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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«No hemos conseguido apoyo suficiente para acabar con la alternatividad, un negocio privado que es la causa de este gran fraude. Las mutuas deben limitarse a actuar como compañías de seguros para que nunca más puedan especular con las pensiones de jubilación de profesionales, pero a partir de ahora las mutualidades al menos estarán obligadas a que las cuantías de las contribuciones sean suficientes para abonar las mismas prestaciones de jubilación que establezca la Seguridad Social para los y las trabajadoras autónomas. (Aplausos). Nunca más pensiones de miseria, y acabamos así con la falta de control del Estado sobre la actuación de las mutualidades. No estamos de acuerdo con el Grupo Popular, con VOX o con Junts, que han votado para que continúe el sistema de alternatividad, para que sigan existiendo pensiones de jubilación únicas a cargo de las mutualidades. Han votado para anteponer el interés privado de las mutualidades frente a la seguridad jurídica y los derechos sociales y laborales de los profesionales. También queda pendiente mejorar la situación de los mutualistas pasivos, los ya jubilados que cobran una pensión de miseria. Estos deben ver incrementada su pensión de jubilación por ley hasta alcanzar una cuantía equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social. Hemos defendido que el abono de esta diferencia debe realizarse por las mutualidades y a su cargo, con cargo a las partidas presupuestarias que tienen contabilizadas como rendimientos por otros conceptos. Son ingresos obtenidos con el dinero depositado por los y las mutualistas, y todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los y las mutualistas (aplausos), no pueden ser apropiados por las juntas directivas de las mutualidades, sino que deben ser redistribuidos entre quienes más los necesitan, entre los y las mutualistas pasivos. Percibir pensiones dignas no puede quedar a la voluntad discrecional de las mutualidades, que han permitido las actuales pensiones de miseria de 300 euros. Igualar esas pensiones con las de la Seguridad Social debe ser una obligación a cargo de las mutualidades, no puede depender de una decisión discrecional tomada cada año por los consejos de Administración de las mutualidades, porque si hasta ahora no han garantizado dignidad a los mutualistas pasivos, es evidente que no lo van a hacer si no están obligados por ley.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Sabemos que no hemos conseguido todos los objetivos reivindicados por los colectivos afectados, pero es una inmensa satisfacción anunciar que todos y todas las mutualistas van a tener una pensión de jubilación digna a cargo de la Seguridad Social. (Aplausos). Pasarán de los míseros 300 o 400 euros al mes a 1200 euros aproximadamente y en tres meses se aprobará el reglamento de esa pasarela al RETA, y, con un gran esfuerzo solidario, la Seguridad Social garantizará una pensión pública a todos y todas las mutualistas que no la tuvieran asegurada. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que pagamos, para garantizar derechos básicos que nunca garantizan sistemas privados si ello implica reducir sus inmensos beneficios (aplausos), y es el Estado quien va a rescatar a las y los profesionales a los que las mutualidades privadas condenaron a la indigencia en el momento de su jubilación. Conseguimos que la pasarela al RETA incluya un coeficiente corrector, uno por uno, que eleva el valor de las contribuciones realizadas a la mutualidad casi en un 30 % para todas las personas mutualistas mayores de 52 años a fecha 31 de diciembre de 2026. Aún no hemos conseguido otras reivindicaciones que son irrenunciables y por eso seguiremos trabajando hasta la última votación en esta ley y aprovechando posteriores tramitaciones legislativas si es necesario.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Señora presidenta, señores y señoras diputadas, en primer lugar, quiero mostrar nuestro agradecimiento a las organizaciones que han hecho posible el reconocimiento de pensiones de jubilación de la Seguridad Social a los profesionales de la abogacía, la procura y la arquitectura (aplausos); al Movimiento J2 de todas las provincias, a la plataforma Pasarela al RETA, a VENIA, Marea Negra Jurídica, a Foro Abogacía y Democracia, ALA, ALTODO, el colectivo 101, ANAMA, ANMARQ y demás colectivos. Una lucha impulsada sin descanso por mujeres como Lourdes, Ana, Nieves, Teresa, Isabel y tantas otras sin cuyo coraje no se habría conseguido. (Aplausos). Hoy el Congreso rescata a los y las mutualistas que han sido engañados por unas mutualidades que, para mantener sus privilegios, han permitido unas pensiones de jubilación miserables, de 300 o 400 euros al mes, con la pasividad del Estado, que ha incumplido durante décadas su responsabilidad in vigilando, hasta que este Gobierno de coalición de izquierdas se ha implicado en la solución. Son profesiones feminizadas y precarizadas, donde las y los profesionales económicamente privilegiados son minoría y nunca han padecido este problema. Abogados y procuradores garantizan nuestros derechos y libertades, arquitectos y arquitectas trabajan para que nuestra vida sea digna, y durante años han sido engañados por mutualidades y abandonados a su suerte cuando alcanzaban la vejez y eran más vulnerables. Han padecido discriminación en sus derechos laborales y sociales, no han tenido prestaciones por desempleo ni una incapacidad temporal decente ni prestación por maternidad o paternidad ni vacaciones retribuidas, y han sufrido un deficiente y limitado sistema sanitario.