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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
15.130 declaraciones · página 463 de 505
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María Eugenia Carballedo Berlanga · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«Y no me digan ustedes que no es enternecedor ver a la portavoz del Grupo Socialista, que fue diputada autonómica, cómo le saca de sus casillas que diputados de la Asamblea de Madrid vengan aquí a defender la necesidad de incrementar la distancia entre el Legislativo y los órganos judiciales, que de eso va esta iniciativa. Pero es que los socialistas no lo pueden soportar; es que ustedes, ustedes, están en someter a la justicia. Ustedes, el Partido Socialista, están en crear hasta tres comisiones de investigación para linchar a los jueces españoles, para vapulearlos, para presionarlos; en eso están ustedes. Ustedes, los socialistas, están en capitalizar todas las instituciones, especialmente las judiciales. Y cuando no lo consiguen, ¿en qué está el PSOE? El PSOE está en sembrar dudas sobre la legitimidad de los tribunales de Justicia. En eso están ustedes. (Aplausos). Por lo tanto, entenderán todos los que nos escuchan, también los que nos están siguiendo por streaming, y no les sorprenderá que ni en la Asamblea de Madrid ni aquí, en el Congreso, el Grupo Socialista sea capaz de apoyar una iniciativa que desvincula el Poder Legislativo, en este caso el autonómico, de la designación, de la elección de los magistrados. No encontrarán ni un solo diputado de izquierdas que renuncie al poder que supone elegir magistrados, ni uno. El Grupo Popular se lo está proponiendo en esta Cámara desde el año 2018 y no hay manera. El PSOE no deja que sean los jueces los que, con criterios objetivos, elijan entre ellos a los responsables, entre otras cosas, fíjense, de juzgar a los políticos. Para eso, ¿saben qué tiene que pasar? Que el Partido Popular alcance el Gobierno. (Rumores). Solo con un gobierno del Partido Popular el Poder Legislativo dejará de elegir a los magistrados. (Aplausos). Los españoles lo saben muy bien.»
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María Eugenia Carballedo Berlanga · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«Buenas tardes, señorías. Doy la bienvenida a la delegación de la Asamblea de Madrid, al presidente de la Cámara, al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y al portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Bienvenidos. Y, cómo no, también a los diputados que han intervenido, que han tomado la palabra, del Grupo VOX y del Grupo Popular, autor de la iniciativa. (Aplausos). Como digo, han venido a tomar la palabra para presentar una iniciativa en defensa de un modelo de justicia independiente. Y si era importante en los años 2020 y 2021 esta defensa, cuando la presidenta Ayuso remitió el texto a la Asamblea para su tramitación, si era importante en ese momento defender una justicia independiente, figúrense ustedes ahora que Sánchez ha asumido las tesis de sus socios, y como los jueces españoles prevarican, hay que burlar la acción de la justicia y borrar los delitos de golpistas y malversadores para que le hagan presidente. (Aplausos). Este es el contexto en el que se debate esta iniciativa. Y lo digo, señorías, desde esta tribuna, aquí, donde vilmente se ataca a los jueces, donde la izquierda les señala públicamente con el silencio cómplice de la señora Armengol (aplausos) y de los miembros del Gobierno, que, por acción, como la vicepresidenta Ribera -no presente- y la vicepresidenta Montero, atacan y deslegitiman a los miembros de la carrera judicial. Con estos mimbres, ustedes comprenderán la beligerancia de las intervenciones que me han precedido.»
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Mercedes González Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«Vamos, que están ustedes como para venir aquí a dar lecciones sobre leyes, sobre justicia, sobre independencia judicial, sobre escándalos familiares y sobre corrupción. (Aplausos). La verdad es que no se preocupen, porque, como no está Casado, no saldrá a dar explicaciones. Y Almeida no hará de alcalde espía, sino que ha salido hoy de alcalde justiciero, defendiendo a Ayuso, atacando de una manera indigna y absolutamente miserable a la mujer del presidente del Gobierno. (Aplausos). Pero esto les ha sabido poco, porque, como Madrid es España y España es Madrid, proponen que Madrid y todas las comunidades autónomas pierdan su capacidad para proponer una terna de nombres en el llamado turno autonómico, para recordarnos a todos, una vez más, su escasa fe y convicción en el Estado autonómico, en su funcionamiento, en su desarrollo; vamos, un paso más en lo que quiere VOX, que es acabar con las autonomías. Así lo refleja en su programa electoral, eso e ilegalizar partidos políticos que no piensan como ustedes. Y las señorías del PP lo que hacen ahora es ocupar el lugar que la historia les tenía destinado desde el primer momento, que fue cuando votaron en contra del título VIII de la Constitución. Pero, como digo, como Madrid es España y España es Madrid, que todas las comunidades autónomas, según ustedes, sigan su camino, que es el de que el turno autonómico no ha sido designado desde el año 2014, y que la Asamblea de Madrid se someta al poder exclusivo de la presidenta, convirtiendo a Madrid en el autogobierno de Ayuso, que se carga de un plumazo el Consejo de la Transparencia, conformado por tres personas, reduciéndolo a uno para convertirlo en el delegado de Ayuso, eliminando el régimen sancionador para la Administración, que había de ser sancionada si no respondía en tiempo o si no respondía con un mínimo de rigor. Y nota para los que no son de Madrid: este es el consejo que le pedía a Isabel Díaz Ayuso todas las actas de las residencias. (Aplausos).»
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Mercedes González Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«Tres meses después de esa recusación, el señor López también se negó a apartarse de otra causa del Partido Popular, como tienen tantas, en este caso el de la caja B, y se le vuelve a recusar. En aquel entonces dijo: Que los acusados de este procedimiento y los partícipes a título lucrativo puedan resultar condenados o absueltos me es absolutamente indiferente. Ese mismo año, siendo juez de la Audiencia Nacional, López puso en contacto a dos personas, un empresario amigo de Bárcenas y el abogado que representaba al Partido Popular, pero no se interesó en saber ni cuándo iban a hablar, ni por qué iban a hablar, ni de qué iban a hablar. Simplemente, me limité a presentar a dos conocidos, dijo siendo consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y con esto vienen ustedes de la Asamblea de Madrid como el paradigma de la defensa de la independencia judicial del PP, de la separación de poderes y de la autonomía del Consejo General del Poder Judicial para decidir su composición. Y todo esto recién iniciado, como bien ha dicho mi compañera de SUMAR, el juicio por supuestas irregularidades en el campus de la justicia; un proyecto faraónico de Esperanza Aguirre, a la que solo le salían ranas -¿se acuerdan ustedes?- y que ahora lo retoma el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a la que solamente le salen familiares: padres, hermanos, parejas... (Aplausos). Ahora entiendo perfectamente la defensa cerrada y encarnizada que hacen ustedes de la familia. Les entiendo. Ese campus en Madrid nos ha dejado un erial absoluto en Valdebebas con un solo edificio y una petición de ocho años de cárcel al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Justicia de la comunidad, Alfredo Prada, y seis años para otras cinco personas que también están encausadas en este proyecto. Uno de ellos es Andrés Gómez, director de seguridad del recinto, que también está procesado por el caso Kitchen, porque con ustedes todo acaba confluyendo.»
