España tienen instalada una alarma en su vivienda. Negocio redondo. Volviendo a la luz y al gas, el grupo de izquierdas Plurinacional SUMAR no está solo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, también denuncia que las comercializadoras no son transparentes, ni antes ni después ni durante la contratación, y que incurren en prácticas engañosas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto poner fin a las llamadas fraudulentas y la contratación telefónica solo será posible si llama el propio cliente o si le llaman tras solicitarlo explícitamente. Pero cuando este tipo de fraudes se solucionen, aparecerán nuevos. ¿Y para qué el ADR? En ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria. Ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudará a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica. La implementación del ADR como paso obligatorio antes de litigar aliviará la carga de trabajo de los tribunales de España. Hemos de trabajar para dar a conocer el ADR, al igual que las juntas arbitrales de Consumo. De igual forma, hemos de estar vigilantes para que estas fórmulas avanzadas de resolución de conflictos entre empresas y consumidores no se conviertan en un servicio de atención al cliente y de reclamaciones de las grandes multinacionales a cargo de los fondos públicos de la Administración. Por eso, las Administraciones de consumo y la CNMC, una vez que se haya constituido el ADR, no pueden olvidarse del problema e igual que ellos utilizan la inteligencia artificial para enchufarnos sus productos, las Administraciones deben utilizar las mismas herramientas para seguir aquellas prácticas que no son errores, sino políticas de empresa que buscan de forma reiterada el beneficio extraordinario con el abuso hacia los consumidores y sancionar; naturalmente, sancionar.»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Gracias, presidenta. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada pagan un precio más elevado. ¿Lo recuerdan todos ustedes? Es una frase -muy distentida, por cierto- que dijo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Cerca de 11 millones de consumidores en España están acogidos a la tarifa regulada, 11 millones de tontos, entre ellos yo. A todas sus señorías, al igual que al resto de los españoles, una llamada telefónica nos ha violentado durante la mejor de las siestas de verano, en una etapa llana del tour. ¿Qué querrán? Muy sencillo: jugar con las palabras y el desconocimiento entre lo que es la distribuidora y la comercializadora de gas y electricidad. No tienen que cambiar, nos dicen, le ofrecemos un mejor contrato en el que usted pagará menos. Normalmente se conforman con que cambies de comercializadora por otra de la competencia y otras muchas veces la estafa es ofrecer algo imposible de materializar, porque está por debajo del precio real de coste. Cuando te llega el contrato y el primer recibo, si lo miras, que la gran mayoría de la gente no lo mira, el sobresalto es mayúsculo, no tiene nada que ver con la conversación telefónica registrada. Los consumidores más expertos, los pocos que saben orientarse en el complejo mapa de la Administración pública, llevan su reclamación a la Administración de consumo autonómica. Empresas multinacionales conocidas por todos nosotros participan en las juntas arbitrales de Consumo. Allí diferentes árbitros analizan la reclamación y exigen a la compañía la transcripción de la conversación telefónica. Curiosamente, esta nunca aparece. Caso resuelto, el consumidor tiene razón y se le compensa. Un apunte. Las empresas matrices están adheridas a las juntas arbitrales, pero sus filiales low cost no. En esas, al consumidor engañado le toca presentar denuncia judicial. Si la Administración de consumo autonómica es proactiva y va más allá, interroga directamente a la empresa. La respuesta siempre es la misma: un comercial que trabaja para una subcontrata se ha excedido. Si se les recuerda que no es la primera vez que pasa, la respuesta es categórica: ya hemos rescindido el contrato con esa empresa que dañaba nuestra reputación comercial. Ese era el modus operandi que utilizaban las empresas cuando el precio de la luz ocupaba la portada de los medios de comunicación y, por tanto, como sabemos por otros temas, se convertía en una preocupación de los ciudadanos.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Dicho esto, nos sorprende que no fuera hasta 2017, cuatro años después de la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que la legislación española no la incorporara en su ordenamiento jurídico. Curiosamente, en esa trasposición a la exposición de motivos -en esa-, el legislador español manifestó que es importante destacar que esta ley -aquella- no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de las entidades de resolución alternativa a que pueden recurrir los consumidores y empresarios para la resolución de sus litigios. Siete años después de esa trasposición y once años después de que el Parlamento Europeo dictara la directiva, hoy ustedes vienen aquí y expresan de nuevo que los últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadores y consumidores, publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalan la necesidad de introducir modificaciones legislativas que determinen la obligación de información prevista en la normativa sectorial. En pocas palabras, once años después, las empresas eléctricas y las gasísticas no parece para nada que se hayan aplicado lo que la legislación del año 2013 requería y a los sucesivos Gobiernos del Estado, en vez de hacer su trabajo y forzar la aplicación de la ley, únicamente se les ocurre legislar de nuevo que tienen que cumplir la legislación.