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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General...
«La estrategia Consenso por una Administración Abierta, presentada el pasado mes de julio, es la hoja de ruta para transformar la Administración pública. Y en ello estamos. El Gobierno cumple el compromiso anunciado de reforzar la atención presencial, asegurar la igualdad del acceso a los servicios públicos y eliminar barreras administrativas, fundamentalmente para los colectivos más vulnerables. (Aplausos). Somos conscientes de que el uso exclusivo de sistemas telemáticos puede generar dificultades para determinadas personas, especialmente para las personas mayores, ciudadanos con discapacidad, personas sin medios digitales o residentes en zonas con menor conectividad. Coincidimos en que debemos avanzar en la supresión de las citas previas obligatorias. Por ello, hemos presentado enmiendas que creemos que mejoran y concretan el texto inicial. Así pues, decimos que no debe ser obligatoria la cita previa, pero decimos sí a la transformación de la Administración pública. Decimos sí a una Administración pública abierta, de altas capacidades y que avance en los servicios de atención personalizados. Decimos sí a una Administración dotada de suficientes recursos económicos, técnicos y humanos. Y termino, como no puede ser de otra manera, mostrando una vez más nuestro reconocimiento a la labor fundamental que desempeñan todos los empleados públicos de nuestro país; esos empleados públicos que, con su profesionalidad, empeño y vocación, sostienen nuestros servicios públicos. A todos y a todas, gracias. (Aplausos).»
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José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General...
«Compartimos con la proposición presentada el objetivo. No puede ser que la cita previa sea obligatoria, pero no solo en la Administración General del Estado, sino en todas las Administraciones públicas. Señor Ibáñez, estaría bien que se aplicaran ustedes el cuento donde gobiernan, en todas esas comunidades autónomas y ayuntamientos donde ustedes gobiernan. Dígame dónde han quitado la cita previa obligatoria. (Aplausos). El Gobierno está mejorando y avanzando en esa eliminación. Como ejemplo, la ampliación del horario de atención al público sin cita previa para el registro de documentación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la implantación de citas presenciales para dar servicio en el mismo día del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o la atención sin cita previa a mayores de 65 años o con discapacidad motora, medida implantada por el Ministerio del Interior; actuaciones en línea con el mandato del futuro marco legal de Administración abierta y que forman parte de un proceso continuo de mejora de la atención presencial. Ahí, ahí van dirigidos los esfuerzos: a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, facilitando el acceso a los mismos a través de modelos de atención a la ciudadanía personalizados, proactivos y multicanales, y fomentando la coordinación de servicios de atención a la ciudadanía.»
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José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General...
«Gracias, presidente. La pandemia del COVID19 supuso necesariamente un cambio importante en la manera en la que los ciudadanos debían relacionarse con la Administración. Desde entonces, se ha ido recuperando el carácter voluntario y no obligatorio de la cita previa en muchas Administraciones. Pero entendemos que es necesario poner fin a la cita previa obligatoria y en ello está trabajando el Gobierno. Compartimos la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los servicios públicos sin dificultades, garantizando la elección del canal de relación entre la Administración y los ciudadanos, eliminando los obstáculos que dificulten dicho ejercicio y potenciando los mecanismos de asistencia y coordinación que favorezcan el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. En ello está el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Pero vamos a ser claros, este Gobierno, además de la pandemia, se encontró con una Administración heredada del Partido Popular bajo mínimos: recortes, reducción de la plantilla y no convocatoria de las plazas públicas. El PP optó por una fórmula catastrófica: a mayor demanda de servicios públicos, menor oferta de empleo público. (Aplausos). Con el Partido Popular, solo en la AGE se redujo la plantilla en 70 000 puestos de trabajo. El deterioro de los servicios públicos fue enorme y todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Frente a esas consecuencias de políticas restrictivas, el Gobierno progresista actuó y sigue actuando. Frente a las solo 10 000 plazas anuales de media que ofertó el Partido Popular, este Gobierno ha convocado los últimos años más de 32 000 plazas anuales. El número de plazas de la oferta de empleo público de este año 2026, ya aprobada, supera las 37 000. Esa es la diferencia.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de reforma del Reglamento del Congreso.