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Mercedes González Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«Gracias, presidenta. La verdad es que han tenido hoy un ejemplo del desparpajo que tiene la derecha madrileña, porque, como habrán visto, una diputada de VOX, un diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y un diputado de VOX en el Congreso de los Diputados nos han hablado de independencia judicial y de prestigio; prestigio, señor Ortega Smith, reprobado en dos ocasiones en el Ayuntamiento de Madrid (aplausos), primero, por vejar a una mujer maltratada y, segundo, por ser agresivo con un concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero usted viene a hablarnos de prestigio. Mis compañeros, que me han antecedido en el uso de la palabra, han explicado perfectamente a qué se refiere lo que traen hoy aquí dos diputados que no representan al conjunto de la Asamblea de Madrid, sino simplemente al Partido Popular y a VOX. Este proyecto fue vendido como el gran proyecto legislativo de la Comunidad de Madrid, cuando, en realidad, era una minúscula propuesta de apenas dos artículos, con dos disposiciones finales que el Consejo General del Poder Judicial dijo que había que añadir porque el texto adolecía de severos defectos de técnica normativa, dejándoles claro que su gran proyecto en realidad era una miniley bastante chapucera. Una miniley de hace más de tres años, debatida en varias ocasiones en la Comunidad de Madrid y aprobada en diciembre de 2021 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a iniciativa del consejero Enrique López. ¿Lo recuerdan? (Muestra una portada del periódico La Razón). El de 'el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial'. Quien se negó en su día a apartarse de la causa de la Gürtel por su relación con el Partido Popular (aplausos), siendo miembro de la Sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional con el siguiente argumento: Jamás he sido nombrado ministro, secretario de Estado, subsecretario, director general o cargo electo como diputado o senador, todo esto minutos antes de que recogiera el carné del Partido Popular, Ayuso le nombrara consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y fuera designado por Pablo Casado secretario de Justicia del PP y primer negociador para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial.»
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Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«La coherencia de VOX en este asunto viene desde su misma fundación en 2014, lo pueden comprobar ustedes en las medidas de 2018, 100 medidas urgentes para España; en la Agenda para España de 2021; en España decide 2023; en todas ellas la línea es la misma: independencia judicial, Consejo General del Poder Judicial independiente, elección de los doce vocales por y entre magistrados. Y eso, como decía al principio, por sí solo no es suficiente. La independencia del Poder Judicial necesita que el Consejo General del Poder Judicial sea independiente, sí, pero también necesita una Fiscalía General y una Abogacía del Estado que puedan actuar con verdadera independencia y autonomía del Gobierno de turno. También, un Tribunal Constitucional que no esté elegido por los partidos políticos y, también, unas reformas procesales que hagan que la ley sea ágil y no una tortuga en la resolución de los asuntos. (Aplausos). Aquí hemos podido escuchar hoy lo que ya nos esperábamos: los separatistas hablando de una justicia propia para Galicia, para Cataluña, para el País Vasco, porque esto, según ellos, es centralizar la justicia. No, claro, por eso aprueban leyes como la que quieren aprobar esta semana: la ley de amnistía. Claro, una ley a la carta, unos tribunales a la carta. Voy terminando, señora presidenta. Tribunales a la carta donde sus golpistas, sus terroristas, sus malversadores, sus delincuentes tengan un trato especial en la ley. (Aplausos). La igualdad de los españoles ante la ley y la igualdad de los españoles ante los tribunales no es negociable. Un único Poder Judicial para todos los españoles, catalanes, madrileños, vascos, navarros y andaluces, cualquier español ha de tener la misma ley y los mismos tribunales. Lo demás es totalitarismo partidista. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
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Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«El objetivo de VOX ha sido siempre muy claro: despolitizar completamente la justicia, lograr la verdadera independencia del Poder Judicial, la separación de poderes en el Estado. Y para eso hace falta una reforma completa y global, no solamente algunos parches. Porque les confieso que, aunque esta proposición viene de la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular nos genera permanentemente profundas dudas, porque hay dos Partido Popular, y no son el de Feijóo y el de Casado o el de Rajoy y el de Feijóo. No, no, son el Partido Popular de la oposición y las campañas y el Partido Popular cuando está en el Gobierno. (Aplausos). Cuando está en la oposición hace cosas, por ejemplo, como esta que son muy loables, que están muy bien y que suenan muy bien, o cuando apoyó el otro día la Proposición de ley sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de VOX para la elección de los doce magistrados provenientes de la carrera judicial para vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ese es un Partido Popular que de repente suena bien. Pero, claro, ese Partido Popular que hoy vota a favor de esto, está en la Unión Europea con el comisario europeo Reynders tratando a España como una colonia que necesita mediadores internaciones -como dijimos el otro día-, viendo cómo Bolaños y Pons, Pons y Bolaños, se ponen de acuerdo para seguir repartiéndose el Consejo General. (Aplausos). Luego, está el otro Partido Popular, que es aquel que cuando llega al Gobierno hace reformillas, como en 2001 y 2013, que o te mete avales, o te mete precandidatos, pero no entra en el fondo de la cuestión. Ojo, nos metemos con el Partido Popular porque nos genera dudas sobre lo que dice en la oposición y lo que hace cuando llega al Gobierno, pero de la izquierda y los separatistas no tenemos ninguna duda, lo tenemos clarísimo. Ellos no quieren que la justicia sea independiente, lo dicen y lo defienden claramente (aplausos) y, en definitiva, manipulan la justicia como pueden.»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«En SUMAR planteamos una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con su secuestro del Consejo, de forma que se dote de los recursos necesarios a jueces y tribunales para realizar un servicio público eficaz y socialmente responsable de la justicia. Señorías del PP, va a ser difícil que nos entendamos, porque nosotras sabemos para quién gobernamos y ustedes demuestran cada día que sus propuestas pretenden favorecer a los de enfrente, a las élites, a los poderosos. (Aplausos). Pero, como soy una idealista, voy a mantener la mente abierta y se lo voy a pedir una vez más: señorías del PP, dejen de insistir con iniciativas legislativas que son solo una manifestación de su hipocresía. Llenar los discursos de palabras grandilocuentes nada tiene que ver con lo que necesita la ciudadanía de España. Por favor, abandonen el bipartidismo, sean un partido de Estado. Asuman de una vez que tenemos Gobierno progresista de coalición para rato. Y a ver si así se unen a las que sí estamos día a día aquí trabajando por España, por la ciudadanía, por las personas que menos tienen, por las mujeres y por la clase trabajadora. (Aplausos).»