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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia. Votaremos que no. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«SUMAR se opone a la ilegalización de partidos por la adopción de acuerdos políticos que ni provocan, por ejemplo, muertes masivas en residencias de mayores ni han roto España (rumores), como se comprueba. Son enmiendas contrarias al derecho constitucional de participación política; enmiendas que vulneran el derecho al voto de millones de españoles y deberían ser prudentes en materia de ilegalización de partidos, porque el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales. (Aplausos.-Rumores). La primera fue por la trama Gürtel. La Audiencia Nacional sentenció que el Partido Popular se benefició, con más de 245 000 euros, por corrupción. La segunda condena, también de la Audiencia Nacional, fue por la caja B del Partido Popular. Fueron condenados como responsables civiles subsidiarios por 123 000 euros. La tercera condena, firme, como partícipe a título lucrativo, fue impuesta también por la Audiencia Nacional a su partido, por beneficiarse de 200 000 euros de la corrupción de la Gürtel en Boadilla del Monte. Y, en un cuarto proceso, el Partido Popular fue el primer partido político sentado en un banquillo de acusados. Se salvó de ser condenado por falta de pruebas, ya que ustedes mismos destrozaron a martillazos los ordenadores del señor Bárcenas. (Aplausos.-Rumores). Si hubiera sido condenado su partido entonces o si la reforma del artículo 31bis hubiera sido aplicada retroactivamente en cualquiera de esas sentencias, su partido habría sido disuelto como consecuencia de actividades corruptas realizadas por el Albondiguilla, la ministra Mato o Bárcenas. Eso es lo que ustedes proponen, pero para otros partidos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Nuestro compromiso con la libertad de expresión es tan claro que hemos presentado ya tres veces esta proposición de ley. Y, fíjense, ustedes han acudido a la calle Ferraz con banderas franquistas, con banderas constitucionales con el escudo recortado, es decir, provocando ofensas a altas instituciones del Estado. (Aplausos). ¡Esta reforma les viene muy bien para que no les lleven a los tribunales! Han acudido insultando al jefe del Estado, también les viene muy bien esta reforma del Código Penal para que no les acusen de injurias y calumnias a la Monarquía. ¿Recuerda usted cuando gritaban 'la Constitución destroza la nación'? A lo mejor usted no lo recuerda, pero su ocioso y pancartero vicepresidente de Castilla y León, al que nunca vemos en un despacho, pero vemos en todas las manifestaciones de negacionistas de España, sí lo debe recordar, porque era uno de los protagonistas de ese ejercicio conspiranoico. Cuando se reconocen libertades fundamentales, lo positivo es que se reconocen hasta a personas que no quieren reconocer esos derechos fundamentales para el resto de la sociedad. Por eso, yo les sugiero que si no van a votar, por lo menos se abstengan, para que personas como ustedes, que actúan como ustedes, no tengan problemas con el Código Penal. Todo lo que ha dicho ha quedado grabado y, mutatis mutandis, se deberá aplicar a Amnistía Internacional, que ya les digo que les ha mandado una carta, a usted también, pidiendo la derogación de todos estos artículos que hemos incluido; o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también debe ser un peligrosísimo e insurgente bolchevique, porque ya lleva dictadas como diez sentencias que condenan a España por estas cuestiones. En todo caso, también a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que insistentemente dice que lo que ocurre en España no es normal. Sobre todo, no es normal, porque reiteradas veces se nos vuelve a condenar, se nos vuelve a condenar y se nos vuelve a condenar. Le digo más, tenemos una obligación de cumplir con el derecho internacional y con las obligaciones de España ante la Comunidad Europea y de cumplir el artículo 10 del convenio, y eso nos obliga a reformar nuestra legislación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger, y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales proponemos un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole política, sindical o religiosa, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de SUMAR, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Por eso, son una necesidad para mejorar nuestra democracia y, por eso, se contienen expresamente en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión, en el que ya están desde hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben ofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso, hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes a España. El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable, y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto de terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. Doce cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional y el rapero Hasél entró en prisión en febrero de 2021. El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter, un claro contenido prospectivo de operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio de Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, quien utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de quince años de cárcel y treinta y tres de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la comisión de actos terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión, y este contempla hasta tres años de prisión.