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Desde las calles se percibe que son los ricos y los poderosos los que siempre obtienen trato favorable de la justicia, que son las familias trabajadoras las que soportan su mal funcionamiento y que quienes son señalados por las derechas van pa'lante. Hay operadores de la justicia y partidos que trabajamos por mejorar el servicio público de justicia. Otros utilizan los tribunales para hacer política. Ya saben: 'el que pueda hacer, que haga'. VOX desprecia la democracia cuando la califica de cuotas partidistas. Dejen ya de proponer el modelo corporativo de elección del Gobierno del Poder Judicial que utilizaron en su día Mussolini o Franco. Son los órganos constitucionales democráticos quienes deben elegirlo. Los tribunales soportan dilaciones por falta de medios y de jueces, retrasos que solo perjudican a la gente de a pie, pero VOX se opone a la reforma de la ley de acceso a la judicatura que incrementaría el número de jueces y fiscales. Dicen que sería un atentado contra la independencia judicial. (Continúan los rumores). Están encantados con los retrasos, por lo que sea, porque siempre benefician a la derecha -causa Púnica o Kitchen o Montoro, todo corrupciones del Partido Popular-: demoras de más de trece años permiten reducir las condenas por la atenuante de dilaciones indebidas. Aún no hay informes de policía sobre las corruptelas del denunciante Alberto, el de Quirón, pero el ex fiscal general ya ha sido condenado con toda celeridad. Califican de antidemocrático implantar el mismo sistema de instrucción por la Fiscalía que existe en la Unión Europea o en América simplemente porque entonces el Partido de las togas no podría seguir manejando las causas penales. Vuelvo a plantear a todos los grupos que es hora de recuperar el procedimiento para exigir responsabilidad civil por sus actuaciones a los jueces, como a cualquier profesional, suprimido por el señor Rajoy en el año 2015. Abascal, Feijóo y la jefa del PP, Ayuso, han pasado por la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones desestabilizadoras. Nunca han criticado los aranceles de Trump al campo español o el saqueo que pretenden para que gastemos el dinero público en sus armas, pero ya responsabilizan a los inmigrantes -mayoritariamente latinoamericanos- del mal funcionamiento de la justicia. Eludir sanciones unilaterales de Estados Unidos a Venezuela, Cuba o cualquier país solo es delito en el rancho de Donald Trump. ¿Les dio órdenes el embajador para que comience la cacería judicial contra quienes han eludido las coacciones de Estados Unidos a países soberanos? Veremos si en breve tenemos otro pa'lante en forma de solicitud de extradición. Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Presidente, señorías, la justicia siempre ha sufrido por falta de medios materiales y humanos. Es la principal causa de su mal funcionamiento, a pesar de los miles de jueces, fiscales y funcionarios entregados abnegadamente a servir a la sociedad. La justicia tenía buena imagen hasta que llegó el partido de las togas. No hay mayor daño al ejercicio de la jurisdicción que comportarse como un partido que no se presenta a las elecciones, pero que coordina actuaciones con la derecha y la ultraderecha. Cuando los operadores judiciales intervienen en política, perjudican el funcionamiento de la justicia como servicio público, pierden su independencia y el respeto de la sociedad. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden arreglar este problema. No tenemos competencias para acabar con la politización de la justicia que practican el Partido Popular, VOX y los jueces y fiscales que se dejan controlar por la puerta de atrás, como decía el señor Cosidó. Quien debe arreglar esto es el Consejo General del Poder Judicial, pero se dedica a vetar jueces dignos, como José Ricardo de Prada, mientras permite a otros jueces insultar y descalificar a ministras o decir a qué partidos se permite o no gobernar o abiertamente sugiere volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras a los homosexuales. Es el mismo Consejo que ignora las resoluciones de Naciones Unidas que corrigen a los tribunales españoles, que permite que se estiren instrucciones penales impresentables, como el caso Neurona o el caso de Begoña Gómez, y siempre haciendo nombramientos priorizando a la derecha judicial, como hoy. El gran corruptor Aldama se pasea por las calles participando en manifestaciones contra la corrupción convocadas por el PP y VOX porque la Fiscalía le pide una condena que no excede de dos años de cárcel, con lo que no ingresa en prisión. (Rumores). Es la misma Fiscalía que pide para los que Aldama ha corrompido penas de veinticuatro y diecinueve años de cárcel y casi dos años de prisión a Jorge Riechmann y otros ecologistas por una protesta climática.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«Hoy VOX les ha complementado con una enmienda para criminalizar la inmigración, apoyando el bochornoso papel del otro día de Feijóo cuando mintió sobre la gravedad de los antecedentes policiales, que son los que debería tener, por ejemplo, la señora Muñoz, si es verdad que a ella la paran los controles policiales más de una hora, como nos contaba. En Extremadura han acordado la prioridad nacional. Quitan a los extranjeros los derechos que tienen por pagar impuestos -porque hasta los irregulares pagan impuestos, como el IVA-, y acuerdan con VOX desregular, que es derogar las leyes que mejoran la vida de las familias trabajadoras, de las españolas y de las extranjeras. Aquí proponen leyes, pero únicamente para castigar a las clases populares. Un puñado de reformas inconexas del Código Penal. Proponen cinco años de prisión para quien porte armas blancas y dejan en cuatro años de prisión el castigo a quien porte armas de fuego ilegalmente. Se han lucido. Quieren reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se va a derogar en breve y, sobre la ley de seguridad ciudadana, la única reforma que nos parece urgente es la derogación de su ley mordaza. (Aplausos). En general, desprecian la seguridad pública democrática y no tienen políticas de prevención criminal, solo medidas para debilitar al Estado de derecho, acabando con la proporcionalidad de las penas. Inventan datos sobre el uso de armas blancas, igual que han hecho con la supuesta proliferación de la okupación de viviendas para engordar el negocio de las alarmas y de las empresas de desokupa. Han repartido paguitas a sus amigos poniéndolos a trabajar en oficinas antiokupación pagadas por Ayuntamientos, por ejemplo, el de Córdoba y el de Valencia; oficinas que, en seis meses una y en un año la otra, no han recibido ninguna denuncia; delitos que no existen. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«VOX propone que los entes pertenecientes al sector público local se dediquen a perseguir hurtos, como la empresa de vivienda de Madrid, que, por orden del PP, vendió sus viviendas públicas a precio de saldo a fondos buitre, que desahuciaron a las familias y ahora han dado un pelotazo vendiéndolas diez veces más caras de su valor. Robar a los pobres para dar a los ricos. Los entes públicos deben dedicarse a garantizar el derecho a la vivienda, no a hacer de fiscales. El Grupo Socialista propone una enmienda que ignora la prohibición de penalizar la misma conducta dos veces. Incrementar dieciocho meses de cárcel las penas por traficar con marihuana cultivada en inmuebles es precisamente lo mismo que llevan tiempo pidiendo las compañías eléctricas que se pasean por el Congreso haciendo lobby para conseguir esa penalidad, mientras que, desde hace cuatro años, tienen cortada la luz a las familias que viven en la Cañada Real. (Aplausos). Pero la máxima estupidez legislativa es la propuesta de VOX, que pide que los extranjeros condenados en España cumplan sus condenas de cárcel en otros países. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Bombardeando como en Irán o pagándoles como hace Trump con Bukele?»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«El clasismo y el racismo del PP, VOX y Junts solo contempla deberes; ningún derecho para quienes son más pobres o más oscuros que ustedes. Reiteramos la estrofa de La Internacional: No más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. (Aplausos). Han despreciado el esfuerzo de setecientas mil personas que construyeron con sus firmas la ILP para la regularización de extranjeros, apoyados por organizaciones sociales, por la Cruz Roja, por la Conferencia Episcopal, por los empresarios, y ahora intentan un fraude legislativo para impedir que los extranjeros, ya con infinitos deberes, tengan algún derecho. Quieren acabar con las pocas excepciones legales a la presentación de certificados de penales. Las excepciones contemplan a los países que no expiden certificados de antecedentes por incapacidad o para castigar a sus propios nacionales. ¿Se imaginan a un cristiano sudanés que escapó de una persecución, a una afgana huida de su país, a una iraní luchadora por los derechos de la mujer, a un ruso opositor teniendo que pedir antecedentes penales a sus países para regularizarse en España? ¿Creen ustedes que sus países iban a librar esos certificados y que, si los libraban, iban a ser negativos? Al PP, a VOX y a Junts les importan los cristianos de Sudán, las mujeres iranís o afganas o los opositores rusos lo justito para poder atacar al Gobierno. Vamos a votar en contra de todas sus enmiendas porque incrementan el punitivismo y prescinden de la racionalidad y proporcionalidad que debe existir en el Código Penal y porque son un fraude para impedir la regularización de extranjeros.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«No compartimos que fuerzas democráticas y de izquierdas permitan, con sus votos o sus abstenciones, que las políticas punitivas de la ultraderecha se abran paso. Contra el autoritarismo ultraderechista, pie en pared, en defensa de los valores democráticos, y ni un paso atrás. (Aplausos). Siempre defenderemos que el derecho sancionador sea restaurativo, orientado a la reintegración del infractor, especialmente cuando las infracciones devienen de situaciones de exclusión social. Permitir que este proyecto saliera del Congreso y llegara al Senado ha abierto la puerta a que la derecha y la ultraderecha, PP, VOX y Junts, lo utilicen fraudulentamente ahora para tratar de impedir que los extranjeros accedan a derechos básicos. A la ultraderecha les das la mano para incrementar penas y te cortan el brazo, aniquilando los derechos humanos conquistados. Vincular reincidencia delictiva con los permisos de residencia de extranjeros es una repugnante falsedad para asentar el relato de que inmigración es igual a delincuencia. Díganselo a Mansur, el joven que llegó en patera a Málaga y salvó a una mujer de morir durante un temporal, o a Mohamed, en situación irregular, que salvó la vida, en Bilbao, a un anciano que cayó a la ría. (Aplausos). Los inmigrantes son más víctimas que responsables de delitos y, especialmente, son carne de victimización mientras están en situación de irregularidad: víctimas de delitos de explotación y abusos laborales y sexuales; víctimas de la vulneración de derechos básicos, como el acceso a la vivienda. La derecha quiere que no puedan denunciar por el miedo a ser detenidos o deportados. No olvidamos al exconcejal del Partido Popular de Pozo Alcón, Jaén, después dirigente de VOX, quien arrojó en la puerta de un centro de salud a un trabajador inmigrante, que murió mientras trabajaba sin papeles en su finca.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Gracias, señora presidenta. Tras impedir que se sancione a quienes conducen bajo efectos del alcohol, el pasado martes, el Partido Popular y VOX se oponían a medidas de prevención de la conducción a velocidad temeraria, a sancionar los delitos de riesgo y la temeridad. El PP y VOX, cada día más ultras, desprecian la prevención. Prefieren castigar, sin diferenciar entre reparación del daño y venganza. Aznar introdujo penas de hasta 40 años de cárcel y Rajoy la prisión permanente revisable, la cadena perpetua que, junto a la pena de muerte, había eliminado la Segunda República. Ahora, con acuerdo del PP, VOX, Junts y Grupo Socialista y la abstención de Esquerra Republicana, el Congreso acordó endurecer las penas por hurtar un teléfono móvil. Hasta seis años de cárcel, más que por corrupción. Y ya presentamos una ley anticorrupción que Junts, PP y VOX hundieron en esta Cámara. La semana pasada, Partido Popular, VOX, UPN y Coalición Canaria votaron a favor de incrementar los supuestos de cadena perpetua. Populismo punitivo, puro integrismo. Al año, una plaza de prisión nos cuesta 24 000 euros, mientras que una de Formación Profesional poco más de 6000. Sin embargo, en los centros públicos de comunidades autónomas gobernadas por la derecha no hay plazas de Formación Profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles, mientras que no hay limitación de plazas en las cárceles. Llega del Senado, aún más endurecida, la proposición de ley que incrementa las sanciones por hurto. Y, así, no se va a acabar con los hurtos. Lo que se va a hacer es multiplicar la población penitenciaria.