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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
223 declaraciones · página 8 de 8
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben ofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso, hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes a España. El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable, y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto de terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. Doce cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional y el rapero Hasél entró en prisión en febrero de 2021. El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter, un claro contenido prospectivo de operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio de Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, quien utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de quince años de cárcel y treinta y tres de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la comisión de actos terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión, y este contempla hasta tres años de prisión.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En cuanto al delito de ultraje contra la patria, la crítica de los símbolos de un país es imposible de evitar en democracia. Penalizar esa crítica es, simplemente, reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con seis votos a favor y cinco votos particulares disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal: era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, diecisiete años diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía: 'No hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución [...]. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma, [...], y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo [...]. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionaba sobre cuestiones similares'. El profesor Ollero se refería a las, al menos, tres sentencias del Tribunal Europeo que condenaban entonces a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. Y qué razón tenía el señor Ollero, porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España en este caso en el que presentó voto disidente.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Respecto de los delitos de injurias contra la Corona, la justicia española condenó a dos jóvenes por quemar fotos del rey Juan Carlos. El recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a España, en el año 2018, por injerencia en la libertad de expresión, declarando que la pena aplicada en España no fue proporcional al fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Y han existido más condenas por este delito, como las de los humoristas de El Jueves, la condena del alcalde de Puerto Real por calificar de deleznable al rey emérito o la condena al coronel Martínez Inglés por calificar de corrupto al anterior jefe del Estado. Parece mucho más grave que militares en retiro amenacen con fusilar a veintiséis millones de españoles o reclamen al ejército que destituya al recién investido presidente del Gobierno y, sin embargo, ambas conductas son impunes a fecha de hoy. No hay mecanismo constitucional alguno para elegir, reprobar o cesar al rey, pero sí hay normas penales que castigan las críticas a la institución en el ejercicio de sus funciones; norma, por cierto, también aplicable para sancionar las críticas a los familiares hasta segundo grado colateral. En la antigüedad clásica, agraviar al rey era delito de lesa majestad, pero que 2500 años después en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez que se ha pronunciado ha calificado de injustificable esta norma penal.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En la anterior legislatura el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión: más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros o pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones: vías civiles de defensa del derecho al honor o del derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso, hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No pueden restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la Corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales ni a un Estado de derecho democrático. Y, además, son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Presidenta, señoras y señores diputados, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras tres legislaturas, en esta ya lo consigamos y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedimos a todas las fuerzas políticas que pierdan el miedo y que aprobemos una reforma para que España se sitúe en un escenario de protección y defensa del derecho a la libertad de expresión.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para dar...
«Señor ministro, el riesgo de consagrar en el Derecho europeo el concepto de instrumentalización de la migración es enorme, supondría un nuevo paso para criminalizar a las organizaciones humanitarias. Según el nuevo reglamento, que se tendrá que cerrar la semana que viene, si se determina que existe una situación de crisis o de instrumentalización, se activará un sistema paralelo de asilo con una rebaja sustancial de garantías y de derechos para las víctimas, para los refugiados, con mayores plazos de detención en frontera. España debe mantener una posición clara en defensa del derecho de asilo y le pido y le emplazo a que no se deje llevar por aquellos gobiernos de extrema derecha, como el de Italia, en lo que sería un retroceso sin precedentes. Que España defienda un respeto escrupuloso de los derechos humanos de todas las personas, también de los migrantes y de los refugiados. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para dar...