«Escucharemos advertencias exageradas sobre los supuestos riesgos de esta reforma. Bien, yo aún no creo en las meigas, aunque últimamente percibo su presencia e incluso les estoy cogiendo cariño, pero cada vez que se plantea ampliar derechos en esta Cámara, algunos parecen verlas por todas partes. Ahora bien, conviene decirlo claramente: la fragmentación política no la provoca el Reglamento; la fragmentación la decide la ciudadanía cuando vota en libertad, y la obligación de esta Cámara no es corregir esa voluntad, es asumirla, es respetarla y es representarla. (Aplausos). España, aunque el Partido Popular no lo reconozca cuando no está en el Gobierno -cuando está en el Gobierno habla incluso catalán en privado-, es un país diverso; un país territorial, ideológica, lingüística y políticamente diverso. Y esa diversidad no es un problema; es una expresión de una democracia madura. Nuestras instituciones deben parecerse a la sociedad que representan, porque la pluralidad institucional no debilita la democracia, la fortalece. Y si hay algo más importante, es que las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país. Las reglas deben adaptarse a la sociedad, no al revés, porque cuanto más se parezca esta Cámara a la ciudadanía que representa, más fuerte será la democracia. Detrás de cada escaño hay ciudadanos y ciudadanas; detrás de cada voto hay una expectativa, una confianza y una voz. Y nuestra obligación no es decidir qué voces merecen ser escuchadas en la Cámara, nuestra obligación es garantizar que todas las voces que la ciudadanía ha traído aquí puedan hablar en condiciones de igualdad. Votaremos a favor de esta proposición. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de reforma del Reglamento del Congreso.
«La democracia no consiste únicamente en que la ciudadanía vote, consiste también en respetar las consecuencias de ese voto. Los artículos 1 y 23 de nuestra Constitución protegen el pluralismo político y el derecho de participación de la ciudadanía, y la forma en la que organizamos los grupos parlamentarios afecta directamente a la efectividad de ese derecho: disponer de grupo parlamentario, tener tiempos propios de intervención, participar con mayor capacidad en las comisiones, presentar iniciativas y desarrollar una acción política autónoma. Negar esa capacidad a fuerzas con un respaldo electoral relevante supone reducir de facto su capacidad representativa. Eso no afecta solamente a los diputados y las diputadas, afecta también a las personas que los han elegido. Con el sistema actual, partidos con cientos de miles de votos pueden verse relegados al Grupo Mixto. Además, todos conocemos las consecuencias prácticas de esa rigidez, porque durante décadas en esta Cámara todos -incluido usted, señor Gil Lázaro- han participado en el préstamo de diputados del Partido Popular con las diferentes fuerzas de esta Cámara. Esta reforma busca precisamente eso, coherencia, transparencia y reglas claras, y lo hace con límites muy definidos, porque el nuevo artículo 23 mantiene dos previsiones fundamentales: impide que el mismo partido se divida artificialmente en varios grupos o que puedan constituirse grupos separados entre formaciones que no compitieron ante el electorado, como ya dice el artículo 23. Es decir, se amplía el pluralismo, pero se protege la coherencia política.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de reforma del Reglamento del Congreso.
«Señorías, lo que discutimos es si esta Cámara debe reflejar adecuadamente la pluralidad política expresada por la ciudadanía o prefiere seguir funcionando con una lógica diseñada para otro tiempo político. Tenemos el privilegio de estar en esta Cámara porque la ciudadanía de nuestro país así lo ha decidido, al igual que Pedro Sánchez es presidente de España porque la voluntad popular expresada a través de los miembros de esta Cámara así lo ha querido. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, se ríen ustedes, pero en democracia no se trata de querer o no querer ser presidente del Gobierno; en democracia se trata de tener o no tener los votos para hacerlo. (Aplausos). Mientras el Partido Popular utiliza su mayoría en el Senado para intentar bloquear la acción de un Gobierno legítimamente elegido, como hacen con las reformas del Senado que han sido declaradas inconstitucionales, nosotros apoyamos una reforma para hacer perfectamente lo contrario: abrir la Cámara, ampliar la representación y reforzar la voz de la ciudadanía. Ya que se ríen, les diré que lo vemos también en su forma de actuar en comunidades donde gobiernan, como en la Región de Murcia, donde el Grupo Popular y VOX votan en contra de la reforma del Parlamento autonómico para mejorar los derechos de la oposición y, sobre todo, para incrementar las comparecencias del presidente. Mientras tanto, se limita -cuatro minutos al mes por grupo parlamentario- el control parlamentario al presidente, señor López Miras, o este se niega a responder y a comparecer por la trama del material sanitario con el uso de prótesis caducadas. Ese es su modelo: menos control, menos voz y menos democracia, señores del Partido Popular. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de reforma del Reglamento del Congreso.
