Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
67 declaraciones · página 2 de 3
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Las causas del apagón están claras. Los análisis sobre el origen de la perturbación en la red son necesarios, pero el problema es la incapacidad de una red en manos de múltiples intereses privados de corregir problemas cuando surgen. La famosa y mágica autorregulación del mercado que, según los profetas neoliberales, siempre funciona, como por arte de magia, que nuevamente priorizó los intereses particulares a los de toda la sociedad. La disputa entre Red Eléctrica y las empresas de generación no son más que un trampantojo para evadir responsabilidades. La concepción privada del sistema de generación y distribución eléctrica no garantiza el suministro ni la seguridad en cuanto a estabilidad de la red, en cuanto al acceso al servicio por parte de toda la sociedad y, en especial, para los sectores más populares de nuestro país. Red Eléctrica ha demostrado capacidad técnica en la recuperación del sistema en un tiempo récord y por eso debemos felicitar a los trabajadores, pero también ha demostrado su ineficiencia como operador del sistema por su falta de vigilancia, por la adopción de criterios generales de operación que ponen en riesgo el suministro de electricidad. Y de las empresas privadas de generación poco puede esperarse. Su compromiso es con la maximización de los beneficios y no con la prestación a la sociedad de un servicio esencial ni con el bienestar de sus trabajadores. Dejar en manos del capital privado un sector estratégico como el eléctrico es una irresponsabilidad. (Aplausos). Y este grupo de la izquierda plurinacional seguirá planteando la necesidad de un sector eléctrico cien por cien público, como desde hace décadas plantea Izquierda Unida.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Por otra parte, las causas del apagón ya son conocidas tras el exhaustivo trabajo de los equipos interdisciplinares que han elaborado el informe del comité para el análisis de la crisis de electricidad, que no es reservado, que está en la página web. Lo único que hay reservado son los datos de compañías eléctricas presuntas responsables. Y, primera conclusión, no ha sido un ciberataque ni un hackeo; ha sido una falla horrible en la forma de organizar y funcionar el sistema, que se produjo por la oscilación de las sobretensiones. A continuación, se produjeron pérdidas de generación eléctrica y el sistema acabó sin funcionar porque no lo hicieron ni los cortafuegos ni los mecanismos de recuperación que debían haber implementado mayoritariamente las compañías eléctricas. Y es preocupante la constatación de que no todos los operadores han dado la información solicitada. Hablamos de compañías eléctricas que han multiplicado sus beneficios en los últimos años con un sistema de tarifas controlado por ellas y que es unánimemente considerado abusivo por toda la sociedad. Resulta que ni siquiera nos han dado información fiable de lo que ha ocurrido. En muchos casos ni siquiera han dado la información y en otros casos se ha constatado que hay datos diferentes sobre una misma variable según la empresa que la dé. ¿En función de qué? En función de si la empresa que debía darla resulta afectada o responsable de una forma u otra por esa variable, escurriendo el bulto, eludiendo responsabilidades, lo que significa que se están ocultando datos a la Administración General del Estado.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El paro de jueces y fiscales de ayer fue político, con amenaza de ir a una huelga política, que sería ilegal, para el caso de que este Congreso no legisle al dictado de los huelguistas. Es evidente que no vamos bien si los demócratas no conseguimos que los jueces se dediquen a aplicar las leyes que aprueba el Parlamento en lugar de hacer política, no vamos bien con tribunales que parecen la defensa del comisionista Alberto, el de Quirón, la pareja de la liberticida señora Ayuso, la que ahora pretende imponer multas de 100 000 euros por poner pancartas en la universidad. Llevar al banquillo al fiscal general del Estado por perseguir a delincuentes económicos confesos sobre todo desprestigia a la justicia española, pero es el placebo que los tribunales dan al Partido Popular tras la manifestación de la Plaza de España que se pretendía destituyente y que se quedó en otra demostración golpista más contra las reglas de la democracia. El sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal en España data del siglo XIX. El Partido Popular y VOX pretenden mantenerlo otro par de siglos más, a ser posible. La ley que hoy debatimos moderniza tímidamente el sistema de acceso por oposición libre, que se iniciará con un cuestionario test, seguido de una prueba oral y, finalmente, de