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, debo recordarles que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de consumo, como recoge el artículo 123 del estatut de Catalunya, y esta competencia incluye la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y el establecimiento y aplicación de los procedimientos administrativos de quejas y reclamaciones, una competencia que también incluye la regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo y la regulación de la información en materia de consumidores y usuarios. Asimismo, el artículo 28 del estatuto ampara los derechos de los consumidores y usuarios y su derecho a la protección de su salud y seguridad, y también expresa que estos, los usuarios, tienen derecho a una información veraz y entendedora sobre las características y los precios de los productos y los servicios, a un régimen de garantía de los productos adquiridos y de los suministros contratados y a la protección de sus intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas. Yendo más allá, en el artículo 49 se indica que los poderes públicos deben garantizar la existencia de instrumentos de mediación y arbitraje en materia de consumo, deben promover el conocimiento y la utilización y deben apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Así pues, una vez más nos encontramos ante una propuesta, la suya, para modificar una ley estatal referente y ocupando una competencia exclusiva de Cataluña. Nosotros, por lo tanto, una vez más, defenderemos las competencias de Cataluña y plantaremos cara ante los continuos intentos de injerencia y de supeditarnos. Y plantar cara quiere decir la presentación de una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley para proteger la invasión competencial que se está intentando llevar a cabo, una enmienda a la totalidad que, además, como se ha visto ya en anteriores ocasiones, no levantaremos si no hay acuerdo en materia competencial.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Asimismo, señalan los informes del Defensor del Pueblo que un alto número de consumidores no sabe a qué órgano o Administración acudir para resolver sus reclamaciones frente a sectores energéticos. Señalan, incluso, que las consejerías autonómicas responsables en la materia -competentes para conocer las discrepancias que surgen en el marco de las reclamaciones energéticas-, una vez que se ha concluido el proceso de reclamación y han sido desestimadas estas reclamaciones por las comercializadoras, han detectado casos en los que las autoridades de consumo han facilitado una información errónea al considerar que el consumidor no tenía acceso a una vía extrajudicial. ¿Qué nos indican estos informes? Nos indican que aún nos queda un importante camino por recorrer para consolidar el sistema, para unificar criterios y difundir de forma adecuada las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los consumidores para proteger sus derechos. Señorías, esperamos contribuir con nuestra propuesta a avanzar en este camino y seguir evolucionando en la protección jurídica del consumidor, que somos la sociedad en general. Amparados en las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su último informe, es nuestra intención aclarar el contenido del deber de informar a los consumidores sobre la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se contienen en dos importantes leyes sectoriales: la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Somos conscientes de que la resolución alternativa de litigios aún no es suficientemente conocida por los consumidores y usuarios. Por este motivo, es importante remover desde los poderes públicos cualquier obstáculo que pueda dificultar la información que debe ofrecerse a los consumidores para el acceso a esta vía de solución de conflictos. Reitero mis palabras del principio: un consumidor informado es un consumidor protegido. (Aplausos). Contribuir a este objetivo es lo que motiva esta propuesta, la cual espero que sea de interés para el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara y podamos seguir avanzando para la sociedad española. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Presidenta, señorías, buenas tardes. Comenzamos la sesión en defensa del consumidor bajo el prisma de que tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Señorías, la vulnerabilidad económica entorpece el acceso a la justicia, y este principio, que es aplicable con carácter general, lo es más en el derecho de consumo. Con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos derechos se convierten en humo si no existen cauces adecuados para que los consumidores los puedan hacer valer. Esto lo entendimos muy bien los socialistas cuando pusimos en marcha el Sistema Arbitral de Consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantiza el respeto de los consumidores. (Aplausos). La Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de estos. Por tanto, nuestro marco constitucional es el mandato que impulsó la aprobación en España en 1984 de la primera ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Avanzando en la garantía de la eficacia sobre bases firmes para la protección de sus derechos, en su artículo 31 mandató al Gobierno la creación de un sistema arbitral que entendiera y resolviera, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Sistema Arbitral de Consumo fue desarrollado reglamentariamente por primera vez en el Real Decreto 636/1993.