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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Sáez Alonso-Muñumer · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global...
«Incluyen también otra enmienda para reforzar las actividades de I+D+i, medida de puro sentido común, ya que España invierte en I+D+i un 1,43 % del PIB, mientras en la OCDE la media es del 2,71 % y en la Unión Europea del 2,15 %. Presenta el PP otra enmienda para liquidar y distribuir la cantidad recaudada por el nuevo impuesto complementario a las comunidades autónomas cuanto antes. Parece que el PP tiene más prisa en que se repartan los ingresos adicionales que provengan del impuesto complementario que en aliviar la carga fiscal a las empresas. (Aplausos). Señorías, la recaudación que se obtenga por este impuesto debería traducirse en reducción de las cargas fiscales a todas las empresas españolas y autónomos, en medidas que potencien su competitividad y faciliten su crecimiento y expansión internacional. Termino. Señorías, estamos ante un Gobierno insaciable con el gasto y que pretende obtener más ingresos para mantener su red de subvenciones ideológicas; estamos ante un Gobierno que no quiere reducir el gasto público superfluo, ineficiente e innecesario; estamos ante un Gobierno que no entiende la importancia de mejorar la competitividad de las empresas españolas; estamos ante un Gobierno que el mejor favor que puede hacer a los españoles es irse. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
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Pablo Sáez Alonso-Muñumer · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global...
«Gracias, señora presidenta. Señorías, cuando este texto entró en el Registro general de esta Cámara se trataba de debatir sobre un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición. Del Congreso salió incluyendo más impuestos, como el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, o como el impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos. Además, con la coletilla 'y se modifican otras normas tributarias'; coletilla que para los socialistas significa 'y otras subidas más de impuestos'. Subidas de impuestos es algo que practican siempre los socialistas. Estamos ante un Gobierno que ha aumentado más de 81 veces los impuestos, cifra que con este proyecto de ley seguirá aumentando, aunque esto parece que la señora Montero no lo entiende muy bien. Estas subidas de impuestos supondrán una mayor carga fiscal y van en contra de la prosperidad de los españoles, de la competitividad de nuestras empresas y del futuro de España. Se trata de un impuesto que los Gobiernos acordaron en el seno de la OCDE, a espaldas de sus ciudadanos y empresas, y que la Comisión Europea ha decidido aplicar bajo amenaza de sanciones. Una Comisión Europea empeñada en que Europa siga perdiendo importancia en la economía mundial; empeñada en potenciar la deslocalización de las empresas europeas; empeñada en profundizar en la dependencia comercial de determinados gigantes económicos. Una Comisión Europea que está convirtiendo nuestro modelo social y económico en un sistema por el que la única forma de ensanchar el PIB es a través de subvenciones para mantener una estructura económica sin industria, sin campo y con un sector servicios dependiente del sector público.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global...
«Yo soy muy capaz de reconocer que me equivoco; sí, me equivoco. Me equivoco a menudo, seguramente me equivoco más de lo que acierto. En cualquier caso, lo hago indudablemente con la buena fe que pretende la distribución de la riqueza y con la convicción de que todo aquello que hago viene dirigido porque hay un motor ideológico, hay una voluntad de cambiar la realidad, porque es una realidad injusta, incómoda, para los que tenemos menos, y mucho más fácil para los que tenéis más. Quizás hay que bajar a la realidad del resto y así entenderéis por qué las rentas de capital no pueden ser como las rentas del trabajo y entenderéis por qué no queremos ciudadanos solo rentistas con los alquileres de los pisos. Por eso, queremos que, entre otras cosas, en materia de vivienda se ciñan las capacidades de sacar los pisos del mercado para hacerlos de temporada. Creemos que si un impuesto, gravamen, transacción, tributo o lo que sea -es decir, el establecimiento de una cuota pública que revierte en los presupuestos de todos- durante dos años no ha producido ningún drama económico, no ha producido ningún agujero, no ha producido ningún impacto en la cuenta de resultados de las empresas, se debe mantener porque se ha demostrado que no ha parado el funcionamiento de esta empresa y su consecución de beneficios. Y como esto es así, hablaremos con todo el mundo. Claro que lo haremos con todo el mundo. Pero no pretendan que cambiemos nuestros principios porque no lo vamos a hacer.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global...
