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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del servicio público de justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales: el Real Decreto Ley 6/2023, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Además, francamente, dudamos de la calidad técnica de la propuesta. El nuevo apartado d) del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta. Por ejemplo, la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinó a Borja Villacís opera exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra y por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. (Aplausos). Existen en distintas provincias bandas de estas características, según se ha publicado, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 65.1.d) actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Quiero manifestar nuestro cariño por Nuria López, por su familia y sus allegados, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, asesinada el 13 de marzo por un interno que, a continuación, se suicidó, que no estaba tampoco muy bien. Esta mujer era personal laboral, y esto ha sido un hecho lamentable que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible, pero que no se habría evitado aunque el pasado mes de marzo los funcionarios hubieran ya tenido el reconocimiento de agentes de la autoridad. En la práctica, ese reconocimiento no va a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios. Hoy, prácticamente en la totalidad de los casos que se juzgan por agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas. Yo sugiero que, si esta PL se aprueba, se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles, como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones. Si no se da el debido tratamiento a los internos, eso acaba repercutiendo en las condiciones de trabajo del personal. Hay deficiencias de los servicios sanitarios y de salud; falta de personal médico, de enfermería; mala remuneración del desempeño profesional; falta de medios técnicos para atender a los internos, y la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que un médico o una médica que tiene que atender a un interno no puede acceder al expediente sanitario de ese interno en los sistemas de atención pública? Es así, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, la Comunidad Autónoma vasca y Cataluña, las únicas que han abordado este problema con seriedad incorporando los servicios sanitarios y de salud a los correspondientes servicios públicos de esas comunidades autónomas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Señora presidenta, señorías, el PP quiere subsanar la reforma del Código Penal que presentó en el año 2015 y que introdujo la posibilidad de aplicar el agravante de multirreincidencia a los delitos leves, las antiguas faltas de hurtos inferiores a 400 euros, eso es de lo que estamos hablando. La reforma fue dejada sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo consideró que la reforma era de todo punto desproporcionada. Eso es lo que dijo. Es decir, el PP en aquel momento convirtió una pena de multa de uno a tres meses en una pena de prisión de hasta tres años. Hasta el Supremo dijo que era desproporcionado. Y ahora nos traen, de otra forma, los mismos incrementos en otros supuestos, también hasta tres años. Esto se hizo el mismo año de las reformas mordaza. A eso es a lo que se dedicaba el Partido Popular en el año 2015. Obviamente, estamos hablando de los casos de reincidencia, pero los casos de reincidencia no son casos idénticos a organizaciones criminales. Como decía el profesor Edwin Sutherland, maestro de la criminología de principios del siglo XX, en aquel brillante libro llamado Ladrones Profesionales, son casos de ladrones profesionales, personas en situaciones de exclusión que muchas veces no han tenido oportunidad de tener otra profesión. Y organizaciones criminales son las que se dedican al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, al narcotráfico o a la trata de personas, para lo cual hay que tener medios y recursos económicos; es decir, son supuestos muy distintos. Estamos hablando de personas en situación de exclusión social, de lo que popularmente se llaman 'robagallinas'. Por cierto, ustedes proponen penas superiores o iguales a los delitos más graves del Código Penal, aquellos que solamente pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica, y les voy a dar ejemplos. Están proponiendo reformas que pueden llegar a condenas de tres años, exactamente como la máxima que hay en el Código Penal ahora mismo para la alteración de los precios de concursos y subastas públicas; o tres veces más de la máxima prevista en el Código Penal para los delitos relativos al mercado y a los consumidores; o tres veces más de la prevista para el delito de sobrefacturación; o igual a las previstas más graves para administradores que cometen delitos societarios. ¿Usted cree que un delito societario puede gravarse o penarse igual que cuando un infractor roba tres móviles? Pues, francamente, yo creo que eso no es posible en una democracia. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«De no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable. Por eso, en SUMAR proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar medidas ya para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de derecho. Primero, modificar el procedimiento de renovación del Consejo del Poder Judicial para liderarlo del secuestro. Segundo, reformar las competencias del Consejo para ejercer las establecidas en la Constitución, sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de justicia pueda seguir funcionando. Tercero, reformemos el acceso a la carrera judicial y fiscal primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando, mediante becas, con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria. (Aplausos). Cuarto, ampliemos los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos. Quinto, reactivemos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa. Y deroguemos, por supuesto, la reforma de la ley mordaza del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura. Reformemos también la Ley sobre Secretos Oficiales y la ley de tratados internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la democracia. Hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de ciento cuarenta países. Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina. El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con la Corte Penal Internacional...»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Por el contrario, a ustedes la Constitución se les ha hecho muy grande y trabajan para limitarla, para empequeñecerla. A la derecha se le llena la boca de Constitución y a la mínima oportunidad la incumplen o bloquean. Tres veces ha sido bloqueada la renovación del Poder Judicial en democracia y las tres veces por el Partido Popular, cuando no ha tenido mayoría parlamentaria para poner el Consejo a su servicio, pero nunca habían llegado a estos extremos, con más tiempo en funciones que un periodo de mandato regular. Más de cinco años secuestrando el Poder Judicial y bloqueando su renovación. Esta actitud es lo que debilita al Estado y la convivencia, la degradación del servicio público de la justicia, con docenas de nombramientos judiciales aplazados, impidiendo el funcionamiento de los tribunales y el Tribunal Supremo con las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Militar y, en breve, de lo Social y de lo Penal colapsadas. Evidentemente, el expresidente del Consejo tuvo que dimitir ante el bloqueo de esta renovación y han renunciado media docena de cargos de responsabilidad de los órganos técnicos del Consejo en los últimos meses. ¿Acaso busca el Partido Popular el colapso de la Justicia para que sea más difícil investigar sus corruptelas, como la que afecta a la pareja de la señora Ayuso?»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Buenas tardes, presidenta. Señorías, este debate es un déjà vu, el bucle estéril en el que el Grupo Popular ha metido a nuestra democracia desde que Aznar les ordenó desestabilizar. Ya saben, el que pueda hacer, que haga. Otra vez el Grupo Popular trae el debate sobre la ley de amnistía, ahora utilizando el último informe de la Comisión de Venecia, comisión que no es más que una mesa de expertos que aconsejan y opinan sobre cuestiones constitucionales. El Grupo Popular deforma el contenido del informe e intoxica a la opinión pública, mientras convierte al Senado en su herramienta de propaganda de la que no prescindirán hasta que finalice el actual periodo electoral con las elecciones europeas. Todo a costa de desestabilizar y bloquear las instituciones, y de enfrentar y preocupar a los y las españolas. El PP no asume su fracaso ante la Comisión de Venecia, que afirmó que la ley de amnistía es acorde con la legalidad europea y no requiere realizar reforma constitucional alguna. Por eso no existe requerimiento alguno de órgano ejecutivo o tribunal europeo amonestando a España a cuenta de esa ley. Con gran inocencia, eso sí, la Comisión de Venecia presupone que el Partido Popular es un partido respetuoso con la institucionalidad constitucional y por ello afirma que sería recomendable que hubiera reformas en España para dotar a la norma de mayor consenso. Compartimos esa recomendación, pero España comprueba a diario que es un estéril esfuerzo intentar consenso alguno con el Partido Popular cuando no gobierna.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la Seguridad Social que se ha hecho con diversas mutualidades: religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la Administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA, y también se trabaja ahora para la inclusión en la Seguridad Social de religiosos de la Iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos o los notarios. (Aplausos). Abogados y procuradores se han visto atrapados, cuando no engañados, en un sistema que debería ser de previsión social, pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujeron a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía Española desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que, por cierto, forman parte de los órganos de la mutualidad. Las decisiones tomadas en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la Seguridad Social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados, pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y procura han dicho basta ante este fraude que los está condenando a una jubilación de exclusión social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Al Partido Popular le decimos: no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren, pero no mientan al descalificar el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia. No se venguen de la Comisión de Venecia bloqueando más años el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular debe dejar de utilizar al comisario Reynders, al que han metido en un callejón sin salida al anunciar que no van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y continuarán así degradando el servicio público de Justicia. Porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido. Amnistiaron a 30 000 ricos delincuentes fiscales, y digo ricos porque, para cometer delito fiscal, hay que defraudar más de 120 000 euros en cuota, y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera. (Aplausos). Les propongo acordar otra amnistía, que esta Cámara declaró constitucional en el año 2018, un gran acuerdo entre todas las fuerzas, amnistiemos a unos héroes de la Guardia Civil, a los guardias que iniciaron el camino para el reconocimiento de los derechos democráticos dentro del cuerpo y que fueron expulsados por exigir el derecho de asociación, derecho reconocido hoy en nuestras leyes; porque la amnistía es un medio para la reconciliación y la convivencia en muchos casos y lugares. Votemos a favor y pasemos página, para poder centrarnos en lo que de verdad importa, poder continuar mejorando la vida de la gente, sin renunciar a aprobar unos presupuestos generales del Estado, que nos permitan seguir creando empleo o mantener los impuestos a los grandes beneficios de los bancos y las eléctricas. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, La Pirenaica, que por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España; o el archivo titulado Palomas mensajeras 19121925, que tras más de cien años sigue siendo secreto; o sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas; o, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la Transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero; o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y del GAL. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya terceros países han desclasificado, países adonde los historiadores o periodistas tienen que ir para conocer su contenido. Incluso, utilizamos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«La cuestión clave, sin duda alguna, es el tiempo que debe transcurrir para que un documento reservado o secreto vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal hasta su cancelación uno a uno. Ahora mismo, nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos; no existe un listado. La Ley de 1968, hasta su modificación en el año 1978, permitía que los documentos fueran clasificados por el Consejo de Ministros y por centenares de funcionarios de la Dictadura, que durante años han declarado secreto todo lo que han querido sin más criterio que el de un funcionario de un régimen dictatorial, y me refiero a todos los jefes de Estado Mayor, a todos los gobernadores civiles o a cualquier funcionario que tuviera que ver con las capitanías; cualquier jefe de una capitanía militar, por ejemplo. La inmensa mayoría de esos millares de documentos siguen bajo secreto; no hay una norma que permita su desclasificación si no es uno a uno, como ya digo. Y, en la práctica, esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba una norma que contenga un mandato legal que obligue a la desclasificación. Es imposible desclasificar uno a uno. Y la arbitrariedad y el secretismo que se ha arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, sino también a la investigación periodística o, simplemente, al derecho de información de cualquier ciudadano o ciudadana.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia. Votaremos que no. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«El PP ha politizado la justicia hasta límites inaceptables en democracia. Querían controlar el Tribunal Supremo por detrás y han presumido de que los jueces apoyaban al Partido Popular. Ahora, con esta enmienda, excusatio non petita, intentan justificar que la justicia no la han politizado. También convierten en delito la propuesta o la realización de consultas ciudadanas contrarias a los requisitos constitucionales del referéndum. Dicen, literalmente, que una consulta directa a los ciudadanos realizada por un ayuntamiento sería para ustedes motivo para imponer hasta cinco años de cárcel. El portal de consultas públicas del Ayuntamiento de Madrid indica que, en cuatro años, ese ayuntamiento ha realizado cincuenta y cuatro consultas públicas; ninguna convocada con los requisitos constitucionales de referéndum. Nosotros nos oponemos a que el señor Martínez Almeida pueda ir a prisión por convocar consultas ciudadanas y, según la enmienda que proponen al artículo 547 del Código Penal, estos nuevos delitos llevarían aparejada la disolución del partido político impulsor de estas consultas. En este caso del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger, y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales proponemos un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole política, sindical o religiosa, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de SUMAR, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Por eso, son una necesidad para mejorar nuestra democracia y, por eso, se contienen expresamente en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión, en el que ya están desde hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como las de Reino Unido o Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal y que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso, esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar lagunas jurídicas que puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales, porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos, la retirada de obras de arte o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales, como una bandera, porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Sobre los flujos migratorios, España y Europa necesitan esos flujos para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas. Hay dos experiencias recientes del tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlos en situaciones difíciles con el debido respeto a los derechos humanos. España ha acogido a más de doscientas cincuenta mil personas desplazadas de Ucrania por un conflicto bélico y, en el último semestre, más de cuarenta mil personas procedentes de África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas. Felicitamos a todas las personas que han participado en esos trabajos; por supuesto, a todas las instituciones, también a las ONG y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable mientras que los ultras vociferaban contra una invasión inexistente. (Aplausos). Desde luego, algunos instrumentos de gestión de las migraciones se han enfrentado a dificultades, por supuesto. El Defensor del Pueblo puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo que llegaban a Valverde por falta de medios, en este caso, de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de una forma apresurada y en condiciones de peligro, pero el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta inmigración e invasión migratoria se han quedado sin argumentos. El problema no es la capacidad de acogida de nuestro país; el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio. No solo es una obligación moral y jurídica, es una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen, porque, además, es posible hacerlo. Le felicito, señor ministro, por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso. Ojalá pongamos a España a la altura para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida. En materia de política migratoria tenemos dos obligaciones. En primer lugar, aplicar la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los derechos humanos y, en segundo lugar, tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla. (Aplausos). Aprovechamos esta andadura en la nueva legislatura para corregir algunos problemas estructurales del sistema. En primer lugar, la extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para obtención, renovación, subsanación de trámites de extranjería, que son un calvario. Preocupan especialmente los casos del procedimiento de asilo, dadas las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional. Los centros de recepción, atención y derivación, como sistemas integrados de gestión, han funcionado bien en la acogida de personas ucranianas. Aprendamos de esa experiencia y generalicémosla también para subsaharianos, no solo para europeos. La Subdirección General de Asilo del ministerio es una dirección general. Eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas. Para combatir la saturación, simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias. Por ejemplo, mayor periodo de validez de las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones. Los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajadas seguimos sin regularlos y usted, señor ministro, se comprometió en esta Cámara el 30 de noviembre del año pasado a que iba a llevar adelante esa reforma, ese desarrollo reglamentario. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario le va a hacer llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos, con la mayor celeridad, este compromiso que es suyo y es nuestro. Nos preocupa también la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas. Eso requiere una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo. Otro aspecto que en esta legislatura debe cambiar radicalmente es la instrucción para que la policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a comisarías como víctimas de delitos a regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o, simplemente, a denunciar que han sido víctimas de delitos. Esto está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante. Es evidente que hay una colisión entre la ley de extranjería y una norma superior, como es la obligación de perseguir los delitos que se cometen contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa, porque la víctima es víctima aunque esté en situación administrativa irregular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Señora presidenta, señoras y señores diputados, la verdad es que hay un acoso permanente a militantes y locales del Partido Socialista, también de otras fuerzas del Gobierno de coalición -por ejemplo, en Málaga dos locales de Izquierda Unida y del Partido Comunista, la Agrupación Julián Grimau y la Agrupación Dolores Ibárruri, también han sido atacados y asaltados estos días-, pero, desde luego, nada como lo ocurrido en la calle Ferraz, y eso ha sido parte de la estrategia golpista y desestabilizadora del Partido Popular y de VOX. Pretendían dar esa imagen internacional, también en el resto de España, de que Madrid se había levantado contra el Gobierno emulando a Andrés Torrejón contra Napoleón. La presencia de la ultraderecha ha sido permanente en esas vigilias. El señor Abascal no ha faltado; el portavoz de Interior de VOX, el señor Ortega Smith, que hoy no debe haber podido venir; el