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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Señora presidenta, señores diputados, el Grupo Popular sentando cátedra sobre la forma de abordar una emergencia que afecta gravemente a la población civil tras su catastrófica gestión de la emergencia provocada por la dana en la Comunidad Valenciana (aplausos), cuando el máximo responsable de atender la emergencia, Mazón, ha convertido su eterna comida en un reservado y su ausencia en la toma de decisiones de Protección Civil en todo un secreto de Estado. Cosas veredes. Quiero resaltar el excelente comportamiento de todos los servicios de Protección Civil de todas las Administraciones públicas del Estado durante el apagón del pasado día 28 de abril. La diligencia y profesionalidad de las y los trabajadores públicos ese día; la entrega de las y los miles de voluntarios y voluntarias de todas las edades, que se volcaron en atender a sus vecinos, a sus conciudadanos, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades de vecinos y en las vías públicas, ayudando a personas vulnerables o con movilidad reducida, contribuyendo a ordenar el tráfico y manteniendo un comportamiento cívico que redujo sustancialmente los índices de infracciones ciudadanas y penales normales en jornadas anteriores, y también los incidentes de tráfico, a pesar de no haber funcionado el sistema de regulación. Somos una sociedad ejemplar (aplausos) y hemos mostrado al mundo un comportamiento muy diferente al que probablemente habría habido en otros países, como Estados Unidos, modelo del PP y VOX, repletos de armas y de odio, donde en ocasiones similares ha sido necesario sacar al ejército a las calles para atajar saqueos y disturbios. Y a esta situación de casi normalidad, tranquilidad y cooperación ciudadana contribuyó también la desaparición por unas horas de las redes sociales, convertidas en la principal herramienta para defender bulos, mentiras, odios y violencias al dictado de la extrema derecha y de los gurús de la inteligencia. Es incomprensible que el Partido Popular y VOX no se feliciten por el comportamiento de toda España, de las personas y de las instituciones.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Gracias, presidente. La justicia hoy es un problema para el 80 % de la ciudadanía, por el funcionamiento del servicio público, por reivindicaciones de derechos de trabajadores y operadores jurídicos y por haberse convertido en un actor político más. Entre las reivindicaciones sobre derechos de los operadores jurídicos, una de los más graves es la reclamación de una jubilación digna para abogados y abogadas, y procuradores y procuradoras. La lucha del Movimiento #J2 y otras asociaciones, ofreciendo propuestas para garantizar este derecho, ha posibilitado que hoy se tramite en el Congreso una ley para conseguirlo, pero simultáneamente los jueces han irrumpido planteando un conflicto supuestamente laboral, aunque en realidad es un conflicto político, un nuevo enfrentamiento del Poder Judicial contra el Legislativo. No es un conflicto por el reconocimiento de derechos, aunque intenten presentarlo así los jueces huelguistas. Lo que pretenden es forzar a este Congreso a que legisle a su dictado. Se apartan así de sus competencias constitucionales, atacando la división de poderes y al Estado de derecho. El derecho a la huelga se conquistó por los trabajadores gracias a la resistencia antifranquista, muy especialmente al Partido Comunista de España y otras fuerzas de izquierda, y a los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT. Es cuestionable que los jueces, integrantes de un poder del Estado, sean considerados trabajadores, ¿se imaginan una huelga de diputados?, pero existe una jurisprudencia que reconoce el derecho a la huelga de los jueces cuando se trata de sus condiciones de desempeño profesional. Para las asociaciones judiciales convocantes, el motivo de la huelga es que está en peligro el Estado de derecho y la independencia judicial. Es una valoración claramente política, la misma que repiten desde hace dos años el Partido Popular y VOX. Ante la duda de si una huelga es procedente o no, si es laboral o política, los que deciden son los tribunales. Total, que los ciudadanos nos aguantaremos con esta huelga. Pedimos al Ministerio de Justicia que no se le olvide descontar los haberes correspondientes en las nóminas de los huelguistas y que establezca los servicios mínimos, como ordena nuestra Constitución.