«I per què creiem que si un impost o gravamen o exacció o tribut o el que sigui, és a dir, un establiment d'una quota pública que reverteix en els pressupostos de tots, durant dos anys no ha produït cap drama econòmic, no ha produït cap forat, no ha produït cap impacte en el compte de resultats de les empreses, s'ha de mantenir, perquè s'ha demostrat que no ha parat el funcionament d'aquesta empresa i la seva consecució de beneficis. I com que això és així, parlarem amb tothom, és clar que parlarem amb tothom. Però no pretengui que canviem els nostres principis, perquè no ho farem. Per tant, l'acord a que vam arribar amb el Govern del PSOE, amb el grup parlamentari del PSOE, incloïa, per donar suport a tota la resta del pacte fiscal... I permetin-me recordar també que això prové d'una transposició d'una directiva europea i, per tant, és important que s'aprovi; de la mateixa manera que conté el final del frau als hidrocarburs i, per tant, és important que...»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Y atención a los vientos que proceden de algunos oráculos de sectores izquierdistas del Tribunal Constitucional, según noticias publicadas sobre la nueva teoría del ala izquierdista de la corte, elegida -no olvidemos- por el consenso, según la cual un Parlamento no podría derogar leyes. Vaya por delante nuestro aviso a navegantes, pues dicha forma de proceder de la izquierda ya se intentó también en la Segunda República y -como ya se ha dicho en estas Cámaras- las leyes alcanzan su justificación siempre de una norma superior en el orden jerárquico de las normas del derecho. Este principio de unidad del orden jurídico es algo indiscutible en un Estado de derecho. Las leyes obligan como leyes porque nacen y porque alcanzan su fuerza de una norma suprema, la Constitución, de igual manera que los reglamentos y las sentencias alcanzan su fuerza de otra norma superior a ellos, que es la ley. De este encadenamiento, señorías, no se puede salir. Una ley no puede señalarse a sí misma las condiciones para ser derogada, porque entonces esa ley usurpa disposiciones y características que no residen en ella, sino que residen en la norma siguiente de la escala del orden jurídico único constitucional.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Cómo no vamos a mostrar desazón si este Gobierno nos habla de reformar la justicia cuando las decisiones de los tribunales y del Tribunal Supremo son pisoteadas arbitrariamente desoyendo sus resoluciones o sentencias, amnistiando delincuentes, manoseando la Fiscalía General del Estado o amenazando incluso con acabar con la acusación popular. En un sistema jurídico que se precie, las sentencias de los tribunales y del Tribunal Supremo deberían ser el punto final de cualquier controversia. (Aplausos). Su función no es solo garantizar la legalidad, sino también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los servidores públicos. Sin embargo, cuando estas decisiones carecen de eficacia práctica y permiten que persista o, peor aún, que se perpetúen actuaciones arbitrarias dirigidas a un objeto único -como, por ejemplo, la escandalosa arbitrariedad e injusticia en el caso del coronel Pérez de los Cobos- algo está fallando. Algo de esto debería decirse aquí, y VOX procurará que se diga en el futuro. Es alarmante cómo el incumplimiento reiterado del contenido de las sentencias puede minar la confianza en las instituciones y perpetuar la ilegalidad en la actuación administrativa, como hace este Gobierno, y la impunidad de quien, de forma reiterada, se burla de la ley y de las decisiones de los tribunales. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Su vulneración afecta no solo a las víctimas directas, sino también a la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando las sentencias judiciales se incumplen, como hace este Gobierno, mediante nuevos actos administrativos o decisiones arbitrarias igual de ilegales -así lo ha manifestado el Tribunal Supremo- se despoja a los ciudadanos de la protección que les garantiza el sistema y se abre puerta a la anarquía jurídica, quebrando el principio de seguridad jurídica. El Estado de derecho no puede ser una ficción. Cuando las decisiones del Tribunal Supremo se convierten en papel mojado, todos perdemos. Es hora de reclamar un sistema en el que la legalidad y la justicia no sean meras palabras, sino pilares fundamentales que guíen la actuación de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de servir al bien común. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Las derechas han pasado del bloqueo institucional al Consejo del Poder Judicial al bloqueo a cualquier medida para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para reconocer derechos a sus usuarios y a los profesionales de la justicia. No asumen que la justicia es de toda la sociedad, no de su propiedad. Es un servicio público cuya finalidad es satisfacer los derechos fundamentales de la gente en democracia. Por eso, por supuesto, estaremos en contra de estos vetos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En la izquierda plurinacional nos oponemos al veto de las derechas y reiteramos que nos comprometemos a abordar rápidamente la aprobación de acciones colectivas en garantía de derechos de consumidores y usuarios, para impedir las prácticas abusivas de las grandes empresas. (Aplausos). Y también quedan pendientes en esta ley más medidas para proteger las condiciones de trabajo y el empleo en el Servicio Público de Justicia, como ha venido reclamando Comisiones Obreras. También hay que dejar sin efecto esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno, que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos. Es bastante cuestionable que lo consigan, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso obvian la condición de vulnerabilidad de los inquilinos. Como aquí se ha explicado, se trata de un error no intencionado de algunos grupos, que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados golden visa de quienes especulan con la vivienda (aplausos), cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional -y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos-, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como -literal- un programa comunista de subversión de las instituciones. La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Para nosotros, esta ley contiene algunos elementos que nos han costado mucho y que, por tanto, es importante preservar, y cuando decimos esto nos volvemos a referir a los juzgados de paz. A pesar de que parece que solo uno de los grupos de la Cámara lo haya tenido como