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También lamento -y quiero decirlo expresamente- que no se haya incorporado el Grupo Parlamentario Popular a este gran consenso que hemos logrado con esta ley, aunque por razones absolutamente ajenas al contenido de la ley que se acaban de explicar en este atril. La Comisión de Justicia tiene un trabajo complejo, difícil, y tanto letrados como asesores como diputados y diputadas son grandes profesionales que hacen un gran trabajo. Por eso yo quiero hoy felicitarles y quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho para que en unos meses hayamos sido capaces de aprobar una ley orgánica tan importante para la justicia como es esta. Y quiero también agradecer a los trabajadores del Ministerio de Justicia, a los servidores públicos que han estado trabajando durante meses y años para que hoy la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia vea la luz. (Aplausos). Gracias a todos ellos y a todas ellas. Con la aprobación de esta ley, señorías, damos un paso fundamental para la mayor transformación en décadas de la justicia. Vamos a conseguir una justicia del siglo XXI accesible, fácil, capaz de adaptarse a lo que nos pide la ciudadanía y a lo que nos piden los profesionales del derecho. Los tribunales de Instancia son necesarios en la organización de nuestra justicia, igual que lo son los medios alternativos de solución de conflictos para evitar el colapso en nuestros juzgados. Vamos a especializar a jueces, vamos a conseguir que las cargas de trabajo se repartan de manera más equitativa. En definitiva, vamos a conseguir que la justicia sea lo que siempre ha debido ser y que, sin embargo, estamos construyendo en esta legislatura: una justicia del siglo XXI. Por tanto -y termino ya, presidenta-, gracias a los grupos parlamentarios que lo van a hacer posible, gracias a los servidores públicos que lo han hecho posible, gracias a todos los profesionales de la justicia, que hoy están de enhorabuena. La justicia del siglo XXI nace hoy. Gracias. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Hoy va a ser una realidad. Hoy, aprobando esta ley con su voto van a dar ustedes un paso de gigante en la transformación de la justicia en nuestro país. Y por eso quiero dar las gracias a mis antecesores en el ministerio en primer lugar. También a los grupos parlamentarios. Ha sido un trabajo arduo. Ha habido más de mil enmiendas con las que trabajar en esta norma, una norma, una ley orgánica que tiene más de trescientos artículos. Y, por cierto, ha sido un trabajo realizado en un tiempo récord. Agradezco a los grupos parlamentarios su apoyo y agradezco a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Justicia el esfuerzo que han hecho. No tener en vigor esta ley el 1 de enero de 2025 costaba a las arcas públicas 2400 millones de euros de fondos europeos; 2400 millones de euros. Lo digo porque se ha dicho en el atril que era cero. Bueno, pues 2400 millones de euros es una cifra algo diferente a cero.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En cuanto a la buena regulación, deberían hacer caso a los letrados. Y agradezco en este momento su trabajo, por las condiciones en las que les han hecho trabajar. Ustedes hacen el ridículo. El número 8.º de la exposición de motivos habla de los principios de buena regulación del 129 de la ley de procedimiento administrativo. Con este ejemplo, que van a incorporar en su Oficina de Calidad Normativa, ministro, es imposible; es imposible que ninguno de ellos mantenga ni seguridad jurídica ni eficiencia; nada. Necesidad. ¡Ah, es que no lo han entendido! La ley de procedimiento administrativo habla de la necesidad objetiva de los ciudadanos, del interés público; pero esta es una amalgama de intereses particulares, es un contenedor de intereses particulares. (Aplausos). Barullo, caos y mercadeo es lo que es esta ley. ¡Ah!, ministro, es Poder Judicial, son normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial. ¿Qué nos ha hecho con los reales decretos leyes 6 y 7 de la DANA? ¡Por Dios! Entran en competencias de ley orgánica, en funciones del Poder Judicial -ya no respetan nada- con el DAO y con el Poder Judicial, restándole las competencias que solo tiene el consejo. De esto hablaremos en los próximos días.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Presidenta, señorías, buenos días. Antes de comenzar, quiero dejar constancia de mi pesar por tantas víctimas y de mi afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA, la consideración y el respeto por el inmenso trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios y la preocupación por el temporal, que vuelve a golpear en las últimas horas. (Aplausos). Señorías, vamos a hablar de verdad de la ley. Les informo: estamos ante la ley del sí o sí, ante una nueva modalidad de un real decreto ley ómnibus para leyes orgánicas. Vean: se registra un proyecto fake, se redacta otro mediante enmiendas en el ministerio, que luego presentan los grupos de Gobierno y se impone. Eso es lo que entienden por negociar. Es la prueba inequívoca de que entró en esta Cámara el proyecto fake del que yo hablaba el 11 de julio, una nueva falta de respeto a las Cortes Generales. Y se lo voy a explicar, porque no son frases para