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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Consideramos que es una medida que quiere incidir más en las percepciones del ciudadano que en la realidad. Consideramos que es una medida populista y oportunista. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). En primer lugar, hay que recordar que Cataluña y el País Vasco tienen asumidas las competencias en materia penitenciaria y transferidos los medios y los servicios penitenciarios. Así pues, señorías, nuestra primera reserva es competencial. Es inevitable, sobre todo, ver en ello una sombra de centralismo y recentralización. Nosotros, Esquerra, defendemos el modelo penitenciario catalán enfocado en la reinserción mediante procesos de acompañamiento a las personas desde una perspectiva social para construir una sociedad más justa, igualitaria y segura y, sobre todo, con menos víctimas. Señorías, estamos preocupados en este sentido -aprovecho para decirlo- por las declaraciones del nuevo conseller de Justicia de la Generalitat, que ha manifestado que él es partidario de declarar agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. Nunca hasta ahora ningún conseller de la Generalitat había traspasado esta línea roja, lo cual indica -lo digo con pesar- un notable desconocimiento de las cárceles en Cataluña por parte el señor Espadaler.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«En l'exposició de motius de la proposició del Partit Popular es parla d'aconseguir espais de convivència més segurs. Esquerra sosté que convertir els funcionaris en agents d'autoritat, com si fossin policies, no va, senyories, en aquesta direcció, no soluciona res i, ans el contrari, generaria distorsions i problemes. El funcionari, com vostès saben, és un actor indispensable de transformació de la persona que està reclosa en un sentit de reeducació i de reinserció social. Aquest reconeixement que proposa el Partit Popular no facilitaria aquest objectiu, perquè introdueix un biaix molt greu de desconfiança afegida a la relació entre interns i funcionaris. Senyories -vostès haurien de saber-ho-, a literatura especialitzada sobre sistemes penitenciaris apunta que la confiança i el respecte mutu són claus per mantenir la seguretat i un ambient correcte en els centres penitenciaris. La condició d'agent d'autoritat podria generar tensions sobrevingudes entre interns i funcionaris. Assignar als funcionaris de presons el rang d'agents d'autoritat incrementaria el risc d'abús de poder -ho repeteixo: abús de poder- en un entorn que és especialment delicat. Podria haver-hi més casos d'arbitrarietat repressiva i els interns, en aquest sentit, tindrien menys possibilitat de denúncia.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Bona tarda, president, senyories. Hem llegit atentament aquesta proposició de llei del Grup Popular. Planteja un assumpte molt sensible i complicat, que ja hem abordat altres vegades en aquesta cambra. Hem de dir que nosaltres, el Grup d'Esquerra, hi votarem en contra, com hem fet altres vegades. Considerem que és una mesura que vol incidir més en les percepcions del ciutadà que en la realitat; considerem que és una mesura populista i oportunista. En primer lloc, cal recordar que Catalunya i el País Basc tenen assumides les competències en matèria penitenciària i transferits els mitjans i els serveis penitenciaris. Per tant, senyories, la nostra primera reserva és competencial. És inevitable, sobretot, veure-hi una ombra de centralisme i de recentralització també. Nosaltres, com a Esquerra, defensem el model penitenciari català enfocat en la reinserció mitjançant processos d'acompanyament a les persones des d'una perspectiva social per construir una societat més justa, igualitària i segura i, sobretot, amb menys víctimes. Senyories, estem preocupats en aquest sentit -aprofito per dir-ho- per les declaracions del nou conseller de Justícia de la Generalitat, que ha manifestat que ell és partidari de declarar agents d'autoritat als funcionaris de presons. Mai, mai, fins ara, cap conseller de la Generalitat havia traspassat aquesta línia vermella, la qual cosa indica -i ho dic amb pena- un notable desconeixement de les presons de Catalunya per part del senyor Espadaler.»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«El Grupo Popular, consciente de la necesidad de que un texto con rango legal establezca el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a estos funcionarios, presenta esta proposición de ley, esperando que se tramite con la celeridad a la que aludía el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias. El reconocimiento de agentes de la autoridad también supone que, si reciben una agresión en el ejercicio de sus funciones, puedan ser indemnizados en los mismos términos que contempla el Código Penal para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las agresiones y los asesinatos de los trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Y aquí, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero mostrar un cariñoso recuerdo y la condena del asesinato de Nuria López a manos de un preso en el presidio de Tarragona, como también quiero enviar a sus familiares todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. (Aplausos). Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan desde hace muchos años mayor seguridad en los puestos de trabajo, algo que reclaman los funcionarios de todas las comunidades autónomas, porque, aunque en el País Vasco y en Cataluña estas competencias, como saben, se encuentran transferidas a la Generalitat y al Gobierno del País Vasco, tampoco en esos territorios tienen reconocida esta condición de agente de la autoridad, algo que sí ocurre en países de nuestro entorno con sus homólogos, como, por ejemplo, en Francia. Disponer de unos funcionarios con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es requisito fundamental para avanzar en un sistema penitenciario de calidad. Pero, lamentablemente, el Gobierno de España no está en eso. El Gobierno de España utiliza a los funcionarios y la política penitenciaria como moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa. Es absolutamente infame e indigna la frase de su socio Otegi: Presos por presupuestos. Pero, hablando de presupuestos, también es indigno que el presidente del Gobierno haya querido utilizar la tragedia de la DANA para sacar unos presupuestos. (Aplausos).»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante 2023, un 12 % más que en el año anterior, pero un 126 % más que hace cinco años, lo cual está convirtiendo a este colectivo en los funcionarios que más agresiones están recibiendo de toda la Administración General del Estado. Esto significa que, de media, cada dieciséis horas agreden a un funcionario de prisiones. Por eso, resulta imprescindible establecer medidas eficaces contra estas agresiones en su ámbito laboral. Aunque el protocolo de actuación frente a las agresiones en centros penitenciarios y centros de inserción les reconoció por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública, he de señalarles que no hay ningún texto con rango de ley que les reconozca esta condición. Por tanto, creemos que es muy importante que se haga. He de resaltar que -justo hoy hace una semana- el secretario general de Instituciones Penitenciarias, con motivo de su comparecencia en la Comisión de Interior de esta Cámara, dijo textualmente que creía que era positivo y necesario el reconocimiento de la condición de autoridad, urgiendo a los grupos parlamentarios a aprobar esta condición de agentes de la autoridad, ya que, como dijo, la responsabilidad es del Poder Legislativo, añadiendo además que la norma se encontraba en esta Cámara. Y, efectivamente, existe una proposición de ley del Senado, que entró en esta Cámara, para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios penitenciarios, proposición de ley cuyo trámite tiene congelado la presidenta del Congreso, señora Armengol, que ha prorrogado hasta en dieciocho ocasiones el plazo para la presentación de enmiendas (aplausos), dando cumplimiento a lo que ordena el Gobierno. Exactamente, la última prórroga es de esta mañana. Y también tiene parada la tramitación de otra proposición de ley del Grupo Socialista. Esto pone de manifiesto, en evidencia, la debilidad parlamentaria de este Gobierno, que, para evitar perder votaciones al no contar con los votos de sus socios de investidura, han sumido al Congreso en una cámara absolutamente paralizada, a la que están usurpando sus competencias legislativas. Por poner un ejemplo, no tenemos más que ver el espectáculo caótico y bochornoso de la Comisión de Hacienda de ayer, en la que el Gobierno mantuvo retenidos a todo el personal de la Cámara y a los diputados hasta la una de la madrugada porque no le salían los números. (Aplausos). Esta circunstancia es de una gravedad extrema, ya que, debido a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Legislativo, se está poniendo en peligro un principio fundamental de nuestra democracia, como es la separación de poderes. No sé si el secretario general, cuando apremiaba a los diputados a reconocer con urgencia precisamente en esta Cámara la condición de agentes de seguridad, lo dijo por desconocimiento o por mala fe.»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Presidenta, diputados, hoy les presentamos la proposición de ley para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. Con este reconocimiento se pretende reforzar uno de los pilares básicos del sistema penitenciario, que son los funcionarios de prisiones, funcionarios que tienen como tareas fundamentales, por un lado, la retención y la custodia de detenidos y presos y, por otro, la reeducación y la reinserción social de aquellos que han estado sometidos a penas privativas de libertad. Actualmente, el personal de la institución penitenciaria lo integran alrededor de 21 500 personas, de las que alrededor de 14 400 se dedican a tareas de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad interior en los centros penitenciarios y en los centros de reinserción social. Estas importantes funciones se realizan en entornos confinados, donde el contacto con los internos es muy estrecho y el clima laboral, tenso. Piensen que la convivencia es forzada, ya que los reclusos se ven obligados a cumplir sanciones penales en contra de su voluntad, lo que hace que los funcionarios se enfrenten a situaciones de indisciplina, desobediencia, amenazas y conductas violentas. Por tanto, debe ser un objetivo primordial de la Administración penitenciaria velar por la integridad física y la salud tanto de los funcionarios como de los internos. Tengan en cuenta que un gran porcentaje de reclusos padecen problemas de salud mental y de adicciones, lo que complica todavía más el trabajo de los funcionarios.»