línea roja, ustedes saben que lo he repetido por activa y por pasiva: era, efectivamente, nuestra línea roja. Hemos dejado una buena organización y un buen vínculo con la justicia o la planta ordinaria y, por tanto, estamos contentos. Pero lo que se han señalado como elementos que faltan, los compartimos. Compartimos la necesariedad, es decir, que sea necesario el requisito para ir a Cataluña, lo compartimos también, y creo que aquí nos tendríamos que poner de acuerdo con lo que hace, por ejemplo, referencia a la función pública. Si hay una ley de función pública que se está tramitando, estaría bien unir esfuerzos más allá de lo que nos hayamos dicho o dejado de decir en este hemiciclo, con el objetivo de que no puedan destacar funcionarios del Estado en Cataluña que no conozcan las lenguas y que, por tanto, hagan imposible la atención de la ciudadanía en su propio idioma. Creemos que lo que se ha conseguido es suficiente como para votar en contra de este veto del Senado. Pero que sea suficiente no quiere decir que sea todo lo que hacía falta, pero es una gran parte.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Per nosaltres, aquesta llei conté alguns elements que ens han costat molt i que, per tant, és important que preservem, i quan diem això ens tornem a referir als jutjats de pau. Malgrat que sembla que només un dels grups de la cambra ho hagi tingut com a línia vermella -vostès saben que ho he repetit per activa i per passiva: era, efectivament, la nostra línia vermella-, hem deixat una bona organització i un bon lligam amb el que és la justícia o la planta ordinària i, per tant, estem contents. Però el que s'ha assenyalat com a elements que falten els compartim, compartim que sigui necessari el requisit per anar a Catalunya. I ho compartim també -i aquí crec que ens hauríem de poder posar d'acord- amb el que fa, per exemple, referència a la funció pública. Si hi ha una llei de funció pública que s'està tramitant, estaria bé unir esforços, més enllà del que ens haguem dit o deixat de dir en aquest hemicicle, per mirar que no puguin destacar funcionaris de l'Estat a Catalunya que no coneguin les llengües i que, per tant, facin impossible l'atenció de la ciutadania en el seu propi idioma. Per tant, creiem que el que s'ha aconseguit és suficient com per votar en contra d'aquest veto del Senat. Que sigui suficient no vol dir que sigui tot el que calia, però n'és una gran part.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«No queremos una eficiencia corporativa en interés solo de jueces, debates, funcionarios y no queremos una eficiencia que sea la mejora del Servicio Público de Justicia solo para estos órganos, para estos componentes del servicio de justicia, sino que lo sea también para la ciudadanía y todos los profesionales de la justicia. Queremos una ley que sea eficiente para resolver los conflictos de la sociedad, porque sobra Administración y falta una justicia cercana a la ciudadanía. Por eso, desde el primer momento hemos dicho que era necesario devolver la ley a la sociedad, a la realidad territorial y lingüística. Por ejemplo, hay que reconocer competencias autonómicas o favorecer que los procuradores pasen a ser más cooperadores de la Administración de Justicia y puedan realizar actuaciones materiales, por ejemplo, en la ejecución de sentencias. También hemos conseguido que finalmente se cree el partido judicial de Sant Cugat, pero, especialmente, sobre todo, como hemos dicho repetidamente, nuestra línea roja ha sido el mantenimiento de la justicia de paz como órganos judiciales efectivos y plenamente integrados en el Poder Judicial, y lo hemos conseguido. La justicia de paz se mantiene, la competencia de Cataluña en justicia de paz no se toca, los jueces de paz no se tocan, las competencias judiciales de los noventa y ocho jueces de paz catalanes no se tocan. En la tramitación de esta ley, insisto, nuestro esfuerzo ha sido para acercar la ley, demasiado corporativista y alejada de la realidad, a un modelo de justicia cercano a la ciudadanía y respetuoso con el territorio. Señorías, hay un tópico que he escuchado decir aquí alguna vez y que es falso o que al menos se ha demostrado falso en esta tramitación legislativa, y es aquello de que la presión hace diamantes. Es mentira, porque las prisas y la presión no crean diamantes, y menos en una tramitación legislativa tan compleja como la que nos ocupa.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ahir, el ministre Bolaños retreia als diputats del PP que es rebolquin en el bulo, en la mentida, i, fins i tot, el ministre Marlaska els va reclamar als mateixos diputats del PP que demanin perdó per haver-nos acusat falsament. El que cal, el que demanem des de Junts per Catalunya és menys gesticulació i més coherència i que els que ara s'escandalitzen amb el que està fent el poder judicial es comprometin a reformar a fons el poder judicial, incloent -incloent- una inexcusable reforma per establir la responsabilitat penal dels jutges quan delinqueixen. I també considerem que aquests que ara es queixen tant del poder judicial i la seva actuació arbitrària han de prendre la responsabilitat i començar a donar exemple ells, perquè si es queixen de que els jutges es neguen a aplicar una llei com la llei d'amnistia, el primer que han de fer és assumir-la ells mateixos, assumir-la política i actuar en conseqüència. Moltes gràcies. Presidente, señorías, señor ministro. Como han dicho repetidamente, la propuesta del Gobierno para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia no es nuestra propuesta. La pretensión era mejorar el funcionamiento en este servicio de justicia, suprimiendo los juzgados unipersonales y agilizar procedimientos, eliminando retrasos innecesarios. Todo apunta a que vamos hacia una indeseable administrativización de la justicia, hacia una justicia más formalizada y alejada de los ciudadanos y sus necesidades. Los colegios de abogados ya han advertido de los perjuicios que esta digitalización, las videoconferencias y el cambio en la organización judicial, comportará para la presencialidad y la inmediatez de los juicios.