«Presidente, señorías, pongamos la televisión en color y dejemos la televisión en blanco y negro y el NODO. Hoy debatimos una reforma del Reglamento del Congreso que afecta directamente a la calidad democrática de esta Cámara y a la representación efectiva de millones de personas. La proposición, en efecto, modifica el artículo 23 del Reglamento del Congreso para adaptar los requisitos de constitución de grupo parlamentario a la realidad política territorial de la España del siglo XXI. Conviene empezar diciendo con claridad qué hace esta reforma y qué no hace. Esta reforma no permite la proliferación de grupos, no rompe el funcionamiento de la Cámara. La reforma mantiene el requisito ordinario de quince diputados, y lo que hace es corregir una rigidez que hoy genera situaciones difícilmente compatibles con el pluralismo político que protege nuestra Constitución. Como se ha dicho, para constituir un grupo parlamentario se necesitan actualmente por la vía excepcional cinco diputados y el 15 % de los votos de la circunscripción donde se presenta el grupo parlamentario o el 5 % del voto nacional. La propuesta reduce esos umbrales al 10 % a nivel territorial y al 3 % a nivel nacional.»
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Jesús Mayoral Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
«Termino, señorías, frente a las políticas del ruido de la derecha y de la ultraderecha, nosotros respondemos con diálogo, con consenso y con política útil, dando una respuesta a los verdaderos problemas que nos demandan los ciudadanos. Señorías de esta Cámara, es nuestra obligación salir de los apriorismos y apoyar todos los instrumentos que puedan ser útiles al interés general de la ciudadanía. Esta es nuestra responsabilidad, desde la diferencia, pero con compromiso; y, para ello, siempre tendrán la mano de los socialistas tendida. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Jesús Mayoral Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
«Quiero aprovechar la ocasión para poner en valor el acuerdo del Plan Estatal de Vivienda 20262030, anunciado por la ministra de Vivienda en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Este acuerdo de país por la vivienda, que propuso el presidente del Gobierno hace un año en la conferencia presidencial de Barcelona es hoy una realidad. Miren, señorías, este es un acuerdo importante por su contenido, pero también por el poderoso mensaje que lanzamos a la ciudadanía: diferentes Administraciones de diferentes colores remando juntos para resolver el principal problema de la ciudadanía, y con el aval y el consenso de las organizaciones sindicales, sociales y empresariales. Esperamos que este acuerdo marque un punto de inflexión y que, a partir de ahora, las comunidades colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda, no solo para desplegar el plan estatal, sino también para aplicar todas las medidas de la ley de vivienda que sirven para bajar los precios del alquiler y para frenar la especulación. El Plan Estatal de Vivienda 20262030 desplegará 7000 millones de euros. El 40 % irán destinados a construcción de vivienda asequible, el 30 % a rehabilitación y el 30 % restante a ayudas para hipotecas o para propietarios que pongan vivienda en alquiler asequible, entre otras. Con este Plan Estatal de Vivienda se triplican los recursos, se adoptan medidas para aumentar la oferta -vía construcción, compra y movilización de vivienda vacía-, se blinda la protección permanente de la vivienda pública, se aplican cláusulas antifraude para que no haya escándalos como el de Alicante y se aprueban medidas para la rehabilitación en el mundo rural.»
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Jesús Mayoral Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
«Pues bien, el Grupo Socialista, con nuestra enmienda, propone, entre otras cosas, un cambio ambicioso de la Ley sobre Propiedad Horizontal, acorde con la realidad digital que estamos viviendo. Así, facilitamos el desarrollo de la actividad de las comunidades de propietarios, pero, también, de los administradores de fincas, porque la eficacia, la eficiencia y el acceso a la información son claves para agilizar la toma de decisiones y promover un entorno más colaborativo y participativo de los vecinos. Se garantizan también, no lo perdamos de vista, los derechos de las personas más vulnerables, atendiendo a la denominada brecha digital. Es decir, aquellos propietarios que, o bien tienen dificultad de acceso a los mecanismos digitales, o bien tienen dificultad, también, con su manejo. Señorías, les recuerdo que, durante esta legislatura, este Gobierno de España introdujo una reforma más en la Ley sobre Propiedad Horizontal, a fin de que todas las actuaciones necesarias para asegurar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad resulten obligatorias. Este es un paso más en el desarrollo del artículo 49 de la Constitución, que dignifica la vida de las personas con discapacidad.»