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«También el portavoz del PP ha mencionado varias veces a Montesquieu. ¿Sabe qué decía Montesquieu? Que la hipocresía es el colmo de las maldades. Señorías del PP, vienen ustedes aquí a hablar de independencia del Poder Judicial mientras se niegan a cumplir la Constitución, que garantiza precisamente, por encima de todas las cosas, esa independencia. (Aplausos). ¡Se niegan a cumplir la Constitución y a renovar el Consejo General del Poder Judicial! Hace demasiados años que les sale gratis ser condenados por defraudar dinero público, insultar a miembros del Gobierno o a representantes de otras organizaciones políticas con el mayor de los cinismos. Hoy nadie se sorprende por la noticia sobre un presunto fraude cometido por la pareja de la señora Ayuso, pero es que ustedes ni se despeinan, incluso le han tomado el pelo a un comisario europeo, sin complejos. Es evidente que no podemos esperar seriedad y sentido democrático alguno de un Partido Popular que crítica con las palabras más gruesas un proceso de mediación internacional desarrollado para conseguir encauzar lo que ustedes generaron, que es un problema en Cataluña, y al mismo tiempo piden un proceso de mediación internacional para solucionar un problema que es muy nacional y muy constitucional, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora resulta que, como hay ley de amnistía, no va a haber renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esto se lo dicen ustedes en la cara a la Comisión Europea. Este es el sentido de Estado del PP. O aceptas mis reglas o rompo la baraja. Cualquier baraja, por cierto. Y si no aprobamos hoy que se tramite esta ley orgánica, ¿qué precepto constitucional se proponen ustedes incumplir? Lo peor de todo es que las consecuencias de su secuestro del Consejo General del Poder Judicial van mucho más allá que su pataleta, por desgracia para el propio Poder Judicial y para la ciudadanía. Mire, la primera consecuencia de su bloqueo ya se la recordé a sus señorías de la derecha en esta Cámara la semana pasada, pero la voy a volver a repetir, porque no sé si es que no les importa o es que no se ha escuchado: el maltrato a los jueces y magistradas interinas. Ustedes, señorías del PP, son más que cómplices, son cooperadores necesarios de esta perversión. Miren, esta semana pasada recibí un correo de una magistrada que me explicaba que, después de más de treinta años como jueza sustituta, apenas tenía veinte cotizados. Una persona que, como todas las juezas y magistradas -más del 90 % de las sustitutas son mujeres-, tiene vedado, además, el acceso a las pruebas para ser juez de carrera. Pero es que hay otros efectos de la parálisis del mandato constitucional que ustedes protagonizan. Vayamos a por el segundo. Como sin duda sabrán, señorías del PP, por culpa de este secuestro, los militares o guardias civiles de empleo igual o superior a comandante o capitán de corbeta no pueden ser encausados ni enjuiciados penalmente; es decir, la jurisdicción militar solo puede instruir causas penales a militares y guardias civiles con empleo inferior. Qué cosa, ¿no? Las élites de nuevo favorecidas por sus lecciones de anticonstitucionalismo.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la...
«Lo que esta iniciativa quiere eliminar no solo es un mecanismo razonable, sino también perfectamente homologable a nivel europeo. De hecho, nosotros creemos que lo que debería hacer este Estado es desarrollar esta vía también en otras instancias judiciales, acercando la justicia a las personas y alejándola de las cúpulas judiciales aún inmersas en un marco mental de otros tiempos. Si quieren mejorar la justicia española, en lugar de dar más competencias al Consejo General del Poder Judicial lo que hay que hacer es acabar de una vez por todas con la situación actual de esta institución. En ese sentido, querría recordar la iniciativa presentada por Josep Pagès, mi predecesor en esta Cámara en la legislatura pasada, para resolver el problema de su renovación. Él presentaba una propuesta, una propuesta avalada incluso por magistrados del Tribunal Supremo, que establecía que cuando se acaba el plazo de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial estos se van a su casa y solo queda el miembro de más edad, el más joven y el último que se haya incorporado para atender exclusivamente las funciones de intendencia básica. El Consejo General del Poder Judicial es más que evidente que está en crisis. La derecha, en un sentido amplio, y la misma cúpula judicial nos quieren imponer la falsa solución de una mayor independencia judicial con la única finalidad, como les decía al inicio de mi intervención, de tener el control total del gobierno de los jueces. Una mala solución, porque ya sabemos qué pasa cuando hacen política las togas.»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Señorías de VOX, ya sé que ustedes no son muy fans de la acción climática y que tampoco lo son de los tratados internacionales, pero se supone que sí lo son de recuperar soberanía nacional. ¿De verdad van a apoyar la enmienda del Partido Popular? Porque creo que se lo deberían pensar. (Aplausos). Creo que su posición es bastante interesante. Antes de acabar, quiero dar las gracias a los protagonistas de esta lucha: a las organizaciones ecologistas y a la comunidad climática, que tanto insistió durante años en que teníamos que salir del tratado. Ahora toca superar uno de los últimos obstáculos para España. Superemos este obstáculo que ha querido poner el Partido Popular con su enmienda, que no es un obstáculo al Partido Socialista, no es un obstáculo al Gobierno, es un obstáculo a la lucha climática y a los intereses de España. Superémoslo votando en contra de la enmienda del Partido Popular, porque en la emergencia climática no hay prórrogas que valgan. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira pide la palabra).»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«¿Cómo justifica el Partido Popular su enmienda? ¿Cómo justifica el PP intentar retrasar la salida de ese tratado contrario al ecologismo? Dicen ustedes que creen que tenemos que prorrogar la salida del tratado para hacerlo de forma conjunta con la Unión Europea. Dicho así, puede parecer que tiene sentido, pero hay que añadir contexto, y es que su propuesta, señor Requena, está desfasada, llegan ustedes tarde, como siempre. La vicepresidenta Ribera ha sido una de las ministras que desde 2021 ha destacado la necesidad de que toda la Unión salga del tratado de forma conjunta. ¿Pero qué pasa? Estamos en 2024, saben que necesitamos una mayoría cualificada para hacerlo de forma conjunta y no la tenemos. De momento, son once los Estados que han expresado o han hecho efectiva la salida del tratado y, fíjense, entre estos once está Polonia. Sí, señorías de VOX, Polonia. Hasta hace dos días sus compañeros, sus colegas de Ley y Justicia estaban gobernando en Polonia, y fue ese Gobierno precisamente el que inició los trámites para salir del tratado. Llamen a sus amigos de Ley y Justicia, a ver qué les cuentan de este tratado. Señorías del PP, llamen al señor Donald Tusk, destacadísimo miembro de su familia política europea, a ver qué piensa de este tratado. Llamen también al señor Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo, que va a hacer efectiva la salida del tratado este verano. O llamen, por ejemplo, al señor Rishi Sunak, primer ministro del Gobierno conservador del Reino Unido, y pregúntenle por qué el Reino Unido pidió hacer efectiva la salida del tratado hace tan solo una semana. Llámenles y verán cómo le dan la razón al Gobierno de España. ¿No ven que todos estos países, gobernados indistintamente por socialistas, ecologistas, liberales, conservadores e incluso ultraconservadores, están saliendo del tratado? ¿Por qué? Porque además de que el tratado es contrario a los acuerdos de París y a la Ley Europea del Clima, es también una cuestión de interés nacional. ¿No se han preguntado, señorías, cómo puede ser que una empresa energética extranjera pueda multar a España porque nosotros en nuestros parlamentos nacionales decidamos aprobar leyes para hacer transitar nuestra economía hacia un modelo más verde? ¿No creen que la soberanía nacional, la decisión colectiva de la ciudadanía española de dejar atrás la energía fósil debería estar por encima de este tratado?»