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«President, senyories, senyor ministre... Com hem dit repetidament, la proposta del Govern per millorar l'eficiència en el servei públic de justícia no és la nostra proposta. La pretensió era millorar el funcionament en aquest servei de justícia suprimint els jutjats unipersonals i agilitzar els procediments eliminant retards innecessaris. Considerem que queda enfosquida, perquè tot apunta que anem cap a una indesitjable administrativització de la justícia, cap a una justícia més formalitzada i allunyada dels justiciables, dels ciutadans i de les seves necessitats. Els col·legis d'advocats ja han advertit dels perjudicis de la digitalització, de les videoconferències i del canvi en l'organització judicial que comportarà per a la presencialitat i la inmediació dels judicis. No volem una eficiència corporativa en interès només de jutges, de [#01.39] i de funcionaris; volem una eficiència que no sigui la de la millora del servei públic de justícia només per a aquests òrgans, per a aquests components del servei de justícia, sinó que també ho sigui per als ciutadans i per a tots els professionals de la justícia. Volem una llei que sigui eficient per resoldre els conflictes de la societat. Sobra Administració i falta una justícia propera als ciutadans. Per això, des del primer moment hem dit que calia retornar la llei a la societat, a la realitat territorial i lingüística, per exemple, fent que la llei reconegui les competències autonòmiques o afavorint que els procuradors passin a ser més cooperadors de l'Administració de justícia i puguin realitzar actuacions materials, per exemple, en l'execució de sentències.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«El sistema de justicia de nuestro país está sufriendo desde hace décadas esas insuficiencias que son ya estructurales. Todos y todas teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente, eficaz y, sobre todo, justo para la ciudadanía. Eso es de lo que se trataba, y me refiero al objeto de la ley: eficiencia y eficacia de la justicia. Eso es lo único que teníamos que haber trabajado, pero, una vez más, en esta legislatura se presentaron enmiendas sobre desahucios y otras relacionadas con la vivienda, esta vez por parte del Grupo Nacionalista Vasco, que retiró varias enmiendas y dejó dos vivas. Ya lo dijimos en su momento, no son objeto de la ley. Modifican la Ley sobre Propiedad Horizontal, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dos de ellas eran orgánicas. Aunque retiraron algunas, pues, se dejaron otras enmiendas. El Gobierno nunca nos debería haber traído hasta aquí, a este Pleno, para votar esas enmiendas. El Gobierno tenía que haber vetado esas enmiendas antes de que llegasen a la comisión, porque no son objeto ni materia de esta ley. Hoy no estaríamos aquí. Pero también tengo que decir que esta enmienda no salió adelante en la Comisión de Justicia y por eso no estaba incorporada en el dictamen. La enmienda que se aprobó en Pleno no estaba incorporada en el dictamen, por eso llega aquí viva y se vota aquí en el Pleno. ERC y Bildu votaron a favor de esa enmienda y, evidentemente, con el apoyo del Grupo Popular salió adelante. Votaron por error, y ya se incorporó a la ley, eso sí, aquí en Pleno. Y nos encontramos con esta situación. Por eso, lo único que podemos decir desde Podemos es que, al final, siempre tiene que ser Podemos quien dé la batalla, quien esté negociando durante semanas con el ministerio para que se revierta esta situación que, desde luego, no es nuestra responsabilidad. Porque nosotros hemos cumplido con los acuerdos a los que llegamos con el Gobierno, nosotros hemos votado en contra de esa enmienda en comisión, y también en Pleno, y, sin embargo, ahora está incorporada en el texto. Al final, Podemos es quien tiene siempre que intentar resolver el problema y quien siempre tiene que velar por garantizar los derechos de todos y de todas. Al final, es Podemos quien está preocupado por que con nuestros votos no se legitime ningún desahucio. Siempre hemos dicho -y con esto voy a terminar- que con los votos de nuestra organización política, de Podemos, no vamos a recortar derechos y tampoco vamos a legitimar desahucios, como está ocurriendo en este momento. Nada más. Seguiremos trabajando siempre, hasta el último momento, para que nuestros votos nunca sirvan, como digo, para recortar derechos ni para legitimar desahucios. Muchas gracias.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Había una segunda condición que puso Podemos y no solo en esta legislatura, sino también cuando formamos parte del Gobierno en la anterior, donde fui ponente de esta misma ley. Entonces también nos opusimos categóricamente a que dentro de la ley se tramitasen enmiendas que tienen que ver con la vivienda o con los desahucios. Esto no es objeto de la ley, lo dijimos en su momento, en la legislatura pasada; por eso, básicamente la ley no salió adelante. Fue una batalla muy dura para que esas enmiendas se retirasen. Voy a recordar una cosa. Esta es una ley de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, como su nombre indica, es una ley que organiza la justicia para que sea más eficaz. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que hubiese enmiendas con respecto a la vivienda y los desahucios en una ley como esta, de cuestiones de procedimiento. Es una ley que están esperando los operadores jurídicos -lo sabemos-, pero también los administrados de justicia desde hace muchísimo tiempo. Además, como he dicho otras veces, siendo abogada sé perfectamente que cuando la justicia es lenta, no es eficaz y no es eficiente, la justicia no es justa. Por eso, esta ley es muy necesaria y nosotras lo entendemos así.»
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Juan Bravo · PP ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el...
«Muchas gracias, señor vicepresidente. Empezaré, como no puede ser de otra manera, con el reconocimiento de lo que el presidente Feijóo ya les trasladó, y es el voto favorable para cualquier decreto ley que tenga como finalidad ayudar a todos aquellos que han sufrido la DANA, sin género de dudas. (Aplausos). Me gustaría también poner en valor que el Gobierno en estos reales decretos leyes no ha incorporado ningún tema intruso, con alguna pequeña excepción, ha respetado que sean ayudas por la DANA, y eso también hay que ponerlo en valor. Dicho esto, me permitiría, señor vicepresidente, pedirle si pueden retirar lo que dijo el señor de Podemos, que ya creo que no está aquí, en relación con el señor Mazón, al que llamó gestor homicida. Miren, si me lo permiten, el señor Mazón, con sus aciertos y sus errores -como él ha dicho- estuvo al lado de su majestad el rey en todo momento, en los momentos más complicados. (Aplausos.-Rumores). Ha pedido disculpas públicamente y ha vinculado su futuro a la reconstrucción. Yo, del portavoz del Grupo Socialista, no he oído ninguna disculpa ni ninguna asunción de errores.»
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Vicent Manuel Sarrià Morell · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el...