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Jesús Mayoral Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
«Es cierto que la situación que vivimos con la pandemia conllevó la aprobación del Real Decreto Ley 8/2021, donde se reguló, de manera temporal, la posibilidad de realizar juntas de propietarios telemáticas y los requisitos que se deberían cumplir para que fueran válidas. Estas medidas finalizaron su vigencia en diciembre de 2021. A raíz de esto, señorías, nuestro grupo en el Congreso presentó una enmienda al proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del PERTE en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en la misma dirección que la planteada en la proposición de ley que está actualmente en tramitación en la Cámara. En esa enmienda, entre otras cosas, se planteaba la regularización que hoy propone en esta proposición de ley el Grupo Popular, como es, por ejemplo, la notificación electrónica a los propietarios de fincas en régimen de propiedad horizontal, la posibilidad de celebrar las juntas de forma telemática o el uso del soporte electrónico en cuanto a sustento de libros de actas. La tecnología no solo nos permite interactuar personalmente, sino que también nos sirve para gestionar actos jurídicos, entre ellos, los derivados de las relaciones de vecindad.»
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Jesús Mayoral Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
«Gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías del Grupo Popular, permítanme señalar que su iniciativa no viene a aportar nada nuevo, porque esta misma proposición de ley, con el mismo texto, ha sido ya objeto de debate y aprobación en el Senado. Por lo tanto, ya se encuentra en tramitación en el Congreso. (Rumores). Señorías del Grupo Popular, pueden estar pasando dos cosas, o es que ustedes no son nada originales, o más bien la segunda, que ustedes carecen de nuevas propuestas y que ustedes, una vez más, no son capaces de aportar soluciones en beneficio de las españolas y los españoles. (Aplausos). Señorías, hoy debatimos la proposición de ley de modificación de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, que nos trae a esta Cámara el Grupo Popular. Me gustaría resaltar, en primer lugar, que la Ley sobre Propiedad Horizontal tiene por objeto regular, entre los copropietarios de un edificio, los derechos, obligaciones y el régimen de actuación de la comunidad de propietarios, en las que más del 80 % de la población española vive, englobando la gran mayoría del parque de viviendas de nuestro país.»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
«Señorías, el Grupo Socialista afronta este debate desde una posición clara: compartimos el objetivo de seguir promoviendo una alimentación más saludable, especialmente durante la infancia y entre los colectivos más vulnerables; reconocemos que hay avances importantes impulsados por el Gobierno, y entendemos que cualquier nueva iniciativa legislativa debe servir para reforzar, ordenar y mejorar las políticas que ya están en marcha, porque proteger la salud de niños y niñas, reducir las desigualdades asociadas a la alimentación y garantizar entornos más saludables no es solo una cuestión sanitaria, sino de justicia social. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
«Señorías, quisiera destacar algunas medidas concretas puestas en marcha por este Gobierno. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 315/2025, del 15 de abril, para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. Es una medida especialmente relevante porque los comedores escolares no son solo un servicio, también son un espacio de igualdad, salud y educación en hábitos de vida saludables. Además, el Gobierno está trabajando en un nuevo real decreto para extender estos criterios de alimentación saludable y sostenible a centros de titularidad pública y centros privados que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales. Es decir, se está avanzando para que la mejora de la oferta alimentaria llegue también a aquellas personas que más lo necesitan. Y a ello se suma la publicación de un documento de consenso sobre alimentación saludable y sostenible en el primer ciclo de educación infantil. Y todo esto se inserta en el Plan Estratégico Nutricional para la Reducción de la Obesidad Infantil 20222030, en el que participan dieciocho ministerios. Y esto es importante subrayarlo: no hablamos de una actuación aislada, sino de una política de Estado transversal, que implica al conjunto de la Administración y conecta salud, educación, consumo, derechos sociales e igualdad.»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