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«La ejemplar lucha reivindicativa de todo el colectivo es la que ha hecho posible este debate (aplausos) y ha dado a conocer la inmensa discriminación que sufren estos profesionales, trabajadores y trabajadoras, también arquitectas y arquitectos técnicos y superiores y otros atrapados en mutualidades que priorizan sus propios intereses, no los de los mutualistas que, tras una larga vida de trabajo, llegan a la jubilación. A pesar de que el artículo de la Constitución ordena a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas, las mutualidades no las garantizan cuando llega ese momento de transitar a la jubilación. En comparación con las pensiones del sistema público, las otras prestaciones sociales o sanitarias que deberían abonar las mutualidades también son indignas o inexistentes. La prestación por desempleo, la maternidad, la incapacidad temporal no existen o se perciben cuantías miserables, como es el caso de la jubilación. Y especialmente discriminatoria es la falta de atención a la conciliación familiar y laboral de las mujeres que forman parte de esos colectivos profesionales de las mutualidades alternativas.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, comienzo felicitando a los trabajadores y las trabajadoras de los servicios esenciales y a toda la sociedad española por su comportamiento ejemplar durante el apagón del pasado día 28 de abril (aplausos), porque, por mucho que les duela a los habituales intoxicadores y también a las herramientas de difusión de odios y bulos en que se han convertido las redes sociales, el apagón durante unas horas sacaron a relucir un país ejemplo de convivencia y solidaridad que ha conmovido a todo el planeta. (Aplausos). Y por mucho que duela a la derecha que suspira por el caos total, como vergonzantemente tituló un periódico derechista, la izquierda sigue mejorando la vida de la gente, como hoy, ocupándonos de los 95 000 profesionales de la abogacía y los 9000 de la procura que hay en España dedicados a garantizar nuestros derechos y libertades. Son trabajadores y trabajadoras de la justicia, en su inmensa mayoría con retribuciones modestas y jornadas inacabables, sin vacaciones retribuidas y sin derechos laborales, a pesar del esencial trabajo que realizan para defendernos ante la justicia. Hoy os saludamos y os agradecemos el trabajo realizado.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en...
«Partido Popular y VOX necesitan flujos continuos de migrantes y refugiados para hacer posible su estrategia electoral favorita: el odio, mentir para enfrentar a los trabajadores españoles en situación de vulnerabilidad -los penúltimos de la escala social- contra quienes llegan a España huyendo de las persecuciones y la pobreza -los últimos de la escala social- (aplausos), como hace el gran mentiroso Mazón, sumiso propagador del discurso de odio de VOX contra las personas extranjeras, para alargar un poco más su agonía y la del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. VOX ha absorbido al Partido Popular para su estrategia habitual, hacer olvidar a los trabajadores con derecho a voto que sus problemas vienen de que perciben salarios raquíticos, no de que haya otros trabajadores que reciben aún peores salarios. El diputado Juan María Bandrés decía que lo único más vulnerable que una mujer pobre en la Gran Vía es una mujer pobre africana en la Gran Vía. La Unión Europea, la segunda potencia mundial en gasto de armamento tras los Estados Unidos, no necesita más armas para arreglar sus problemas. Rearmar Europa no es defender Europa. Defender Europa exige un sistema de seguridad desvinculado de quienes la someten a agresiones con aranceles, seguridad compartida con los países del entorno europeo mediante la prevención y resolución pacífica de conflictos, volver a las conferencias de seguridad de Helsinki y París, que dieron lugar a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en...
«Señor presidente, el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para delegar competencias estatales en materia migratoria de Cataluña es la nueva excusa del Partido Popular para patalear por la normalización en Cataluña. Gobernando ustedes, señores del Grupo Popular, acordaron delegaciones de competencias estatales a comunidades autónomas cuando consideraron, porque el artículo 150 de la Constitución lo autoriza. Durante su primera legislatura, Aznar se apoyaba en Convergència i Unió para gobernar y transfirieron -que es más que delegar- competencias exclusivas del Estado sobre tráfico a Cataluña. Durante otros gobiernos del Partido Popular, el Congreso admitió proposiciones de ley de transferencia de competencias para convocar referéndums sobre los servicios meteorológicos o sobre aeropuertos y tráfico aéreo; todo, competencias exclusivas del Estado. Prácticamente la totalidad de comunidades autónomas tienen normativa propia en materia de acogida o integración de personas