Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
108 declaraciones · página 3 de 4
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Las derechas han pasado del bloqueo institucional al Consejo del Poder Judicial al bloqueo a cualquier medida para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para reconocer derechos a sus usuarios y a los profesionales de la justicia. No asumen que la justicia es de toda la sociedad, no de su propiedad. Es un servicio público cuya finalidad es satisfacer los derechos fundamentales de la gente en democracia. Por eso, por supuesto, estaremos en contra de estos vetos. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En la izquierda plurinacional nos oponemos al veto de las derechas y reiteramos que nos comprometemos a abordar rápidamente la aprobación de acciones colectivas en garantía de derechos de consumidores y usuarios, para impedir las prácticas abusivas de las grandes empresas. (Aplausos). Y también quedan pendientes en esta ley más medidas para proteger las condiciones de trabajo y el empleo en el Servicio Público de Justicia, como ha venido reclamando Comisiones Obreras. También hay que dejar sin efecto esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno, que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos. Es bastante cuestionable que lo consigan, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso obvian la condición de vulnerabilidad de los inquilinos. Como aquí se ha explicado, se trata de un error no intencionado de algunos grupos, que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados golden visa de quienes especulan con la vivienda (aplausos), cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional -y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos-, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como -literal- un programa comunista de subversión de las instituciones. La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero no solo convirtieron la ley de seguridad en ley mordaza, también endurecieron las mordazas en el Código Penal, criminalizaron y restringieron el derecho de huelga y de la libertad sindical, con lo que llevaron al banquillo a los ocho sindicalistas de Airbus por ejemplo. Y, afortunadamente, esa mordaza a los derechos sindicales ya la hemos derogado en el año 2021. Pero también convirtieron en delito la libertad de expresión; por ejemplo, criminalizaron la crítica a la familia real y al jefe del Estado. Y para que los jueces pudieran aplicar esas mordazas con manga ancha en este país, sin que nadie les exigiera responsabilidad por estos excesos, modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2015 y suprimieron la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados, ¡la única profesión en este país a la que no se le puede exigir responsabilidad civil! ¡Todo muy democrático! (Aplausos). La mayoría parlamentaria democrática va a utilizar esta legislatura para recuperar todas esas libertades que las derechas nos han quitado, y es motivo de orgullo aprobar una nueva ley, ahora, de convivencia ciudadana. El objeto de esa ley -métanselo en la cabeza- será el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la preservación de la convivencia ciudadana, un objeto ajustado a cualquier sistema democrático, un objeto que cualquier demócrata aceptaría de buen grado. Hagan un esfuerzo e intenten soportar un poco la democracia. Gracias.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Por eso, ustedes amordazan las protestas populares. Ustedes amordazaron la libertad de reunión y de manifestación; ustedes amordazaron la libertad sindical y el derecho de huelga; prohibieron que se hicieran manifestaciones en determinados lugares, y levantaron un Gran hermano orwelliano, acabando también con el derecho a la intimidad de la ciudadanía. Todo ello para desempolvar el concepto de orden público que utilizó el franquismo y que les encanta, y que resulta incompatible con un orden democrático y pluralista en el que se pueden ejercer derechos de ciudadanía. Por eso, no quieren celebrar los cincuenta años del fin del franquismo. (Aplausos). Ustedes dieron al Estado competencias para intervenir prácticamente sin límite alguno, dotándolo de una presunción casi con plena legitimidad en sus actuaciones. Esos son los que se autodenominan liberales. La supuesta desobediencia a las órdenes de la Policía es ahora indistinguible de la libertad de expresión, y cualquier contrariedad puede ser considerada falta de respeto y sancionada. Estas mordazas han provocado una gestión autoritaria de las manifestaciones ciudadanas y unos comportamientos del Estado muy poco democráticos. Y ya les he dicho que está muy alejado de lo que defiende Naciones Unidas, y lo que es peor: han dado lugar a la aparición de comportamientos politizados en algunos sindicatos policiales, que han llegado a firmar acuerdos de formación con grupos violentos paramilitares, con el conglomerado Desokupa. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Señor presidente. El número de insultos de los novios de la muerte es inversamente proporcional a sus argumentos, algo bastante lógico en esta legislatura, según lo que estamos viendo. (Aplausos). Pero aquí venimos a hablar de España y de las libertades públicas, y yo sugiero que la derecha y la extrema derecha comiencen a normalizar un poco la democracia, porque aquí cada quien responde de sus actos y no de los que les han antecedido. Y si ustedes no van a apoyar ninguna norma de Bildu por lo que ocurrió en el País Vasco, nos ponen en la coyuntura de no poder aprobar ni apoyar ninguna norma del partido fundado por ocho ministros de Franco (aplausos), uno de los cuales firmó la sentencia de muerte de Julián Grimau. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. Al PP y a VOX se les llena la boca con la palabra libertad; libertad para lo que ustedes quieren, desde luego, porque a los demás solo nos dejan libertad para tomar cañas y tenernos entretenidos. Mientras, nos van quitando derechos y libertades uno detrás de otro, que es lo que hacen cuando gobiernan. Ustedes, en lugar de tomar medidas contra la crisis económica, en el año 2015, declararon un auténtico estado de excepción mediante sucesivos recortes de libertades. No es tomando cañas como se ha construido la democracia y se han traído las libertades, ha sido ¡protestando!, y con grandes movilizaciones sociales que han hecho temblar a los poderosos y las injusticias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«La regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia; no es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la okupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales, y mucho menos es cierto que, cuando salimos de casa, nos okupen la casa. Eso es un bulo; no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales, y nada de eso se regula ni se contempla ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana; ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. (Aplausos). Confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales; les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales en lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales (aplausos), que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante cincuenta años. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aun no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que buscan la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. (Aplausos). Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogo con quienes se manifiestan. Por eso, esta proposición de ley incorpora una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza, y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación, como la regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Hoy hemos conocido que una niña de once años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado tres días naufragando en el agua, la única superviviente de un naufragio, y esto se ha debido al abandono criminal de Gobiernos europeos. Por eso, también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero el PP no se queda atrás, ya que también utiliza argumentos excéntricos, como que la ley de seguridad ciudadana, esta ley que vamos a derogar -agárrense-, se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales con los que cuentan las fuerzas de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. ¡Ahí es nada! No consta en ningún informe de la lucha antiterrorista que las multas contempladas en la ley mordaza -una ley de contenido administrativo que carece de sanciones de naturaleza penal- hayan servido para evitar ninguna acción de terrorismo. Argumentar que la derogación de la ley mordaza daría oxígeno a la amenaza terrorista es un falso y demagógico argumento. (Aplausos). Ustedes vuelven a usar el espantajo de la desaparecida, hace más de una década, ETA; vergonzoso argumento que ni la ultraderecha, señores del PP, ha sido capaz de utilizar en su enmienda a la totalidad. Y, contrariamente a lo que afirma su enmienda, la nueva ley va a permitir prevenir cualquier desorden o actuación violenta en espectáculos públicos o deportivos y en concentraciones multitudinarias.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Además, mienten en su enmienda al afirmar que la nueva ley de libertades públicas y convivencia ciudadana que va a sustituir la ley mordaza permite la difusión de imágenes que amenacen la seguridad personal y profesional de los agentes de la autoridad. Eso es mentira. La nueva ley impedirá cualquier amenaza a la seguridad de cualquier persona y no permitirá actuación alguna que denigre la integridad o intimidad de ningún ser humano, sea del sexo, nacionalidad, condición social, orientación sexual o color de piel que fuere. VOX todo lo justifica volviendo a un pasado inexistente o aludiendo a una realidad paralela que solo existe en su imaginación calenturienta, ya sea con su defensa de las dictaduras o con su empeño en hacernos creer que existe violencia política en el País Vasco, como ponen en la enmienda. También aseguran que España es un peligroso país donde la inseguridad ciudadana se ha adueñado de las calles o que Cataluña está a punto de separarse de España. Todo eso lo dicen en su enmienda.