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Gracias, presidente. El ascenso del fascismo y su posible llegada al Gobierno de la mano del Partido Popular nos trae de vuelta el derecho patibulario de la Inquisición. Ya saben, mortificar los cuerpos para sanar las almas. Lo siguiente ¿qué va a ser?, ¿volver a la tortura como procedimiento de confesión o a la pena de muerte? Hay derechos que son contra mayoritarios, los que decía el señor Pagés. En palabras del teórico Dworkin, en democracia ni siquiera una mayoría puede restringir ni eliminar derechos esenciales como la vida, la integridad o la libertad. Y frente a esta deriva autoritaria hay que tomar partido. Podemos invertir más en cárceles que en escuelas, como Bukele, encerrar de por vida a cualquier desgraciado que carezca de la debida defensa -cuarenta años de cárcel o cadena perpetua o prisión permanente revisable es lo mismo- o podemos hacer viable la reincorporación a la sociedad de los infractores. De aprobarse esta propuesta, ¿cuántas veces creen que se va a aplicar? Se va a aplicar una vez, dos como mucho, cada lustro. Ustedes no están proponiendo una reforma del Código Penal. Lo que están proponiendo es implantar un modelo de sociedad autoritario y punitivista. Lo que están proponiendo es acabar con los derechos humanos y enterrar los valores éticos sobre los que se sustenta la democracia, sustituyéndola por el autoritarismo que precede siempre a las dictaduras. Si ahora no lo paramos, las generaciones futuras son las que van a sufrir las consecuencias de estas irresponsables propuestas, que claro que están apoyándose en el dolor irreparable de las personas cuyas familias han padecido horribles crímenes. Pero, obviamente, esta no es la vía para sanar el dolor ni para conseguir que aparezca ningún desaparecido. Votaremos que no en nombre de la democracia. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que cualquier pena de reclusión que exceda veinte años puede calificarse como cruel o degradante, incompatible con los fines de reintegración que la sanción tiene en una democracia. Los tratos inhumanos, la tortura, se expulsaron del sistema penal con la llegada de la Ilustración. Es un avance incluso anterior a las revoluciones socialistas y obreras, y son conquistas que deberían respetarse por una derecha que se llame democrática. Son unos avances incompatibles con penas de cuarenta años de prisión o con la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable. Y miren...(Rumores).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«El Partido Popular lleva años practicando el populismo punitivo y no ha servido para acabar con los graves delitos que pretendía acabar. Aznar introdujo en 2003 penas de hasta cuarenta años de cárcel que están en el Código Penal, y Rajoy, la prisión permanente revisable, la cadena perpetua de siempre, retrotrayendo a España al antiguo régimen. Y sin ningún pudor, tras justificar el genocidio en Gaza, asesinatos masivos de mujeres y niños, traen una propuesta incompatible con los valores antiautoritarios de los grandes juristas europeos como Hans Kelsen, Radbruch o Luis Jiménez de Asúa. El humanismo penal es un signo de civilización, de fortaleza institucional, una herramienta para aislar y reducir la violencia social. El Partido Popular se suma a la política de romper los consensos que permitieron que Europa se reconstruyera sobre la garantía de los derechos fundamentales de la persona tras la destrucción moral y material causada por el nazifascismo. Y, en una democracia, el sistema penal reconoce que la violencia no se combate con venganza, sino con prevención, y la pena tiene que ser compatible con la dignidad de la persona. (Rumores).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de...
«El gran problema que enfrenta nuestro país ante un posible Gobierno del Partido Popular y de VOX es que todo lo que dicen que van a hacer con los diferentes lo acabarán haciendo con quienes pensamos diferente a ustedes. El Partido Popular está dispuesto a acabar con el Estado de derecho y con las libertades con tal de que VOX les deje gobernar. Votaremos que no. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de...
«Las propuestas del Grupo Popular y las enmiendas de VOX muestran la falta de respeto de ambos partidos al Estado de derecho: sustituyen el Estado de derecho por la arbitrariedad; desprecian el principio de proporcionalidad; desprecian la tutela judicial efectiva y llaman a incumplir las leyes de la Unión Europea, la nueva directiva europea de retorno en vigor en el año 2026 que prohíbe las expulsiones automáticas o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; desprecian el interés superior del menor; desprecian la unidad de las familias. El Grupo Popular y VOX un día nos presentan resoluciones condenando un supuesto genocidio que sufrirían los cristianos en África o en Oriente Medio para, a continuación, presentar una propuesta ignorando el mandato del derecho internacional de no devolución de extranjeros perseguidos en sus países de origen. Entérense de que los cristianos en África o en Oriente Medio no son blancos, son negros o son árabes y llegan aquí como migrantes. (Aplausos.-Rumores). Y si son tan cristianos, respeten los mandatos bíblicos: Dios ama al extranjero y le da pan y vestido. Paguitas lo llamarían ustedes. Y continúa: Por tanto, su pueblo debe hacer lo mismo. Ustedes acordarían el internamiento de familias enteras de extranjeros en centros de tortura como los del ICE. Recluirían a menores como Liam Conejo, el niño de cinco años, o como Amalia, la bebé de meses a la que casi mata Trump por negarle atención médica. Y cuando sueñan con expulsar a extranjeros lo hacen soñando en lugares como Guantánamo o en las cárceles negocio de Bukele. Tomen nota de cómo la justicia italiana ha ido corrigiendo las arbitrariedades de su admirada Meloni, obligando a pagar una indemnización al Open Arms u ordenando la devolución de extranjeros expulsados a Albania por obviar sus derechos. La ola de racismo que están poniendo en marcha llega a todas partes. ¡Qué vergüenza los seis antidisturbios que humillaron a un ciudadano de Melilla delante de su esposa y sus hijos menores! (La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Gracias a que la víctima era guardia civil toda España se ha enterado de las consecuencias del odio racista que están impulsando.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de...