extranjeras. Hoy existen innumerables problemas de gestión para la expedición y renovación de los permisos de residencia a extranjeros. Las delegaciones del Gobierno están saturadas para estos trámites o para dar citas de solicitudes de protección internacional. Delegar a las comunidades autónomas mientras que se gestione aplicando leyes estatales no es ningún problema en un Estado descentralizado. (Aplausos). El acuerdo entre el Partido Socialista y Junts puede contribuir a agilizar tramitaciones y, por tanto, a dar mayor seguridad jurídica y un trato más humano a las personas extranjeras en nuestro país, y también puede ser mejorado impidiendo demagogias, porque no pueden difundirse ni legitimarse discursos racistas y xenófobos construidos con los argumentos discriminatorios y falsarios que utilizan las derechas racistas; los difundidos de forma ofensiva por VOX, pero también por el Partido Popular, señora De Meer, que en su cuenta de X publicó respecto a la dana que si pides las ayudas en árabe -literal- estas llegan antes, habitual argumento de la extrema derecha; o las declaraciones xenófobas de la señora Ayuso atribuyendo a extranjeros procedentes de Canarias reyertas y agresiones sexuales que nunca habían ocurrido. En aquella ocasión le tocó el papelón de justificar esos despreciables comentarios al señor Sémper. El Partido Popular no debería rebajarse, entrando en competencia con VOX, atacando a personas honradas y trabajadoras que vienen a nuestro país para contribuir a su desarrollo, para hacer trabajos que nadie quiere hacer por su dureza o sus malas condiciones laborales, o como los de cuidados a nuestros familiares, incluyendo las familias de quienes votan a VOX. Apoyaremos la delegación de competencias en materia migratoria a cualquier comunidad autónoma siempre que se respeten los derechos humanos y se mejore la situación de las personas extranjeras en nuestro país, definiendo bien el alcance y la validez de los permisos de residencia expedidos por una comunidad autónoma, incorporando procedimientos de homologación para su utilización en otros territorios del Estado y evitando la multiplicación de burocracia. Y respecto a la aplicación del régimen sancionador en materia de extranjería, velando por que siempre se aplique la misma normativa en cuanto a sanciones y garantías en cualquier lugar del Estado.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Presidenta, diputados y diputadas. Según la moción, España es un estado fallido y el Estado de derecho ha desaparecido. Difunden una imagen de país incompatible con la seguridad jurídica imprescindible para continuar progresando económica y socialmente. El Partido Popular es una maquinaria de sabotaje de las políticas públicas incapaz de reconocer que nuestros avances económicos y sociales nos han convertido en la envidia de Europa, como titulaba el lunes la BBC británica. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Claro que hay mucho que hacer aún, pero ustedes votaron en contra de las subvenciones al transporte para las personas mayores, los trabajadores y los jóvenes; votaron contra las ayudas a las víctimas de la dana, a las que el PP abandonó en un barrizal de incompetencia criminal (aplausos), y por quinto año se han opuesto a las subidas de las pensiones y del salario mínimo. Asimismo, secuestraron cinco años al Consejo del Poder Judicial, y pretenden actuar a su antojo en el Congreso como si tuvieran mayoría y lo exigen como condición para cesar su ataque a las instituciones. Continúan sin reconocer la legitimidad de las leyes aprobadas, y pretenden equiparar al Congreso con la cámara antisistema en la que han convertido el Senado, dedicada a sabotear la actividad legislativa de las Cortes y a organizar bochornosos espectáculos propios de la estrategia de reality show de la jefa de su partido, la señora Ayuso.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En la izquierda plurinacional nos oponemos al veto de las derechas y reiteramos que nos comprometemos a abordar rápidamente la aprobación de acciones colectivas en garantía de derechos de consumidores y usuarios, para impedir las prácticas abusivas de las grandes empresas. (Aplausos). Y también quedan pendientes en esta ley más medidas para proteger las condiciones de trabajo y el empleo en el Servicio Público de Justicia, como ha venido reclamando Comisiones Obreras. También hay que dejar sin efecto esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno, que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos. Es bastante cuestionable que lo consigan, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso obvian la condición de vulnerabilidad de los inquilinos. Como aquí se ha explicado, se trata de un error no intencionado de algunos grupos, que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados golden visa de quienes especulan con la vivienda (aplausos), cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional -y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos-, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como -literal- un programa comunista de subversión de las instituciones. La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aun no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que buscan la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. (Aplausos). Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogo con quienes se manifiestan. Por eso, esta proposición de ley incorpora una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza, y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación, como la regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Hoy hemos conocido que una niña de once años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado tres días naufragando en el agua, la única superviviente de un naufragio, y esto se ha debido al abandono criminal de Gobiernos europeos. Por eso, también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías. La verdad es que cuarenta y ocho horas después de conmemorarse el Día mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, VOX y el Partido Popular, oponiéndose primero a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta para seguir manteniendo las graves restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron: el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales y la expansión de libertades públicas se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que desgraciadamente tenemos, que siempre intenta acabar con las conquistas sociales conseguidas por siglos de lucha de la clase trabajadora. Y no solo trata de acabar con las libertades, sino también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Ya es costumbre que el Partido Popular y VOX se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora (aplausos) -la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, las medidas para disminuir la precariedad laboral o las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda-, pero, además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos, y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira -como hemos visto- como forma de hacer política. Y llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, ya es para nota.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte...
«Una solución técnica también responde a opciones políticas. Es una decisión política, por ejemplo, cómo financiar la reconstrucción, si con la tributación de grandes patrimonios o de los trabajadores; si recaudando dentro o fuera de la Comunidad Valenciana; si reconstruir primero las infraestructuras o las viviendas de los más vulnerables. Y, como hizo Alfonso XII, el Partido Popular está entregando el poder político a jueces y a militares y ninguno ha pasado por las urnas. La política es la principal herramienta de transformación para la clase trabajadora. El Partido Popular y VOX hacen permanente política con las instituciones que controlan. No pretendan además callar la boca a quienes piden más democracia y no pretendan mantener en la precariedad indefinidamente al 20 % del Poder Judicial por propia decisión del Consejo General del Poder Judicial. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Como ya han presentado enmiendas a la PL del Grupo Socialista, que no están en esta PL, ¿debemos entender que esta PL que ahora debatimos es insuficiente, que está insuficientemente redactada? ¿Hay más explicaciones? ¿Es, simplemente, porque han llegado tarde? ¿Esta actuación carente de lógica es porque no se han enterado de que existe otra en tramitación legislativa que ya ha cerrado el plazo de enmiendas? ¿Quizás es simplemente una sutil trampa para luego decirnos que no están de acuerdo con lo que ustedes votan? No sé qué explicación darle. En la práctica, están apartando la atención de los funcionarios y de la sociedad sobre los verdaderos problemas de las prisiones, porque el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad es importante y lo reivindican los sindicatos, pero también es visto con preocupación por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, a todos -a los de los servicios médicos y psicológicos, a los juristas, a los servicios generales, al personal de vigilancia-, y está claro que hay que darles recursos, porque su tarea va mucho más allá de sus competencias -muchas veces tiene una orientación claramente tratamental- y hay falta de medios e inversiones suficientes.