una prueba escrita y anónima de resolución de casos prácticos, porque el Estado de derecho de la sociedad de la información necesita juezas y jueces con más habilidades que las memorísticas. El mérito y la capacidad no se miden solo por la facilidad para cantar temas, se requiere también interpretar y aplicar unas normas jurídicas que hoy son mucho más complejas y cambiantes que en el siglo XIX. Los huelguistas y la derecha afirman que evaluar habilidades y conocimientos con métodos distintos al memorístico acaba con el mérito y la capacidad. Omiten que es el mismo sistema que se aplica hace décadas para el acceso a cuerpos de la Administración, como el diplomático o abogados del Estado o administradores civiles del Estado. El paro de ayer ha sido una presión para mantener comportamientos inaceptables y privilegios de larga data.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señora presidenta, señorías, nueve de cada diez españoles creen que la justicia no es igual para todos, que no trata del mismo modo a ricos o a pobres. Y muchas energías se dedican a un activismo judicial empeñado en acabar con el Gobierno de izquierdas. Ayer lo decía la portavoz de VOX: ¿Se siente el Gobierno respaldado por jueces y fiscales? Como si los partidos tuvieran que pedir permiso a jueces y fiscales para gobernar. (Aplausos). Proliferan actuaciones judiciales que son puro derecho penal del enemigo, como el acoso sufrido por Unidas Podemos o por la familia del presidente del Gobierno y por el fiscal general del Estado. La derecha está en esta estrategia: quien pueda hacer que haga. Mientras, poco avanzamos los demócratas en la regeneración de instituciones y en recuperar los muchos derechos y libertades cercenados por el Partido Popular. La reforma de la justicia es una urgencia democrática para que se trate igual a cualquier persona. Instituciones que deberían ser imparciales y neutrales están en guerra contra la democracia, en coordinación desestabilizadora con el Partido Popular y VOX. El Ministerio de Justicia erró al pactar la reforma del Consejo del Poder Judicial con sus secuestradores, proposición de ley negociada y presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, un intento fallido de acabar con la utilización de la justicia por la derecha. De 120 nombramientos realizados en los meses del nuevo consejo, más de 90 han recaído en jueces adscritos a las asociaciones conservadoras, los mismos que ayer convocaron un paro contra la independencia del Poder Legislativo. (Aplausos). ¿Pueden imaginarse un paro de este Congreso pidiendo que se anulen sentencias del Tribunal Supremo?»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para conocer la...
«Gracias, señor presidente. Señora Acedo, sí, soy el secretario general del Partido Comunista de España. Es decir, soy comunista por la gracia de Nelson Mandela y Marcos Ana (aplausos), dos comunistas que pasaron en la cárcel cincuenta años entre los dos, encarcelados por sus correligionarios: unos, racistas y otros, fascistas. Esa es la realidad. Y lecciones de ustedes, pocas. Lecciones solo, como dice el señor Bendodo, de corrupción. Esas sí se las aceptamos, que saben ustedes mucho de eso. (Aplausos). Israel esta mañana ha tiroteado a una delegación diplomática de la Unión Europea en la que había un diplomático español. Esta es la continuación de los crímenes sistemáticos que está perpetrando en Gaza y en Cisjordania. Porque no lo olvidemos, después de Gaza viene Cisjordania, donde realizan un plan de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de los palestinos, que la derecha nunca condena; donde se cometen crímenes de lesa humanidad de forma permanente, que la derecha nunca condena; donde se encarcela arbitrariamente, sin acusación, sin juicio y sin condena, a niños, mujeres o ancianos, y la derecha nunca lo condena; donde se somete a la población palestina a tratos inhumanos, crueles y torturas. Israel es el único Estado creado por una resolución de Naciones Unidas y, por no cumplir, no ha cumplido ninguna, ni siquiera esa. Porque esa también reconocía al Estado palestino y no les da la gana cumplirla. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Y presentamos esta proposición de ley como lógica consecuencia de nuestra cercana relación con el pueblo que hace pocos años contaba con representación en las Cortes Generales, estudiaba en idioma español, desempeñaba puestos de funcionarios y formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas. Es una pequeña reparación del daño causado por la entrega a un tercer país de un pueblo y un territorio pendiente de descolonización. La actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo trae consecuencias que hoy aún padecemos y que, en especial, padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1976, una España incapaz de impedir la ocupación por Marruecos de nuestra provincia comunicó a Naciones Unidas el abandono del territorio. Seis meses más tarde, se aprobó una norma que solo en teoría permitía a los saharauis conservar la nacionalidad española, norma de imposible cumplimiento debido a la represión implantada por los ocupantes, Marruecos y Mauritania. El Acuerdo de Madrid de noviembre de 1976 es una capitulación sin valor jurídico, que ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Vamos a defender la democracia de quienes quieren acabar con ella, de Trump y de Musk o del Partido Popular y de VOX, porque la democracia la hemos construido con mucho sacrificio, a pesar de los obstáculos y ataques desestabilizadores de la derecha durante lo que el PP llama la 'luminosa Transición', y aún hoy soportamos manifiestos de militares fascistas que el PP y VOX nunca desautorizan. Acusan al Gobierno de atacar la independencia de los jueces, pero hace dos días organizaron unas jornadas en las que agitaron a magistrados, obligados a aplicar la ley, para que denunciaran las tropelías del Gobierno, en palabras del señor Tellado y del señor Feijóo. Un aquelarre de barbaridades repetidas por sus corifeos en el Poder Judicial, encantados de dejarse utilizar por el Partido Popular. Hay jueces que hacen política y deberían abstenerse de hacerlo, al menos así parecerían independientes. (Aplausos). Porque el PP ha organizado una persecución judicial al fiscal general con la excusa de una filtración procesal que ha sido diseñada desde la Puerta del Sol. Han causado grave daño a una institución esencial del Estado de derecho. El Tribunal Supremo todavía no ha concretado cuál sería el secreto revelado que les ha servido para imputar al fiscal general. Atacan la autonomía del Ministerio Fiscal para convertirlo en otro actor al servicio de su agenda trumpista. Utilizan a organizaciones criminales de extorsionadores para degradar la democracia; le han puesto un sueldo en el Senado a un capo de 'Manos Sucias' (aplausos), el abogado del grupo extorsionador en la causa contra el fiscal, que se autodefine gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal de las que se beneficia el Partido Popular, a la vez que nutre a los medios difusores de bulos y mentiras.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Hoy es imprescindible recuperar la vía de la exigencia de responsabilidad civil a los jueces, como es exigible al resto de profesionales de este país. Así algunos instructores serían más ponderados, más equilibrados, y se lo pensarían antes de adoptar resoluciones politizadas al servicio de la oposición del Partido Popular y de VOX. El que debería comparecer en la Cámara es el señor Feijóo (risas.-El señor Tellado Filgueira: ¡Qué vergüenza!) para explicarnos la utilización de buena parte del Poder Judicial por el Partido Popular. Un ejemplo. El panfleto digital ultraderechista okdiario organiza ahora jornadas jurídicas a las que asisten, junto al empleado del PP en el Senado, el señor Soriano, jueces como Manuel García-Castellón, Eloy Velasco o Enrique López, el exresponsable de Justicia del Partido Popular. (El señor Tellado Filgueira: ¡Viva Venezuela!). Todos ellos jueces destacadamente vinculados al Partido Popular. Los que acabaron con Pablo Casado por denunciar corruptelas que implicaban al hermano de Ayuso (el señor Tellado Filgueira: Bueno, bueno, esto es mortal) ahora quieren acabar con el fiscal general por cumplir su deber de perseguir a otro presunto delincuente del círculo personal de la señora Ayuso, la jefa del Partido Popular, quien miente descaradamente al decir que se trata de una simple multa. No olvidamos que el comisionista Alberto 'el de Quirón' es quien está investigado por un presunto delito tributario, que consiste en defraudar más de 120 000 euros a la Hacienda pública (el señor Tellado Filgueira: Ábalos, un poco más). Es mucho dinero. No cualquiera de los que nos oye podría defraudar 120 000 euros a la Hacienda pública. Delitos que su abogado siempre ha estado dispuesto a reconocer para obtener reducción de condena, no reducción de multa, reducción de condena, que sabe su abogado que se tiene bien merecida. Votaremos en contra. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Nuestro grupo parlamentario denuncia esta estrategia trumpista (risas) y convocamos a toda la sociedad a defender la democracia a la que la derecha está poniendo en grave peligro en todo el mundo. Los sectores más conservadores y corporativos de la justicia han perdido toda independencia, imparcialidad o neutralidad. Hemos conocido que el PP, experto en destruir pruebas a martillazos, tiene ahora a sueldo en el Senado al abogado del grupo extorsionador Manos Limpias en la causa contra el fiscal general. La web de la Cámara Alta lo tiene asignado al Grupo Parlamentario del Partido Popular. El señor Soriano, gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal, se pone la venda antes de la herida y afirma que no es lo mismo si la filtración de un sumario la hace un abogado como él o un fiscal. Esto nos confirma que el PP organiza las filtraciones de información contenida en procedimientos judiciales que le interesa hacer, ya sean filtraciones que interesan a Alberto 'el de Quirón' o las que ya hemos empezado a ver, la filtración de forma absolutamente irresponsable de información procedente de los dispositivos electrónicos intervenidos al fiscal general. ¿Quién va a responder cuando la información relativa a investigaciones de organizaciones criminales se filtre?»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La imputación formal del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe provincial de Madrid y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica por una nota con la que la Fiscalía General del Estado desmentía un bulo manipulador difundido por el gabinete de la señora Ayuso supone criminalizar el funcionamiento de una institución como el Ministerio Fiscal. Estamos ante una imputación judicial que ignora el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, norma que regula la dependencia jerárquica en la Fiscalía, como establece el artículo 124 de la Constitución. Según la sorprendente resolución judicial, la obligada dación de cuentas al fiscal general por los fiscales puede ser considerada a partir de ahora como un delito. Es una resolución que adolece de absoluta falta de indicios de criminalidad, lo que debería llevar de forma inmediata al archivo del procedimiento. Pero esta causa es una sorprendente caza de brujas que ha contado con la entusiasta participación de una conservadora y politizada Asociación de Fiscales, que ejerce una de las acusaciones. (Rumores.-El señor Pérez López: Bueno, bueno, bueno). Nunca la autonomía del Ministerio Fiscal se había puesto tan en peligro. Órganos muy importantes de la justicia se han convertido en actores políticos: o bien ponen en entredicho la aplicación de las normas que aprueba el Parlamento, o bien abren procedimientos judiciales al dictado del Partido Popular usando a sus organizaciones satélites como acusaciones. Es la derecha política la que ha abierto una investigación judicial al fiscal general del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de no tan desconocido origen, sin importarles que su estrategia judicial deslegitime una institución esencial en el Estado de derecho. Se les ha ido la mano en sus ataques a la democracia y al Estado de derecho, ataques en coordinación con los sectores más reaccionarios de la justicia, de los poderes económicos y de los medios de comunicación.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ayer asistimos estupefactos a la última cacicada del Partido Popular y VOX para controlar la justicia. Tras el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, negándose a cumplir la Constitución, llegan las renovaciones de los tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, y la primera sorpresa fue ayer en las Cortes de Castilla y León, con un espectáculo inaceptable en el Pleno. La terna de jueces propuesta por el Partido Popular fue derrotada por 31 votos a favor y 35 en contra. A pesar de perder la votación, el presidente de la Mesa de las Cortes, de VOX, impuso que quedaba aprobada la terna rechazada por la asamblea legislativa. Este es el respeto a la democracia y a la justicia del Partido Popular y de VOX: pierden una votación y la dan por aprobada. (Aplausos). VOX retuerce la institución y el Partido Popular se aprovecha. Y las derechas hablan de despolitizar la justicia, pero eso solo lo defienden cuando no pueden secuestrarla y ponerla a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lleva diecinueve años presidido por un juez nada neutral ni imparcial, que declara, por ejemplo, que el Partido Comunista de España no puede tener los mismos derechos que el resto de los partidos. Y esta transgresión de las reglas básicas de la democracia la continúan hoy con estos vetos del Partido Popular y VOX tras la cacicada del Partido Popular para conseguir controlar la justicia en Castilla y León. Desde luego, los argumentos de su veto decaen totalmente; ya no pueden alegar malas técnicas legislativas o voluntad de intervención de este Gobierno en la justicia.