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Señorías, quiero destacar que esta política energética que la señora Ribera ha venido defendiendo nos ha hecho más vulnerables, más pobres y menos competitivos; ha aumentado la incertidumbre hacia nuestro país y ha reducido nuestra autonomía estratégica y nuestra seguridad energética. Básicamente, se ha basado en una política energética en la que no ha habido nunca evaluación de impacto económico ni social de las medidas, porque nunca se ha dialogado con los actores más relevantes y porque se ha abandonado la neutralidad tecnológica. Señorías, España merece una política energética coherente, competitiva y realista, que ponga la economía en la senda de la prosperidad y garantice un futuro sostenible para todos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Pero esto que parece una broma, no tiene nada de broma; todo lo contrario, es un auténtico drama para un país como el nuestro, porque este ansia de intervencionismo que tienen ustedes en todo no solo genera un entorno de incertidumbre y desconcierto constante en la ciudadanía, que ya no sabe a qué atenerse, sino que además afecta muy negativamente a la competitividad de nuestras empresas, limitando de manera importante su capacidad para innovar, para crecer o, lo que es lo mismo, para crear riqueza. Y se lo digo muy claro: nosotros, VOX, vamos a gobernar, no tengan la más mínima duda. (Aplausos). Y cuando gobernemos, a diferencia de ustedes, por cada ley que aprobemos, derogaremos tres; por cada ley nueva, tres fuera. Tres por una, recuérdenlo. Porque lo que necesitan los consumidores son normas sencillas, claras, fáciles de entender y que se cumplan, sobre todo que se cumplan por las personas que las dictan, y no esta vorágine de normativas europeas, estatales, autonómicas, provinciales y locales, que son una auténtica locura y que solo tienen la intención de mantener esta gigantesca y esperpéntica estructura del Estado que, cuando llega el momento en el que los ciudadanos realmente la necesitan, no vale absolutamente para nada, como desgraciadamente hemos visto hace unos pocos días, demostrando el Estado fallido que han creado ustedes, unos (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y otros (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).»
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Buenas tardes. Señorías, ¿ven esto que tengo aquí? (Muestra dos folios). ¿Lo ven? Pues no, no es mi lista de la compra ni el trabajo del colegio de mi hija de este fin de semana, no. Esto -dos hojas- es la proposición de ley que estamos debatiendo hoy; esto, folio y medio. ¿De verdad, señores socialistas, no les da vergüenza? Una proposición de ley que, además, no tiene ningún sentido. Les voy a recordar que actualmente se está debatiendo el Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y esta proposición de ley, esta nimiedad que ustedes traen hoy aquí no es más que lo que debería ser una enmienda, un añadido a ese proyecto de ley, en concreto a la mediación en los contratos de electricidad o hidrocarburos. Pero ustedes no, ustedes no pueden presentar una enmienda, ustedes no pueden mejorar esa ley; ustedes traen a esta Cámara esta simpleza de proposición de ley. ¿Y saben el motivo real? Pues que su única intención es hacer teatro, el paripé de que aquí, en esta Cámara y en esta legislatura, se está legislando algo, cuando la realidad es que tenemos una legislatura bloqueada para cualquier asunto importante, como se demostró ayer en la Comisión de Hacienda. Porque este Gobierno Frankenstein que lideran ustedes, que solo busca decretar amnistías o dar sin medida cada vez más dinero y privilegios a sus socios separatistas y golpistas, en ningún caso sirve para mejorar la vida de los españoles. Eso, ténganlo muy claro, no les interesa. Eso sí, llenan el Diario de Sesiones de decretos leyes y de proposiciones de ley absurdas, absolutamente irrelevantes, cuando no malintencionadas, con el único resultado de hacernos perder a todos el tiempo y, lo que es más grave, para gastar más dinero de los contribuyentes y volver cada vez más locos a los ciudadanos con toda esta paranoia de normativa inútil que ha llegado a un punto que ya es absolutamente imposible de cumplir. (Aplausos). Porque, ¿saben ustedes cuántas leyes y normas tenemos en España en estos momentos, la mayoría tan ineficaces y ridículas como esta? Pues en torno a trescientas mil. Solo les voy a poner un ejemplo, para que se hagan una idea los ciudadanos que me estén escuchando. El año pasado, en 2023, un año en el que para alivio de los ciudadanos se paró la legislatura durante cinco meses por la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, el año pasado -insisto-, en medio año se aprobaron 683 normas estatales. En ese mismo período, 2023, los distintos boletines oficiales publicaron más de 1,2 millones de páginas, o sea, que una persona que quisiera más o menos leer o estar al tanto de lo que se ha legislado tendría que leer unas 3500 páginas al día. Da para escribir 850 Quijotes. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«En el ámbito internacional, cuando la Asamblea General de la ONU aprueba las directrices sobre la protección del consumidor, enumera una serie de medidas que permite a los consumidores obtener compensación, y así se abre el camino de la resolución alternativa de litigios con un mecanismo extrajudicial; un mecanismo que es rápido, justo y poco costoso, y teniendo en cuenta las necesidades de las personas consumidoras con bajos recursos. La Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, es la norma que aplica los procedimientos de resolución alternativa y exige que se cumplan unos requisitos de calidad en toda la Unión Europea, y que los consumidores y las consumidoras conozcan la existencia de dichos procedimientos. El objetivo de esta directiva es claro: que los consumidores puedan identificar rápidamente qué entidades de resolución alternativa son competentes para tratar su reclamación. Esta norma también deja bien claro que la información debe ser clara, comprensible y de fácil acceso. Esta Directiva 2013/11 fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en la Ley 7/2017, del 2 de noviembre. Esta ley fue objeto de una intensa negociación durante su tramitación parlamentaria, en la cual el Grupo Parlamentario Socialista incorporó más de cuarenta enmiendas al texto del proyecto. El resultado del texto disponía a sectores concretos a dos cambios normativos de especial trascendencia: en primer lugar, la protección de los usuarios del transporte aéreo, de aceptación obligatoria y resultado vinculante para las compañías aéreas; y, en segundo lugar, la creación de una única entidad para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero y la obligación a las entidades financieras de que participaran en los procedimientos de dicha entidad.