«No obstante, también sabemos que la derecha parlamentaria tratará de no darnos la oportunidad de corregir el texto, porque presumo que no lo apoyarán, volverán a ponerse exclusivamente del lado de la industria y sus propios intereses partidistas, en contra del interés general y el interés superior del menor. Lo demuestran pleno tras pleno, instalados en el cuanto peor mejor y en el cinismo de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Anteponen el daño al país a cualquier sentido de la responsabilidad. (Aplausos). Señorías, las políticas públicas para combatir la obesidad infantil son fundamentales, y estas políticas públicas funcionan cuando se sostienen en el tiempo, y por eso las políticas del Gobierno progresista están funcionando. El Estudio Aladino 2023 muestra que la prevalencia del exceso de peso entre los niños de 6 a 9 años ha disminuido en todas las ediciones desde 2011, y entre los años 2019 y 2023 se ha registrado la caída más significativa de toda la serie: 4,5 puntos porcentuales menos. Según la Encuesta de Salud en España 2023, la obesidad infantil baja al 7,1 frente al 10,3 de 2017, consolidando la tendencia descendente iniciada en 2020 y situándose entre los niveles más bajos de la serie. Ahora bien, estos mismos datos nos recuerdan algo fundamental, y es que la obesidad infantil sigue teniendo un cierto componente social y que afecta con mayor intensidad a los niños y a las niñas de las familias con menos ingresos, porque la obesidad y los problemas asociados a una mala alimentación no tienen una única causa; intervienen factores biológicos, sociales, económicos, educativos, ambientales y de estilo de vida, y precisamente por eso la respuesta pública debe ser amplia, coordinada y sostenida en el tiempo. Y en esta dirección se enmarca la labor que viene desarrollando el Gobierno a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Estrategia NAOS, que desde 2005 impulsa actuaciones para promover una alimentación variada y equilibrada, fomentar la actividad física y mejorar los entornos en los que se toman las decisiones alimentarias.»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
«Cuando hablamos de obesidad infantil hacemos referencia a un fenómeno multifactorial pero también a un entorno que expone de forma persistente a nuestros menores ante mensajes comerciales que incentivan consumos perjudiciales. Por eso esta propuesta parte de una premisa clara, y es que la libertad de empresa y la actividad publicitaria no pueden prevalecer sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno saludable. Los socialistas vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa por coherencia con nuestros principios y con aquello en lo que creemos, en que los poderes públicos tienen la obligación de proteger especialmente a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Y lo haremos también porque el contenido de la propuesta se sitúa en la misma dirección que la prioridad que tiene nuestro Gobierno, que es la reducción de la obesidad infantil. Ahora bien, nuestro apoyo parte de una premisa clara, y es que esta ley es mejorable. Nuestras enmiendas, de aprobarse la toma en consideración, irán encaminadas fundamentalmente a corregir, preservar o potenciar tres aspectos que consideramos fundamentales y compatibles con el objeto de esta iniciativa: la competitividad de la cadena alimentaria española, aquellos aspectos del articulado que puedan desincentivar la reformulación o penalizar la innovación y las prohibiciones generales por categorías de productos sin análisis de proporcionalidad y alternativas graduadas.»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
«Gracias, presidenta. Hoy sometemos a consideración una iniciativa que responde a una realidad incontestable, y es que la infancia y la adolescencia requieren una protección reforzada frente a la publicidad de alimentos y bebidas insanas, que condiciona sus hábitos y pone en riesgo su salud presente y futura, y actuar es una obligación ineludible de los poderes públicos. En julio de 2023 el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS presentó la guía Políticas para proteger a la niñez del impacto nocivo de la publicidad de alimentos, un documento que insta a los Gobiernos a adoptar marcos regulatorios más firmes frente a la publicidad dirigida a menores. Y la evidencia es contundente: dieciocho estudios coinciden en que limitar este tipo de publicidad produce resultados positivos y constituye una herramienta eficaz para proteger la salud infantil. La OMS nos indica que los menores siguen expuestos a una publicidad intensiva de alimentos insanos diseñada para influir en sus preferencias, sus hábitos y hasta en lo que piden comprar. Y sus efectos sobre la salud y sus derechos son claros, y por eso protegerlos no es opcional, sino una obligación de los poderes públicos. Países como Noruega, Reino Unido o Portugal ya cuentan con una legislación muy avanzada que restringe la publicidad de alimentos no saludables para menores y limita las técnicas publicitarias para niños. No estamos ante una cuestión menor ni meramente comercial, sino ante un problema de salud pública, que afecta de forma directa al interés superior del menor, según lo recomendado por nuestra Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra legislación interna. Por tanto, estamos abordando un problema que afecta directamente a la salud pública, a la igualdad de oportunidades y muy especialmente al bienestar de la familia y las infancias.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Gracias, presidenta. ¡Lo que hay que oír! Solo quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios, sobre todo a los que han tenido una actitud constructiva, aunque sea con algunas diferencias, y al resto de los grupos les quiero agradecer, al menos, que hayan bajado los decibelios. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Marta Trenzano Rubio · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Señorías, este decreto también incorpora protección económica para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida mediante la equiparación de prestaciones por accidentes de trabajo cuando resulte más favorable para los afectados; para los afectados por los incendios de junio y agosto de 2025; y para Extremadura que podrá cubrir gastos derivados de fenómenos meteorológicos adversos. Además, introduce seguridad jurídica en materia energética y de transporte mediante declaraciones relativas al IVA reducido energético y al gasóleo profesional. Es decir, estamos ante un decreto riguroso y responsable; un decreto que entiende que gobernar no consiste en administrar titulares, sino en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas ante situaciones extraordinarias; ni probablemente sea esa hoy una de las principales obligaciones de cualquier democracia avanzada. Por todo ello, señorías, solicitamos el voto favorable a la convalidación de este real decreto ley, porque la reconstrucción exige intervención institucional, capacidad pública y sentido de Estado; y porque las grandes crisis no se superan debilitando lo común, sino fortaleciéndolo. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Marta Trenzano Rubio · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Esto nos lleva, señorías, al verdadero debate político de fondo: la derecha española lleva años defendiendo un modelo de Estado mínimo, de baja fiscalidad y de debilitamiento de lo público; pero cuando te diagnostican un cáncer, cuando se disparan las ratios en la educación pública, cuando llega una catástrofe de esta magnitud, lo que la ciudadanía exige no es un Estado ausente, exige exactamente lo contrario: exige capacidad de reacción, exige gestión, exige recursos, exige coordinación institucional y exige solvencia. (Aplausos). Porque hay debates ideológicos que parecen abstractos hasta que una desgracia ocurre. En momentos así se entiende perfectamente para qué sirve el Estado: sirve para movilizar miles de millones de euros en semanas; sirve para sostener ayuntamientos; sirve para financiar servicios públicos, sirve para reconstruir infraestructuras, sirve para evitar el deterioro económico y social de territorios enteros. Y eso no lo hace la mano invisible de los mercados, ni lo resuelve un eslogan malicioso sobre fiscalidad, eso solo puede afrontarlo un Estado que recauda de manera justa, que redistribuye de manera equitativa, que corrige desigualdades y que tiene la capacidad de responder ante situaciones excepcionales. (Aplausos). Por eso, resulta tan contradictorio escuchar determinadas críticas de quienes llevan años cuestionando precisamente la capacidad de intervención pública que hoy está haciendo posible la reconstrucción.»
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Marta Trenzano Rubio · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Durante meses, hemos visto al PP y VOX más preocupados por construir un relato exculpatorio sobre lo ocurrido el día de la dana que por extraer lecciones de una emergencia que sus recortes agravaron; y esa actitud no ha hecho más que alargar su negligencia en el tiempo. Frente a eso, el Gobierno de España ha hecho lo que tenía la obligación de hacer, es decir, responder: responder con financiación, responder con Administración, responder con protección social y responder con capacidad pública. Los datos, además, son perfectamente verificables: casi nueve mil millones de euros han sido movilizados por el Gobierno, y se han realizado miles de actuaciones territorializadas que pueden consultarse municipio por municipio a través del visor público Info DANA. Eso no pertenece al terreno de la retórica, pertenece al terreno de la acción del Gobierno. Este decreto forma parte, precisamente, de esa continuidad en la recuperación. Por ejemplo, establece que determinadas ayudas concedidas a empresas y trabajadores autónomos afectados por la dana no tributen ni en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades. Y esta no es una cuestión menor, porque cuando una Administración concede ayudas extraordinarias para sostener actividad económica, empleo y tejido productivo tras una catástrofe, la lógica más elemental exige que esas ayudas mantengan íntegra su finalidad reparadora. De la misma manera, el decreto declara exentas las ayudas concedidas a entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a reparar daños personales y materiales sufridos por las personas afectadas por la dana. Es decir, la solidaridad social no se convierte en una carga fiscal. Pero, probablemente, uno de los aspectos más relevantes del decreto sea otro: la comprensión de que la reconstrucción no puede hacerse asfixiando financieramente a las Administraciones que están sosteniéndola sobre el terreno. Por eso, se habilita financiación extraordinaria para nuestra tierra. Por eso, los gastos extraordinarios derivados de la dana tendrán un tratamiento excepcional a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Y, por eso, los ayuntamientos afectados no tendrán que presentar planes económicofinancieros en 2026 y 2027 cuando el incumplimiento derive precisamente del esfuerzo inversor realizado para afrontar la emergencia. Sería profundamente absurdo e injusto exigir normalidad contable a municipios que han tenido que responder a circunstancias absolutamente excepcionales.»