«Gracias, señor presidente. Señorías, señor Flores, de córvidos y vultúridos ustedes entienden bastante. (Aplausos). Dicho esto, lo primero es señalar lo obvio. Los efectos de la catástrofe por la DANA en Valencia son de una magnitud desconocida en nuestra historia reciente. A los 223 muertos hay que sumar alrededor de cien mil hogares, treinta mil empresas y cuatrocientos mil trabajadores afectados. Son cifras que, sin duda, ilustran, junto a la destrucción de infraestructuras públicas y privadas, el enorme reto de reconstrucción que tenemos por delante, una reconstrucción que sin duda sabemos también que no será sencilla, que exigirá muchos recursos, demandará eficacia, agilidad y coordinación entre todas las administraciones del Estado y, por qué no decirlo también, lealtad. Sabemos también que será necesario ir adaptándola en su desarrollo e ir implementando las medidas económicas y sociales conforme avancemos en ella. El Gobierno de España activó desde el primer momento un plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento que a día de hoy ya ha movilizado más de 16 000 millones de euros. Lo urgente en el primer momento era atender la emergencia, reforzar la protección social de los afectados, de los trabajadores, recuperar en la medida de lo posible la normalidad y sentar las bases para la recuperación del tejido productivo. Los reales decretos 6/2024, de 5 de noviembre, y 7/2024, de 11 de noviembre, ya convalidados, respondían a esa primera reacción, que se traducía en más de 14 000 millones de euros en ayudas urgentes para reforzar el escudo social y reactivar el tejido productivo, 110 medidas en el ámbito energético, en la protección de los consumidores, en el ámbito tributario, en materia agraria, en vivienda, en medidas laborales de protección del empleo, en medidas para recuperar la movilidad y reconstruir infraestructuras, en el ámbito educativo y cultural.»
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Carlos Flores Juberías · Vox ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el...
«¿Qué le aconsejaría usted, señor Bolaños, hacer a mi amigo Vicente? No es menester que suba a la tribuna para contestarme porque ya ha contestado a esa pregunta. Lo ha hecho a través del Boletín Oficial del Estado. En su decreto ley anexos 1 y 10 nos lo explica: por comprar un vehículo usado de particular a particular, la ayuda ofrecida por su Gobierno es de cero euros. Por comprar un vehículo usado de más de tres años de antigüedad, la ayuda ofrecida por su Gobierno es cero euros. (Aplausos). Por comprar un vehículo nuevo de combustión la ayuda es de 5000 euros. Y si compras un eléctrico viene Papá Noel en su trineo tirado por Rudolf y te deja 10 000 euros. En otras palabras, este Gobierno, que se dice obrero, le pondrá 10 000 euros de dinero público en el bolsillo a quien mañana se gaste los 63 747 euros que vale un Mercedes EQA nuevo de trinca, y le dará una palmadita en la espalda y mucho ánimo a quien no pueda gastarse más que 5000 en un Seat Ibiza de segunda mano. Es decir, este Gobierno, que se dice obrero, ha cambiado la fórmula de que paguen más quienes más tienen por la fórmula de que cobren más quienes más gasten. (Aplausos). Porque no nos engañemos, incluso en mitad de la tragedia, la principal preocupación de este Gobierno sigue siendo la de hacer caja. Calculen cuanto pagará de IVA quien se compre un eléctrico de 50 000 euros y cuánto pagará quien se haga con un gasoil de 5000, y verán como todo empieza a encajar.»
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Carlos Flores Juberías · Vox ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el...
«Pero vayamos a lo que nos ocupa esta mañana, que no es otra cosa que la convalidación o no del Real Decreto 8/2024. Reconozco que su lectura se me ha hecho bastante cuesta arriba, pero no porque me aburra leer textos normativos de casi cien páginas -tratándose de ayudas para mi gente, ojalá hubiesen sido doscientas-, sino porque me ha puesto de nuevo ante la evidencia de que ni siquiera cuando lo urgente es remediar la más devastadora tragedia que hemos sufrido los españoles en décadas es capaz este Gobierno de dejar de hacer proselitismo de su ideología y propaganda de sus políticas. Introducen ustedes un nuevo tipo de permiso laboral por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación por situaciones de riesgo grave e inminente, y no se les ocurre mejor chorrada que bautizarlo como 'permiso climático'. No pasa un solo día sin que los medios se hagan eco del clamor popular de que las ayudas no llegan. Pregúntenle a Quique, fotógrafo de Alfafar, que acaba de reabrir su tienda gracias, dice él, a las ayudas de la Fundación Alcem-se y de la Orden de Malta mientras que las públicas están todavía por llegar. (Aplausos). Y llenan la exposición de su decreto ley con loas a la eficacia de su Gobierno.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el...
«Por último, permítanme que también haga una referencia a medidas de carácter procesal que tienen que ver con la tramitación de los procedimientos judiciales que están en curso, porque también desde Justicia hemos incluido disposiciones para una tramitación preferente de determinados procedimientos judiciales que tengan que ver con los afectados de la DANA. En el orden civil, las acciones que tengan como fundamento los daños causados por este fenómeno tendrán tramitación preferente, así como, en el orden social, los procesos por despidos o extinción de contratos por causas económicas, cuando se realicen por empresas beneficiarias de las ayudas de la DANA. Voy concluyendo. El informe que estoy presentando sobre el impacto de la catástrofe es difícilmente superable. La memoria de las víctimas siempre nos acompañará y, desde luego, permanecerá en el recuerdo, en especial esas personas que han fallecido y algunas que todavía están desaparecidas. Las recordamos con todo nuestro afecto y todo nuestro cariño. (Aplausos). Después de una tragedia de estas características, a las Administraciones públicas, a esta Cámara, al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat y a los distintos ayuntamientos solo nos queda aminorar, en la medida de lo posible, el impacto material y permitir cuanto antes que los ciudadanos recuperen sus condiciones de vida y su modo de vida habitual. Por eso, y lo digo con orgullo, creo que hemos estado a la altura, que han estado todos ustedes a la altura, excepto un grupo parlamentario. Apoyar estas ayudas es lo que nos pide la ciudadanía, la gente, sobre todo los afectados por esta catástrofe. Por tanto, solicito su apoyo para este real decreto ley. Es para lo que estamos aquí, para dar ayudas y tratar de acompañar y proteger a aquellas personas que lo pasan peor. Gracias. Buenos días. (Aplausos).»