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Presidenta, señorías, buenas tardes. Comenzamos la sesión en defensa del consumidor bajo el prisma de que tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Señorías, la vulnerabilidad económica entorpece el acceso a la justicia, y este principio, que es aplicable con carácter general, lo es más en el derecho de consumo. Con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos derechos se convierten en humo si no existen cauces adecuados para que los consumidores los puedan hacer valer. Esto lo entendimos muy bien los socialistas cuando pusimos en marcha el Sistema Arbitral de Consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantiza el respeto de los consumidores. (Aplausos). La Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de estos. Por tanto, nuestro marco constitucional es el mandato que impulsó la aprobación en España en 1984 de la primera ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Avanzando en la garantía de la eficacia sobre bases firmes para la protección de sus derechos, en su artículo 31 mandató al Gobierno la creación de un sistema arbitral que entendiera y resolviera, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Sistema Arbitral de Consumo fue desarrollado reglamentariamente por primera vez en el Real Decreto 636/1993.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Este debería ser un texto para modernizar, agilizar y mejorar la justicia y hacerlo con acuerdo, claro que sí. Esto no es un hito, claro que no, señores del Partido Socialista, señor ministro, esto no es un hito, porque, si lo fuera, no habrían contaminado esta ley con tantas cosas que nada tienen que ver con la justicia ni con la eficiencia. (Aplausos). Trescientos cuarenta folios de dictamen dan para mucho, treinta y seis leyes modificadas dan para mucho, diecinueve modificadas en la última semana. No tengo tiempo, pero les voy a poner algunos ejemplos para que vean a qué nos enfrentamos. Hasta el 30 de octubre se habían aprobado 53 enmiendas y 13 transacciones; en la ponencia del 30 de octubre se aprueban 67 transacciones y 121 enmiendas, prácticamente todas del PSOE; el lunes 4 de noviembre, 25 nuevas transacciones a punto de votar en la comisión. Algunas de estas modificaban a su vez las del día 30, entre otras, la disposición transitoria cuarta. ¿Quizá para atar a la Conferencia Sectorial de Justicia? No lo sé. Otras iban en contra de la reforma organizativa que ustedes proponen; otras modificaban una ley derogada hace doce años, reproducían términos antiguos, y en veinticuatro horas presentan un voto particular para modificar lo que habían modificado en la comisión y recuperar lo que habían hecho en la ponencia. ¿Ustedes lo entienden? Entiendo que no. (Aplausos). A nosotros nos ha costado, pero es así. Sin embargo, es muy simple: prisas, oscurantismo, cambio de cromos, sí pero no, para conseguir la ley sí o sí.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Presidenta, señorías, buenos días. Antes de comenzar, quiero dejar constancia de mi pesar por tantas víctimas y de mi afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA, la consideración y el respeto por el inmenso trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios y la preocupación por el temporal, que vuelve a golpear en las últimas horas. (Aplausos). Señorías, vamos a hablar de verdad de la ley. Les informo: estamos ante la ley del sí o sí, ante una nueva modalidad de un real decreto ley ómnibus para leyes orgánicas. Vean: se registra un proyecto fake, se redacta otro mediante enmiendas en el ministerio, que luego presentan los grupos de Gobierno y se impone. Eso es lo que entienden por negociar. Es la prueba inequívoca de que entró en esta Cámara el proyecto fake del que yo hablaba el 11 de julio, una nueva falta de respeto a las Cortes Generales. Y se lo voy a explicar, porque no son frases para impactar. ¿Que no es posible la implantación de la ley en julio de 2025 -lo dice todo el mundo- sin riesgo de colapsar la justicia? No importa, sí o sí. ¿Que se carga a ayuntamientos y comunidades con el coste de la ley? No importa, sí o sí. ¿Que la ley es más difícil de leer e interpretar que un jeroglífico? Sí o sí. ¿Que de las observaciones técnicas de los letrados, cincuenta y cuatro apretados folios, se aceptan cuatro comas y se desoye todo lo demás? No importa, sí o sí. Se aprueba como sea, por encima de todo, sea cual sea el pago; la justicia es la que paga el precio. Esta ley del sí o sí es el late motiv real de un proyecto que debería haber sido lo que el portavoz socialista ha relatado, pero que no lo es. Hoy la tenemos que aprobar sea como sea y está manchada de indignidad, porque, junto con el debate de Radiotelevisión Española, el día 30 de octubre se convocó una ponencia para incorporar todo lo que pasaba por allí, todo lo que querían, haciéndolo rápidamente y con una comisión el día 4 para que no se notara mucho.