impactar. ¿Que no es posible la implantación de la ley en julio de 2025 -lo dice todo el mundo- sin riesgo de colapsar la justicia? No importa, sí o sí. ¿Que se carga a ayuntamientos y comunidades con el coste de la ley? No importa, sí o sí. ¿Que la ley es más difícil de leer e interpretar que un jeroglífico? Sí o sí. ¿Que de las observaciones técnicas de los letrados, cincuenta y cuatro apretados folios, se aceptan cuatro comas y se desoye todo lo demás? No importa, sí o sí. Se aprueba como sea, por encima de todo, sea cual sea el pago; la justicia es la que paga el precio. Esta ley del sí o sí es el late motiv real de un proyecto que debería haber sido lo que el portavoz socialista ha relatado, pero que no lo es. Hoy la tenemos que aprobar sea como sea y está manchada de indignidad, porque, junto con el debate de Radiotelevisión Española, el día 30 de octubre se convocó una ponencia para incorporar todo lo que pasaba por allí, todo lo que querían, haciéndolo rápidamente y con una comisión el día 4 para que no se notara mucho.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señorías, hoy damos un paso importante, un cambio histórico, y lo damos juntos. Desde mi grupo esperamos contar con sus señorías para dar los siguientes pasos, para seguir aprobando las leyes que permitan transformar el Servicio Público de Justicia que merecen nuestros ciudadanos. Sin embargo, señorías, no puedo ignorar la decisión de bloqueo sistemático de algunos grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo a VOX y al Partido Popular, que han preferido la cómoda trinchera de la inacción a la responsabilidad de colaborar en este proyecto de ley. Llama poderosamente la atención que el parlamentario de VOX suba a esta tribuna como si hubiesen trabajado en esta ley sin descanso: 11 enmiendas presentadas de 1100 y la mitad para cambiar el idioma de género. (Aplausos). Esa es la aportación de VOX a la justicia de este país. Quiero hacer una pregunta, como ya hizo mi compañero Víctor en el debate a la totalidad de la enmienda que ustedes presentaron a esta ley. Señorías del Partido Popular, ¿consideran necesaria una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que el modelo tradicional del juzgado unipersonal se ha quedado obsoleto, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que se debe seguir avanzando en la especialización de los órganos judiciales, sí o no? Pues, señorías, de esto va este proyecto de ley y de esto van las mejoras introducidas sobre la tramitación de esta ley (aplausos), algunas de ellas recogidas en sus propias enmiendas.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidente, miembros de la comisión participantes en la ponencia, especialmente los que llevan la representación de la misma en este debate, permítanme vuestras señorías una intervención esquemática, simple, insuficiente por la premura del tiempo asignado, siendo de obligada condición hoy y ahora aquí no huir de la vehemencia necesaria que requiere la actual y calamitosa situación en España con los últimos acontecimientos en momentos de rabia, de dolor, de sentido de duelo con los hechos más trágicos y de estupefacción, indignación y reproche por tanta iniquidad política de este Gobierno y sus secuaces de turno. (Aplausos). Ejemplo de ello es el trámite formal con el que despacha este importante proyecto de ley -que debe reformar, en teoría, la justicia- con rapidez inusitada en su fase final, con enmiendas a paladas, a martillazos deslavazados, retirando una sección entera -tal como se advirtió-, incoherente y que apuntala el fallido Estado de las autonomías que han estado amamantando todos ustedes con fruición suicida, empeñados en matar las almas regionales para sustituirlas por hechos diferenciales a través de estructuras administrativas caras, inútiles y perversas como las comunidades autónomas, con todo el soporte artificioso y pesebres de favores que las hacen inútiles -como hemos visto, por desgracia-, que reafirman la desigualdad entre españoles y que persisten -con esta reforma que afecta a la justicia- en trato diferente en según qué taifa. Proyecto de ley llamado de eficiencia del servicio público de justicia, justo en los momentos en que el fallido Estado de las autonomías ha mostrado su auténtico y pavoroso rostro en un Estado ineficiente y fratricida, inexistente cuando más necesario era. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público. Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Moltes gràcies. Presidenta, señorías, representantes del mundo judicial, letrados consistoriales que nos acompañan hoy, la iniciativa que nos ocupa pretende mejorar la eficiencia en el ámbito de la justicia o, mejor dicho, en el Servicio Público de Justicia desde el punto de vista organizativo de la planta judicial, complementando el Real Decreto 6/2023 de digitalización del Servicio Público de Justicia. De entrada, debemos dejar claro que este modelo de justicia española no es el nuestro, no es el que queremos para Cataluña. Para nosotros la justicia tiene otras prioridades. En primer lugar, ser efectiva para resolver los conflictos de la sociedad y, por eso, creemos que sobra Administración y falta justicia, una justicia que debería ser más cercana a los ciudadanos, lo contrario de lo que hace esta ley. Pero para nosotros es prioritario que la justicia, más allá del servicio para resolver conflictos, deje de ser rehén de una cúpula que se pone donde no debe ponerse, esto es, en la vida