«Señora presidenta, señoras y señores diputados, quiero mostrar mi preocupación por esta recta final de la negociación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, porque las propuestas legislativas presentadas en el marco de ese nuevo pacto de migración repiten demasiadas recetas del pasado, que hasta ahora no han servido para resolver los principales retos en materia migratoria, y cristalizan diferentes posiciones y posturas en aspectos clave como la solidaridad, el reparto equitativo de responsabilidades o los procedimientos. A nuestro entender, todo esto obstaculiza e impide la consecución de un verdadero sistema europeo común de asilo, eficiente y garantista. Faltan mayores compromisos y más ambición para incrementar la posibilidad de que las personas puedan obtener protección de forma segura. Y yo le pido, señor ministro, que haga usted un esfuerzo; aún quedan puntos para acordar en relación con el reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza mayor. La nueva terminología utilizada, como pre-screening, offshore o pre-entry, disfraza las mismas vulneraciones de siempre: dificulta el acceso a las vías legales y seguras de entrada, trasluce un incumplimiento del tratamiento individualizado y la protección para personas que solicitan asilo y contiene omisiones clamorosas del deber de auxilio a quienes acceden a las fronteras. El Reglamento Eurodac nos preocupa especialmente. Con la actual revisión del reglamento, aprobado por la Comisión en diciembre del año pasado y que ha sido liderado por la ultraderecha europea en el Parlamento Europeo, preocupan un exceso de medidas que priorizan control policial y se olvidan de medidas de integración y observancia de derechos fundamentales. Por ejemplo, recogida de mayor número de datos dactilares y faciales durante más tiempo, ampliando el ámbito de aplicación, adentrándose en el delicado terreno de la injerencia en el derecho a la intimidad de las personas sin la debida protección y control. En el contenido de las bases de datos se incluyen nuevos datos biométricos, como la imagen facial, sin que hayan sido evaluados debidamente los riesgos, y muy probablemente no se cumple con el equilibrio entre necesidad y proporcionalidad y permite -y esto es lo que más nos preocupa- someter a tecnologías de inteligencia artificial a menores a partir de 6 años, a niños, sin suficiente regulación ni garantías para proteger sus derechos fundamentales y su seguridad frente a posibles abusos en este proceso.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«La instrucción debe ser derogada porque fomenta la impunidad y eso no puede tolerarse en un Estado de derecho. Señor ministro, le pedimos expresamente que ordene esa derogación de forma inmediata y que nunca más vuelva a ocurrir que una persona extranjera que acuda a denunciar un delito sea sancionada por ello. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Sobre los flujos migratorios, España y Europa necesitan esos flujos para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas. Hay dos experiencias recientes del tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlos en situaciones difíciles con el debido respeto a los derechos humanos. España ha acogido a más de doscientas cincuenta mil personas desplazadas de Ucrania por un conflicto bélico y, en el último semestre, más de cuarenta mil personas procedentes de África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas. Felicitamos a todas las personas que han participado en esos trabajos; por supuesto, a todas las instituciones, también a las ONG y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable mientras que los ultras vociferaban contra una invasión inexistente. (Aplausos). Desde luego, algunos instrumentos de gestión de las migraciones se han enfrentado a dificultades, por supuesto. El Defensor del Pueblo puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo que llegaban a Valverde por falta de medios, en este caso, de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de una forma apresurada y en condiciones de peligro, pero el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta inmigración e invasión migratoria se han quedado sin argumentos. El problema no es la capacidad de acogida de nuestro país; el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio. No solo es una obligación moral y jurídica, es una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen, porque, además, es posible hacerlo. Le felicito, señor ministro, por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso. Ojalá pongamos a España a la altura para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida. En materia de política migratoria tenemos dos obligaciones. En primer lugar, aplicar la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los derechos humanos y, en segundo lugar, tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla. (Aplausos). Aprovechamos esta andadura en la nueva legislatura para corregir algunos problemas estructurales del sistema. En primer lugar, la extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para obtención, renovación, subsanación de trámites de extranjería, que son un calvario. Preocupan especialmente los casos del procedimiento de asilo, dadas las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional. Los centros de recepción, atención y derivación, como sistemas integrados de gestión, han funcionado bien en la acogida de personas ucranianas. Aprendamos de esa experiencia y generalicémosla también para subsaharianos, no solo para europeos. La Subdirección General de Asilo del ministerio es una dirección general. Eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas. Para combatir la saturación, simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias. Por ejemplo, mayor periodo de validez de las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones. Los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajadas seguimos sin regularlos y usted, señor ministro, se comprometió en esta Cámara el 30 de noviembre del año pasado a que iba a llevar adelante esa reforma, ese desarrollo reglamentario. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario le va a hacer llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos, con la mayor celeridad, este compromiso que es suyo y es nuestro. Nos preocupa también la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas. Eso requiere una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo. Otro aspecto que en esta legislatura debe cambiar radicalmente es la instrucción para que la policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a comisarías como víctimas de delitos a regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o, simplemente, a denunciar que han sido víctimas de delitos. Esto está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante. Es evidente que hay una colisión entre la ley de extranjería y una norma superior, como es la obligación de perseguir los delitos que se cometen contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa, porque la víctima es víctima aunque esté en situación administrativa irregular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Señora presidenta, señoras y señores diputados, la verdad es que hay un acoso permanente a militantes y locales del Partido Socialista, también de otras fuerzas del Gobierno de coalición -por ejemplo, en Málaga dos locales de Izquierda Unida y del Partido Comunista, la Agrupación Julián Grimau y la Agrupación Dolores Ibárruri, también han sido atacados y asaltados estos días-, pero, desde luego, nada como lo ocurrido en la calle Ferraz, y eso ha sido parte de la estrategia golpista y desestabilizadora del Partido Popular y de VOX. Pretendían dar esa imagen internacional, también en el resto de España, de que Madrid se había levantado contra el Gobierno emulando a Andrés Torrejón contra Napoleón. La presencia de la ultraderecha ha sido permanente en esas vigilias. El señor Abascal no ha faltado; el portavoz de Interior de VOX, el señor Ortega Smith, que hoy no debe haber podido venir; el ocioso vicepresidente de Castilla y León, que allí no trabaja, señor García-Gallardo, pero que estaba megáfono en mano todas las noches; y, cómo no, por el Partido Popular, Esperanza Aguirre. Pero los muy constitucionalistas acabaron gritando ¡Viva Franco!, el otro democrático grito de ¡La Constitución destruye la nación! (muestra una fotografía), que también es realmente muy constitucional. Las imágenes de las muñecas hinchables de los proxenetas sí que abrieron las noticias de los telediarios de medio mundo para vergüenza de todos. No faltaron los escuadrones ultras de Desokupa, los apologetas de la mentira de los panfletos ultras digitales y, cómo no, los integristas cristianos exorcizando al maligno. Hasta un fascista armado con una pistola apareció por allá. Un espectáculo bochornoso que ha dado una imagen penosa de España alrededor del mundo. Desde luego, en materia democrática lo que sí podemos decir es que la mayoría de los españoles han parado ese levantamiento. También es verdad que ha ayudado bastante el puente de la Constitución, que en este caso no destruye la nación, y la apertura de la temporada de esquí, que ha desinflado bastante las concentraciones en la calle Ferraz. Pero, bueno, la realidad es que hasta los sindicatos de policía han acabado, literalmente, exigiendo a Ortega Smith y a VOX -y leo literal- que dejen de coaccionar a las UIP. Por ejemplo, JUPOL calificaba de intolerable la actitud del señor Ortega Smith con la fuerza policial. Preguntaremos más adelante, después de esta sesión, al ministro por el número de sanciones impuestas por desobediencia o faltas de respeto a los agentes, porque eso es algo que nos interesa bastante. Desde luego, ha quedado claro que la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la derecha y la ultraderecha es una pantomima funcional al momento. No los consideran funcionarios probos, encargados de defender la democracia y la convivencia; más bien los consideran sus esbirros funcionales para defender sus privilegios. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Han demostrado que la convivencia no les importa lo más mínimo. Cuando los ultras alteran el orden público, atacan la democracia y desprecian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es evidente que ustedes también están atacando a la convivencia. Espero que los funcionarios de policía tomen nota y nunca más se dejen utilizar por esta ultraderecha que los ha usado durante años para impulsar sus agendas políticas desestabilizadoras. La ultraderecha no son los suyos, los suyos son los demócratas. Eso es lo que deben tener claro los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, antes Guardia de Asalto, ha permanecido fiel a todos los gobiernos democráticos, incluso en los golpes de Estado, como el de julio del 1936 o el de febrero del año 1981.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«La ultraderecha carece absolutamente de credibilidad. Llegaron a esta Cámara prometiendo luchar contra el derroche en la política y cada vez que acceden a un Gobierno multiplican el gasto en asesores y altos cargos, o cobran salarios abultados por desempeñar vicepresidencias autonómicas sin función alguna, lo que les deja mucho tiempo libre para viajar a Madrid y agitar, megáfono en mano, la algarada callejera en la calle Ferraz. Con estos antecedentes, se atreven a insultar y acusar a la vicepresidenta Díaz de supuesto incumplimiento de sus deberes públicos. Les molesta que la señora Díaz haya hecho su trabajo y que tengamos un gobierno de España sin la presencia de los herederos y los apologistas del régimen franquista; es decir, sin el PP y sin VOX. Reunirse con los representantes de un grupo parlamentario elegido por los votos de la gente no es contradecir una resolución del Tribunal Supremo. VOX, al dictado del PP, ha puesto en marcha una peligrosa estrategia de ataque a la democracia y de desestabilización de las instituciones constitucionales. Su estrategia es enfrentar a los españoles y españolas con violencia y desórdenes públicos. Es acabar con la convivencia pacífica, construida por las fuerzas e ideas democráticas con las que arrojamos la Dictadura al basurero de la historia. La ultraderecha desprecia al Estado de derecho y la democracia cuando afirma temerariamente que este Gobierno es ilegítimo e ilegal, cuando incita al