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Milagros Marcos Ortega · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Escúchenme bien; escúchenme bien, y sobre todo los señores que están en la bancada: el campo tiene derecho a elegir a sus representantes, ustedes también tienen derecho a elegir a sus representantes (aplausos) y usted, usted, a convocar elecciones, a regularlo por ley. Si la ley de amnistía la aprobaron en quince días, esta no tiene por qué esperar cinco años más. No pasa nada por convocar elecciones, se lo digo desde la experiencia. La democracia nunca hace daño, señor Planas. En Castilla y León se convocan con regularidad. Le puedo explicar cómo, no tengo ningún problema. Mire, señor ministro, yo entiendo su frustración. Más de seis años sumiso y sin premio se le deben de estar haciendo muy largos, pero no la pague con el sector. ¡Que lleva desde el mes de marzo sin convocar el Consejo Agrario, hombre! ¿Qué ha estado haciendo? ¿Preparando la estrategia intervencionista? No humille más ni denigre a los agricultores y ganaderos. Quiénes le firmaron el acuerdo fue a cambio de elecciones, y no tienen por qué entrar por la puerta de atrás. (Aplausos). ¿O es que pretenden hacer lo mismo con todos los sectores? ¿Van a hacer lo mismo? Con las instituciones públicas ya sabemos que sí, pero ¿les ha dicho usted lo mismo a los representantes de la construcción, de la hostelería, de la industria, a Comisiones Obreras, a UGT o a CSIF? ¿Les ha dicho que a partir de ahora deciden ustedes por ley quién es representativo y quién no lo es? ¿Les ha dicho que van a decidir ustedes el voto por ellos?»
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Milagros Marcos Ortega · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Buenos días, señorías. Señorías de la bancada socialista, señor ministro, ¿qué es esto? (Muestra un documento). ¡¿Qué es esto?! Han convertido la ley de desperdicio alimentario en un auténtico desperdicio de ley, solo a la altura del desperdicio de Gobierno que la propone. (Aplausos). Tiene todos los ingredientes del sanchismo: un peón, el ministro Planas; un afán recaudatorio sin límites, se quieren quedar con el IVA de las donaciones de alimentos; más gasto público y una reforma legal por la puerta de atrás para montarse una agencia estatal, la AICA, y un terrible intervencionismo antidemocrático en el proceso de representatividad de las organizaciones agrarias. Sí, todo esto lo han metido en la ley de desperdicio alimentario. Es evidente lo que les preocupan la gente y el desperdicio: nada. ¡Nada! (Aplausos). Cada año -y este tema es muy importante para el Partido Popular- se desperdician en España más de 1200 millones de kilos de alimentos según el último estudio. Somos el farolillo rojo de la pobreza infantil en la Unión Europea: 11 puntos por encima de la media, un 34,6 % de niños en pobreza severa, y cada día peor. El índice de miseria es el más alto de toda la Unión; miseria es paro y es inflación, ¿lo saben? Y cada día peor porque han subido ya ochenta y una veces los impuestos. La cesta de la compra es un 36,6 % más cara y, aunque recaudan 150 000 millones de euros más, siguen subiendo los impuestos: el IVA al pan y ahora la energía y el gasóleo. Será que tener un coche diésel y comer pan o calentarse es cosa de ricos. Sabiendo como saben esto, todavía se permiten el lujo de estar chalaneando más de un año con esta ley tan importante y necesaria y de dinamitar el consenso que hubo en esta ley la pasada legislatura. No sé cómo se atreven a venir aquí sin ningún pudor la víspera de Navidad intentando hacer caja con el IVA de las donaciones, pretendiendo impedir que el dinero que donamos todos los españoles para comprar alimentos llegue íntegro a quienes lo necesitan. Dos años sin aplicar el IVA cero que propuso el Grupo Popular en la ley de residuos. Se han embolsado 110 millones de euros por incumplir la ley, según sus cuentas. ¿Saben cuántas personas podían haber comido con 110 millones de euros en estos dos años? ¿Le han preguntado a la gente que dona alimentos si prefiere que se queden ustedes el dinero del IVA para comprar votos o pagar la investidura de Illa, o para que las ONG compren comida? Pregúnteles, están esperando, están ahí arriba. Para que esto no ocurra deben no apoyar el voto particular del PSOE a la enmienda 272, para que el IVA de las donaciones de alimentos sirva de verdad para comprar alimentos. Simplemente deben hacerlo, señorías, si realmente quieren reducir el desperdicio, y deben votar no al veto a los grandes logros que el Partido Popular ha conseguido introducir en esta ley con las enmiendas 276 y 278 y en la transaccional 36. Así se reducirá el desperdicio, no a base pagar más sanciones, sino aumentando la rentabilidad que están suplicando nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, y que el Gobierno les niega sistemáticamente.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Sin embargo, quedan cosas pendientes, para nosotros, importantes. Queda pendiente incluir la obligatoriedad de medir y cuantificar las pérdidas y el desperdicio alimentario por parte de las empresas de la cadena alimentaria. Nos parece una medida fundamental, aunque en este caso el Grupo Socialista se ha negado en rotundo a aceptarla, a pesar de que no hemos dejado de intentarlo. Como ya recoge la ley catalana, nosotros entendemos que poseer información sobre el volumen de productos perdidos es fundamental para aplicar bien las políticas que pongan fin a este desperdicio alimentario. Sin datos, diputadas y diputados, es complicado incidir del modo más adecuado. Y un apunte para acabar respecto de la representatividad de las organizaciones agrarias de ámbito estatal, para que estas puedan garantizar la consideración efectiva de tal representatividad y así también puedan interlocutar con los poderes públicos. Hemos trabajado intensamente para incluir ciertos requisitos que les permitan ejercer como tales, y una vez más quiero poner en valor a mi país, quiero poner en valor a Cataluña. En 1975, moría el dictador Franco y, en 1993, mi país aprobó la primera ley democrática en el campo de todo el Estado español. Solo un año después, en 1994, en Cataluña ya celebrábamos elecciones agrarias, unas elecciones democráticas. Desde entonces y hasta ahora han pasado casi cinco décadas, casi cincuenta años, y hoy vuelve a haber un reconocimiento democrático para todo el mundo, y esto es para celebrarlo, a pesar de que instamos a todos los territorios del Estado a celebrar, evidentemente, elecciones democráticas en el campo. En definitiva, en Cataluña la democracia siempre ha sido nuestra bandera.