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Una solución técnica también responde a opciones políticas. Es una decisión política, por ejemplo, cómo financiar la reconstrucción, si con la tributación de grandes patrimonios o de los trabajadores; si recaudando dentro o fuera de la Comunidad Valenciana; si reconstruir primero las infraestructuras o las viviendas de los más vulnerables. Y, como hizo Alfonso XII, el Partido Popular está entregando el poder político a jueces y a militares y ninguno ha pasado por las urnas. La política es la principal herramienta de transformación para la clase trabajadora. El Partido Popular y VOX hacen permanente política con las instituciones que controlan. No pretendan además callar la boca a quienes piden más democracia y no pretendan mantener en la precariedad indefinidamente al 20 % del Poder Judicial por propia decisión del Consejo General del Poder Judicial. Gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«La judicatura que renuncia a ser imparcial no puede estar exenta de crítica y todos tenemos el mismo derecho de libertad de expresión que el Consejo General del Poder Judicial aplica para exonerar impresentables actuaciones de la judicatura. El Partido Popular utiliza ampliamente la libertad de expresión cuando despelleja a jueces que resuelven de forma contraria a lo que consideran su derecho a la impunidad. El Partido Popular machacó al juez De Prada, ponente de la sentencia Gürtel; Monago, Martínez-Almeida, De Cospedal, Rafael Hernando y Carlos Rojas descalificaron la sentencia y al juez y dijeron que era cercano a ETA. Durante la instrucción de las causas Gürtel y Bárcenas, el PP atacó a los jueces instructores y a los fiscales generales del Estado. Rajoy tildó de cacería las investigaciones. De Cospedal y Cifuentes acusaron de hacer política de incoherentes e hipócritas a los jueces que paralizaron en 2014 la privatización sanitaria. Y el señor Hernando acusó al juez Pedraz de pijo ácrata y de hacer demagogia política indecente. ¿De qué respeto a los jueces nos hablan ustedes? Al PP la democracia le estorba tanto que está poniendo a generales a hacer política. Una vicepresidencia y una secretaría autonómica para la reconstrucción son responsabilidades políticas en una democracia. Si un teniente general, vicepresidente, desprecia las responsabilidades políticas, está despreciando la democracia (aplausos) y al anunciar que no acatará órdenes políticas se pone a la altura de quienes sustituyeron democracias por dictaduras. Nadie se puede imaginar al general jefe de la UME diciendo que no acatará órdenes políticas. Y un general apolítico ya nos gobernó cuarenta años en dictadura. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Como ya han presentado enmiendas a la PL del Grupo Socialista, que no están en esta PL, ¿debemos entender que esta PL que ahora debatimos es insuficiente, que está insuficientemente redactada? ¿Hay más explicaciones? ¿Es, simplemente, porque han llegado tarde? ¿Esta actuación carente de lógica es porque no se han enterado de que existe otra en tramitación legislativa que ya ha cerrado el plazo de enmiendas? ¿Quizás es simplemente una sutil trampa para luego decirnos que no están de acuerdo con lo que ustedes votan? No sé qué explicación darle. En la práctica, están apartando la atención de los funcionarios y de la sociedad sobre los verdaderos problemas de las prisiones, porque el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad es importante y lo reivindican los sindicatos, pero también es visto con preocupación por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, a todos -a los de los servicios médicos y psicológicos, a los juristas, a los servicios generales, al personal de vigilancia-, y está claro que hay que darles recursos, porque su tarea va mucho más allá de sus competencias -muchas veces tiene una orientación claramente tratamental- y hay falta de medios e inversiones suficientes.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Y se incluyen numerosas reivindicaciones históricas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, también los agentes -también- deben identificarse debidamente ante los ciudadanos, como en todos los países de nuestro entorno. Y respecto a los registros corporales, que han provocado a veces situaciones en las que no se preserva la intimidad de la ciudadanía e incluso podían ser utilizados para crear situaciones humillantes, la nueva regulación va a provocar estén circunscritos a indicios objetivos y se realicen preservando siempre la intimidad del administrado. Igualmente, las reglas del debido proceso, que es la garantía del principio de igualdad en un Estado democrático, se van a ver reforzadas en esta ley. La igualdad de las partes se ha visto alterada, por ejemplo, por la falta de regulación de las cámaras de videovigilancia móviles. Ahora, su utilización será transparente, y se combinará la debida protección de datos con la puesta a disposición de la autoridad judicial para que las utilice en la persecución de cualquier infracción o delito. Y, en general, las diligencias periciales serán motivadas y mucho más proporcionales, siempre recurriendo a una apariencia, que tendrá que ser cualquier intervención lógica, coherente y razonable.