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Pepe Mercadal Baquero · PSOE ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Gràcies, presidenta. Señor Requena, es de cobardes subir aquí a atacar a una persona que sabe que no le puede contestar. (Aplausos). Senyors del PP, el que sabem avui de les investigacions que s'estan fent públiques és que els implicats van intentar pressionar el Govern de Marga Prohens, van intentar pressionar el senyor Tellado, i van intentar pressionar un tal Alberto. I també sabem a Balears que Marga Prohens va deixar caducar la reclamació que havia deixat iniciada l'anterior Govern. Per tant, el que preguntem a Balears és si aquesta reclamació ha caducat per negligència del Govern Prohens o bé per algun altre motiu molt pitjor, i tristament molt habitual, en el PP. Señores del Partido Popular, lo que sabemos hoy de las investigaciones que se están haciendo públicas es que los implicados intentaron presionar al Gobierno de Marga Prohens, intentaron presionar al señor Tellado e intentaron presionar a un tal Alberto. Y también sabemos que en Baleares Marga Prohens dejó caducar la reclamación que había dejado iniciada el anterior Gobierno. Por tanto, lo que nos preguntamos en Baleares es si esta reclamación ha caducado por negligencia del Gobierno Prohens o bien por algún otro motivo muy mucho peor y tristemente muy habitual en el Partido Popular. (Aplausos).»
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José María Figaredo Álvarez-Sala · Vox ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«En el año 2010, aunque se apruebe en el año 2011, el señor Zapatero recoge cable. Ve que aquello no había forma de pagarlo, ve que la tarifa española se estaba encareciendo de forma desmedida para retribuir conforme a las promesas que él había hecho a aquellos inversores en energías renovables, y ahí se aprueba ese primer recorte a las renovables. Y, claro, algunos de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, tratan de reclamar por este recorte. Los inversores nacionales se van a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde les dicen, fundamentalmente, que se vayan a sus casas, que ahí no hay nada que pedir. Los inversores extranjeros, sin embargo, amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía, acuden al centro internacional para la resolución de disputas, al CIADI, y empiezan a surgir los primeros laudos de inversión, aunque llegan muchos años después. Tanto es así, que los tres primeros laudos de inversión que condenan a España lo hacen basándose solo en el primer recorte de Zapatero. Llega el año 2012 y hay un segundo recorte, en este caso aprobado por Rajoy, porque, efectivamente, la situación era insostenible. Y a partir de ahí, el chorreo de laudos y de demandas contra España por el incumplimiento de sus obligaciones, de las promesas del señor Zapatero, es incesante. A los nacionales se les desestiman las reclamaciones; a los extranjeros, por el contrario, se les estiman. Tanto es así, que, hoy en día, hay laudos, es decir, sentencias internacionales dictadas, que condenan a España por importe de 1000 millones de euros. Pero es que hay otros tantos casos, que están vistos ya para sentencia, cuya cuantía asciende a 9000 millones de euros; y lo más previsible es que también condenen a España. En definitiva, una contingencia de 10 000 millones de euros contra el Reino de España por culpa de las promesas que el señor Zapatero firmó, que primero recortó y que después el Gobierno de Rajoy terminó de recortar.»
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José María Figaredo Álvarez-Sala · Vox ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«El principal problema que despliega este tratado es que establece un sistema de garantías para los inversores extranjeros en España que, básicamente, es un tratado bilateral de protección de inversores. Es decir, si un fondo extranjero invierte en España, tiene derecho a acogerse en un hipotético litigio a un arbitraje administrado por el CIADI, que es el centro internacional para la resolución de disputas. Los españoles que invirtiesen en esos mismos productos energéticos no tendrían derecho a acogerse a esos arbitrajes internacionales; tendrían que ir, por el contrario, a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ya sabemos -de hecho, ha sucedido- que siempre -o casi siempre- da la razón a la Administración pública. En el año 2007, el Gobierno aprueba una retribución especial para quien invierta en España en energías renovables, una retribución que estaba totalmente fuera de mercado y que hace de la inversión en energías renovables algo sumamente atractivo. Y gobernaba el Partido Socialista. Lo que sucede es que una gran cantidad de inversores nacionales y extranjeros comienzan, efectivamente, a invertir en energías renovables en España, pero con esta prima que el señor Zapatero había garantizado la retribución que se empieza a pagar supone para España un gravísimo déficit en tarifa. De ahí viene el famoso déficit de tarifa, que, básicamente, todos los consumidores eléctricos en España empiezan a tener que pagar a aquellos inversores que se habían acogido a las promesas del señor Zapatero. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«En estos últimos meses, hemos oído en esta tribuna cómo el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Popular competían para ver cuál de los dos se erigía como el menos ecologista. Ustedes están dispuestos a romper consensos ampliamente consolidados y sustentados, por un parte, por la academia, y, por otra, por las calles llenas de jóvenes. Pero no sufran. Mientras ustedes culpan a las políticas verdes de todos los males, el Grupo Parlamentario SUMAR seguirá defendiendo, en el Gobierno, aquí, en las aulas y en las plazas, un sentido común ecologista que interpela a toda la población (aplausos), porque solo así tendremos más calidad de vida. Es decir, interpelando a la ciudadanía y con convicción, decimos que, en definitiva, salir del Tratado sobre la Carta de la Energía es una cuestión de justicia climática. Hay que acelerar la transición energética y no se puede hacer con un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles. Es una cuestión de salud democrática. No podemos primar los intereses de los inversores en proyectos energéticos protegidos por un tribunal privado por encima de las políticas nacionales soberanas que avanzan en la consecución de los objetivos climáticos, en los objetivos de vivir mejor. (Aplausos). Y es una cuestión también de justicia social. No podemos gastar recursos económicos en litigios en lugar de invertirlos en articular una transición verde justa, que sea una oportunidad para acabar con las desigualdades sociales de este país. Señorías, no perdamos más el tiempo, que no nos sobra. Salgamos de un tratado que condiciona nuestra política climática. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Gracias, presidenta. Señorías, la emergencia climática es el reto más complejo y urgente al que nos enfrentamos como humanidad. Me parece que todas las diputadas y diputados de esta Cámara deberíamos tener presente este hecho, tenerlo presente cada vez que nos reunimos en este hemiciclo o en Comisión para debatir y adoptar no solo políticas climáticas, sino también políticas económicas, políticas sociales, políticas de salud, porque el cambio climático lo atraviesa todo. Por tanto, es necesario poner la política al servicio de este reto mayúsculo y establecer, por un lado, todos los mecanismos necesarios para planificar y articular una transición verde justa y, por otro, acabar con aquellos instrumentos que no nos permiten avanzar hacia ese objetivo último de neutralidad climática. El Tratado de la Carta de la Energía es un instrumento que no nos permite avanzar, y así lo dice la comunidad científica. Lo dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC de Naciones Unidas, que lo considera un grave obstáculo para luchar contra el cambio climático y -cito textualmente-: puede dar lugar a un enfriamiento normativo que puede llevar a muchos países a abstenerse de adoptar políticas de mitigación, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles o retrasar su adopción. Son muchas las empresas de la industria fósil que denuncian a los Estados miembros de este tratado utilizando el mecanismo de resolución de controversias inversión-Estado, un sistema judicial privado que, por cierto, la Unión Europea ya no incorpora en ninguno de sus tratados internacionales. Europa ha corregido este despropósito también gracias a la movilización y presión de muchas entidades sociales de todo el mundo; se merece especial atención y mención la campaña contra el TTIP. (Aplausos). Este tribunal privado permite a los inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados y reclamar compensaciones millonarias por cualquier medida emprendida por el Gobierno que perjudique a sus intereses económicos. Dicho de otro modo, es un mecanismo que pone los intereses privados por encima de los intereses de la ciudadanía; antepone seguir quemando combustibles fósiles a las políticas públicas acordadas dentro del juego de la democracia. Este tratado, negociado en los años noventa para mejorar las inversiones occidentales en el antiguo bloque soviético, ha provocado que desde 1998, año en el que España lo ratificó, haya sido condenado al pago de más de 1000 millones de euros -aunque se reclaman más de 10 000 millones-, fruto de cincuenta y un arbitrajes interpuestos. Debemos elegir: o las arcas del Estado al servicio de las multinacionales o las arcas del Estado al servicio de políticas de transición energética, rehabilitación climática, electrificación de la movilidad o refugios climáticos.»