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Y decimos inmoralidad porque el informe del estado de la pobreza elaborado en 2024, este año, nos habla de la terrorífica cifra de casi un 65 % de la población que no ha podido permitirse el lujo -y digo el lujo, cuando no debería ser así- de comer carne o pescado en ninguna de sus comidas, en ninguna, y es una cifra que aumenta cada año. De ahí la importancia de que el Estado español también se pusiera las pilas y legislara para poner freno al desperdicio alimentario. Y, entrando rápidamente en materia, como el balance de las medidas que hasta el momento hemos conseguido en el Grupo Republicano, en Esquerra Republicana, destacaré solo algunas. En primer lugar, incluir la prevención como la primera opción en la jerarquía de prioridades. Lo defendemos siempre así, lo hicimos en la pasada legislatura en la ley de residuos. Para nosotros el mejor residuo es el que no se genera, porque del mismo modo la no generación de excedente alimentario es la opción óptima para no provocar pérdidas; es sencillo de seguir. Hemos conseguido, por tanto, que la prevención sea recogida en primer término de la jerarquía de prioridades; también incorporando en los contratos públicos -para nosotros muy importante- cláusulas para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Nos parece básico que en los pliegos de cualquier contrato del sector público se incluyan las prácticas adecuadas desde el punto de vista del desperdicio alimentario, como al final, gracias a la negociación, también hemos podido conseguir; además de incluir la posibilidad de regular la especulación. Esta actividad se desarrolla en distintas zonas agrícolas para recuperar los excedentes que, aunque son totalmente comestibles, se tiran, a menudo porque no son bonitos de ver. Pues hemos conseguido que se reconozca la soberanía de las comunidades autónomas para regular esta actividad sin ánimo de lucro para prevenir las pérdidas de alimentos.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Gràcies i enhorabona. Buenos días, diputadas y diputados. Saludos cordiales a las personas, entidades, asociaciones y organizaciones agrarias que nos acompañan aquí, en la tribuna de invitados. Por fin parece que, si nada se tuerce -pero nunca se sabe en esta casa-, dentro de un rato daremos luz verde a la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en este Estado. Es un texto legislativo que hay que decir que ya existe en mi país. En marzo de 2020, en el Pleno del Parlamento de Cataluña se aprobó -y se hizo por unanimidad- la primera ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Fue una ley pionera, una ley que prioriza la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en origen ante la redistribución de los excedentes a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Una vez más el Parlamento catalán se adelantaba, legislando sobre uno de los mayores problemas -si me permiten- éticos, y medioambientales también, del actual modelo de consumo: la ingente cantidad de alimentos que día tras día acaban en la basura. Y no es para menos, según el Informe de consumo alimentario en España del año 2022, hace justamente dos años, que elabora el propio ministerio, se dice que cada ciudadano del Estado español tiró una media de 25 kilos de alimentos a la basura -en un año, 25 kilos-, y esto es un total de 1200 millones de kilos de alimentos sin consumir que se han perdido. Y aunque en su momento hay que decir que el ministro Planas vendió como un triunfo esta cifra porque era más baja que la cifra anterior a la COVID-19, a nosotros no nos lo pareció. No nos pareció adecuado que nos alegráramos de esta cifra, básicamente porque esta cifra equivale -atención- a 200 000 elefantes africanos o a 747 aviones de comida y alimentos que se perdían y se pierden todavía, y esto, evidentemente, nunca puede ser una victoria de ninguna Administración pública, especialmente cuando esta ligera disminución del desperdicio alimentario responde también, como el propio Gobierno admite, al hecho de que los precios de los alimentos básicos sean más caros; en ningún caso responde a otra razón o a otro hecho. Creemos, en definitiva y en resumen, que es una inmoralidad.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Entrant en matèria de manera molt ràpida, com a balanç de les mesures que fins al moment hem aconseguit des del Grup Republicà, des d'Esquerra Republicana, en destacaré alguns. El primer, incloure la prevenció com la primera opció en la jerarquia de prioritats. Ho defensem sempre així, eh?; ho vam fer la passada legislatura també amb la llei de residus. Per nosaltres el millor residu és aquell que no es genera, perquè, de la mateixa manera, la no generació d'excedent alimentari és l'opció òptima per no provocar pèrdues -és senzill. Hem aconseguit, doncs, que la prevenció sigui recollida en primer terme de la jerarquia de prioritats. També incorporar en els contractes públics -per nosaltres molt important- clàusules per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Ens sembla bàsic que en els plecs de qualsevol contracte del sector públic s'incloguin les pràctiques adequades des del punt de vista del desaprofitament alimentari, com al final, gràcies a la negociació, també hem pogut aconseguir. També incloure la possibilitat de regular l'espigolament, per nosaltres també clau. Aquesta activitat, l'espigolament, és una activitat que es desenvolupa en diferents zones agrícoles i es fa per recuperar, òbviament, els excedents que, malgrat ser totalment comestibles, es llencen, massa vegades perquè no són bonics, no? Doncs hem aconseguit que es reconegui la sobirania de les comunitats autònomes per poder regular l'espigolament com una activitat sense ànim de lucre per prevenir les pèrdues d'aliments.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