y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña, y lo hace de forma arbitraria, con dobles varas de medir y vulnerando nuestros derechos, que nos criminaliza, permite que nos espíen y nos acusa de terrorismo. Una justicia que, cuando esté la enmienda, que es lo que hemos hecho con la ley de amnistía, se revela incluso contra las decisiones de la soberanía popular expresada en esta Cámara. Por eso, nuestras prioridades, insistimos, son diferentes en materia de justicia. Por ejemplo, establecer un sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces; por ejemplo, obligarles a que conozcan las leyes oficiales del lugar donde están destinados, cumpliendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, o, por ejemplo, eliminar la Audiencia Nacional, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Presidenta, senyories, representants del món judicial, lletrats consistorials que ens acompanyen avui. La iniciativa que ens ocupa pretén millorar l'eficiència en l'àmbit de la justícia o, més ben dit, en el servei públic de justícia des del punt de vista organitzatiu de la planta judicial, complementant el Reial Decret 6/2023 de digitalització del servei públic de Justícia. D'entrada, hem de deixar clar que aquest model de justícia espanyola no és el nostre, no és el que volem per Catalunya. Per nosaltres, la justícia té unes altres prioritats. En primer lloc, evidentment, ser efectiva en resoldre els conflictes de la societat i, per això, creiem que sobra administració i falta justícia. Una justícia que hauria de ser més propera als ciutadans. Just al contrari que creiem que s'encamina aquesta llei. Però per nosaltres és prioritari que la justícia, més enllà del servei en la resolució de conflictes, deixi de ser ostatge d'una cúpula que es posa on no s'ha de posar, que és en la vida i les aspiracions polítiques dels ciutadans de Catalunya i que ho fa de forma arbitrària, amb dobles estàndards i vulnerant els nostres drets, que ens criminalitza, permet que se'ns espiï i ens acusa de terroristes. Una justícia que quan s'esmena que és el que hem fet amb la llei d'amnistia, es rebel·la fins i tot contra les decisions de la sobirania popular expressades per aquesta cambra.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por otra parte, hemos dejado enmiendas vivas, que entendemos que son importantes para la mejora y la garantía de esta ley, por lo que pido el voto favorable del resto de los partidos políticos y también sobre todo a nuestra enmienda respecto a mutualistas de la abogacía y de la procura. Se han hecho movilizaciones por todo el Estado y siguen movilizándose. Eso evidencia que se necesitan acciones y reformas legislativas que promuevan una auténtica protección social de la abogacía y de la procura. No podemos olvidar que las estructuras actuales de organización de la abogacía y la procura han sido determinantes para llegar también a esta situación de desprotección social, también con respeto a los derechos y retribución justa del turno de oficio, por lo que entendemos que tiene que darse una solución urgente -que esperamos que salga de aquí hoy- ante esta grave situación generada por la mutualidad, en la que se concreten las reivindicaciones comunes de los movimientos y de la plataforma ante esta cuestión, además de proponer de cara a futuro las reformas institucionales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Votaremos a favor por estas mejoras que tiene esta ley, aunque, como digo, no es nuestra ley. Entendemos que es un paso para la mejora de la eficiencia de la justicia, de la especialización de los juzgados, para un mejor funcionamiento de un servicio público como es la justicia, que es un pilar fundamental para garantizar los derechos de todas y de todos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«No podemos obviar que el sistema de justicia de nuestro país padece desde hace décadas y décadas unas insuficiencias estructurales y teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente y también justo, sobre todo justo, para la ciudadanía. En este sentido, creo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que da un paso en esa dirección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Si queremos que las mujeres acudan a la justicia y vean también en la justicia una puerta de entrada segura para salir de esa violencia machista y para dejarla atrás, la justicia tiene que estar especializada, tal y como recoge la ley solo sí es sí. Por eso, gracias a este acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual y también nos hemos dado un plazo máximo de nueve meses para que, tanto los juzgados de Violencia sobre la Mujer como la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, directamente asuman las competencias que tengan que ver con la violencia sexual. Por eso, creemos que es un paso importante que se incluya esta garantía en esta ley. Esta especialización judicial es un compromiso al que obligaba la ley del solo sí es sí, pero un año después de su entrada en vigor el Estado ya acumula un año de retraso en la implementación de estas medidas, que son absolutamente imprescindibles para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Muchas gracias, presidenta. Señorías, traemos hoy este proyecto de ley que viene además de la legislatura pasada, que se denomina Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y, como su nombre indica, es una ley que tanto los operadores jurídicos como los administrados y administradas de justicia estaban esperando. Como he dicho muchas veces, y como abogada, cuando la justicia no es eficaz, no es eficiente y es lenta, no es justicia. Por eso, es verdad que esta ley tiene algunos avances, pero desde luego también tengo que decir que no es nuestra ley. Para nosotras, falta una pata muy importante, que estaba evidentemente en el proyecto de ley, que son las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Teníamos muchas enmiendas que estaban relacionadas con esta pata de la ley y que, sin embargo, se ha retirado y ha quedado fuera, y para nosotros eso no es una buena noticia. Esperamos que podamos debatir y aprobar esa materia lo antes posible.»