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Juan Diego Requena Ruiz · PP ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Señorías, solicitamos el voto favorable a esta enmienda a la totalidad, utilizando los propios argumentos del Gobierno, de la Comisión y del Parlamento, que dicen que se pretende alcanzar una posición común durante el primer trimestre de 2024 para la retirada ordenada de la Unión Europea al completo del Tratado de la Energía. Por tanto, si esto es así, ¿por qué esta denuncia unilateral contra el criterio de la Comisión y del Parlamento Europeo? El aplazamiento que mi grupo solicita tiene todo el sentido. Porque no es cierto, como dice el Gobierno, que una vez denunciado al año siguiente nos salimos. Si, como ya he dicho al principio, las inversiones están protegidas durante veinte años más. Además, señorías del Gobierno, ustedes ponen como ejemplo a otros países cuando saben que los arbitrajes tienen una naturaleza completamente diferente. El procedimiento se ha hecho no desde la unilateralidad, sino desde el consenso. Por ejemplo, Reino Unido ha anunciado su salida del tratado y en su comunicado se lee que, después de consultar con empresas, sector y sociedad civil, han iniciado el proceso de salida del Tratado de la Carta de la Energía. ¿Con quién ha consultado este Gobierno? Con nadie. Este es el estilo Ribera-Sánchez, no consultar con nadie. Por cierto, ya les advertimos que en su propuesta de creación de la Comisión Nacional de Energía no vayan por la vía de la unilateralidad, porque se van a encontrar enfrente al partido mayoritario de este Congreso, que es el Partido Popular. No queremos más sectarismo y colonización de las instituciones, no queremos una comisión al servicio de Ribera para blindar su modelo energético fracasado. No queremos un instrumento más al servicio del Gobierno, porque este Gobierno ha convertido a España en el país con mayor grado de inseguridad jurídica. ¿Saben ustedes que desde mediados de 2023 España supera a Venezuela en laudos internacionales impagados? Este Gobierno tenía la firme intención de convertirnos en Venezuela. Pues bien, ya lo han conseguido. No se lo pongamos más fácil y voten a favor de nuestra enmienda. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Juan Diego Requena Ruiz · PP ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Señorías, las consecuencias de aquel regado millonario a fondos de inversión en paraísos fiscales fue 30 000 millones de euros de déficit tarifario, la práctica quiebra del sistema eléctrico, la ruina de 65 000 familias españolas y el pago a la factura eléctrica anual de 7000 millones de euros. Enhorabuena. Señorías, cuando el Partido Socialista les hable de justicia social o quieran aumentar los impuestos y saquear el bolsillo a los españoles piensen en Luxemburgo, en Malta o en Abu Dabi, que es donde únicamente ellos entienden su justicia mientras nos roban a través de tramas corruptas. Yo empiezo a estar seguro de que ya entienden por qué este Gobierno quiere llevar este tratado de forma furtiva. Señorías, intentarán confundirles, hablarán del impuesto al sol, que no existió según respuesta por escrito del Gobierno; les hablarán del éxito en energías renovables, cuando somos el país de Europa que más gas ruso quema; les hablarán del liderazgo en Europa, cuando la realidad es que solo nos ha servido para que se coloque Calviño y parece que también buscan la colocación de Teresa Ribera. Querrán señalar al Partido Popular por intentar apagar el fuego que Zapatero inició; o les hablarán de seguridad jurídica. Les voy a hablar yo de seguridad jurídica. Váyanse a la primera página del informe del Consejo de Estado que denuncia este Tratado de la Carta de la Energía. ¿Quién lo firma? Magdalena Valerio, una presidenta cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo porque, como todo lo que hace este Gobierno, no está al servicio del interés general, sino que está al servicio del interés particular. Y el reconocido prestigio de Magdalena Valerio es como el reconocido prestigio de este Gobierno, inexistente. Un Gobierno que no respeta la separación de poderes y ataca a fiscales y jueces, que señala a medios y periodistas por hacer su trabajo, que sigue negociando una amnistía que dinamita la esencia de la democracia española y europea a cambio no de una legislatura ya estéril, sino al servicio de los peores y contra cualquier seguridad jurídica.»
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Juan Diego Requena Ruiz · PP ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Señorías, decía al principio que este tratado no era un tratado cualquiera, y su persistencia en denunciarlo retrata claramente lo que han sido los gobiernos sanchistas para la seguridad jurídica. Lo van a entender enseguida, señorías. Si ustedes leen los fundamentos de la denuncia que se hace por parte del Gobierno, en ella se dice que la Carta de la Energía protege inversiones en combustibles fósiles, que la permanencia de España en el tratado resulta poco coherente con las políticas energéticas y ambientales del Gobierno o que España ha sido sometida a cincuenta y un procedimientos arbitrales con unas reclamaciones de más de 10 000 millones de euros. Claro, leyendo solamente esto pudiera parecer que las aspiraciones de salirse del tratado son lícitas. ¿Quién se puede oponer a que no se protejan las inversiones en combustibles fósiles o a que no nos impongan más laudos, pero, cuál es la realidad? La realidad no es esta; la realidad es que la totalidad de los arbitrajes condenatorios contra España invocando la Carta de la Energía no son por fomentar inversiones en combustibles fósiles, no están promovidas por quienes desarrollan actividades empresariales contrarias a la transición ecológica. Hay un detalle muy importante en este tratado que el Gobierno no dice en la denuncia y que esconde, y es que la totalidad de los procedimientos arbitrales contra España surgen por el irresponsable fomento de renovables del Gobierno socialista de Zapatero, el padrino de todos ustedes, unas inversiones que se hicieron a partir del año 2007 gracias a generosos, abultados incentivos que permitían obtener cuantiosos beneficios generando una burbuja especulativa que aprovecharon masivamente fondos de inversión, lo dicen los propios arbitrajes. Es decir, el Gobierno socialista de Zapatero fomentó una política de desarrollo renovable con incentivos que estaban muy por encima del precio de mercado. ¿Y quiénes fueron los principales perceptores de estos beneficios abultados? ¿Quién paga todo esto? Pongan atención, señorías: todo esto lo seguimos pagando todos los consumidores españoles en nuestra factura eléctrica, desde los consumidores vulnerables a los autónomos, las pymes o los consumidores industriales. ¿Y quién se lo lleva, señorías? Empresas fomentadas al amparo de esta política de Zapatero que tenían su sede fiscal, pongan atención, en Luxemburgo, la base de operaciones de Ábalos y Koldo, en Jersey, en Malta, en Holanda, en Reino Unido, en Abu Dabi y un largo etcétera de fondos de inversión constituidos en paraísos fiscales o en países fiscalmente muy atractivos. Paralelamente a todo ello, había otra ingente cantidad de dinero público que se destinó a empresas nacionales como Isofotón, la recordarán, que es la empresa que contrató a Teresa Ribera después de que se le dieran avales, incentivos, subvenciones y préstamos a fondo perdido que aprobaron María Jesús Montero, que se acaba de ir, y Luis Planas cuando estaban en la Junta de Andalucía y que acabó finalmente en un concurso de acreedores. Por cierto, ¿dónde está Teresa Ribera? No la vemos y es la artífice de la denuncia de este tratado. Ayer vino a arropar al presidente del Gobierno para no dejarlo solo contra Ábalos y hoy no sabemos dónde está. Señorías, no había ni un solo Gobierno socialista que no estuviera salpicado y no había ni un solo paraíso fiscal que no sacara tajada a costa de España, a costa de la mayoría social de nuestro país, que es quien paga todo esto. ¿Les suena a ustedes el modus operandi del Partido Socialista? Pero más grave aún es que había 65 000 familias españolas, 65 000 pequeños ahorradores, que decidieron invertir en 2007 y a partir de 2010 les aplicaron un recorte insoportable que ha llevado a la ruina a la casi totalidad de los pequeños inversores españoles, porque no pueden ir a los arbitrajes internacionales y este Gobierno no quiere escucharlos. Pedro Sánchez se comprometió con ellos a restituirles las primas a las renovables que se les habían recortado, y la realidad es que Pedro Sánchez volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: mentir a todos, todo el tiempo.»