«Bé; molt bon dia, diputades i diputats. Una salutació cordial a les persones, entitats, associacions, organitzacions agràries que avui ens acompanyen a la tribuna de convidats. Per fi sembla que, si res no es torça -que mai se sap en aquesta casa-, en una estona donarem llum verda a la llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari en aquest Estat, un text legislatiu que, val a dir, ja existeix al meu país. El març del 2020, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, i ho va fer per unanimitat, la primera llei de prevenció de les pèrdues i desaprofitament alimentari. Una llei pionera, una llei que prioritza la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari en origen davant de la redistribució dels excedents al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final. Una vegada més, el Parlament català s'avançava, s'avançava legislant sobre un dels majors problemes, si m'ho permeten, ètics, i mediambientals també, de l'actual model de consum: la ingent quantitat d'aliments que dia rere dia acaben a les escombraries. No és per menys, eh? Segons l'Informe del consum alimentari a Espanya de l'any 2022 -fa justament dos anys-, que elabora el propi ministeri, cada ciutadà de l'Estat espanyol va llençar una mitjana de 25 quilos d'aliments a les escombraries en un any -25 quilos. Això és un total de 1200 milions de quilos d'aliments sense consumir que s'han perdut. I encara que en el seu moment, val a dir també, el ministre Planas va vendre com un triomf aquesta xifra, perquè era més baixa que la xifra d'abans de la covid, a nosaltres no ens va semblar adequat, eh?, que ens alegrem d'aquesta xifra, bàsicament perquè aquesta xifra equival -atenció- a 200 000 elefants africans o a 747 avions de menjar que es perdia, i encara es perd, i això, òbviament, mai pot ser una victòria de cap Administració pública, i especialment quan aquesta lleugera disminució del malbaratament alimentari respon, també, com el propi Govern admet, al fet de que els preus dels aliments bàsics siguin més cars; en cap cas respon a cap altre fet. Creiem, en definitiva, que tot plegat és una immoralitat. I diem immoralitat perquè l'informe de El estado de la pobreza, elaborat el 2024, elaborat enguany, ens parla de l'esgarrifant xifra de gairebé un 65 % de la població que no ha pogut permetre's el luxe -dic el luxe, quan no hauria de ser així- de menjar carn o menjar peix en cap dels seus àpats cada dos dies, en cap dels seus àpats, una dada que augmenta any rere any. D'aquí, doncs, la importància que l'Estat espanyol també es posés les piles i legislés per posar fre al desaprofitament alimentari.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los escándalos que rodean la gestión del Ministro para...
«El tercer caso que inhabilita -según su opinión- al señor López para ostentar la cartera de Transformación Digital y Función Pública tiene que ver con la supuesta filtración de información de la Fiscalía General del Estado en relación con 'un ciudadano' -dicen ustedes en el texto-, aunque se refieren -y ya lo ha dicho antes el interviniente del Partido Popular- a la pareja de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Curiosa doble vara de medir, siendo de conocimiento público que este ciudadano del que ustedes hablan es un defraudador confeso a la Hacienda Pública. En su moción sostienen que la filtración partió del Gobierno, sin tener ninguna prueba de ello. En noviembre, se publicó en prensa que la UCO había hecho un informe sobre la filtración del correo electrónico relacionado con la investigación por delitos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En ningún lugar de ese informe la UCO señala a ningún miembro del Gobierno, por lo que estamos ante una conjetura más que ustedes están alimentando. Piden ustedes un informe sobre esa documentación confidencial que se filtró cuando es una cuestión imposible, ya que la propia UCO no señala que se haya filtrado ninguna información desde el Gobierno.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los escándalos que rodean la gestión del Ministro para...
«Muy buenas tardes. Nosotros hemos leído atentamente sus propuestas de acuerdo, y creemos que tanto la interpelación de la semana pasada como esta moción que trae causa de aquella interpelación se pueden enmarcar dentro de esa estrategia que está llevando adelante el Partido Popular para desgastar al Gobierno. (Rumores). Casi un año y cinco meses después de las elecciones generales siguen sin aceptar que están fuera del Gobierno. Esta vez le ha tocado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, pero en su exposición de motivos la verdad es que no dejan títere con cabeza. Llegan a afirmar que es evidente que hay un caso generalizado de prácticas corruptas y poco éticas no solo en el Partido Socialista, sino también en el Gobierno, y que existe una larga lista de personas implicadas en delitos muy graves, dando por hecho cuestiones que actualmente están siendo investigadas en sede judicial. En su moción hablan del rol estratégico que ocupaba el ministro antes de su nombramiento al frente de la cartera de Transición Digital y Función Pública y le achacan tres casos en los que dicen que está implicado. El primero es la adjudicación de cuatro contratos de la empresa pública Red.es a la empresa Innova Next. Esos contratos están siendo investigados por la Fiscalía Europea, y dicha investigación no ha concluido. La última actuación realizada por la Fiscalía Europea fue pedir en julio al juez Peinado que le informara de los hechos que investiga y el registro de Red.es. El interés de la Fiscalía Europea es conocer si el procedimiento afecta a contratos suscritos con fondos europeos. A ustedes aquí les da igual poner en duda la eficacia y la imparcialidad en la aplicación de la ley de contratos del Estado.»