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Señor presidente, señoras y señores, el 2 de abril del 2024 se registró por el Grupo Popular esta proposición que venimos hoy a debatir. La traen a consideración después de que hace un mes se haya cerrado el plazo de enmiendas de otra proposición de ley con idéntico objeto, a la que el Grupo Popular presentó una enmienda más extensa, incluso, que el texto que hoy nos traen aquí a debate. No sé, señora Luna, si se han autoenmendado -nos lo tendrá que explicar- a través de la PL que ha presentado el Grupo Socialista o si nos ponen a discutir la versión antigua, la corta, por algún motivo. Yo creo que esto es un poco una burla al Parlamento. El trabajo del Grupo Parlamentario Popular no es enfangar ni sabotear las instituciones del Estado, sino redactar proposiciones de ley sobre los problemas de la sociedad. Es obvio que el Partido Popular siempre llega tarde, como vimos con el señor Mazón. El 17 de abril del año 2024 se registró la proposición de ley de reforma de la ley penitenciaria del Grupo Socialista, para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios. La toma en consideración se aprobó en junio y está únicamente pendiente de que se aborde en breve el trabajo de la ponencia legislativa. Las diferencias entre ambas propuestas son mínimas y sencillas de solventar en el proceso de elaboración de un dictamen legislativo. Considerando que la otra propuesta es más extensa y detallada al incluir también la obligación de resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales con ocasión del servicio, no alcanzamos a entender cuál es la intención del Grupo Popular de duplicar en esta Cámara un debate que ya está abierto para el reconocimiento del carácter de autoridad. Se nos ocurren varias: no sé si están riéndose de nosotros, si nos están haciendo perder el tiempo o si están haciendo que los contribuyentes pierdan gratuitamente dinero.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso, estamos obligados a que la actividad de estos jueces y juezas se desempeñe en la totalidad de los días laborables del año. La justicia europea ha ordenado acabar con este abuso de la temporalidad en España y esto nos obliga a acometer un proceso de consolidación en el empleo. Reduciendo la temporalidad aumentaremos el número de jueces por habitante en España hasta los estándares de calidad europeos para que la justicia esté realmente al servicio de la gente y, sobre todo, fortalecemos la garantía de inamovilidad de los miembros de la carrera judicial, porque eso sí que es un pilar fundamental de su independencia. Se incorpora una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo para conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral. También se suprimen las golden visa de quienes especulan con la vivienda, como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial. Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero, sobre todo, la nueva regulación del derecho de reunión y manifestación va a dar prioridad a la manifestación pacífica, sin que la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio de un derecho considerado fundamental, siempre que se ejerza de forma pacífica. Por tanto, va a dejar de ser sancionable el ejercicio del derecho de reunión sin comunicación ante hechos que requieren de una manifestación o expresión pública inmediata. La actuación de las autoridades durante el ejercicio de este derecho de reunión siempre se va a guiar por un enfoque de derechos humanos, de forma que se perjudique lo menos posible el ejercicio de cualquier derecho. Es más, se modifica sustancialmente el régimen sancionador. Se van a eliminar sanciones que no están justificadas y otras se clarifican o se matizan. Se van a limitar las sanciones por intrusión en infraestructuras durante manifestaciones si no se provoca una alteración grave de su funcionamiento. Se suprime la sanción por perturbación grave en las reuniones o manifestaciones frente al Congreso, porque está muy bien que la gente venga a manifestarse aquí, a la puerta. Y se eliminan las sanciones a las trabajadoras sexuales en la vía pública, pero se mantienen las que se impondrán a los consumidores de prostitución. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana. El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas. Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Que el PP sea el partido más corrupto de Europa no obsta para que seamos implacables con la corrupción en otros partidos, porque el respeto a la clase trabajadora nos obliga a ello. Sobre el caso KoldoAldama, claro que se debe investigar a fondo y cesar a cualquier acusado de corrupción, también si afecta al PSOE, pero eso no justifica las barbaridades de esta moción. Por ejemplo, el caso Cuarteles, que lo incluyen, ocurrió durante el Gobierno de Rajoy, es responsabilidad del Ministerio del Interior del Partido Popular, y ustedes todavía tienen que pedir perdón por los recursos del Ministerio del Interior utilizados para destruir las pruebas de su corrupción, para perseguir con la Policía a quienes consideraban enemigos de la dirección de su partido o por proponer a un corrupto como Cotino al frente de la Policía Nacional (aplausos) para tapar escándalos como la Gürtel, Fórmula 1 o el robo que hicieron aprovechando la visita del Papa a Valencia. El exministro Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Martínez enfrentan acusaciones de quince años de cárcel.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Presidente, señorías, no entiendo cómo el PP insiste en hablar de corrupción cuando no puede dar lecciones de ética a nadie. Se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de que beneficia a trabajadores y a la economía. Se oponen a reducir la precariedad o la jornada laboral e impiden que los ricos paguen impuestos, sabiendo que sin impuestos es imposible mantener servicios esenciales para los trabajadores. Por cada euro en impuestos que la derecha dice rebajar a un trabajador son más de 100 los que no pagan los poderosos; 100 euros que dejan de financiar la enseñanza o la sanidad pública, y eso sí que es corrupción, como también es corrupción impedir que familias o jóvenes tengan viviendas dignas. Según la señora Ayuso, limitar el precio de la vivienda no funciona y es un atentado contra la propiedad. Su pareja ingresó, con un par de llamadas, 2 000 000 millones de euros, cuando un trabajador con el SMI tardaría ciento veinticinco años en ganar ese dinero. El PP lo que quiere es acabar con este Gobierno para poder hacer negocios con las privatizaciones y los contratos públicos y seguir cobrando sobres y comisiones en B.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Como siempre hemos defendido en esta Cámara, en democracia los sindicatos policiales deben tener capacidad de negociación colectiva. Cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución, la Guardia Civil tiene derecho a sindicarse y a realizar actividad sindical, y pedimos a toda la Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular -al que le importan dos narices los derechos de estos señores y señoras, como hemos visto en la intervención de la señora Vázquez (aplausos)- pero también al Grupo Parlamentario Socialista, que se comprometan a reconocer los derechos sindicales plenos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y a los y a las policías y guardias se lo decimos claramente: solo la actividad sindical y la negociación colectiva habitual y continuada les va a permitir alcanzar y mantener la equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales del Estado, o igualar las cuantías de las pensiones de jubilación de las distintas policías, o aprobar los imprescindibles coeficientes reductores de Seguridad Social para garantizar la jubilación anticipada a los trabajadores y trabajadoras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las mismas condiciones que al resto de los trabajadores de otros cuerpos policiales. Por eso, en SUMAR apoyamos todas estas propuestas y trabajaremos para garantizarlas por ley.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Policías y guardias civiles, tengan cuidado con quienes los utilizan cuando están en la oposición, como acaba de hacer la señora Vázquez, que los instrumentaliza y habla más de Delcy, de Koldo, de la ley mordaza, de las embajadas o del COVID que de sus problemas y de esta propuesta (aplausos), y que luego, cuando gobiernan, los ignoran. (Aplausos). Desconfíen de quienes les aseguran que la equiparación salarial se garantiza con una ley, porque ni el Estado tiene competencias para legislar sobre los salarios de la Policía de Euskadi, de Cataluña o de Navarra ni la Hacienda pública puede estar al albur de criterios salariales de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, porque tendría cuantiosas implicaciones en el presupuesto y restaría soberanía al Estado. Lograr la equiparación salarial y mantenerla solo es posible mediante la permanente negociación sindical, con un régimen legal que les permita la negociación colectiva y dé carácter imperativo a lo que acuerdan sus sindicatos, con transparencia en los conceptos retributivos y en la forma de fijarlos en cada nómina y con sindicatos policiales con visión de clase y mecanismos efectivos para luchar por los derechos de los y las trabajadoras de la seguridad del Estado (aplausos), peleando junto al resto de trabajadores públicos para, por ejemplo, acabar con la indigna dieta media diaria por todos los conceptos de 103,37 euros -la media, que las hay más bajas-.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil,...