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«El Partido Popular, como nos tiene acostumbrados cuando se trata de los avances sociales que se han producido en este país, ha optado por un no sistemático, eludiendo el compromiso que merecen sus propios votantes, que, como el resto de los ciudadanos, esperan una justicia cercana y eficiente. Creo, señorías del Partido Popular, que hubiese merecido la pena que sus jefes o su jefa les hubieran dejado que se implicaran en este trabajo. Ustedes han pensado que no, que era mejor quedarse al margen. Señorías, nosotros seguiremos tendiéndoles la mano para encarar el resto de reformas de la justicia que estamos llamados a enfrentar en esta legislatura. Pero les digo una cosa: quedarse al margen en la mejora de la justicia de este país no es neutralidad, es abandono y, sobre todo, señorías, es una irresponsabilidad. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Agradezco también a los grupos parlamentarios que hayan aportado su apoyo y disposición. Se han presentado casi 1100 enmiendas, de las cuales se han aprobado 106 transaccionales, una gran mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos, y las casi 200 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponden, señorías, con los acuerdos de la pasada legislatura con la mayoría de los grupos parlamentarios. (Aplausos). Sinceramente, creo que aún quedan cuestiones por conseguir, pero se han logrado grandes transformaciones. Hemos adaptado la organización judicial a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Hemos mantenido a los jueces y juezas de Paz, que vertebran la Administración de Justicia, sobre todo en aquellas zonas de nuestro país menos pobladas. Hemos abierto el camino para solucionar cuestiones crónicas como la relativa a los derechos laborales de los jueces y juezas sustitutos. Hemos efectuado un reconocimiento expreso al derecho colaborativo. Hemos atendido una reivindicación histórica como la creación del partido judicial de Sant Cugat. Hemos eliminado las golden visa. Hemos reforzado la figura de la procura y se ha eliminado el bloque referido a las acciones colectivas, que se tramitará en un momento posterior. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Esta reforma consiste, como dije antes, en adaptar la justicia al siglo XXI, mejorar su organización, pero también sus procedimientos; una organización mediante la creación de tribunales de Instancia en cada partido judicial, sustituyendo el viejo esquema de juzgados unipersonales creado en el siglo XIX. Estos tribunales reducirán la sobrecarga de los juzgados y agilizarán los procesos. Paralelamente, se crean las oficinas de justicia en los municipios y se establece un nuevo modelo de oficina judicial vinculando a cada uno de estos tribunales. Y sus procedimientos, modificando las leyes procesales más importantes de este país -Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y Ley de Enjuiciamiento Criminal- con un objetivo claro: garantizar una mayor agilidad y accesibilidad al proceso judicial. Apuesta de forma decidida por los medios alternativos de solución de controversias, que aliviará la carga de los tribunales y fortalecerá la cultura del diálogo, ofreciendo a la ciudadanía respuestas más rápidas y satisfactorias. Este proyecto de ley es el esfuerzo de un proceso de colaboración y esfuerzo continuado. Hace ya seis años, desde el Plan Justicia 2030, se está trabajando en esta reforma, que tuvo como primer paso la convalidación del Real Decreto 6/2023, que aborda cuestiones procesales, así como de digitalización e innovación tecnológica. Quiero reconocer desde aquí el trabajo incansable del actual Ministerio de Justicia y de los que le han precedido que, junto con el ministro, hoy nos acompañan; así como de los servicios de la Cámara, los letrados y las letradas de la Comisión de Justicia; de mis compañeros Mercè y Paco, que han dado el máximo compromiso para mejorar cada línea de este texto, sin olvidar a la infatigable asesora del ministerio, Nuria, y a los asesores del grupo, Vicente y Sandra.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Buenos días, presidenta, señorías. Permítanme que empiece mi intervención trasladando desde esta tribuna mi más sentido pésame a las familias de las víctimas de la reciente DANA. Como murciano, sé bien los estragos que pueden causar las inundaciones, aunque se me hace imposible asimilar la tragedia humana sucedida. Y, cómo no, reconocer y agradecer a los cuerpos de seguridad, a los militares, a las entidades del tercer sector y, sobre todo, a los miles de voluntarios y voluntarias, muchas de ellas de mi tierra, su colaboración en las zonas afectadas. Hoy defiendo con convicción este proyecto de ley, que apuesta por un modelo de justicia del siglo XXI; una justicia ágil, accesible y verdaderamente al servicio de las personas. Por eso, señorías, les pido que lo aprueben, como hará el Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos haciendo historia; historia para conseguir una justicia que deje atrás las viejas estructuras y métodos que ya no responden a una sociedad moderna y dinámica. Señorías, una justicia eficaz y moderna no es un lujo ni una aspiración ambiciosa, es un deber y una obligación que tenemos con los ciudadanos que nos eligen (aplausos), quienes esperan que sus derechos se protejan con rapidez, claridad y equidad. Nuestro sistema judicial necesita avanzar al ritmo de la sociedad, no puede quedarse rezagado mientras los problemas de las personas avanzan sin solución.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Una reforma de la justicia que entorpece la libertad de empresa con modificaciones que no vienen al caso, donde se atribuyen a la Inspección de Trabajo -en la que SUMAR se ha autoproclamado legítimo portavoz, señores inspectores de Trabajo- funciones y actividades de conciliación, mediación y arbitraje en huelgas y conflictos, convirtiéndola en juez y parte. Reforma con la que se pretendía, mediante amago, de tapadillo por los partidos políticos, modificar la Ley de Seguridad Social mediante enmiendas separadas, insuficientes y de simple postureo, para atender la necesidad e injusticia que afecta a miles de profesionales a los que se niega el derecho a una pensión digna cuando se les obliga a permanecer únicamente en mutualidades o mal informados sin acceso a ser acogidos por la Seguridad Social. Procede la pasarela uno por uno en tiempo cotizado y ustedes, señores del Gobierno y adláteres, son los responsables. Es una reforma de la justicia que enaltece el espíritu confiscatorio del Gobierno y modifica la Ley Concursal, donde el privilegio de la Agencia Tributaria puede ser previo, incluso, a los gastos del propio concurso en una perversión insoportable.