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Juan Diego Requena Ruiz · PP ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Señorías, pero no solo no consensuan, también mienten. En respuesta parlamentaria a este grupo, la señora Teresa Ribera dijo que el objeto de España era modernizar el Tratado de la Carta de la Energía para alinear los objetivos al Acuerdo de París y al Green Deal. Si no han sido capaces de modernizar el tratado Presidencia española de la Unión Europea de por medio, deducimos, por tanto, que han fracasado. ¿En que quedó todo aquello? ¿Para qué ha servido la Presidencia española de la Unión Europea si han fracasado en su propuesta de reforma del mercado eléctrico? Han fracasado en la extensión de la excepción ibérica como solución ibérica al resto de Europa porque era un timo. Fracasan disparando las compras de gas ruso, ya van más de 8000 millones de financiación de la guerra a Rusia. Fracasan en su oposición a la energía nuclear y han fracasado en un acuerdo conjunto de la Unión Europea para reformar el Tratado de la Carta de la Energía. El liderazgo de este Gobierno y de Teresa Ribera desde luego es escaso o nulo, es inexistente. ¿Para qué sí ha servido la Presidencia española de la Unión Europea? Para colocar a Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones y para que su Gobierno traicione a España con la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, votando en contra de Madrid y en favor de Alemania. ¿Qué hay detrás de eso, señorías del Gobierno, señores del PSOE? ¿Es simplemente animadversión a Madrid o es que no quieren tener cerca la sede que puede perseguir el blanqueo de capitales porque temen que su primera decisión vaya contra la trama corrupta que le afecta a usted (señalando hacia la Presidencia), al ministro del Interior, al exministro de Política Territorial, al exministro Ábalos, a Illa o al número tres del Partido Socialista? (Aplausos). Sea cual sea el motivo, a nosotros nos parece vergonzoso.»
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Juan Diego Requena Ruiz · PP ·
Congreso · PlenoDenuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
«Buenos días, señora presidenta. Aquí sigue usted y cada día que pasa más dudas tenemos de su gestión en la pandemia. Mala cosa es esta para nuestra democracia que tanto salpica a la tercera autoridad del Estado. Como dice su compañera Montero, yo sé lo que haría. ¿Usted? (Aplausos). Señorías, la denuncia de este tratado internacional, al que traemos hoy la enmienda a la totalidad, no es un tratado cualquiera, es un tratado que necesita mejorarse o actualizar los objetivos, que necesita una respuesta conjunta de la Unión Europea, pero no una salida unilateral. Es un tratado que protege la propiedad, el libre mercado y la inversión. Entendemos que SUMAR, como enemigos de la propiedad y de la inversión, quieran salirse, pero ustedes, señorías del PSOE, ¿qué motivaciones tienen? Porque si son las que vienen reflejadas en el documento de denuncia son más falsas que justificadas. Señorías, el Partido Socialista quería llevar hoy la denuncia de este tratado como lleva haciendo este Gobierno las cosas desde hace muchos años, en la opacidad y el engaño. No querían traerlo al Pleno y querían llevarlo de una forma desapercibida, ni siquiera nadie del Gobierno ha venido a defenderlo. En realidad, creo que si del Partido Socialista dependiera esta semana no hubiese habido ni Pleno de lo divertida que la llevan. Pero, tranquilos, señorías, yo hoy no vengo a hablar ni de Koldo ni de Ábalos ni de Marlaska ni de Torres ni de Salvador Illa ni del resto de presuntos implicados en su nueva trama corrupta, de eso ya se habló ayer (la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: Y de Tellado, de Miguel Tellado), y de María Jesús Montero (varios señores diputados: De Tellado, de Tellado), y de eso se va a seguir hablando muchas semanas para que aclaren por qué robaban a los españoles (aplausos), y lo hacían mientras la vicepresidenta tercera, artífice de esta denuncia, era la responsable de una desescalada con un comité de expertos que nunca existió. Hoy, lo que deben darnos es explicaciones sobre qué hay detrás de su intento de tramitar la salida de la Carta de la Energía de la forma silenciosa en que la llevan, a escondidas, casi subrepticia, restándole importancia y de forma unilateral, sin consultar con nadie y fundamentando la división en un informe que contiene tantas inconcreciones como argumentos falsos, y encima por el procedimiento de urgencia. ¿Pero qué urgencia, señorías? ¿Alguien del Gobierno se ha leído el tratado? ¡Si una vez que salgamos las inversiones extranjeras todavía estarán protegidas durante veinte años! La única urgencia que tiene el Gobierno es no consultar con nadie y no consensuar con la alternativa del Gobierno una cuestión que debería ser objeto de consenso, como es un tratado que está firmado desde hace treinta años.»
