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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
223 declaraciones · página 6 de 8
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Respecto de la comisión de actuaciones relativas a la tenencia de sustancias psicotrópicas, también se va a modificar, de manera que se introduzca una visión más preventiva y menos sancionadora del consumo, que afecta a multitud de personas jóvenes. Y se van a recoger también las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación, de forma que la toma de imágenes en manifestaciones o en operaciones policiales no será sancionable, siempre protegiendo, a la vez, el derecho a la intimidad o la seguridad de los policías y de sus familias. Sin embargo, lo más importante es la introducción de un nuevo modelo de graduación de las sanciones económicas que va a garantizar por primera vez en la legislación española el principio constitucional de proporcionalidad e igualdad para la imposición de las cuantías de las multas. Se van a aplicar siempre criterios vinculados a la capacidad económica del administrado, porque no es lo mismo poner una infracción de 500 euros a quien le sobra el dinero que a quien no lo tiene. Por eso, se va a introducir la aplicación de un criterio de reducción de las sanciones económicas para infractores cuyos ingresos sean inferiores a 2,5 veces el salario mínimo o a 1,5 veces el salario mínimo. Es un criterio pionero y objetivo para la legislación sancionadora de este país. Además, se van a reducir las cuantías de las infracciones leves o graves. A mí algún amigo de la Guardia Civil de Tráfico me ha comentado alguna vez que están hartos de parar a conductores temerarios que, cuando les ponen la multa, dicen que pagan dos iguales y siguen conduciendo a toda velocidad. Eso es lo que se trata de evitar con la introducción de la ponderación de sanciones a imponer (aplausos), que va a afectar especialmente a los menores de edad. Van a existir también criterios para que los jóvenes, y no solamente los jóvenes -que no pasaba hasta ahora-, puedan realizar tareas de reeducación, puedan reparar el daño causado y puedan así reducir las sanciones.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero, sobre todo, la nueva regulación del derecho de reunión y manifestación va a dar prioridad a la manifestación pacífica, sin que la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio de un derecho considerado fundamental, siempre que se ejerza de forma pacífica. Por tanto, va a dejar de ser sancionable el ejercicio del derecho de reunión sin comunicación ante hechos que requieren de una manifestación o expresión pública inmediata. La actuación de las autoridades durante el ejercicio de este derecho de reunión siempre se va a guiar por un enfoque de derechos humanos, de forma que se perjudique lo menos posible el ejercicio de cualquier derecho. Es más, se modifica sustancialmente el régimen sancionador. Se van a eliminar sanciones que no están justificadas y otras se clarifican o se matizan. Se van a limitar las sanciones por intrusión en infraestructuras durante manifestaciones si no se provoca una alteración grave de su funcionamiento. Se suprime la sanción por perturbación grave en las reuniones o manifestaciones frente al Congreso, porque está muy bien que la gente venga a manifestarse aquí, a la puerta. Y se eliminan las sanciones a las trabajadoras sexuales en la vía pública, pero se mantienen las que se impondrán a los consumidores de prostitución. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Y se incluyen numerosas reivindicaciones históricas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, también los agentes -también- deben identificarse debidamente ante los ciudadanos, como en todos los países de nuestro entorno. Y respecto a los registros corporales, que han provocado a veces situaciones en las que no se preserva la intimidad de la ciudadanía e incluso podían ser utilizados para crear situaciones humillantes, la nueva regulación va a provocar estén circunscritos a indicios objetivos y se realicen preservando siempre la intimidad del administrado. Igualmente, las reglas del debido proceso, que es la garantía del principio de igualdad en un Estado democrático, se van a ver reforzadas en esta ley. La igualdad de las partes se ha visto alterada, por ejemplo, por la falta de regulación de las cámaras de videovigilancia móviles. Ahora, su utilización será transparente, y se combinará la debida protección de datos con la puesta a disposición de la autoridad judicial para que las utilice en la persecución de cualquier infracción o delito. Y, en general, las diligencias periciales serán motivadas y mucho más proporcionales, siempre recurriendo a una apariencia, que tendrá que ser cualquier intervención lógica, coherente y razonable.