«Presidenta, señorías, el Partido Popular y VOX insisten en utilizar la desconfianza hacia los extranjeros, trabajadores y pobres para azuzar problemas de convivencia, crispando un poco más cada día el ambiente social. Resulta que las regularizaciones son necesarias cuando las hace el Partido Popular, pero son malísimas si las hace otro Gobierno. Aznar, en 1996, aprobó una regularización de más de 500 000 extranjeros y, por si fuera poco, en los años 2000 y 2001, una segunda que regularizó un total de un millón de extranjeros. Por cierto, el señor Gil Lázaro ya debía ser diputado del Partido Popular entonces. (Aplausos). Las expulsiones son exigibles cuando gobierna la izquierda, pero cuando gobierna la derecha lo que ocurre es que no son posibles. Y, frente a su alarmismo, en 2025 las entradas irregulares en la Unión Europea descendieron un 26 %, y en España descendieron más, un 42 %, por los convenios existentes. Y les digo: más se reducirían con políticas de desarrollo; o sea que ya saben cuál es la receta.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«España tiene una tasa de criminalidad de las más bajas: 48,8 por cada 1000 habitantes. Somos uno de los países más seguros de Europa. ¡Pero, hombre, si es que somos el segundo país del mundo con más turistas! Lo que somos es el sexto país de Europa con más presos. Con 40 millones de habitantes menos que Alemania y 11 millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos porque nuestro Código Penal es muy punitivista. Cada preso nos cuesta 28 500 euros al año. La forma de combatir los hurtos no es saturar las cárceles una vez más, en especial con gente joven en situación de exclusión social, a los que van a enviar a una escuela de delincuencia en lugar de enviarlos a centros de formación profesional. Por cierto, para los que ya solo hay plazas en centros privados, que cada día son más caros e inaccesibles para las familias trabajadoras. (Aplausos). En vez de poner a los ayuntamientos a gastar dinero en repetir el trabajo que hacen los fiscales, sería mejor invertir en formación profesional pública, en combatir la exclusión social o en crear más plazas de jueces para que los delitos menores se juzguen más rápido. O también en pagar trienios a las juezas sustitutas, porque, por si no lo saben, ayer el Consejo General del Poder Judicial les negó este derecho que tiene reconocido cualquier trabajadora.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«La reforma no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas. No puede ser que fuerzas democráticas acaben impulsando a la ultraderecha para que ocupen instituciones y acaben con la democracia y con los derechos. Si no hay acuerdo para derogar la ley mordaza que aprobó el PP hace más de diez años, ni para derogar los delitos que impiden la libertad de expresión, no debería haber un acuerdo entre el PP, el PSOE y Junts para inundar el Código Penal con populismo punitivo. (Aplausos). ¿Va a servir este acuerdo para aprobar una ley que prohíba los desahucios de familias vulnerables? ¿Va a servir para aprobar una ley que garantice el derecho a la vivienda? ¿Para aprobar la prestación para crianza que acabe con la pobreza infantil? Solo sirve para fortalecer a la ultraderecha. Mire, mejor les iría a los campesinos si no se redujeran las subvenciones de la PAC por el rearme, si se bloquearan los aranceles o si se parara el Mercosur. Esos son los grandes problemas del campo español.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Muchas gracias, señor presidente. Si hoy se aprueba este dictamen, será porque existe una mayoría para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para endurecer el Código Penal, incrementando las penas a los delitos de delincuentes de poca monta, de gente excluida, hurtos de descuideros. Será un reflejo de lo mal que está el mundo: mano dura con los débiles e impunidad con los fuertes. Los demócratas no deberían dejarse arrastrar por la ola reaccionaria y populista que exagera problemas que no son los grandes problemas del país. El acceso a una vivienda digna para todas las familias es un problema mucho más grave que los hurtos de descuideros. ¿Por qué entonces garantizar el derecho a la vivienda no concita una mayoría parlamentaria como la que existe para llenar las cárceles de robagallinas? (Aplausos). Pues porque la demagogia populista inunda la sociedad, impulsada por el ascenso de las ideas autoritarias que trae el fascismo. Lo preocupante es que fuerzas políticas democráticas se sumen a este discurso populista que acaba fortaleciendo electoralmente a la ultraderecha más reaccionaria.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Nos vamos a repartir el tiempo entre un servidor, que tenía la palabra, y la portavoz Martínez Barbero. En primer lugar, el Partido Popular no sabe cómo ocultar que ha impedido hoy nuevamente que se actualicen las pensiones; ha derribado el escudo social a las personas vulnerables de este país; ha impedido que se paralicen los desahucios para las familias en situación de vulnerabilidad; ha impedido el mantenimiento de las ayudas de los bonos energéticos o de los bonos térmicos y han impedido la entrega a cuenta a las comunidades autónomas de 40 000 millones de euros más que los que se entregaron el año pasado. Es decir, han impedido el funcionamiento de los servicios públicos. (Rumores). Además, les parece muy duro respetar el Reglamento de la Cámara y ceñirse al orden del día. Ustedes llegan con la arbitrariedad que les caracteriza y cambian ahora porque ustedes deciden el orden del día. Sobre todo, es una vergüenza su falta de valentía para defender a España, a los países hermanos latinoamericanos, a los países europeos como Dinamarca o a nuestros socios como Canadá. A ustedes no se les oye defender a las Naciones Unidas ni el derecho internacional; a ustedes no se les oye todavía -ni se les va a oír nunca- defender la no injerencia en los asuntos de otros países, defender la soberanía nacional de cualquier pueblo, porque no defienden ni la de España; y, por supuesto, no se les escucha en ningún momento