«Señor presidente, la equiparación salarial de los cuerpos policiales es una justa reivindicación histórica. Policías y guardias civiles han reclamado mejoras sociolaborales, siendo la principal, sin duda, la equiparación salarial entre cuerpos policiales. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde hace cuarenta años han abanderado esta reivindicación, y desde 2016 Unidas Podemos y ahora SUMAR apoyamos la equiparación salarial entre cuerpos policiales y otras medidas para mejorar la situación laboral del colectivo con las necesarias medidas presupuestarias. En 2018, la acción sindical de los trabajadores de la Policía y la Guardia Civil obligó al Partido Popular, tras años de negativas mientras gobernaban, a aceptar la equiparación salarial, pero no tomaron ninguna medida para ello. Fue el Gobierno de izquierdas quien realizó la equiparación salarial. El Grupo Parlamentario Popular apoya las reivindicaciones salariales y laborales de la Policía y la Guardia Civil solo cuando está en la oposición. Cuando gobiernan, desprecian a los empleados públicos y también a los de la Policía. (Aplausos). En el año 2018, con el Gobierno de Rajoy, el presupuesto de la Policía eran 312 millones menos que en el año 2000, y el año pasado, 2023, gobernando el Gobierno de izquierdas, eran 930 millones más. Se necesitó desalojar al PP del Gobierno para cumplir con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas. Desde 2018 a 2023, el incremento salarial en la Policía y la Guardia Civil ha sido de un 38 % de media, con una inversión de 850 millones y, simultáneamente, ampliando la plantilla policial con una tasa de reposición del 120 %, 14 000 agentes más en cinco años. El Partido Popular, mucho ruido y pocas nueces.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Las políticas punitivas derrochan dinero, y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad. Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo, piensen en seguridad humana, en garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con sistemas limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se dificulten las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía (aplausos) y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad, o garantizar pensiones dignas. En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«Realmente nosotros creemos que hay que combatir estas situaciones de inseguridad; pero la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. El CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente. En nuestro país, a las personas les preocupa, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas las de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo o la sanidad, y solo en el puesto veintiuno está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Además, España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, pero España es el sexto país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante. Es decir, con cuarenta millones de habitantes menos que Alemania y once millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos que estos países. Y lo dejo claro: estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Segundo hecho. El 23 de julio podríamos haber acabado con esta situación, pero el Partido Popular impidió la reforma de la ley de extranjería, a pesar de que habían aceptadas por el Gobierno todas sus exigencias. Los tres puntos innegociables del señor Clavijo, convertidos luego en cuatro puntos innegociables por el señor Tellado, habían sido aceptados. Primero, la creación de un grupo de trabajo sobre infancia migrante no acompañada. Segundo, la propuesta sensata del señor Vivas, presidente de Ceuta, de cesión de guardia y custodia de menores a entidades del tercer sector en la Península mientras la tutela la siguen teniendo Ceuta y Canarias. Tercero, el Gobierno asegura la financiación para el traslado de niños y niñas, y la atención durante al menos un año tras el traslado. Y, cuarto, un mismo sistema de protección en toda España con la declaración de alarma migratoria cuando sea procedente. Señores del Grupo Popular, si van a seguir bloqueando una solución para Ceuta y Canarias, les ofrecemos que el acuerdo para conseguir el traslado de menores a la Península se haga sobre las propuestas de los señores Vivas y Clavijo -ambos de Gobiernos en los que participa el Partido Popular-, pero ni siquiera en esos términos lo aceptarán, porque la situación de los niños desamparados, españoles o extranjeros, al PP no le importa nada. Muchas gracias.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).»