ocioso vicepresidente de Castilla y León, que allí no trabaja, señor García-Gallardo, pero que estaba megáfono en mano todas las noches; y, cómo no, por el Partido Popular, Esperanza Aguirre. Pero los muy constitucionalistas acabaron gritando ¡Viva Franco!, el otro democrático grito de ¡La Constitución destruye la nación! (muestra una fotografía), que también es realmente muy constitucional. Las imágenes de las muñecas hinchables de los proxenetas sí que abrieron las noticias de los telediarios de medio mundo para vergüenza de todos. No faltaron los escuadrones ultras de Desokupa, los apologetas de la mentira de los panfletos ultras digitales y, cómo no, los integristas cristianos exorcizando al maligno. Hasta un fascista armado con una pistola apareció por allá. Un espectáculo bochornoso que ha dado una imagen penosa de España alrededor del mundo. Desde luego, en materia democrática lo que sí podemos decir es que la mayoría de los españoles han parado ese levantamiento. También es verdad que ha ayudado bastante el puente de la Constitución, que en este caso no destruye la nación, y la apertura de la temporada de esquí, que ha desinflado bastante las concentraciones en la calle Ferraz. Pero, bueno, la realidad es que hasta los sindicatos de policía han acabado, literalmente, exigiendo a Ortega Smith y a VOX -y leo literal- que dejen de coaccionar a las UIP. Por ejemplo, JUPOL calificaba de intolerable la actitud del señor Ortega Smith con la fuerza policial. Preguntaremos más adelante, después de esta sesión, al ministro por el número de sanciones impuestas por desobediencia o faltas de respeto a los agentes, porque eso es algo que nos interesa bastante. Desde luego, ha quedado claro que la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la derecha y la ultraderecha es una pantomima funcional al momento. No los consideran funcionarios probos, encargados de defender la democracia y la convivencia; más bien los consideran sus esbirros funcionales para defender sus privilegios. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Han demostrado que la convivencia no les importa lo más mínimo. Cuando los ultras alteran el orden público, atacan la democracia y desprecian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es evidente que ustedes también están atacando a la convivencia. Espero que los funcionarios de policía tomen nota y nunca más se dejen utilizar por esta ultraderecha que los ha usado durante años para impulsar sus agendas políticas desestabilizadoras. La ultraderecha no son los suyos, los suyos son los demócratas. Eso es lo que deben tener claro los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, antes Guardia de Asalto, ha permanecido fiel a todos los gobiernos democráticos, incluso en los golpes de Estado, como el de julio del 1936 o el de febrero del año 1981.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«La ultraderecha carece absolutamente de credibilidad. Llegaron a esta Cámara prometiendo luchar contra el derroche en la política y cada vez que acceden a un Gobierno multiplican el gasto en asesores y altos cargos, o cobran salarios abultados por desempeñar vicepresidencias autonómicas sin función alguna, lo que les deja mucho tiempo libre para viajar a Madrid y agitar, megáfono en mano, la algarada callejera en la calle Ferraz. Con estos antecedentes, se atreven a insultar y acusar a la vicepresidenta Díaz de supuesto incumplimiento de sus deberes públicos. Les molesta que la señora Díaz haya hecho su trabajo y que tengamos un gobierno de España sin la presencia de los herederos y los apologistas del régimen franquista; es decir, sin el PP y sin VOX. Reunirse con los representantes de un grupo parlamentario elegido por los votos de la gente no es contradecir una resolución del Tribunal Supremo. VOX, al dictado del PP, ha puesto en marcha una peligrosa estrategia de ataque a la democracia y de desestabilización de las instituciones constitucionales. Su estrategia es enfrentar a los españoles y españolas con violencia y desórdenes públicos. Es acabar con la convivencia pacífica, construida por las fuerzas e ideas democráticas con las que arrojamos la Dictadura al basurero de la historia. La ultraderecha desprecia al Estado de derecho y la democracia cuando afirma temerariamente que este Gobierno es ilegítimo e ilegal, cuando incita al linchamiento del presidente del Gobierno elegido democráticamente, cuando califica de golpes de Estado los resultados de las urnas expresados por los ciudadanos, cuando deshumaniza a sus adversarios políticos incitando a exterminarlos. ¡Paren ya! Ustedes y el Partido Popular están jugando con fuego. Dejen de deteriorar la democracia. Sabemos que no la valoran, porque nunca lucharon por ella, pero tomen nota: el Partido Popular les pone a hacer el trabajo sucio. Ellos se presentan como la alternativa de la derecha civilizada, pero el pistoletazo de salida de esta insurrección contra las instituciones democráticas la dio el señor Aznar: El que pueda hacer, que haga. El Consejo del Poder Judicial, secuestrado por el PP desde hace más de cinco años, fue el primero que hizo una declaración propia de negacionistas de la democracia sin competencia alguna para ello, arremetiendo contra una ley inexistente, de la que no se conocía ni el borrador. El Poder Judicial cuestionando la legitimidad del Poder Legislativo para aprobar una investidura o una ley. Lo nunca visto. Eso es poco respeto a la división de poderes.»