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«I en el context global actual, pensam que és molt positiu que el Fons Monetari Internacional tingui més marge per actuar d'una forma més immediata, per atendre tots aquells països i països que necessitin una ajuda de forma urgent i no supeditant sempre l'ajuda a un vot que de vegades la pot bloquejar o la pot retrassar. Per això també votarem a favor de la revisió de les quotes del Fons Monetari Internacional. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Sobre el Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos, el Gobierno nos solicita la autorización para su firma, y realmente es una actualización del Convenio de 1988, una actualización que solicitó España hace algún tiempo, tras años de negociación, y ahora se llega a un acuerdo. Es un convenio necesario y muy positivo para los trabajadores y trabajadoras españolas a quienes su empresa española les ha mandado a trabajar a Estados Unidos durante una temporada. El convenio en vigor tenía algunas carencias que provocaban que muchos de estos trabajadores tuvieran muchas dificultades a la hora de garantizar la integridad de sus pensiones. Al fin y al cabo, el sistema de pensiones español es un sistema público, mientras que el sistema de pensiones de Estados Unidos es privado, y eso hace que se tenga que detallar muy bien y mejor este convenio, y eso es lo que pretende la actualización, estableciendo un periodo de cinco años, prorrogable a siete, en el que el trabajador o la trabajadora que haya sido destinado a Estados Unidos continuará cotizando en el sistema público español. Por lo tanto, es un convenio positivo para este colectivo y, por eso animo a todos los grupos a que voten a favor, y lo digo especialmente para esos grupos que tienen costumbre, y la respeto, de abstenerse en los tratados, como Esquerra o Bildu, porque en este caso se trata de un convenio que realmente facilita la vida a un grupo concreto de personas, entre los que se encuentran catalanes y vascos.»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Gràcies, presidenta. Disculpi'm. Sobre el conveni de Seguretat Social entre Espanya i els Estats Units, dir que el Govern en sol·licita l'autorització... ¿No se oye? Dir que el Govern ens sol·licita l'autorització per firmar aquest conveni, que és realment una actualització del conveni del 1988. Una actualització que va sol·licitar Espanya fa uns anys que té molts anys de negociacions i que ara s'arriba a un acord i és un conveni necessari i molt positiu per als treballadors i les treballadores espanyols, als quals la seva empresa espanyola ha destinat a treballar als Estats Units durant una temporada. El conveni en vigor tenia unes mancances que provocava que alguns d'aquests treballadors tinguessin moltes dificultats a l'hora de garantir la integritat de les seves pensions. Al cap i a la fi, el sistema de pensions espanyol és un sistema públic, mentre que el sistema de pensions dels Estats Units és privat i això fa que s'hagi de detallar molt bé, molt millor aquest conveni. I això és el que pretén l'actualització, establint un període de cinc anys prorrogable a set, en els quals el treballador o la treballadora que hagi estat destinat als Estats Units continuarà cotitzant en el sistema públic espanyol.»
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María Pilar Alía Aguado · PP ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Claro, es que las verdades les molestan. (Aplausos). Deberían plantearse que tienen problemas para recibir fondos europeos, tienen ustedes problemas con el quinto y el sexto desembolso porque son incapaces de gestionar los fondos europeos, que tanta falta nos hacen en España en estos momentos. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas tiene varios párrafos de énfasis, dos, en concreto: uno dirigido a la deuda pública, una deuda pública que a finales de 2022 era de 1,53 billones de euros, un 6,1 % más que la de 2021; una deuda pública que en 2022 hizo que hubiera que pagar más de 30 000 millones por intereses de gastos financieros. Eso tampoco lo nombra usted aquí. Ese presupuesto puede ser de varios ministerios juntos; 75 000 millones más de deuda pública en 2022 con sus nefastas gestiones. ¿Y cómo van a amortizar esta deuda? Claro, con sus teorías, subiendo impuestos. La propia Administración General del Estado, en la cuenta general, analiza en un cuadro que se necesitarían cuarenta y siete años para amortizar esa deuda, hasta 2071. Eso aquí no lo nombra usted, tampoco le interesa. Y, efectivamente, el patrimonio neto de la Seguridad Social es negativo -sí, negativo- en 88 759 millones. La Seguridad Social mantiene con el Estado una deuda de 116 000 millones, incluso por préstamos que ya están vencidos. Y el tribunal ha hecho recomendaciones, en concreto mediante resolución de 19 de mayo de 2022, y ustedes hacen caso omiso. No saben cómo resolver el problema de la Seguridad Social.»