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Pero queda pendiente la pasarela al RETA de las y los mutualistas de la abogacía y la procura que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha contado con apoyos suficientes para incluirse en esta ley. Por eso, mantenemos viva nuestra enmienda 144, dando ahora otra oportunidad a que, con la aprobación de este proyecto de ley, alcancemos una solución acorde con las justas demandas de las plataformas de abogados y abogadas, procuradores y procuradoras para establecer una pasarela al RETA, porque es de justicia dar una solución a la precariedad y a la vejez de miseria a la que las mutuas han llevado a este importante colectivo, con la permisividad sucesiva de Gobiernos durante años. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener coberturas y pensiones equiparables a las que corresponderían de haber cotizado a la Seguridad Social, integrando al 100 % en el RETA los años en que se cotizó a las mutualidades como régimen alternativo, uno por uno. (Aplausos). Por eso, votaremos a favor del proyecto y pedimos que apoyen las tres enmiendas. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial. Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público. Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Miren -y ahora sí que acabo, señora presidenta-, el señor Hereu ayer dijo que los diputados socialistas son la mayoría catalana. Que nos lo demuestren; que nos lo demuestren, porque lo único que sabemos es que una y otra vez los diputados del PSC se limitan a obedecer las órdenes que les dan aquí, en Madrid. Obedecer a Madrid, señorías, no creo que sea mayoría catalana. Obedecer a Madrid es ser una simple terminal del PSOE, sin criterio ni voluntad ni consideración por el país que representan. Obedecer a Madrid en ningún caso significa ser la mayoría. Yo creo que el señor Hereu tendría que entenderlo y también las señoras y los señores del PSC. Muchas gracias.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Volvemos a la ley que nos ocupa. Creemos que puede llevar a una indeseable administrativización de la justicia, es decir a una justicia formalista y alejada de los ciudadanos y de sus necesidades. No queremos una eficiencia en el sentido de justicia, no queremos eficiencia en la justicia de manera corporativista y en interés solo de los jueces, los LAJ y los funcionarios. En lugar de eso, queremos una mejora para los ciudadanos, y por ello hemos intentado devolver la ley a los ciudadanos, a la realidad social, territorial y lingüística. Por ello, nosotros creemos que no es menor haber conseguido que la ley, en primer lugar, como resaltaba el diputado Mikel Legarda, reconozca las competencias autonómicas que, incomprensiblemente, no aparecían en el escrito original; o haber conseguido un primer paso en la desconcentración de parte de las funciones de la actividad judicial en los procuradores, que pasan a ser cooperadores de la Administración de Justicia y a realizar diversas actuaciones materiales para impulsar y agilizar el proceso judicial. Tampoco es menor, ni mucho menos, haber conseguido lo que hemos conseguido en materia de justicia, paz y proximidad, porque nuestra línea roja siempre ha sido mantener la Justicia de Paz como órganos jurisdiccionales plenamente integrados en el Poder Judicial. Lo hemos conseguido; la Justicia de Paz se mantiene. La competencia de Cataluña en Justicia de Paz no se toca; y los 898 jueces de Paz catalanes no se tocan. Para nosotros no era objeto de transacción la eliminación de los jueces de Paz como órganos jurisdiccionales. Por ello, en esta y en la pasada legislatura Junts per Catalunya ha sido el único grupo parlamentario que nunca ha firmado una transaccional para suprimir la Justicia de Paz en Cataluña. A cambio, se nos ofrecía una figura de conciliador externo al Poder Judicial, nombrado por el Pleno del municipio y que mantenía el nombre de juez de Paz. Nos daban gato por liebre y en ningún momento lo aceptamos. En primer lugar, porque esto vaciaba de competencias o de contenido, mejor dicho, el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece la competencia de la Generalitat en cuánto a Justicia de Paz y proximidad, en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si estos términos eran eliminar como órgano jurisdiccional al juez de Paz, pues quedaba sin contenido la competencia catalana en esta materia, y esto no lo podíamos aceptar. Y, en segundo lugar, en Cataluña hay 898 jueces y juezas de Paz que hacen efectiva la justicia de proximidad a millones de catalanes; una justicia conectada con el territorio y su gente; una justicia que se hace principalmente en catalán y que es imprescindible que se mantenga, especialmente en los municipios con riesgo de despoblación y con una población envejecida. Esta Justicia de Paz es esencial para superar la barrera digital.