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«¿Quién está en estas enmiendas? En primer lugar, VOX, los novios de la muerte, que apenas hace dos semanas defendieron expresamente en este pleno el régimen dictatorial de Franco. Nunca han luchado por las libertades públicas ni por la democracia; han proclamado en distintas ocasiones que el Gobierno dictatorial de Franco era mejor que un Gobierno democrático; apoyan el uso de la violencia para la resolución de controversias y conflictos; proponen políticas discriminatorias para quien no sea varón, blanco, católico, heterosexual y nacional español (aplausos); defienden abiertamente medidas restrictivas de los derechos de las mujeres para que no puedan decidir sobre su cuerpo ni puedan desenvolverse socialmente con igualdad respecto a los hombres, y afirman en su enmienda a la totalidad que la recuperación de las libertades públicas, que sin duda supone acabar con la ley mordaza, representa una amenaza porque mina las bases de autoridad, seguridad y eficacia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Su propuesta es liberticida y autoritaria. Ustedes quieren acabar con los derechos conquistados por quienes se opusieron a la Dictadura. Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima oportunidad. Miren, tenemos memoria y recordamos -se lo recordamos a quienes no lo vivieron- que ustedes son los correligionarios de quienes reprimieron a los luchadores y las luchadoras sociales, a quienes nos devolvieron el derecho de reunión y manifestación al traernos la democracia. Ustedes y el PP quieren mantener restringidos los derechos que en su día eliminó esa dictadura militar que tanto defienden. Y ya, el no va más es que se opongan a exigir coherencia lógica y razonabilidad en las actuaciones administrativas que acuerdan sanciones. Para ustedes, lo lógico y lo razonable, literalmente, vulnera la eficacia del ejercicio de seguridad ciudadana y obstaculiza el ejercicio del mantenimiento del orden público. Todo muy científico. Desde luego, no es democrático defender la arbitrariedad como forma de actuación de los poderes públicos. La arbitrariedad es propia de regímenes autoritarios como los que están construyendo los Milei, los Orban o los Putin, tan del gusto de la ultraderecha española. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías. La verdad es que cuarenta y ocho horas después de conmemorarse el Día mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, VOX y el Partido Popular, oponiéndose primero a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta para seguir manteniendo las graves restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron: el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales y la expansión de libertades públicas se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que desgraciadamente tenemos, que siempre intenta acabar con las conquistas sociales conseguidas por siglos de lucha de la clase trabajadora. Y no solo trata de acabar con las libertades, sino también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Ya es costumbre que el Partido Popular y VOX se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora (aplausos) -la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, las medidas para disminuir la precariedad laboral o las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda-, pero, además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos, y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira -como hemos visto- como forma de hacer política. Y llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, ya es para nota.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público. Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«En todo caso, le voy a hacer una serie de aclaraciones. Las agresiones a la policía se castigan por el Código Penal. No estamos reformando el Código Penal y no se está abordando ningún debate; con lo cual, cualquier tipo de agresión que sufra cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene la debida protección. Y, desde luego, no es este el objeto de este debate, sino la modernización de nuestro régimen de control del orden público y de prevención de incidentes y de alteraciones del orden público. Es decir, estamos introduciendo -y eso es lo que parece que a ustedes les preocupa- métodos de prevención de las alteraciones de orden público para que no haya que llegar a esas situaciones que se generalizaron durante su Gobierno, que ustedes acostumbran a provocar constantemente, revueltas ciudadanas y alteraciones del orden público. Para acabar rápido, yo lo que pido a toda esta Cámara y a quienes tengan dudas es que no atiendan los argumentos que hemos dado los distintos ponentes que hemos intervenido hasta ahora defendiendo este texto, atiendan al criterio de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les acaba de enviar una carta a todos los grupos parlamentarios -también a usted, señor Tellado- pidiendo que la Cámara apruebe esta toma en consideración. Amnistía Internacional dice que para ellos esta reforma ni siquiera es suficiente, es un paso en el buen camino, y que un país democrático respetuoso con los derechos y libertades públicas todavía podría hacer mucho más. Con lo cual, yo lo que pido es que hagamos más caso a Amnistía Internacional y que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar esta norma, con las debidas correcciones si hacen falta durante su tramitación, para que nuestro país cuente con una legislación en materia de seguridad ciudadana y libertades plenamente respetuosa con los derechos humanos. Y, francamente, no me cabe en la cabeza que un partido de esta Cámara que se dice democrático pueda tener prevenciones o desconfianzas con que se garanticen los derechos humanos a todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero, sobre todo, la nueva regulación del derecho de reunión y manifestación va a dar prioridad a la manifestación pacífica, sin que la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio de un derecho considerado fundamental, siempre que se ejerza de forma pacífica. Por tanto, va a dejar de ser sancionable el ejercicio del derecho de reunión sin comunicación ante hechos que requieren de una manifestación o expresión pública inmediata. La actuación de las autoridades durante el ejercicio de este derecho de reunión siempre se va a guiar por un enfoque de derechos humanos, de forma que se perjudique lo menos posible el ejercicio de cualquier derecho. Es más, se modifica sustancialmente el régimen sancionador. Se van a eliminar sanciones que no están justificadas y otras se clarifican o se matizan. Se van a limitar las sanciones por intrusión en infraestructuras durante manifestaciones si no se provoca una alteración grave de su funcionamiento. Se suprime la sanción por perturbación grave en las reuniones o manifestaciones frente al Congreso, porque está muy bien que la gente venga a manifestarse aquí, a la puerta. Y se eliminan las sanciones a las trabajadoras sexuales en la vía pública, pero se mantienen las que se impondrán a los consumidores de prostitución. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana. El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas. Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«'Nuestra obligación es acabar con este Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance', dice el señor Tellado, y los medios son la mentira y la desestabilización. La moción es digna de Goebbels. Tacha de ilegítimo a un Gobierno investido por el Parlamento, tilda de corruptos acuerdos de la mayoría parlamentaria y critica que los presupuestos se aprueben fuera de plazo, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó tres presupuestos fuera de plazo. Es decir, degradan la democracia con el mismo discurso autoritario e intolerante de la ultraderecha. Claro que la corrupción es un grave problema, porque desvía al bolsillo de corruptos el dinero necesario para gasto social, pero ningún partido debería degradar la justicia registrando panfletos a los que llaman querellas. Una rigurosa querella de Izquierda Unida obligó a investigar el caso Bárcenas, con 7,5 millones en comisiones por contratos públicos repartidos entre dirigentes del Partido Popular, incluido el enigmático M. Rajoy. (Aplausos). El tesorero Bárcenas fue condenado a treinta años de prisión. La sentencia declaró la responsabilidad del Partido Popular por corrupción, y en el caso Gürtel el Partido Popular fue otra vez condenado por corrupción. Doce de los catorce ministros de Aznar han estado imputados, implicados o cobrando sobresueldos, y Matas, Rato o Zaplana han sido condenados y encarcelados. En julio condenaron al Partido Popular por financiación B en Valencia, tienen pendiente el juicio del caso Púnica y esperan sentencia por el caso Lezo. En total, 6 000 000 millones de euros en B.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Presidente, señorías, no entiendo cómo el PP insiste en hablar de corrupción cuando no puede dar lecciones de ética a nadie. Se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de que beneficia a trabajadores y a la economía. Se oponen a reducir la precariedad o la jornada laboral e impiden que los ricos paguen impuestos, sabiendo que sin impuestos es imposible mantener servicios esenciales para los trabajadores. Por cada euro en impuestos que la derecha dice rebajar a un trabajador son más de 100 los que no pagan los poderosos; 100 euros que dejan de financiar la enseñanza o la sanidad pública, y eso sí que es corrupción, como también es corrupción impedir que familias o jóvenes tengan viviendas dignas. Según la señora Ayuso, limitar el precio de la vivienda no funciona y es un atentado contra la propiedad. Su pareja ingresó, con un par de llamadas, 2 000 000 millones de euros, cuando un trabajador con el SMI tardaría ciento veinticinco años en ganar ese dinero. El PP lo que quiere es acabar con este Gobierno para poder hacer negocios con las privatizaciones y los contratos públicos y seguir cobrando sobres y comisiones en B.