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En cuanto al delito de ultraje contra la patria, la crítica de los símbolos de un país es imposible de evitar en democracia. Penalizar esa crítica es, simplemente, reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con seis votos a favor y cinco votos particulares disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal: era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, diecisiete años diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía: 'No hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución [...]. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma, [...], y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo [...]. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionaba sobre cuestiones similares'. El profesor Ollero se refería a las, al menos, tres sentencias del Tribunal Europeo que condenaban entonces a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. Y qué razón tenía el señor Ollero, porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España en este caso en el que presentó voto disidente.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Respecto de los delitos de injurias contra la Corona, la justicia española condenó a dos jóvenes por quemar fotos del rey Juan Carlos. El recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a España, en el año 2018, por injerencia en la libertad de expresión, declarando que la pena aplicada en España no fue proporcional al fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Y han existido más condenas por este delito, como las de los humoristas de El Jueves, la condena del alcalde de Puerto Real por calificar de deleznable al rey emérito o la condena al coronel Martínez Inglés por calificar de corrupto al anterior jefe del Estado. Parece mucho más grave que militares en retiro amenacen con fusilar a veintiséis millones de españoles o reclamen al ejército que destituya al recién investido presidente del Gobierno y, sin embargo, ambas conductas son impunes a fecha de hoy. No hay mecanismo constitucional alguno para elegir, reprobar o cesar al rey, pero sí hay normas penales que castigan las críticas a la institución en el ejercicio de sus funciones; norma, por cierto, también aplicable para sancionar las críticas a los familiares hasta segundo grado colateral. En la antigüedad clásica, agraviar al rey era delito de lesa majestad, pero que 2500 años después en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez que se ha pronunciado ha calificado de injustificable esta norma penal.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En la anterior legislatura el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión: más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros o pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones: vías civiles de defensa del derecho al honor o del derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso, hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No pueden restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la Corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales ni a un Estado de derecho democrático. Y, además, son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Presidenta, señoras y señores diputados, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras tres legislaturas, en esta ya lo consigamos y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedimos a todas las fuerzas políticas que pierdan el miedo y que aprobemos una reforma para que España se sitúe en un escenario de protección y defensa del derecho a la libertad de expresión.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para dar...
«Señor ministro, el riesgo de consagrar en el Derecho europeo el concepto de instrumentalización de la migración es enorme, supondría un nuevo paso para criminalizar a las organizaciones humanitarias. Según el nuevo reglamento, que se tendrá que cerrar la semana que viene, si se determina que existe una situación de crisis o de instrumentalización, se activará un sistema paralelo de asilo con una rebaja sustancial de garantías y de derechos para las víctimas, para los refugiados, con mayores plazos de detención en frontera. España debe mantener una posición clara en defensa del derecho de asilo y le pido y le emplazo a que no se deje llevar por aquellos gobiernos de extrema derecha, como el de Italia, en lo que sería un retroceso sin precedentes. Que España defienda un respeto escrupuloso de los derechos humanos de todas las personas, también de los migrantes y de los refugiados. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Sobre los flujos migratorios, España y Europa necesitan esos flujos para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas. Hay dos experiencias recientes del tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlos en situaciones difíciles con el debido respeto a los derechos humanos. España ha acogido a más de doscientas cincuenta mil personas desplazadas de Ucrania por un conflicto bélico y, en el último semestre, más de cuarenta mil personas procedentes de África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas. Felicitamos a todas las personas que han participado en esos trabajos; por supuesto, a todas las instituciones, también a las ONG y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable mientras que los ultras vociferaban contra una invasión inexistente. (Aplausos). Desde luego, algunos instrumentos de gestión de las migraciones se han enfrentado a dificultades, por supuesto. El Defensor del Pueblo puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo que llegaban a Valverde por falta de medios, en este caso, de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de una forma apresurada y en condiciones de peligro, pero el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta inmigración e invasión migratoria se han quedado sin argumentos. El problema no es la capacidad de acogida de nuestro país; el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio. No solo es una obligación moral y jurídica, es una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen, porque, además, es posible hacerlo. Le felicito, señor ministro, por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso. Ojalá pongamos a España a la altura para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida. En materia de política migratoria tenemos dos obligaciones. En primer lugar, aplicar la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los derechos humanos y, en segundo lugar, tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla. (Aplausos). Aprovechamos esta andadura en la nueva legislatura para corregir algunos problemas estructurales del sistema. En primer lugar, la extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para obtención, renovación, subsanación de trámites de extranjería, que son un calvario. Preocupan especialmente los casos del procedimiento de asilo, dadas las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional. Los centros de recepción, atención y derivación, como sistemas integrados de gestión, han funcionado bien en la acogida de personas ucranianas. Aprendamos de esa experiencia y generalicémosla también para subsaharianos, no solo para europeos. La Subdirección General de Asilo del ministerio es una dirección general. Eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas. Para combatir la saturación, simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias. Por ejemplo, mayor periodo de validez de las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones. Los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajadas seguimos sin regularlos y usted, señor ministro, se comprometió en esta Cámara el 30 de noviembre del año pasado a que iba a llevar adelante esa reforma, ese desarrollo reglamentario. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario le va a hacer llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos, con la mayor celeridad, este compromiso que es suyo y es nuestro. Nos preocupa también la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas. Eso requiere una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo. Otro aspecto que en esta legislatura debe cambiar radicalmente es la instrucción para que la policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a comisarías como víctimas de delitos a regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o, simplemente, a denunciar que han sido víctimas de delitos. Esto está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante. Es evidente que hay una colisión entre la ley de extranjería y una norma superior, como es la obligación de perseguir los delitos que se cometen contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa, porque la víctima es víctima aunque esté en situación administrativa irregular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Señora presidenta, señoras y señores diputados, la verdad es que hay un acoso permanente a militantes y locales del Partido Socialista, también de otras fuerzas del Gobierno de coalición -por ejemplo, en Málaga dos locales de Izquierda Unida y del Partido Comunista, la Agrupación Julián Grimau y la Agrupación Dolores Ibárruri, también han sido atacados y asaltados estos días-, pero, desde luego, nada como lo ocurrido en la calle Ferraz, y eso ha sido parte de la estrategia golpista y desestabilizadora del Partido Popular y de VOX. Pretendían dar esa imagen internacional, también en el resto de España, de que Madrid se había levantado contra el Gobierno emulando a Andrés Torrejón contra Napoleón. La presencia de la ultraderecha ha sido permanente en esas vigilias. El señor Abascal no ha faltado; el portavoz de Interior de VOX, el señor Ortega Smith, que hoy no debe haber podido venir; el ocioso vicepresidente de Castilla y León, que allí no trabaja, señor García-Gallardo, pero que estaba megáfono en mano todas las noches; y, cómo no, por el Partido Popular, Esperanza Aguirre. Pero los muy constitucionalistas acabaron gritando ¡Viva Franco!, el otro democrático grito de ¡La Constitución destruye la nación! (muestra una fotografía), que también es realmente muy constitucional. Las imágenes de las muñecas hinchables de los proxenetas sí que abrieron las noticias de los telediarios de medio mundo para vergüenza de todos. No faltaron los escuadrones ultras de Desokupa, los apologetas de la mentira de los panfletos ultras digitales y, cómo no, los integristas cristianos exorcizando al maligno. Hasta un fascista armado con una pistola apareció por allá. Un espectáculo bochornoso que ha dado una imagen penosa de España alrededor del mundo. Desde luego, en materia democrática lo que sí podemos decir es que la mayoría de los españoles han parado ese levantamiento. También es verdad que ha ayudado bastante el puente de la Constitución, que en este caso no destruye la nación, y la apertura de la temporada de esquí, que ha desinflado bastante las concentraciones en la calle Ferraz. Pero, bueno, la realidad es que hasta los sindicatos de policía han acabado, literalmente, exigiendo a Ortega Smith y a VOX -y leo literal- que dejen de coaccionar a las UIP. Por ejemplo, JUPOL calificaba de intolerable la actitud del señor Ortega Smith con la fuerza policial. Preguntaremos más adelante, después de esta sesión, al ministro por el número de sanciones impuestas por desobediencia o faltas de respeto a los agentes, porque eso es algo que nos interesa bastante. Desde luego, ha quedado claro que la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la derecha y la ultraderecha es una pantomima funcional al momento. No los consideran funcionarios probos, encargados de defender la democracia y la convivencia; más bien los consideran sus esbirros funcionales para defender sus privilegios. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Han demostrado que la convivencia no les importa lo más mínimo. Cuando los ultras alteran el orden público, atacan la democracia y desprecian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es evidente que ustedes también están atacando a la convivencia. Espero que los funcionarios de policía tomen nota y nunca más se dejen utilizar por esta ultraderecha que los ha usado durante años para impulsar sus agendas políticas desestabilizadoras. La ultraderecha no son los suyos, los suyos son los demócratas. Eso es lo que deben tener claro los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, antes Guardia de Asalto, ha permanecido fiel a todos los gobiernos democráticos, incluso en los golpes de Estado, como el de julio del 1936 o el de febrero del año 1981.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«Han puesto en marcha una sucesión de pronunciamientos sediciosos de asociaciones corporativas de jueces, de inspectores de Hacienda, de diplomáticos o de cuerpos de Seguridad del Estado, que abandonan cualquier apariencia de independencia y se han convertido en brazos ejecutores de los partidos políticos que no aceptan las reglas de la democracia cuando no gobiernan. La guinda la pone la ya clásica incitación al golpe de Estado de los militares retirados, que querían fusilar a veintiséis millones de españoles y que no han faltado en esta fiesta. El partido de los jueces convocó por primera vez en democracia manifestaciones contra el Ejecutivo y el Legislativo, ignorando la prohibición de que los jueces hagan política, que establece el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y a pesar de lo grave que es que un juez decano o un presidente de Audiencia convoque manifestaciones, el Consejo del Poder Judicial no ha abierto ningún expediente disciplinario; la impunidad está garantizada. En su PNL mencionan el supuesto daño a España, a la imagen de España a nivel internacional, a la inversión extranjera, al turismo, que habría provocado una reunión entre dos fuerzas políticas. El daño reputacional al Estado lo están causando ustedes con la campaña fascista de acoso a militantes y locales de los partidos del Gobierno de coalición. Son los disturbios en Ferraz, las muñecas hinchables exhibidas, el portavoz de Interior de VOX en esta Cámara agitando a los manifestantes y desobedeciendo a la policía, 'purodefendiendo' España. Eso es lo que ha abierto los informativos y primeras páginas de la prensa mundial para vergüenza de todos y todas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«La ultraderecha carece absolutamente de credibilidad. Llegaron a esta Cámara prometiendo luchar contra el derroche en la política y cada vez que acceden a un Gobierno multiplican el gasto en asesores y altos cargos, o cobran salarios abultados por desempeñar vicepresidencias autonómicas sin función alguna, lo que les deja mucho tiempo libre para viajar a Madrid y agitar, megáfono en mano, la algarada callejera en la calle Ferraz. Con estos antecedentes, se atreven a insultar y acusar a la vicepresidenta Díaz de supuesto incumplimiento de sus deberes públicos. Les molesta que la señora Díaz haya hecho su trabajo y que tengamos un gobierno de España sin la presencia de los herederos y los apologistas del régimen franquista; es decir, sin el PP y sin VOX. Reunirse con los representantes de un grupo parlamentario elegido por los votos de la gente no es contradecir una resolución del Tribunal Supremo. VOX, al dictado del PP, ha puesto en marcha una peligrosa estrategia de ataque a la democracia y de desestabilización de las instituciones constitucionales. Su estrategia es enfrentar a los españoles y españolas con violencia y desórdenes públicos. Es acabar con la convivencia pacífica, construida por las fuerzas e ideas democráticas con las que arrojamos la Dictadura al basurero de la historia. La ultraderecha desprecia al Estado de derecho y la democracia cuando afirma temerariamente que este Gobierno es ilegítimo e ilegal, cuando incita al linchamiento del presidente del Gobierno elegido democráticamente, cuando califica de golpes de Estado los resultados de las urnas expresados por los ciudadanos, cuando deshumaniza a sus adversarios políticos incitando a exterminarlos. ¡Paren ya! Ustedes y el Partido Popular están jugando con fuego. Dejen de deteriorar la democracia. Sabemos que no la valoran, porque nunca lucharon por ella, pero tomen nota: el Partido Popular les pone a hacer el trabajo sucio. Ellos se presentan como la alternativa de la derecha civilizada, pero el pistoletazo de salida de esta insurrección contra las instituciones democráticas la dio el señor Aznar: El que pueda hacer, que haga. El Consejo del Poder Judicial, secuestrado por el PP desde hace más de cinco años, fue el primero que hizo una declaración propia de negacionistas de la democracia sin competencia alguna para ello, arremetiendo contra una ley inexistente, de la que no se conocía ni el borrador. El Poder Judicial cuestionando la legitimidad del Poder Legislativo para aprobar una investidura o una ley. Lo nunca visto. Eso es poco respeto a la división de poderes.