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Per això les nostres prioritats, insistim, són unes altres en matèria de justícia, com ho són establir un sistema de responsabilitat penal per als jutges que faci que abans de prevaricar s'ho hagin de pensar almenys dues vegades, com obligar que coneguin les llengües oficials on estan destinats, en compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, o com eliminar l'Audiència Nacional, un òrgan inacceptable en cap estat democràtic. Tornant a la llei que ens ocupa, creiem que pot portar a una indesitjable administrativització de la justícia, és a dir, a una justícia formalista i allunyada dels ciutadans i de les seves necessitats. No volem una eficiència en el Servei de Justícia... No volem una eficiència en la justícia corporativista en interès només dels jutges, dels LAJ i dels funcionaris, en lloc d'una eficiència en la justícia per als ciutadans. I per això hem intentat retornar la llei als ciutadans, a la realitat social, a la realitat territorial, a la realitat lingüística. Per això nosaltres creiem que no és menor haver aconseguit que la llei, en primer lloc, com ressaltava el diputat Mikel Legarda, no és menor que la llei reconegui les competències autonòmiques que incomprensiblement no apareixien enlloc en l'escrit original. O haver aconseguit un primer pas en la desconcentració de part de les funcions de l'activitat judicial en els procuradors, que passen a ser cooperadors de l'administració de justícia i a realitzar diverses actuacions materials per impulsar i agilitzar el procés judicial.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por otra parte, hemos dejado enmiendas vivas, que entendemos que son importantes para la mejora y la garantía de esta ley, por lo que pido el voto favorable del resto de los partidos políticos y también sobre todo a nuestra enmienda respecto a mutualistas de la abogacía y de la procura. Se han hecho movilizaciones por todo el Estado y siguen movilizándose. Eso evidencia que se necesitan acciones y reformas legislativas que promuevan una auténtica protección social de la abogacía y de la procura. No podemos olvidar que las estructuras actuales de organización de la abogacía y la procura han sido determinantes para llegar también a esta situación de desprotección social, también con respeto a los derechos y retribución justa del turno de oficio, por lo que entendemos que tiene que darse una solución urgente -que esperamos que salga de aquí hoy- ante esta grave situación generada por la mutualidad, en la que se concreten las reivindicaciones comunes de los movimientos y de la plataforma ante esta cuestión, además de proponer de cara a futuro las reformas institucionales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Votaremos a favor por estas mejoras que tiene esta ley, aunque, como digo, no es nuestra ley. Entendemos que es un paso para la mejora de la eficiencia de la justicia, de la especialización de los juzgados, para un mejor funcionamiento de un servicio público como es la justicia, que es un pilar fundamental para garantizar los derechos de todas y de todos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«I en el context global actual, pensam que és molt positiu que el Fons Monetari Internacional tingui més marge per actuar d'una forma més immediata, per atendre tots aquells països i països que necessitin una ajuda de forma urgent i no supeditant sempre l'ajuda a un vot que de vegades la pot bloquejar o la pot retrassar. Per això també votarem a favor de la revisió de les quotes del Fons Monetari Internacional. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Sobre el Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos, el Gobierno nos solicita la autorización para su firma, y realmente es una actualización del Convenio de 1988, una actualización que solicitó España hace algún tiempo, tras años de negociación, y ahora se llega a un acuerdo. Es un convenio necesario y muy positivo para los trabajadores y trabajadoras españolas a quienes su empresa española les ha mandado a trabajar a Estados Unidos durante una temporada. El convenio en vigor tenía algunas carencias que provocaban que muchos de estos trabajadores tuvieran muchas dificultades a la hora de garantizar la integridad de sus pensiones. Al fin y al cabo, el sistema de pensiones español es un sistema público, mientras que el sistema de pensiones de Estados Unidos es privado, y eso hace que se tenga que detallar muy bien y mejor este convenio, y eso es lo que pretende la actualización, estableciendo un periodo de cinco años, prorrogable a siete, en el que el trabajador o la trabajadora que haya sido destinado a Estados Unidos continuará cotizando en el sistema público español. Por lo tanto, es un convenio positivo para este colectivo y, por eso animo a todos los grupos a que voten a favor, y lo digo especialmente para esos grupos que tienen costumbre, y la respeto, de abstenerse en los tratados, como Esquerra o Bildu, porque en este caso se trata de un convenio que realmente facilita la vida a un grupo concreto de personas, entre los que se encuentran catalanes y vascos.»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Gràcies, presidenta. Disculpi'm. Sobre el conveni de Seguretat Social entre Espanya i els Estats Units, dir que el Govern en sol·licita l'autorització... ¿No se oye? Dir que el Govern ens sol·licita l'autorització per firmar aquest conveni, que és realment una actualització del conveni del 1988. Una actualització que va sol·licitar Espanya fa uns anys que té molts anys de negociacions i que ara s'arriba a un acord i és un conveni necessari i molt positiu per als treballadors i les treballadores espanyols, als quals la seva empresa espanyola ha destinat a treballar als Estats Units durant una temporada. El conveni en vigor tenia unes mancances que provocava que alguns d'aquests treballadors tinguessin moltes dificultats a l'hora de garantir la integritat de les seves pensions. Al cap i a la fi, el sistema de pensions espanyol és un sistema públic, mentre que el sistema de pensions dels Estats Units és privat i això fa que s'hagi de detallar molt bé, molt millor aquest conveni. I això és el que pretén l'actualització, establint un període de cinc anys prorrogable a set, en els quals el treballador o la treballadora que hagi estat destinat als Estats Units continuarà cotitzant en el sistema públic espanyol.»