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Juan Antonio González Gracia · PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Capítulo aparte, señorías, en el Breve tratado sobre la estupidez humana, merece aquel señor que quería que su casa se destruyera, aunque no sabía muy bien si la podía reconstruir o no. ¿Se acuerdan ustedes del ministro Montoro? Los niños y las niñas de este país se acuerdan muy bien de él porque subió el IVA hasta de las chuches. (Aplausos). Y los mayores también nos acordamos de él, porque nos subieron más de cincuenta impuestos. Pero a la memoria colectiva de los españoles y de las españolas no se les olvida aquella frase que dijo: 'Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros'. No hay mayor deslealtad hacia un país, señores del Partido Popular, que desear que tu país vaya mal. El Partido Popular sabe, de sobra, que los objetivos de estabilidad que ha presentado la vicepresidenta son coherentes. El Partido Popular es consciente de que la senda fiscal prudente que se incluye dentro del Plan de Reequilibrio es muy creíble. El Partido Popular sabe que se equivocó cuando Feijóo pronosticó, en julio del año 2022, aquello de 'nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profunda crisis económica'; e, incluso, acuérdese, señora vicepresidenta, llegó a decir que no iba a haber presupuestos para el año 2023. Y el resultado ha sido que, en el año 2023, el crecimiento del producto interior bruto, como ha dicho hoy la vicepresidenta, con gobiernos de Pedro Sánchez, ha sido de un 2,5 %, muy superior a la media de la Unión Europea. Y nunca antes en la historia de este país hubo tanta gente trabajando como en el año 2023, más de 21 millones de españoles y de españolas. (Aplausos). Todo esto lo sabe el Partido Popular. El Partido Popular tiene una disyuntiva; tienen ustedes dos caminos. En el primero, pueden ustedes hacer la oposición que quieran, pero, por lo menos, en temas fundamentales que benefician al interés general de este país, voten favorablemente, para contribuir al crecimiento y al reparto de la riqueza entre españoles. Pueden ustedes escoger el segundo camino, y ser dignos herederos de Montoro y desear que caiga España. El problema es que España no va a caer. Este Gobierno progresista seguirá construyendo un país más próspero, más moderno, más igualitario; en definitiva, un país donde los españoles y las españolas se sientan orgullosos de su país, en convivencia, y no tengamos que pasar la vergüenza de que en este país existe el único partido de toda Europa condenado por corrupción, el Partido Popular. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).»
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Juan Antonio González Gracia · PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, buenos días. ¡Qué cosas tenemos que escuchar en esta Cámara! Como dicen en su tierra y en la mía, los pájaros se tiran a las escopetas. Señor Marí Bosó, del Partido Popular, ha venido usted aquí a darnos lecciones y usted es el presidente del Partido Popular de Ibiza. ¿Dónde estaba usted cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció al presidente del Consejo Insular de Ibiza por contratación irregular y por acoso laboral? (Aplausos.-Rumores). ¿Señor Marí Bosó, cómo es usted tan temerario de hablar de corrupción cuando hay dieciocho políticos del Partido Popular de las Islas Baleares en la cárcel? (Aplausos.-Rumores). Señor Tellado -que se ha ausentado-, sea usted fuerte, no sea que, según las noticias que hoy hemos conocido, también esta trama le haya salpicado. (Aplausos.-Rumores). Señorías, nuestra Constitución recoge que el Senado es la Cámara de representación territorial. Por tanto, es saludable que del Senado salgan buenas propuestas para nuestros territorios. Por eso, me pregunto: ¿es bueno que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan 4500 millones más de margen fiscal? La respuesta, para cualquier persona coherente, sería un rotundo sí. ¿Y por qué ha votado el Partido Popular en contra? Porque al Partido Popular le dan igual los territorios. El Partido Popular está desvirtuando la Constitución española, lo hace bloqueando el Consejo del Poder Judicial y, ahora, también lo hace convirtiendo al Senado, no en una Cámara de representación territorial, sino en la sala de sus mítines semanales. El Partido Popular tiene secuestrado al Senado de España por sus intereses partidistas, y esto se llama atacar a las instituciones, atacar a la democracia y, así, señorías, mueren las democracias. Es necesario, frente a la hiperventilación, mucho sosiego; es necesario, frente al ruido, un poco de silencio, y, frente a la estupidez, es necesaria la lucidez. (Aplausos). Por eso, les traigo hoy este libro. (Lo muestra). Se trata de un libro recomendado para todos y para todas, que se titula Breve tratado sobre la estupidez humana, porque la estupidez es más dañina que la maldad. Con un malvado -como bien dice este libro- se puede dialogar e, incluso, convencerlo para que sea buena persona. Con un estúpido, es imposible. Y les pongo varios ejemplos. ¿Qué pensarían sus señorías si alguien se mira en un espejo y se dice: soy un ganador? Creo que todos pensaríamos que podría estar incluido en el Breve tratado sobre la estupidez humana. Pues bien, en este país alguien ha llegado a decir que no es presidente porque no quiere; lo que pasa es que aquí el espejito sí le respondió y le dijo: Chico, tú no eres presidente porque no has obtenido la mayoría. (Aplausos). ¿Qué pensarían si alguien les pidiera un vaso de agua y, cuando le ofreciéramos un vaso de H2O, esa misma persona te dijera: yo no quiero H2O, yo quiero agua? (Risas). Esa persona podría estar entrando dentro del Breve tratado sobre la estupidez humana. Pues bien, en esta Cámara, un grupo político, el Partido Popular, lleva pidiendo, semana sí y semana también -y hoy también lo ha hecho-, una bajada del IVA, pero cuando el Gobierno trae la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10 % o cuando trae el IVA cero para alimentos básicos, como la leche, el pan, la fruta o las verduras, entonces el Partido Popular dice que no, porque el Partido Popular no quiere H2O, quiere agua. (Aplausos.-Risas). ¿Qué creerían sus señorías si unos padres que tienen dos niños sobrealimentan al que menos lo necesita y no dan los alimentos suficientes al que más lo necesita? Pues, en principio, creeríamos que son unos malos padres, pero que también estarían dentro del Breve tratado sobre la estupidez humana. En mi tierra, Extremadura, gobierna la derecha-extrema derecha, Partido Popular y VOX, ¿y saben cuál fue la primera medida que llevaron a cabo? ¿Mejoraron la sanidad? No. ¿Mejoraron las infraestructuras? No. ¿Invirtieron más en educación? No. ¿Pusieron menos altos cargos? No. Lo primero que hicieron fue eliminar el impuesto del patrimonio a las 1200 personas más ricas de Extremadura, con un patrimonio superior a 2 millones de euros. (Aplausos). Y el millón de extremeños restantes, a seguir pagando. Por tanto, lo primero que hicieron las derechas fue sobrealimentar a los ricos y dejar de atender las necesidades de la clase media y de la clase trabajadora. Y, mientras esto lo hace la derecha en Extremadura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que en este semestre se iniciará la construcción de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata, Cáceres, con una inversión de 1100 millones de euros, que cambiará la historia industrial de Extremadura. (Aplausos). Por eso, hoy, quiero acordarme de quien impulsó ese proyecto, mi presidente, Guillermo Fernández Vara. (Aplausos). Y esa es la diferencia. La diferencia es que, una presidenta de derechas en Extremadura baja los impuestos a los ricos y el presidente de España trae riqueza a Extremadura para darles dignidad a las clases medias y trabajadoras.»
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Noemí Santana Perera · Podemos ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Sin embargo, hoy estamos debatiendo y votando de nuevo el mismo asunto, dado que el Partido Popular, en un ejercicio de irresponsabilidad, cumplió con su amenaza de bloqueo institucional. Sinceramente, creemos que es una temeridad haber rechazado en el Senado estos objetivos, porque, al final, quien va a pagar el pato van a ser las autonomías, en muchas de las cuales gobiernan ustedes y están en esos consejos de gobierno. Al final, si no salen adelante los objetivos de déficit que nos hemos marcado, lo que va a ocurrir es que vamos a acabar asumiendo objetivos que son mucho más exigentes, ya que nos tendremos que remitir a los aprobados en el mes de abril. Quien más va a sufrirlo va a ser la ciudadanía de este país, porque ya sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas aquellas competencias que más afectan a la ciudadanía, ya sea sanidad, educación o los derechos y las prestaciones sociales. Por lo tanto, señores del Partido Popular, hoy por hoy no entendemos que ustedes estén jugando con los intereses de la ciudadanía de nuestro país en aras de beneficiar los intereses propios del Partido Popular. No sé qué es lo que quieren ustedes hacernos ver o demostrarnos, pero lo cierto es que es una auténtica temeridad.»