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Marta Trenzano Rubio · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, las grandes crisis tienen una virtud muy particular, y es que eliminan lo accesorio. Cuando una sociedad atraviesa una emergencia de la magnitud que vivimos con la dana, desaparecen muchos debates superficiales y queda al descubierto lo verdaderamente importante: la capacidad de un Estado para proteger a su ciudadanía, sostener sus instituciones y garantizar la reconstrucción económica y social de un territorio. Hay momentos en los que las ideologías dejan de expresarse en los discursos y pasan a expresarse en las cuentas públicas, en la capacidad administrativa y en la respuesta institucional; y la dana ha sido uno de esos momentos. Por eso, el real decreto ley que hoy debatimos no es simplemente una acumulación de medidas técnicas, fiscales o financieras; es una determinada concepción del papel del Estado ante una crisis extraordinaria; una concepción según la cual los poderes públicos no pueden limitarse a observar los acontecimientos, ni a comentar sus consecuencias, ni a convertir el sufrimiento colectivo en un instrumento de confrontación política. Tienen la obligación de intervenir, de movilizar recursos, de coordinar Administraciones y de sostener la reconstrucción el tiempo que sea necesario. Eso es exactamente lo que hace este real decreto ley.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Señorías, finalizo ya. Este real decreto ley hace algo sencillo, pero muy importante: protege a las víctimas, da seguridad jurídica, permite que las Administraciones públicas respondan y hace que el Estado esté donde debe de estar cuando más se le necesita. Por todo ello pido a los grupos parlamentarios su apoyo a la convalidación de este Real Decreto ley. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Por eso, también incorpora este real decreto ley medidas de protección social directa que merecen una mención expresa. Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, se reconoce de forma excepcional la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos para las situaciones de incapacidad temporal, permanente y para las pensiones de viudedad y orfandad. Es una medida de justicia material que evita dejar a las víctimas y a sus familias en una posición de desprotección por razones puramente formales. Cuando la tragedia irrumpe, el Estado debe responder con humanidad y con decisión. Por último, el real decreto ley prevé, además, un mecanismo específico de gestión de los fondos en los servicios en el exterior para situaciones en las que los conflictos impiden el normal movimiento de los fondos con el personal que tenemos en esas delegaciones. Como hemos hecho siempre que se ha producido una catástrofe o un evento trágico, el Gobierno va a estar acompañando a las víctimas en todo momento y el tiempo que sea necesario. Este real decreto ley que proponemos a su convalidación lo demuestra. No nos vamos a olvidar de las víctimas. Aliviamos, aunque sea fiscalmente, a las personas afectadas. Ponemos en el centro de nuestras políticas a las personas, a las víctimas, adoptando medidas que beneficien a la mayoría social y abordando los problemas reales de esta persona, sin importar dónde vivan o cuál sea su origen.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Señorías, esto no significa ninguna relajación de las reglas fiscales, es poner las cuentas públicas al servicio de la reconstrucción de esos municipios ante una situación absolutamente excepcional. Demostramos con hechos el compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción e impulso a las zonas afectadas por esta catástrofe. De hecho, el impacto de las medidas y recursos con motivo de la dana entre 2024 y 2025 alcanza los 9226 millones de euros, de los que casi un 80 % han sido asumidos por la Administración central. Y también declaramos exentas de tributación en IRPF las donaciones efectuadas por entidades sin ánimo de lucro a las personas físicas afectadas por la dana. Quiero reconocer aquí el trabajo que realizan esas ONG ya que, en muchas ocasiones, complementan y llegan a zonas donde las Administraciones públicas no han llegado o las refuerzan, especialmente con las familias más vulnerables. También, como recordarán, en el real decreto ley, que decayó el pasado mes de enero, ya establecimos que las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para los afectados estuvieran exentas fiscalmente, tal y como ocurre con las del Estado. Lamentablemente, ese real decreto decayó y esperamos ahora que hayan reflexionado determinados grupos parlamentarios y esta convalidación tenga lugar. (Aplausos).»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«En ese sentido, quiero recordar que el Gobierno central puso en marcha una línea específica para la dana de Valencia dentro de los mecanismos extraordinarios de financiación. Dada la excepcionalidad de la catástrofe, era necesario establecer un crédito específico para financiar esos gastos. Pero para poner en marcha este mecanismo era necesario activar una habilitación legal para los ejercicios 2024 -en 2025 ya se hizo-, pero para el año en curso el Gobierno incluyó también una habilitación específica en un real decreto ley que se aprobó el pasado mes de diciembre. Sin embargo, no fue convalidado en este Congreso y, por lo tanto, lo volvemos a traer, esperando ahora que algunos partidos tengan la sensibilidad necesaria con la Comunidad Valenciana, ya que esta ha solicitado para este año de ese mecanismo extraordinario 1300 millones de euros. Las entidades locales también se han visto afectadas por la dana y dispondrán de un tratamiento singular de sus gastos extraordinarios a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales, y quedarán exentas cuando proceda de presentar planes económicofinancieros, dando respuesta así a una demanda que nos han hecho llegar muchos alcaldes y alcaldesas de la zona.