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María Pilar Alía Aguado · PP ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Comienzo analizando la cuenta general del Estado de 2022, y la resumo en tres puntos: incumplimiento del déficit pese al aumento de ingresos vía recaudación -ahora se lo contaré-, gasto desmedido y sin control, como en el año 2021, y la deuda pública sigue aumentando. Si hablamos simplemente de ingresos menos gastos ordinarios, llegamos a un resultado negativo en 2022 de 34 768 millones de euros, y, efectivamente, es el año récord de recaudación. ¡Qué vergüenza!, aumento de recaudación por subidas de impuestos y aumento de recaudación vía inflación. ¡Qué vergüenza! Y usted viene aquí a sacar pecho. Me parece vergonzoso que saquen pecho por eso. (Aplausos). Y gasto público desmedido, sin control. De ahí que, a pesar de la recaudación, los resultados sigan siendo negativos. Y le voy a contar. En los cuadros del Tribunal de Cuentas, si usted los hubiera analizado vería que la recaudación en 2022 por tributos directos e indirectos se presupuesta en 292 000 millones, pero los ingresos reconocidos son de 320 219 millones. Es decir, tienen la cara de recaudar más de lo que presupuestan, y está escrito, y de eso no se puede sacar pecho. (Aplausos).»
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Josep Paré Aregall · PSOE ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Señorías, los datos de la cuenta general son claros. Aunque se esfuercen en desprestigiar todo el trabajo hecho, España lidera el crecimiento entre las principales economías europeas y si avanza es gracias al gasto público. Podremos aportar soluciones si tenemos presupuestos, y me adelanto a la portavoz del Partido Popular. Me gustaría pensar que tendrá una intervención responsable, y con todo el cariño se lo digo: si fuera honesta, reconocería hechos incontestables, porque las previsiones económicas de 2022 se superaron, los ingresos del Estado aumentaron, a pesar de los malos augurios del Partido Popular. ¿Va a reconocer que se equivocaron? Hoy el escudo social es más fuerte; el Grupo Socialista fortalece el Estado, el Partido Popular lo debilita. En datos, en el año 2017, último año del PP, el gasto social fue del 27 % del PIB, frente al 31 % del PIB al que llegamos en 2022, y lo que se redujo fue la deuda pública sobre el PIB, 5,2 puntos porcentuales. Con M. Rajoy la deuda aumentó, en concreto, en un 50 %, así que, señorías del PP, menos ruido y más propuestas, menos recortes mientras piden y más gasto social, porque lo que necesita España en el próximo año pasa por unos nuevos presupuestos, y lo saben. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Josep Paré Aregall · PSOE ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«I em fa il·lusió, novament, mostrar l'honor de ser alcalde de Centelles, el poble on visc, el poble on he nascut. Especial il·lusió enguany, perquè el pressupost de l'Ajuntament ha rebut una aportació extraordinària de l'Estat, precisament en concepte de majors ingressos de l'any 2022. Per tant, és bo que els centellencs i centellenques sàpiguen que tots els pobles i ciutats, a través dels seus ajuntaments, hem rebut més recursos, recursos que els hem pogut destinar als serveis d'atenció a la persona, com l'escola bressol, la residència municipal o als serveis públics que disposem a la vila. I com m'agrada dir en el Ple municipal, aprovar el compte general és un exercici de responsabilitat i transparència. Me hace ilusión mostrar de nuevo el honor de ser alcalde de Centelles, el pueblo donde vivo, donde he nacido; especial ilusión este año porque el presupuesto del ayuntamiento ha recibido una aportación extraordinaria del Estado, precisamente en concepto de mayores ingresos del año 2022. Por lo tanto, está muy bien que los habitantes de Centelles sepan que todos los pueblos y ciudades, a través de sus ayuntamientos, hemos recibido más recursos, recursos que hemos podido destinar a los servicios de atención a las personas, como la guardería, la residencia municipal o los servicios públicos de la ciudad. Y, como me gusta decir en el pleno municipal, aprobar la cuenta general es un ejercicio de responsabilidad y transparencia.»
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Josep Paré Aregall · PSOE ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Hoy debatimos las cuentas del Estado de 2022, pero también tenemos que debatir las respuestas del futuro. Señorías de la derecha extrema y de la extrema derecha, hay que encarar ya el próximo año y actuar con responsabilidad. Necesitamos unos presupuestos generales que protejan a la gente y que aporten más recursos públicos a los gobiernos autonómicos y locales. A ustedes, que recortan los derechos a la clase trabajadora, a los más vulnerables, que niegan los impuestos, señorías del Grupo Popular y de VOX, les diré que así ni se protege ni se avanza. ¿Saben cómo se hace? Pues tienen el ejemplo de Salvador Illa. Por responsabilidad, en un momento complejo pactó unos presupuestos para Cataluña, la misma responsabilidad que vemos en José Vélez, en Murcia, o en Diana Morant prometiendo apoyar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, porque ante emergencias no se debe entender otra cosa que no sea la unidad. Señorías del Grupo Popular, es evidente que cuanto más confronten, peor; cuanto más griten, peor. ¿O no les dice nada el silencio de la señora Ayuso de estos últimos días? Por cierto, la Comunidad de Madrid es la que menos gastó en políticas sociales por habitante en el año 2022. Señorías del Grupo Popular, colaboren con unos presupuestos que España necesita de manera urgente, que el Estado somos todos, que ya han votado junto con VOX en contra de la senda de estabilidad dejando a los pueblos y a las ciudades con menos recursos. (Aplausos).»