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Noemí Santana Perera · Podemos ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 10 de enero, el Congreso votó y aprobó en segunda votación, por 179 votos a favor y 171 en contra, el acuerdo del Gobierno por el cual se fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero para el presupuesto del año 2024 y también el Plan de Reequilibrio previsto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera con el mismo sentido de los votos, abriéndose así camino a la presentación de los próximos presupuestos generales del año 2024, que, como ya nos han adelantado en la hoja de ruta, serían para el próximo trienio, pues la intención del Ministerio de Hacienda sería aprobar la Ley de Presupuestos Generales antes del mes de abril. Para ello, el límite de gasto no financiero, conocido más comúnmente como techo de gasto del presupuesto, se eleva a 199 120 millones de euros, un 0,5 % más con respecto al año anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Unos objetivos que fijan un déficit del 3 % en el 2024 para el conjunto de administraciones; el 2,7 % en 2005, y el 2,5 % en el año 2026. En el caso de las autonomías, se estableció en un 0,1 % para el 2024. Para el 2025 y 2026 lo que se va a buscar es el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó un equilibrio presupuestario del año 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en el 0,2 %.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Nosotros somos muy conscientes de que tan solo la consecución de un Estado propio podría garantizar que Cataluña dispusiera de todos los recursos que genera -lo tenemos claro- para revertirlos a la ciudadanía, que es para lo que sirven los recursos; pero también somos los que vamos a aprovechar todas, absolutamente todas las ventanas de oportunidad que tengamos para mejorar la financiación de nuestro país. Y, por ello, hoy, vuelvo a recordar, vicepresidenta, que los acuerdos alcanzados en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno del Estado español recogen estrictas claves en materia de financiación y ejecución de inversiones y que requieren, como usted sabe, el despliegue correspondiente mediante distintas comisiones de trabajo entre los gobiernos para impulsar una financiación singular, en este caso para Cataluña, y otras actuaciones estratégicas de carácter financiero y patrimonial. Hoy, por lo tanto, una vez más vamos a dar un sí a los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero es un sí condicionado, de hecho, me atrevería a decir que absolutamente condicionado, a la espera de que su Ejecutivo presente el proyecto de presupuestos, unas cuentas que exigimos que contemplen todo lo suscrito en el acuerdo de investidura: unas cuentas que sean buenas, unas cuentas que sean útiles para la ciudadanía y, sobre todo, para su bienestar, porque de eso se trata, y también unas cuentas que al menos lleven un 19 % de las inversiones a Cataluña, a favor de los catalanes y las catalanas. Nada más, vicepresidenta. Ánimo. Los acuerdos están para cumplirlos; nosotros tenemos uno con Cataluña y ustedes tienen uno con nosotros, y eso nunca me voy a cansar de repetirlo. Muchas gracias a todos. Buenos días. (Aplausos).»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Señora Montero, tampoco entendemos ni compartimos -y ya le adelanto que la vamos a combatir- la decisión de su ministerio de abandonar la publicación de los datos de ejecución de la inversión estatal territorializada, datos que deberían publicarse semestralmente, que no se actualizan desde octubre del año 2022 y que ahora han desaparecido también del Plan Estadístico Nacional. Esto lo vamos a combatir. Nosotros estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero defendemos que el retorno de las reglas de estabilidad se haga y, además, se haga de forma coherente. Esto significa que el esfuerzo que haga cada Administración debe ser -y no estoy pidiendo nada anormal- proporcional al gasto que hagan los Estados y sus administraciones. Los republicanos independentistas -y voy terminando- trabajamos siempre por la defensa de Cataluña. Es nuestro único interés. Nos debemos a la defensa de los intereses de los y las catalanas, y esto intentamos hacerlo siempre con coherencia y fuerza, básicamente porque consideramos que hay dos elementos que son clave para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, justamente ayer, el Gobierno de Cataluña aprobó los presupuestos para el año 2024, unas cuentas que, a pesar del déficit fiscal que arrastramos, que es muchísimo, nos van a permitir dejar atrás los recortes y también poner al servicio del país, de Cataluña, más de 43 000 millones de euros, unos recursos que reforzarán y, a la vez, muscularán el Estado del bienestar, que muscularán la sanidad, muscularán la educación y la protección social, entre otros. Esto lo hemos hecho asumiendo ese déficit fiscal permanente que nos ahoga.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Diputadas y diputados, Cataluña soporta un déficit fiscal sostenido en el tiempo, complicado y que ha llegado a duplicar y -es importante remarcarlo-, en algunos momentos, no pocos, a triplicar los niveles que en la experiencia comparada constituye la norma de solidaridad entre territorios que forman parte de un mismo Estado. Lo más importante de todo ello es que este déficit fiscal tiene un impacto negativo y directo sobre el bienestar de los y las catalanas. En definitiva, tiene un impacto negativo contra los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la realidad, una realidad cargada de agravios y deslealtades institucionales por parte del Gobierno central y centralista, amén de centrifugador; agravios como los incumplimientos reiterados en el tiempo o, por ejemplo, la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña del periodo del 2009 a 2013, la financiación estatal de la ley de dependencia, las deudas del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial o el personal de los nuevos tribunales de Justicia, entre un largo e inacabable etcétera. Y deslealtades tales como, por ejemplo, los cambios normativos muy importantes en el IRPF, en la disminución de los tipos y del impuesto de la electricidad; también, los cambios normativos del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, cambios normativos reiterados en los demás tributos cedidos; deslealtad, también, en la cartera de servicios de salud, por ejemplo. En definitiva, un auténtico despropósito.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la...
«Res més, vicepresidenta. Ànims. Els acords són per complir. Nosaltres en tenim un amb Catalunya i vostès el tenen amb nosaltres. Això no em cansaré de repetir-ho. Molt bon dia a totes i a tots i gràcies. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, presidenta, vicepresidenta. Buenos días, diputadas, diputados. Hoy debatimos y votamos por segunda vez, como se ha dicho, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública para las administraciones públicas de cara a 2024 y 2026. El Gobierno, por lo tanto, debe repetir la operación después de que, como ya se ha dicho, el pasado 7 de abril la mayoría absoluta del Partido Popular rechazara dichos objetivos; una posibilidad que también puede repetirse si el ejército popular en el Senado vuelve a vetar esos objetivos. En todo caso, todo apunta, sin embargo, después de escuchar a la vicepresidenta, a que se reafirma que la Moncloa tiene un plan B y que pasa por abrazar ese informe de la Abogacía del Estado que avala fijar la senda de déficit remitida a Bruselas en abril, en el marco del programa de estabilidad, un informe que, a priori, se sustenta en el artículo 135.2 de la Constitución para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno central.»