linchamiento del presidente del Gobierno elegido democráticamente, cuando califica de golpes de Estado los resultados de las urnas expresados por los ciudadanos, cuando deshumaniza a sus adversarios políticos incitando a exterminarlos. ¡Paren ya! Ustedes y el Partido Popular están jugando con fuego. Dejen de deteriorar la democracia. Sabemos que no la valoran, porque nunca lucharon por ella, pero tomen nota: el Partido Popular les pone a hacer el trabajo sucio. Ellos se presentan como la alternativa de la derecha civilizada, pero el pistoletazo de salida de esta insurrección contra las instituciones democráticas la dio el señor Aznar: El que pueda hacer, que haga. El Consejo del Poder Judicial, secuestrado por el PP desde hace más de cinco años, fue el primero que hizo una declaración propia de negacionistas de la democracia sin competencia alguna para ello, arremetiendo contra una ley inexistente, de la que no se conocía ni el borrador. El Poder Judicial cuestionando la legitimidad del Poder Legislativo para aprobar una investidura o una ley. Lo nunca visto. Eso es poco respeto a la división de poderes.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«Señora presidenta, señores diputados, VOX no puede dar lecciones de Estado de derecho o de constitucionalismo. El artículo 6 de la Constitución sitúa el pluralismo y la participación política como centro de nuestra democracia y VOX, de forma reiterada, pretende acabar con el pluralismo político. Han sido ya dos veces las que ha propuesto ilegalizar a los partidos que no piensan como ellos. Eso es un síntoma de buscar poca participación política. Con esta PNL lo que perpetran es otro ataque a ese pluralismo político, en este caso en la persona de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un partido, VOX, que ha ignorado leyes y sentencias de los tribunales cuando le ha interesado; por ejemplo, manteniendo como vicepresidente y portavoz de Exteriores a un condenado por el Tribunal Supremo o como portavoz parlamentario a un condenado por la Audiencia Provincial de Madrid. Un partido que transfiere millones de euros de subvenciones electorales a fundaciones opacas y que tiene la desfachatez de presentar una PNL reivindicando -literal- que el Estado de derecho debe ser regido por la ley como valor supremo. Consejos vendo que para mí no tengo. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Presidenta, señorías, tras este espectáculo machirulo digno de un bar (rumores.-Aplausos), digno de un bar, pido, en primer lugar, excusas a los españoles y españolas y quiero mandarles un mensaje de tranquilidad: el señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Y además todavía no se ha enterado de quién fue la primera mujer ministra de un Gobierno en España, fue la señora Federica Montseny en el Gobierno de la Segunda República. (Aplausos). Señor Feijóo, seamos rigurosos, el Partido Popular no tiene demasiada autoridad para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. (Protestas). La democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de Alianza Popular. (Aplausos). El Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y uno de ellos incluso firmó la condena a muerte de Julián Grimau. Han votado en contra de todas las iniciativas para condenar el franquismo presentadas en el Pleno del Congreso. No aceptan las reglas de la democracia, no reconocen legitimidad a los gobiernos de izquierda y constantemente llaman al transfuguismo. Ustedes son la anomalía democrática. (Aplausos). El PP no puede erigirse en guardián o intérprete de la Constitución, entre otras cosas porque en 1978, cuando este Congreso votó la Constitución, la mitad de sus diputados no votaron a favor. Para el PP España siempre está rompiéndose: con el tripartito en Cataluña, con el Gobierno de Zapatero, con la aprobación del Estatut, con la moción de censura a Rajoy, por la formación del Gobierno de progresistas... Pero la verdad es que España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes. (Aplausos). Hablan de concordia, de igualdad, a la vez que se oponen a cualquier diálogo entre el Estado y Cataluña. El PP sí puede hablar con Junts con normalidad, ¿verdad, señor González Pons?, pero si lo hace SUMAR entonces está rompiendo España. Aznar indultó a quince miembros de Terra Lliure y Rajoy, con buen criterio, ofreció amnistiar para bajar la tensión en Cataluña. (Muestra un recorte de prensa.-Aplausos). Pero cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. De hecho, en Portugal se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado julio por la visita del Papa. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España. (El señor Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno, hace gestos negativos). Sí, señor, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. (Aplausos). Y tiene un límite: no puede aplicarse a delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización y en este caso lo va a ser tras un gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. Y no pueden decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución. ¿No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas? Tampoco se mencionan en la Constitución. La Constitución no prohíbe la amnistía, es una facultad del Legislativo que opera sobre una conducta, mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo y opera sobre las condenas penales, y ninguno afecta a las facultades del Poder Judicial. Sí prohíbe la Constitución el indulto general, lo que no impidió que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar aprobara 1443 indultos. (Aplausos). ¿El motivo de este indulto general? Hombre, terminaba el milenio en año jubilar. Un motivo arbitrario, sin interés general alguno e impropio de un Estado aconfesional. Si este indulto cuasi general no rompió la separación de poderes, ¿por qué, según el PP, una hipotética amnistía sería un ataque al Poder Judicial? En nuestro sistema constitucional sí está prohibida la impunidad de las conductas que pudieran cometerse posteriormente al indulto o la amnistía. Porque la amnistía no despenaliza ninguna conducta, solo es una institución que se aplica excepcionalmente para normalizar una situación conflictiva.»