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Josep Paré Aregall · PSOE ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Muchas gracias, presidenta. Bon día. Egun on. Bos días. Buenos días. Señorías, hoy venimos a hablar de la gestión de las cuentas públicas y, lamentablemente, lo hacemos en un contexto de desolación y tristeza por lo acontecido en Valencia. Como alcalde, como compañero de concejales y alcaldes y como representante de un partido comprometido con los municipios y la política local quiero transmitir mi solidaridad y mi reconocimiento a la labor incansable de los consistorios, de los voluntarios, de los servidores públicos y, especialmente, de los vecinos y las vecinas. A todos ellos y a todas ellas, un fuerte abrazo fraternal. (Aplausos). Pero no solo eso. Como veremos hoy con los datos de la cuenta general, el Gobierno prioriza a las personas en el gasto social y fomenta la recuperación. El Gobierno prioriza gobernar precisamente para no dejar a nadie atrás, porque el Gobierno gobierna, y no con incompetencia, sino con prioridades que garantizan la recuperación económica y social. Señorías, catástrofes naturales como esta DANA evidencian la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado con recursos, con capacidad de responder y proteger ante peligros que van a seguir ocurriendo. Y ante esta realidad, hay dos opciones: la respuesta inmediata del Gobierno de España con dos paquetes de medidas de más de 14 000 millones de euros o -la segunda opción- el Partido Popular, con recortes y bajadas de impuestos a los más ricos. Aquí está su contradicción. El señor Carlos Mazón, como es lógico, ha pedido al Estado recursos para la recuperación, y el Gobierno de España está y estará. (Aplausos). Pero -atentos a la hipocresía- hace cuatro meses la AIReF calculó que la Comunidad Valenciana dejará de ingresar este año casi 500 millones de euros por la rebaja de impuestos del señor Mazón. Señorías del Grupo Popular, ¿esa es la libertad que ustedes defienden? La libertad es tener un Estado con recursos capaz de estar, reconstruir y proteger a todos y todas, a diario y cuando sea necesario.»
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Pablo Sáez Alonso-Muñumer · Vox ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Vayamos ahora a la opinión del Tribunal de Cuentas. Llaman la atención los puntos siguientes. Uno, el elevado número de entidades del sector público estatal; se mantienen 444 entidades a pesar de la descentralización autonómica. Dos, el elevado número de salvedades en la opinión; son 31 salvedades recogidas en quince puntos. Tres, que no se hayan integrado en la cuenta general del Estado 136 entidades, considerando también las entidades multigrupo y asociadas. Cuatro, que existan entidades reincidentes en no enviar las cuentas aprobadas ni las formuladas. Cinco, que existan pagos pendientes de justificación o aprobación por importe de 1143 millones de euros, habiendo superado los plazos establecidos por la normativa a tales efectos. Llama la atención que se haya incluido un párrafo de énfasis por el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, el cual se cifra en 88 759 millones de euros, y no porque no deba estar, que sí debe estar, llama la atención porque esta cifra no es real. Es una cifra que se deriva de un artificio contable consistente en traspasar el déficit de unas administraciones a otras, artificio contable que va en contra de las normas de consolidación por las que deberían haberse eliminado las transferencias de la Administración central a la Seguridad Social, transferencias que tan solo en el año 2022 ascendieron a 36 500 millones de euros. Sorprende que en la opinión del Tribunal de Cuentas no se hayan incluido dos párrafos de énfasis absolutamente objetivos. Primero, uno que haga referencia al patrimonio neto negativo de la cuenta general del Estado, que -recordemos de nuevo- asciende a 690 795 millones euros. Y un segundo párrafo que mencione la inexistencia de un plan serio de reequilibrio financiero de las cuentas públicas. Indigna la falta de respeto a la Comisión del Tribunal de Cuentas, falta de respeto que se demuestra el comprobar el incumplimiento de todas y cada una de las resoluciones aprobadas correspondientes a las cuentas generales de los años 2019 y 2020. Señorías, hablamos de unas cuentas que registran un importantísimo desequilibrio patrimonial. Hablamos de una opinión que adolece de importantes salvedades sobre la imagen fiel de las cuentas públicas. Hablamos de un Gobierno que ignora año tras año las propuestas de resolución aprobadas en la Comisión del Tribunal de Cuentas. Señorías, el Grupo Parlamentario VOX no puede validar con su voto la irresponsabilidad ni la incompetencia ni la ineficiencia en la gestión de las cuentas públicas. Lo único que puede validar con su voto el Grupo Parlamentario VOX es que ustedes se vayan. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»