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Y una aclaración: el presente es un proyecto sustancialmente distinto al de la actual ley, empezando por el enfoque de protección de derechos y libertades del ciudadano que lo atraviesa, con un enfoque claramente progresista y avanzado en materia sancionadora y de reparación del daño causado. Y produce el principio orientador de convivencia ciudadana y da mayores garantías al ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales. Y será, por ejemplo, la legislación de protección civil la que determinará las situaciones en las que se pueda entrar en domicilios excepcionalmente, sin autorización judicial, o la que refuerce también las medidas para proteger la integridad de los animales domésticos. Sobre las medidas excepcionales de seguridad, como el cierre o desalojo de edificios, se introduce una mayor garantía con la intervención del Ministerio Fiscal y se regula la duración del procedimiento de identificación en comisarías, evitando que puedan darse situaciones intermedias entre la detención y la libertad, que no caben en un Estado de derecho. No existirá, por tanto, posibilidad de estar retenido, ficción jurídica que ha sido rechazada por nuestra jurisprudencia, porque la limitación de la libertad deambulatoria que implica la identificación de las personas debe basarse siempre en una sospecha razonable sobre circunstancias objetivas. Es decir, se impiden las identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos (aplausos), que deberán ser valoradas inmediatamente por el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Esa reforma supone una ampliación y mayores garantías también para toda la ciudadanía al facilitar nuevas herramientas y nuevas formas de intervención de los agentes policiales para que desarrollen su actividad con más eficacia y escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos fundamentales. Porque la existencia de zonas oscuras o de falta de garantías en la legislación acaba perjudicando tanto a la ciudadanía como a los profesionales de la seguridad ciudadana. Por eso, pedimos a los sindicatos policiales que desarrollen su necesaria tarea reivindicativa, pero de manera que no comprometan la necesaria neutralidad de los servicios policiales, y que no sean utilizados por la extrema derecha, porque eso les aleja de la amplia mayoría de la sociedad española. Y asistimos a un gran acuerdo de fuerzas democráticas, lo que no es habitual: son seis los grupos parlamentarios los que han presentado esta propuesta. Es un importante aval para la toma en consideración y para comenzar una tramitación parlamentaria que ojalá sea urgente, porque no hay excusas entre los demócratas para acabar con la ley mordaza, que lleva más tiempo en vigor con el Gobierno de coalición de izquierdas que el tiempo que estuvo en vigor con el Partido Popular. Hemos superado las dificultades arrastradas hasta ahora para alcanzar un acuerdo, que en algunos casos no eran ni siquiera por materias propias de esta ley, sino que hacían referencia a otros aspectos regulados en otras normas, algunas de las cuales actualmente también están siendo modificadas. Tenemos, por tanto, al alcance de la mano lo que probablemente es la última oportunidad para acabar con la ley mordaza (aplausos), y las demócratas y los demócratas no tenemos excusa para dejarla pasar.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana. El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas. Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Presidente, señorías, no entiendo cómo el PP insiste en hablar de corrupción cuando no puede dar lecciones de ética a nadie. Se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de que beneficia a trabajadores y a la economía. Se oponen a reducir la precariedad o la jornada laboral e impiden que los ricos paguen impuestos, sabiendo que sin impuestos es imposible mantener servicios esenciales para los trabajadores. Por cada euro en impuestos que la derecha dice rebajar a un trabajador son más de 100 los que no pagan los poderosos; 100 euros que dejan de financiar la enseñanza o la sanidad pública, y eso sí que es corrupción, como también es corrupción impedir que familias o jóvenes tengan viviendas dignas. Según la señora Ayuso, limitar el precio de la vivienda no funciona y es un atentado contra la propiedad. Su pareja ingresó, con un par de llamadas, 2 000 000 millones de euros, cuando un trabajador con el SMI tardaría ciento veinticinco años en ganar ese dinero. El PP lo que quiere es acabar con este Gobierno para poder hacer negocios con las privatizaciones y los contratos públicos y seguir cobrando sobres y comisiones en B.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«No vamos a apoyar los puntos 1, 2 y 3 de esta PNL, que no sirven para nada y lo único que hacen es utilizar a los agentes de los cuerpos de seguridad y además alejan el reconocimiento de los derechos sindicales a la Policía y la Guardia Civil, que es lo que necesitan. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Como siempre hemos defendido en esta Cámara, en democracia los sindicatos policiales deben tener capacidad de negociación colectiva. Cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución, la Guardia Civil tiene derecho a sindicarse y a realizar actividad sindical, y pedimos a toda la Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular -al que le importan dos narices los derechos de estos señores y señoras, como hemos visto en la intervención de la señora Vázquez (aplausos)- pero también al Grupo Parlamentario Socialista, que se comprometan a reconocer los derechos sindicales plenos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y a los y a las policías y guardias se lo decimos claramente: solo la actividad sindical y la negociación colectiva habitual y continuada les va a permitir alcanzar y mantener la equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales del Estado, o igualar las cuantías de las pensiones de jubilación de las distintas policías, o aprobar los imprescindibles coeficientes reductores de Seguridad Social para garantizar la jubilación anticipada a los trabajadores y trabajadoras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las mismas condiciones que al resto de los trabajadores de otros cuerpos policiales. Por eso, en SUMAR apoyamos todas estas propuestas y trabajaremos para garantizarlas por ley.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Policías y guardias civiles, tengan cuidado con quienes los utilizan cuando están en la oposición, como acaba de hacer la señora Vázquez, que los instrumentaliza y habla más de Delcy, de Koldo, de la ley mordaza, de las embajadas o del COVID que de sus problemas y de esta propuesta (aplausos), y que luego, cuando gobiernan, los ignoran. (Aplausos). Desconfíen de quienes les aseguran que la equiparación salarial se garantiza con una ley, porque ni el Estado tiene competencias para legislar sobre los salarios de la Policía de Euskadi, de Cataluña o de Navarra ni la Hacienda pública puede estar al albur de criterios salariales de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, porque tendría cuantiosas implicaciones en el presupuesto y restaría soberanía al Estado. Lograr la equiparación salarial y mantenerla solo es posible mediante la permanente negociación sindical, con un régimen legal que les permita la negociación colectiva y dé carácter imperativo a lo que acuerdan sus sindicatos, con transparencia en los conceptos retributivos y en la forma de fijarlos en cada nómina y con sindicatos policiales con visión de clase y mecanismos efectivos para luchar por los derechos de los y las trabajadoras de la seguridad del Estado (aplausos), peleando junto al resto de trabajadores públicos para, por ejemplo, acabar con la indigna dieta media diaria por todos los conceptos de 103,37 euros -la media, que las hay más bajas-.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Las políticas punitivas derrochan dinero, y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad. Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo, piensen en seguridad humana, en garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con sistemas limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se dificulten las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía (aplausos) y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad, o garantizar pensiones dignas. En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«En todo caso, una propuesta muy similar a esta ya la trajo el Partido Popular a la Cámara y fue tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora con este discurso es claramente combatir el discurso de esa alianza fascista independentista de la Alianza Catalana; pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. (Aplausos). Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los tres años. Ustedes están proponiendo que por el hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta tres años de cárcel, eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos, como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la fiscalía. Es decir, ¿por qué no atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo? Ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a la de ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de tres meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta tres o seis años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento. Delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica, que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobre facturación, en perjuicio de consumidores, etcétera, todos esos delitos tienen penas inferiores a los seis años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los tres años. No pueden ustedes agravar los hurtos como delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresas. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«¿Fuerza el Partido Popular la sobrepasada capacidad de acogida de niños y niñas en Canarias y Ceuta para retomar la propuesta del señor Tellado de enviar a la Armada a acabar con los cayucos? (Rumores). Quien tiene que comparecer para explicar su bloqueo a solucionar la situación en Canarias y Ceuta es el señor Feijóo, y debería dar orden ya de acabar con la utilización política por parte del PP y VOX de estos niños desprotegidos. El Partido Popular es el responsable directo de la situación que se sufre hoy en Canarias y Ceuta, y lo digo por los siguientes datos. Desde los gobiernos de comunidades autónomas, el Partido Popular lleva años bloqueando los traslados de estos menores a la Península. En 2022 se pactó la ínfima cifra de 378 traslados y solo se realizaron 228 en todo el año. En el año 2023 se pactaron 373 y solo se acogió a 67 en el resto de comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, con 7 millones de habitantes, se ofreció a acoger la hiperbólica cifra de 34 menores, pero finalmente no acogió a ninguno. En 2024 solo se ha aceptado el traslado de 347 menores desde Canarias, pero aún no se ha hecho ningún traslado. El 85 % de las plazas ofertadas en otras comunidades autónomas no se han cubierto, no se han cumplido los acuerdos voluntarios de 2022, 2023 y 2024, pero sí han cobrado la financiación transferida por el Estado para la acogida no realizada. Que lo sepa toda España: la derecha está haciendo negocio de este incumplimiento. (Rumores).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Las islas Canarias son el 1,5 % del territorio nacional y en él reside menos del 5 % de la población, pero tutela aproximadamente a 5200 niños y adolescentes, y Ceuta acoge a 400 menores más. Es decir, mientras que el 98,5 % del territorio nacional acoge a 5000 menores, en el 1,5 % -Ceuta y Canarias- se acoge a 5600. Esta situación se habría corregido con la reforma de la ley de extranjería, pero lo han impedido los destructivos intereses políticos del Partido Popular y de VOX (aplausos), en alianza en esta ocasión con los independentistas de Junts. Cuanto peor para Canarias y Ceuta, mejor para los intereses del Partido Popular. Y vaya por delante el agradecimiento de este grupo parlamentario, de SUMAR, a los gobiernos de Canarias y Ceuta, a los presidentes Clavijo y Vivas, por su sensatez, por su empatía con las niñas y niños desprotegidos y por el respeto a los derechos humanos que han mostrado. Nuestro reconocimiento a las sociedades canaria y caballa por la solidaridad con la que han recibido a más de la mitad de los niños que llegan a España.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Señores y señoras del Grupo Popular, España formará parte de la comunidad de naciones civilizadas mientras respetemos las normas y convenios de derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas. Somos la frontera de Europa con el Magreb y el Sahel, que es una región sumida en conflictos graves. Que en lo que va de año hayan llegado a Canarias 20 000 personas huyendo de estos conflictos no es ninguna emergencia migratoria para un país de 48 millones de habitantes, máxime cuando buena parte de los refugiados que llegan continúa en tránsito a otros países de la Unión Europea. A la vista de la situación en sus países y de lo poco que hacemos para garantizar el desarrollo y la estabilidad política en esta región vecina, lo raro es que no lleguen más miles de personas buscando un futuro digno para sus hijos. Pero sí que es una emergencia para Canarias o Ceuta si el Partido Popular los condena a hacer frente en solitario a la acogida de miles de niños y de niñas que huyen solos o que han visto cómo morían sus padres por el camino.»
INECita «48 millones» · Población residente, 1 jul 2024: 48.821.936 personasFuente ↗
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales. Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero -este, desgraciadamente, ya fallecido-, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
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«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
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«Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores. A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Necesitamos democratizar y modernizar la justicia, que se abandonen las tentaciones corporativistas de elección de órganos. Como cualquier institución de un Estado de derecho, la justicia debe aceptar el criterio de la soberanía nacional y popular, que es lo que mandata la Constitución. Por eso proponemos un gran acuerdo -y acabo, presidente- para proteger a los ciudadanos del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, de los ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas, que soportan investigaciones judiciales sin fundamento que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad del que se considera adversario político. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de tres páginas, deja sin efecto un auto de más de cien páginas de un juzgado de Instrucción tras dos años de investigación, que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. (Aplausos). Pero la misma Audiencia Provincial que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia. Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia, siempre para desprestigiar y acosar a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos ninguna declaración del presidente de este agotado Consejo General del Poder Judicial referida a la coaptación política corporativa del Poder Judicial.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha. Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo. A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»