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Esta moción es una orden de Aznar -sí, de Aznar, el que excarceló a más de trescientos presos de ETA y acercó a otros tantos a las cárceles vascas- por aquello de 'el que puede hacer, que haga', que ha llevado a la justicia a enlodar al fiscal general del Estado, atacado por perseguir a delincuentes. Una aclaración: el Tribunal Supremo no se ha atrevido a investigar al fiscal y han tenido que dejarlo en declararlo investigable, que nadie sabe lo que es. Finalizo recordando que el Partido Popular tuvo que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para eliminar el término imputado cuando tenían seiscientos dirigentes imputados. En un intento desesperado de camuflar su corrupción, el imputado pasó a denominarse investigado. Pero, señores del Partido Popular, ninguna reforma legal va a tapar el inmenso basurero político y ético acumulado en la calle Génova, la sede reformada con la caja B, be de Bárcenas. Gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«En todo caso, una propuesta muy similar a esta ya la trajo el Partido Popular a la Cámara y fue tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora con este discurso es claramente combatir el discurso de esa alianza fascista independentista de la Alianza Catalana; pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. (Aplausos). Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los tres años. Ustedes están proponiendo que por el hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta tres años de cárcel, eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos, como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la fiscalía. Es decir, ¿por qué no atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo? Ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a la de ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de tres meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta tres o seis años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento. Delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica, que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobre facturación, en perjuicio de consumidores, etcétera, todos esos delitos tienen penas inferiores a los seis años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los tres años. No pueden ustedes agravar los hurtos como delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresas. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«También justifican su propuesta en un supuesto colapso de la justicia en Cataluña, como en el resto del Estado. Pero, fíjense, esa tasa de congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal en Cataluña que en el resto de jurisdicciones. Es decir, el problema de congestión no es por este tipo de delitos, sino por las cuestiones civiles, por el atasco civil. En España, la tasa de congestión en los tribunales ha ido bajando en general, y ahora mismo, a pesar de que ha ido bajando, la tasa en España es de un 3,94 y de un 3,08 % en Cataluña. Es decir, en Cataluña hay menos congestión judicial que en el resto de España. Asimismo, ustedes justifican su propuesta en un incremento de los hurtos en las explotaciones agrícolas desde la pandemia. Es verdad que es una realidad social que ocurre, pero es distinta. Aquí creo que hay que atender a los expertos, a las organizaciones agrarias. La Unión de Agricultores y Ganaderos explicó claramente que los hurtos en explotaciones agrarias (la señora Madrenas i Mir hace gestos negativos) -sí, lo dicen ustedes en su exposición de motivos- han crecido desde la pandemia; pero la solución no es incrementar las sanciones o los agravantes, sino incrementar la vigilancia de la policía para prevenir estos robos en zonas rurales.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces -como a cualquier profesional de este país- y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos). No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores. A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de tres páginas, deja sin efecto un auto de más de cien páginas de un juzgado de Instrucción tras dos años de investigación, que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. (Aplausos). Pero la misma Audiencia Provincial que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia. Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia, siempre para desprestigiar y acosar a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos ninguna declaración del presidente de este agotado Consejo General del Poder Judicial referida a la coaptación política corporativa del Poder Judicial.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»
-
Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»