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Señor Feijóo, no se opongan a una nueva fase de encuentro y diálogo entre la sociedad catalana y la del resto de España. Sus políticas han sido una fábrica de independentismo, han provocado fracturas sociales y políticas cuando gobiernan. No utilicen la crispación y el odio para obtener votos; sean patriotas, trabajen por la concordia, por el diálogo y la cohesión territorial. Por no hacerlo y por su permanente doble rasero, por tanto desprecio a la democracia y a los trabajadores y a las trabajadoras usted no va a tener el apoyo de SUMAR ni de esta Cámara para ser presidente del Gobierno de España. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Miren, los constituyentes del 78 abordaron la cuestión de la amnistía y concluyeron, por lo que se refiere a la amnistía, literalmente: Se acuerda no constitucionalizar este tema. Se decidió no limitarla constitucionalmente -algo muy diferente a prohibirla- para dejar que el legislador la abordase cuando fuera preciso. En democracia, lo que no está expresamente prohibido es susceptible de desarrollo legislativo. Y el proceso de distensión y diálogo con los partidos catalanes llevado a cabo por el Gobierno progresista está normalizando la situación en Cataluña. Y en España nos ha traído el descenso del apoyo a la ultraderecha, quizás por eso no quieren ustedes distender la situación en Cataluña. Porque la concesión de medidas excepcionales para cientos de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre -por ejemplo, los responsables de centros educativos donde se instalaron las urnas- es un sencillo e imprescindible paso para la normalización. Hechos más graves, como la toma militar de este Congreso, el secuestro de todos los diputados y las diputadas y de todo el Gobierno fueron indultados en 1988 con el acuerdo del Partido Popular. Los gobiernos del Partido Popular dieron cuatro amnistías por delitos económicos. Solo Rajoy benefició a más de 30 000 infractores, que evitaron condenas de hasta cinco años de cárcel, entre ellos Rato, Bárcenas, la familia Franco o Diego Torres. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Presidenta, señorías, tras este espectáculo machirulo digno de un bar (rumores.-Aplausos), digno de un bar, pido, en primer lugar, excusas a los españoles y españolas y quiero mandarles un mensaje de tranquilidad: el señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Y además todavía no se ha enterado de quién fue la primera mujer ministra de un Gobierno en España, fue la señora Federica Montseny en el Gobierno de la Segunda República. (Aplausos). Señor Feijóo, seamos rigurosos, el Partido Popular no tiene demasiada autoridad para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. (Protestas). La democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de Alianza Popular. (Aplausos). El Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y uno de ellos incluso firmó la condena a muerte de Julián Grimau. Han votado en contra de todas las iniciativas para condenar el franquismo presentadas en el Pleno del Congreso. No aceptan las reglas de la democracia, no reconocen legitimidad a los gobiernos de izquierda y constantemente llaman al transfuguismo. Ustedes son la anomalía democrática. (Aplausos). El PP no puede erigirse en guardián o intérprete de la Constitución, entre otras cosas porque en 1978, cuando este Congreso votó la Constitución, la mitad de sus diputados no votaron a favor. Para el PP España siempre está rompiéndose: con el tripartito en Cataluña, con el Gobierno de Zapatero, con la aprobación del Estatut, con la moción de censura a Rajoy, por la formación del Gobierno de progresistas... Pero la verdad es que España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes. (Aplausos). Hablan de concordia, de igualdad, a la vez que se oponen a cualquier diálogo entre el Estado y Cataluña. El PP sí puede hablar con Junts con normalidad, ¿verdad, señor González Pons?, pero si lo hace SUMAR entonces está rompiendo España. Aznar indultó a quince miembros de Terra Lliure y Rajoy, con buen criterio, ofreció amnistiar para bajar la tensión en Cataluña. (Muestra un recorte de prensa.-Aplausos). Pero cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. De hecho, en Portugal se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado julio por la visita del Papa. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España. (El señor Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno, hace gestos negativos). Sí, señor, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. (Aplausos). Y tiene un límite: no puede aplicarse a delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización y en este caso lo va a ser tras un gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. Y no pueden decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución. ¿No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas? Tampoco se mencionan en la Constitución. La Constitución no prohíbe la amnistía, es una facultad del Legislativo que opera sobre una conducta, mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo y opera sobre las condenas penales, y ninguno afecta a las facultades del Poder Judicial. Sí prohíbe la Constitución el indulto general, lo que no impidió que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar aprobara 1443 indultos. (Aplausos). ¿El motivo de este indulto general? Hombre, terminaba el milenio en año jubilar. Un motivo arbitrario, sin interés general alguno e impropio de un Estado aconfesional. Si este indulto cuasi general no rompió la separación de poderes, ¿por qué, según el PP, una hipotética amnistía sería un ataque al Poder Judicial? En nuestro sistema constitucional sí está prohibida la impunidad de las conductas que pudieran cometerse posteriormente al indulto o la amnistía. Porque la amnistía no despenaliza ninguna conducta, solo es una institución que se aplica excepcionalmente para normalizar una situación conflictiva.»