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Policías y guardias civiles, tengan cuidado con quienes los utilizan cuando están en la oposición, como acaba de hacer la señora Vázquez, que los instrumentaliza y habla más de Delcy, de Koldo, de la ley mordaza, de las embajadas o del COVID que de sus problemas y de esta propuesta (aplausos), y que luego, cuando gobiernan, los ignoran. (Aplausos). Desconfíen de quienes les aseguran que la equiparación salarial se garantiza con una ley, porque ni el Estado tiene competencias para legislar sobre los salarios de la Policía de Euskadi, de Cataluña o de Navarra ni la Hacienda pública puede estar al albur de criterios salariales de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, porque tendría cuantiosas implicaciones en el presupuesto y restaría soberanía al Estado. Lograr la equiparación salarial y mantenerla solo es posible mediante la permanente negociación sindical, con un régimen legal que les permita la negociación colectiva y dé carácter imperativo a lo que acuerdan sus sindicatos, con transparencia en los conceptos retributivos y en la forma de fijarlos en cada nómina y con sindicatos policiales con visión de clase y mecanismos efectivos para luchar por los derechos de los y las trabajadoras de la seguridad del Estado (aplausos), peleando junto al resto de trabajadores públicos para, por ejemplo, acabar con la indigna dieta media diaria por todos los conceptos de 103,37 euros -la media, que las hay más bajas-.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Señor presidente, la equiparación salarial de los cuerpos policiales es una justa reivindicación histórica. Policías y guardias civiles han reclamado mejoras sociolaborales, siendo la principal, sin duda, la equiparación salarial entre cuerpos policiales. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde hace cuarenta años han abanderado esta reivindicación, y desde 2016 Unidas Podemos y ahora SUMAR apoyamos la equiparación salarial entre cuerpos policiales y otras medidas para mejorar la situación laboral del colectivo con las necesarias medidas presupuestarias. En 2018, la acción sindical de los trabajadores de la Policía y la Guardia Civil obligó al Partido Popular, tras años de negativas mientras gobernaban, a aceptar la equiparación salarial, pero no tomaron ninguna medida para ello. Fue el Gobierno de izquierdas quien realizó la equiparación salarial. El Grupo Parlamentario Popular apoya las reivindicaciones salariales y laborales de la Policía y la Guardia Civil solo cuando está en la oposición. Cuando gobiernan, desprecian a los empleados públicos y también a los de la Policía. (Aplausos). En el año 2018, con el Gobierno de Rajoy, el presupuesto de la Policía eran 312 millones menos que en el año 2000, y el año pasado, 2023, gobernando el Gobierno de izquierdas, eran 930 millones más. Se necesitó desalojar al PP del Gobierno para cumplir con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas. Desde 2018 a 2023, el incremento salarial en la Policía y la Guardia Civil ha sido de un 38 % de media, con una inversión de 850 millones y, simultáneamente, ampliando la plantilla policial con una tasa de reposición del 120 %, 14 000 agentes más en cinco años. El Partido Popular, mucho ruido y pocas nueces.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«En todo caso, una propuesta muy similar a esta ya la trajo el Partido Popular a la Cámara y fue tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora con este discurso es claramente combatir el discurso de esa alianza fascista independentista de la Alianza Catalana; pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. (Aplausos). Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los tres años. Ustedes están proponiendo que por el hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta tres años de cárcel, eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos, como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la fiscalía. Es decir, ¿por qué no atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo? Ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a la de ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de tres meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta tres o seis años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento. Delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica, que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobre facturación, en perjuicio de consumidores, etcétera, todos esos delitos tienen penas inferiores a los seis años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los tres años. No pueden ustedes agravar los hurtos como delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresas. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces -como a cualquier profesional de este país- y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos). No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del servicio público de justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales: el Real Decreto Ley 6/2023, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Además, francamente, dudamos de la calidad técnica de la propuesta. El nuevo apartado d) del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta. Por ejemplo, la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinó a Borja Villacís opera exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra y por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. (Aplausos). Existen en distintas provincias bandas de estas características, según se ha publicado, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 65.1.d) actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz.»