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Por otro lado, señorías, este decreto ley incorpora también una medida de enorme carga simbólica. Me estoy refiriendo a la exención tributaria de las cantidades satisfechas a las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica. Como saben, recientemente se alcanzó un acuerdo histórico entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Religiosos para el establecimiento de un sistema para reparar a las víctimas de estos detestables abusos. Esta decisión da cumplimiento al protocolo firmado el 30 de marzo de 2026 y se fundamenta en un principio incuestionable: la reparación económica a una víctima no puede convertirse en una fuente de tributación. Por tanto, estas indemnizaciones no son rentas ni ganancias, son actos de justicia reparadora. La exención se aplica sin discriminación tanto a las reparaciones articuladas a través del nuevo sistema como a aquellas realizadas mediante planes propios ya existentes. Por tanto, tendrá carácter retroactivo. Con ello el Estado acompaña, respalda y dignifica a las víctimas también desde el ámbito fiscal. Paso ahora al capítulo segundo, relativo a las medidas financieras presupuestarias dirigidas a Administraciones Territoriales. El real decreto ley habilita regímenes excepcionales de endeudamiento para comunidades autónomas especialmente afectadas, permitiéndoles financiar gastos extraordinarios derivados de las catástrofes sin comprometer la prestación de los servicios públicos esenciales. Lo que se está haciendo es dotar de oxígeno financiero a quienes han tenido que afrontar gastos extraordinarios inaplazables derivados de catástrofes naturales. No hacerlo sería condenar a esas administraciones a tener que elegir entre cumplir con las reglas fiscales o atender a sus ciudadanos.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras...
«Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos. Comparezco ante la Cámara para defender la convalidación del Real Decreto Ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados por la dana y otras situaciones de emergencia. Y lo hago desde la convicción de que estamos ante un real decreto ley necesario, proporcionado, que responde a situaciones reales, concretas y profundamente humanas, y lo hace desde los valores que definen a nuestro Estado social y democrático de derecho: protección de las víctimas, solidaridad interterritorial, seguridad jurídica y eficacia en la acción pública. Este real decreto ley aborda materias diversas, pero todas comparten un hilo conductor: la necesidad de que el Estado dé una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, catástrofes y daños graves que aún hoy siguen produciendo efectos económicos, sociales y personales. Señorías, hablamos de personas, de familias, de trabajadores, de autónomos, de empresas y de Administraciones públicas que han tenido que reaccionar ante lo imprevisible: fenómenos meteorológicos extremos como la dana, incendios forestales devastadores, accidentes ferroviarios con consecuencias trágicas o también las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica. En todos estos supuestos, el tiempo es un factor decisivo y la legislación no puede llegar tarde. Por eso hemos aprobado una serie de medidas urgentes que les paso a detallar. En primer lugar, empezaré por las que ocupan el capítulo primero del decreto ley, que garantiza que las ayudas concedidas a los afectados por la dana no tributen en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades cuando su naturaleza sea claramente indemnizadora o reparadora. Además, se armoniza el tratamiento tributario de ayudas concedidas por distintas Administraciones públicas y por entidades privadas sin ánimo de lucro, evitando desigualdades y reforzando la seguridad jurídica. En la misma línea, se declaran exentas las ayudas por daños personales derivados de los incendios forestales y otras emergencias acaecidas durante el verano del 2025.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre las...
«Termino inmediatamente, señor presidente. Tanto es así que ayer lo reconoció en una declaración pública el señor Aznar. (Rumores). Es decir, evidentemente, la independencia judicial en España no es un problema. Hablar de independencia judicial es entretenerse porque no hay ningún problema con la independencia judicial en España. Está plenamente garantizada y está reconocida por los jueces por encima de países como Alemania, Suecia o Bélgica. También está reconocida por el Consejo y por la Red Europea de Consejos, y en esa línea vamos a seguir trabajando, garantizando la independencia judicial y no llevando a cabo injerencias como pasó con otros Gobiernos de los que ustedes son socios. Gracias. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre las...
«Veo que le preocupa a usted que en las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en materia de justicia en los rótulos pongamos Gobierno de España. No le preocupa a usted tanto que aparezca un rótulo con Comunidad de Madrid o Xunta de Galicia o Junta de Andalucía; eso veo que no le preocupa a usted. Bueno, pues es la ley del embudo. ¿Qué le vamos a hacer? Y, por último, termina usted diciendo que el Gobierno cuestiona, ataca -en fin, estas cosas que dicen ustedes- la independencia judicial. Más datos; ante sus falsedades, datos. España es un país donde está garantizada la independencia judicial. Los propios jueces y el Consejo General de Poder Judicial lo reconocen, por encima de países como Alemania.»