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Alda Recas Martín · Sumar ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Gracias, presidenta. Señorías, cuando me propusieron estrenarme en esta Cámara con la justificación del voto sobre dos convenios internacionales no me pareció el mejor comienzo, la verdad. Sin embargo, este es el caso de dos convenios que pueden tener impacto positivo o no en el orden internacional, en la vida cotidiana de mucha gente. Muchos de los que se encuentran aquí no quieren ver que en este mundo globalizado lo que afecta, por ejemplo, a un alemán en sus próximas elecciones o a una sudanesa en una sequía o si una niña es asesinada en Gaza en un conflicto que no somos capaces de parar afecta y debe ser de la incumbencia de todos y de todas. Este convenio, el primero, puede parecer un tema burocrático, sin más. Sin embargo, hablamos de regulaciones que dan esperanza y seguridad jurídica y, sobre todo, consolidan derechos. Eso sí es libertad. Se trata de un acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos que regula las condiciones de prestaciones y derechos de las personas trabajadoras con derecho a pensión. Respecto a España, el convenio afecta a la legislación relativa a las prestaciones contributivas del sistema español de Seguridad Social y a las del Régimen de Clases Pasivas del Estado en lo que se refiere a incapacidad permanente por enfermedad común o accidente no laboral, jubilación o retiro, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral. Esta consolidación de derechos merece un sí, sobre todo porque los futuros acuerdos tras la victoria de la sinrazón de Trump en un país como Estados Unidos dudamos de que se vayan a basar en consolidación de derechos para los más vulnerables, y dudamos de que se firmen acuerdos para luchar contra el cambio climático, dudamos de que se hagan acuerdos para luchar contra las fake news. Si van a basar acuerdos en ayudar a sus amigotes, a sus empresas o para acabar con derechos, no cuenten con nosotros.»
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María Pilar Alía Aguado · PP ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Claro, es que las verdades les molestan. (Aplausos). Deberían plantearse que tienen problemas para recibir fondos europeos, tienen ustedes problemas con el quinto y el sexto desembolso porque son incapaces de gestionar los fondos europeos, que tanta falta nos hacen en España en estos momentos. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas tiene varios párrafos de énfasis, dos, en concreto: uno dirigido a la deuda pública, una deuda pública que a finales de 2022 era de 1,53 billones de euros, un 6,1 % más que la de 2021; una deuda pública que en 2022 hizo que hubiera que pagar más de 30 000 millones por intereses de gastos financieros. Eso tampoco lo nombra usted aquí. Ese presupuesto puede ser de varios ministerios juntos; 75 000 millones más de deuda pública en 2022 con sus nefastas gestiones. ¿Y cómo van a amortizar esta deuda? Claro, con sus teorías, subiendo impuestos. La propia Administración General del Estado, en la cuenta general, analiza en un cuadro que se necesitarían cuarenta y siete años para amortizar esa deuda, hasta 2071. Eso aquí no lo nombra usted, tampoco le interesa. Y, efectivamente, el patrimonio neto de la Seguridad Social es negativo -sí, negativo- en 88 759 millones. La Seguridad Social mantiene con el Estado una deuda de 116 000 millones, incluso por préstamos que ya están vencidos. Y el tribunal ha hecho recomendaciones, en concreto mediante resolución de 19 de mayo de 2022, y ustedes hacen caso omiso. No saben cómo resolver el problema de la Seguridad Social.»
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María Pilar Alía Aguado · PP ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quiero comenzar con mi cariño hacia las personas que lo están pasando mal en estos días en toda España a consecuencia de las lluvias, pero en especial con mi cariño hacia quienes sufren las consecuencias de la riada en la Comunidad Valenciana. (Aplausos). Le agradezco, señoría del Partido Socialista, que se haya dirigido a mí para decirme que actúe con responsabilidad, y así lo voy hacer porque me voy a centrar en hablar de la cuenta general del Estado de 2022; no voy a entrar a hablar de Gobiernos autonómicos del Partido Popular, como ha hecho usted. A eso ha bajado usted aquí, a hacernos reproches reiterados. (Aplausos). Entiendo que usted aquí no quiera hablar de la cuenta general del Estado de 2022, porque, lógicamente, es un documento muy valioso pero largo y difícil de entender. Por eso le voy a comentar que ustedes, su partido, el partido del Gobierno, son quienes menos propuestas de resolución han hecho a la cuenta general del Estado de 2022, solo cinco, y un copia y pega, porque son las mismas del año 2021; solo cinco, como solo hicieron cinco, las mismas, a la del año 2021. (Aplausos). Hasta SUMAR, sus socios de Gobierno, por primera vez en lo que llevamos de legislatura, ha presentado propuestas de resolución; seis, VOX nueve y mi grupo treinta y dos. (Aplausos). Presentamos treinta y dos porque nos preocupamos de la cuenta general del Estado y analizamos los informes del Tribunal de Cuentas. Por cierto, se le ha olvidado a usted mencionar aquí que hay informes del Tribunal de Cuentas sobre procedimiento de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Usted aquí no los ha nombrado. Se le ha olvidado. (Aplausos).»