rechazar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero es que tampoco hemos oído nosotros ni las organizaciones agrarias de este país su oposición a los aranceles al campo y también a la industria que ha impuesto la Administración del señor Trump; no hemos oído su oposición a los recortes de la PAC, de las subvenciones de la política agraria comunitaria, un 30 % por el rearme, es decir, para nutrir ese dinero las empresas de armamento de los Estados Unidos; y, sobre todo, no hemos oído que hayan dicho ni una palabra cuando Trump no para de amenazar a España porque le hemos dicho que no le vamos a entregar 85 000 millones de euros cada año que necesitamos para nuestra sanidad, para nuestra educación o para las pensiones que ustedes acaban de votar en contra. Y qué tal su engaño sobre el Mercosur? ¿De eso no hablan tampoco? Llevan semanas, meses, votando en el Parlamento Europeo a favor del Mercosur, y cuando conseguimos paralizar la aplicación, vergonzosamente salen ustedes a decir que siempre han estado en contra del Mercosur. ¡Hay que tener la cara dura! A ver si dejan de engañar a la gente de este país. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«Las derechas, VOX y PP, esta vez van a acabar con la democracia en cumplimiento de la estrategia de seguridad nacional de Trump, que considera enemigo a todo aquel que no acate las costumbres occidentales y cristianas; el argumento con el que las dictaduras militares han exterminado a los demócratas. Por cierto, ese argumento ya ha sido utilizado por la justicia polaca la semana pasada para ilegalizar al Partido Comunista de Polonia. La estrategia golpista nos la aplican cada vez que pueden. En diciembre del 2022 utilizaron al Tribunal Constitucional para prohibir al Congreso y al Senado que legislaran. Y el principal motivo de la derecha y la ultraderecha para acabar con este Gobierno es impedir la modernización y democratización de la justicia, pendientes desde el final de la Dictadura. Atacan el proyecto de ley de acceso a la carrera judicial y fiscal y piden acabar con el sistema de becas que permitirá a los hijos de las familias trabajadoras ser juezas o fiscales. Se oponen a homologar la instrucción penal a los países de nuestro entorno, porque eso limitaría el poder del impune partido de las togas. Proponen eliminar la participación del Congreso, único representante de la soberanía popular, en la elección del Gobierno del Poder Judicial. Y atacan a la nueva Fiscal General del Estado, aunque haya sido avalada unánimemente por el Consejo del Poder Judicial. Trump quiere acabar con la democracia y los demócratas en toda Europa, pero para eso necesitan unos poderes judiciales corporativos y a su servicio. Que nadie olvide nunca que la herramienta de Trump para acabar la democracia en España es VOX. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«Presidente, señores diputados y señoras diputadas, el Fiscal General del Estado ha sido condenado tras tenerse por probado que ha sido él o alguien de su entorno quien filtró un correo. Ha sido un enjuiciamiento incompatible con el principio acusatorio y los estándares de independencia judicial. Los magistrados que han enjuiciado y condenado previamente intervinieron en la admisión de las querellas, en la valoración inicial de los indicios y en el control de la instrucción, comprometiendo así la imparcialidad del Estado de derecho. (Rumores). La instrucción ha sido invasiva. Ha buscado promover gran escándalo social. Un registro en la Fiscalía General del Estado o el volcado de ocho meses de datos personales del fiscal cuando se investigaban cuarenta y ocho horas. La información incautada se filtró a la prensa, pero el Tribunal Supremo nunca investiga el entorno de las filtraciones. (Aplausos). La sentencia adolece de falta de neutralidad judicial, pagos de una acusación a magistrados enjuiciadores durante la deliberación, comentarios chistosos del presidente del Tribunal en público sobre la sentencia aún no redactada, vínculos académicos entre magistrados y abogados acusadores, despropósitos que se suman a la decisión del Tribunal Supremo de publicar un 20 de noviembre solo el fallo condenatorio, publicándose la motivación jurídica tres semanas después.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«La jefa del Partido Popular se ha cargado al fiscal general para impedir que la Fiscalía persiga a un defraudador fiscal que se ha enriquecido saqueando la sanidad pública durante la pandemia. (El señor Muñoz Abrines pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Nuestro grupo defiende la seguridad humana. Seguridad es un empleo digno y vivir en una vivienda en condiciones. Seguridad es una sanidad pública que cuide también a quienes pueden tener cáncer de mama. Seguridad es más presupuestos públicos para prevenir y combatir incendios forestales e inundaciones. Seguridad es tener responsables en las instituciones que no desaparecen cuando haya una dana y que no se van a comer a Gijón cuando todo arde en León. Seguridad es dar a la policía y a la Guardia Civil el derecho a la negociación colectiva, como cualquier trabajador. (Aplausos). Seguridad es que todo lo que se ingresa pague sus impuestos y no solamente los salarios de los trabajadores. Seguridad es tener unos tribunales que te condenen con una sentencia completa, fundamentada, y no solo con el fallo de un párrafo. Y seguridad es tener derecho a una doble instancia de apelación, lo que no ha tenido ni va a tener el fiscal general del Estado. Por supuesto, votaremos en contra de esta vergonzosa y demagógica moción. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«España es el primer destino turístico mundial. Millones de turistas visitan España cada año: 94 millones el año pasado, que no vendrían de vacaciones si peligrara su seguridad. Esta derecha antipatriótica asusta a nuestro pueblo y al turismo. Ustedes trabajan para el negocio que más ha crecido en España desde que el Partido Popular está en la oposición: las empresas de alarma y de seguridad privada (aplausos), incluidas las de matones fascistas, que aseguran que cuando sales de tu casa te okupan la vivienda. Asustar con propuestas de falta de seguridad permite que sus amiguetes obtengan grandes beneficios. El Partido Popular y VOX crean miedo para hacerse con votos. En nuestros barrios viven personas extranjeras. Hacen trabajos precarios, mal pagados, duros, que ustedes no están dispuestos a realizar. Para los racistas y para VOX, negros y musulmanes son genéticamente criminales, pero resulta que, en la lista de los diez criminales más buscados por la policía española, nueve son nacidos en España y el otro en la Unión Europea, y todos son hombres y blancos. Abascal acostumbra a relatar casos de extranjeros delincuentes, que seguro que los habrá, pero igual los hay heroicos: extranjeros, llegados en patera, que han salvado a españoles de la muerte jugándose la vida; africanos, negros, voluntarios que se enfrentan al fuego en Galicia; trabajadores marroquíes, moros, salvando a españoles durante la dana, etcétera. (Muestra varios recortes de prensa.-Aplausos). Inseguridad es dar impunidad a los delincuentes.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«La violencia contra las mujeres sí es una grave causa de inseguridad. Hemos atacado esa violencia equiparando cualquier abuso a una agresión sexual. La derecha y el machismo más violento mantienen una campaña demagógica diciendo que el Gobierno de coalición aprobó una legislación permisiva con la violencia sexual que llenaba las calles de agresores, pero esa campaña del miedo la ha destrozado el nada feminista juez Adolfo Carretero al procesar a un presunto agresor sexual aplicando la ley anterior a la Ley Orgánica 10/2022. El juez afirma que la ley del solo sí es sí es más dura con los acusados que la anterior legislación. La estrategia del Partido Popular de asustar a nuestro pueblo también mantiene que hay descontrol en las fronteras. Mire, donde hay descontrol es en los países más allá de nuestra frontera sur, debido a las guerras y a las malas condiciones de vida. El Partido Popular y VOX nos mienten cuando prometen poner puertas al campo. La migración no se contiene con muros, sino poniendo fin a las guerras y a la miseria que empuja a migrar. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«Gracias, presidenta. La verdad es que el Grupo Popular cada día es más difícil de diferenciar de VOX. Tras siete años de mentiras y deslegitimación del Gobierno por la derecha, España sufre un grave deterioro de la democracia y la convivencia. Esa es la inseguridad que sufrimos. Las estadísticas sobre delitos de inseguridad de Eurostat indican una reducción de la tasa de criminalidad en España mientras se incrementan los delitos en Europa. Entre enero y junio de 2025, la tasa de criminalidad en España decreció un 0,9 %, situándose en 40,6 delitos por mil habitantes, una de las más bajas del mundo. Claro que hay delitos que se incrementan y ese incremento tiene responsables: el machismo y el negacionismo de la violencia de género, propios de la derecha y la ultraderecha, provocan el aumento de los delitos contra las mujeres. No es buena persona ni ama a su esposa quien la asesina con cincuenta apuñaladas, aunque un alcalde del Partido Popular justifique al asesino. ¿Cuándo va el Partido Popular a hacerle dimitir por justificar el asesinato de una mujer?»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución...
«Gracias, señor presidente. La ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia introdujo una vía de acceso a la justicia distinta del ejercicio de la jurisdicción, fortaleciendo un servicio público sostenible a través de la negociación entre las partes para la solución de controversias, es decir, mediante negociación, utilizando medios alternativos de solución para esas controversias, y hay un amplio acuerdo en que la justicia española era poco ágil y estaba saturada. El gran avance de la ley de eficiencia es que la justicia ya no va a ser impartida en cuestiones civiles y mercantiles exclusivamente por un Poder Judicial que resuelve confrontaciones entre particulares. Lo que establece la ley es un procedimiento previo al judicial de naturaleza dialógica, esto es, basado en el diálogo para la resolución barata, rápida y amistosa de conflictos directamente o a través de un árbitro. En tiempos de crispación, confrontación, insultos y defensa de soluciones simples, primitivas y poco científicas para problemas cada vez más complejos, es una buena noticia resolver conflictos mediante un diálogo construido sobre la lógica y el conocimiento, es decir, sobre la negociación de buena fe. La negociación a través de la mediación, la conciliación, la oferta vinculante, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo o la justicia restaurativa debe cambiar la práctica de la justicia en nuestra sociedad, pero necesita un tiempo de rodaje, recursos económicos y, por supuesto, formación y un cambio en las actitudes sociales frente a los conflictos. Esto implica asumir que ante un litigio es posible y conveniente que ambas partes vean suficientemente satisfechas sus expectativas, acabar con las dinámicas de suma cero, en las que, si alguien gana, alguien debe perder. Es la mejor forma de prevenir que el conflicto vuelva a reproducirse en el futuro. Y este Congreso aprobó la implantación de los medios alternativos de solución de controversias con un gran acuerdo sobre esta materia. El poco tiempo transcurrido desde su aprobación ha coincidido también con un cambio de la estructura de la planta judicial, el del tránsito de juzgados de primera instancia e instrucción a tribunales de instancia, y es normal que existan disfunciones y una disparidad de criterios sobre cómo aplicar la normativa innovadora de implantación de estos métodos, de estos medios alternativos de solución de controversias. También falta formación en los profesionales y operadores jurídicos, un mayor conocimiento social sobre las ventajas de la cultura de la negociación de buena fe y de la utilidad de estos medios alternativos, máxime en tiempos en los que muchos actores políticos y sociales incentivan la confrontación y la crispación permanente, en lugar del diálogo y el acuerdo. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«Este mal comienzo de un Consejo General del Poder Judicial, que se pretendía equilibrado, puede y debe ser corregido de inmediato. Son necesarios resultados más equilibrados, como los que en octubre han permitido renovar comisiones y grupos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. La comisión permanente ha sido renovada, manteniéndose el mismo equilibrio entre progresistas y conservadores que venía teniendo en el último año. Era posible otro tipo de mecanismo. Se han renovado quince comisiones y grupos de trabajo, con un resultado de ocho y siete presidencias respectivamente para cada una de las sensibilidades del Consejo General del Poder Judicial y 50-50 es más equilibrado que 68-32 %. Nos felicitamos porque haya sido posible crear por primera vez en el Consejo General del Poder Judicial un grupo de trabajo sobre derechos humanos. Es posible una justicia más cercana a la sociedad y para ello tenemos que reconducir esta situación, porque lo principal es que los y las demócratas impidamos que continúen las maniobras del Partido Popular para controlar la justicia. Y por eso vamos a votar no a esta propagandística proposición de ley, igual que consideramos imprescindible acabar con la excepción española en la instrucción de los procedimientos judiciales, una rémora de una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en vigor desde 1882 y que por fin se corrige en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«El consejo fue renovado hace un año, tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, del que resultaba un teórico equilibrio entre las distintas sensibilidades existentes en la justicia. Desde septiembre del año pasado se han realizado 161 nombramientos en el nuevo consejo de plazas pendientes de nombrar debido a ese secuestro de la institución que el Partido Popular mantuvo cinco años. Sorprendentemente, la estrategia del Partido Popular consigue que, a julio de 2025, un 68 % de los nombramientos recaigan en jueces conservadores, frente a un reducido 32 % de nombramientos que recaen entre jueces y juezas progresistas. Es una desproporción que llama la atención porque, sobre todo, no responde a la realidad social de este país. Y estos cuestionables métodos, consensos, que no unanimidades, han llegado a su cenit en los plenos de junio de este año 2025, en los que, de los veintiocho nombramientos efectuados, solo cinco han recaído en jueces progresistas. Un escaso 15 % frente a un 85 %. Y se ha dicho que estos desequilibrios se deben a la ausencia de candidaturas progresistas. Sin embargo, desde mayo de 2025, cuando era patente la desproporción en los nombramientos ya efectuados, al menos en veinte ocasiones había alternativas progresistas solventes que podían haber equilibrado la situación, pero que no recibieron más que un voto, continuando los nombramientos de conservadores casi por unanimidad de los vocales del consejo. Y es positivo que el 41 % de los nombramientos hayan recaído en mujeres. Y se ha logrado el incremento de la cifra de magistradas en todos los ámbitos, pero la paridad de sexos en los nombramientos no se ha logrado en cinco de los once ámbitos de la justicia: en las altas responsabilidades, en las presidencias y en las salas del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional. La derecha ha puesto en marcha una estrategia que le ha llevado a reforzar su hegemonía política y de control del Poder Judicial, mientras los denominados progresistas han concurrido a votaciones, divididos hasta con tres posiciones diferenciadas en algunas votaciones. Y, a la vista de estos datos, creemos que estos consensos alcanzados no han sido ni razonables ni equilibrados cuando han servido para reforzar el control del Partido Popular sobre la justicia, a la vista de que los candidatos de los vocales propuestos por el Partido Popular han sido nombrados mayoritariamente. No entendemos las amplias mayorías que consigue la derecha para, por ejemplo, denegar el amparo solicitado por el juez De Prada frente a la campaña de desprestigio de Jiménez Losantos, que solo tuvo un voto a favor; o para denegar el reingreso del magistrado Baltasar Garzón tras un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (aplausos) que condenó a España por inhabilitarlo, que solo contó con tres votos a favor de entre veinte posibles votos; o para denegar, con un solo voto a favor, la incoación del expediente disciplinario al juez que vilipendió en una diligencia la memoria de nuestro querido y recordado Pedro Zerolo en un proceso contra el humorista Quequé.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«Señora presidenta, el Partido Popular calienta motores para el vergonzoso juicio al fiscal general del Estado, el primer fiscal general que se sienta en el banquillo por hacer su trabajo, por perseguir las prácticas corruptas de la pareja de la jefa de facto del Partido Popular, la señora Ayuso. El mismo Tribunal Supremo que autorizó retransmitir en directo el juicio del procés ahora no quiere lo mismo en el juicio del fiscal general del Estado. No quieren que España contemple en directo un juicio sin fundamento alguno. La Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales en procedimientos penales, creó la Unidad de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado para garantizar la protección de datos de particulares que utiliza el Ministerio Fiscal. La designación de un fiscal al frente de la unidad a propuesta del fiscal general se acordó en la ley orgánica de eficiencia de la justicia. El Grupo Popular nos propone que alguien extraño maneje los datos personales de los justiciables, una especie de externalización del control de datos personales en la Fiscalía. Además, nos lo traen al Congreso por duplicado. Una iniciativa similar ya se encuentra en tramitación en el Congreso, tras ser impulsada por el Grupo Popular en el Senado en marzo. No es serio que el Partido Popular quiera tramitar dos leyes iguales. Estamos ante una nueva operación propagandística del Partido Popular, continuación de su estrategia de control e interferencia en la justicia, eliminando todo control democrático de la sociedad sobre esta institución (aplausos) y reforzando la toma de decisiones corporativas a través de un Consejo Fiscal que la derecha utiliza demasiadas veces con fines políticos. Y esto mientras que el Partido Popular refuerza su control de las cúpulas de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de Justicia y del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, decía el senador Cosidó.»