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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
8.128 declaraciones · página 185 de 271
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Creo que ha comentado mi colega, el diputado Iñarritu, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha denunciado, efectivamente, algunas conductas sobre presuntos malos tratos en las cárceles españolas. Esto es así, señorías del PP. También, según datos de Amnistía Internacional y del observatorio del sistema penitenciario, hay preocupación en este sentido. Cambiar la consideración de los funcionarios podría obstaculizar todavía más las investigaciones en estas situaciones irregulares. Distintos colectivos de derechos humanos alertan de que estas medidas contribuyen a una cultura punitiva extraordinariamente anacrónica, especialmente en contextos de privación de libertad. No es el objetivo de la cárcel que entiende el Grupo Republicano. No es el modelo penitenciario que queremos para una sociedad del siglo XXI. Las cárceles son espacios excepcionales, singularmente vigilados y bajo un control muy fuerte. Por dentro esto es a cargo de los funcionarios correspondientes y por fuera a cargo, como ustedes saben, de las fuerzas de seguridad; en el caso de Cataluña, del cuerpo de Mossos d'Esquadra. En un entorno cerrado y vigilado como el de la cárcel, el aumento del poder para los funcionarios de prisiones reduciría todavía más los derechos de los presos inevitablemente y de forma inercial, mecánicamente, poniendo -se quiera o no- al preso en una situación de más alta vulnerabilidad. Actualmente, la jurisprudencia, señorías del PP -lo saben-, considera que los funcionarios de prisiones disponen de una protección significativa cuando tienen lugar ataques y agresiones contra ellos, y estos son considerados un delito contra la autoridad. Esto es así según el Código Penal. Esto implica que los presos pueden ser castigados severamente. Así pues, dar un reconocimiento añadido como figuras de autoridad a estos funcionarios no va a cambiar nada de manera sustancial. En cambio, es importante este nuevo estatuto que podría aumentar las condenas o sanciones por cualquier acto de resistencia o de desacuerdo por parte de los internos. Tenemos que recordar, además, señorías del PP, que hoy los informes que escriben los funcionarios ya tienen presunción sistemática de certidumbre ante la declaración de un interno. Así pues, no añade nada nuevo tampoco.»
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Aquí tenemos de nuevo, como digo, un ejemplo más de todo esto, otra vuelta de tuerca a la burocracia, al intervencionismo con el que, insisto, están ustedes obsesionados. En este caso, además, no es más que un parche superficial, deficiente y vacío de contenido real, que no aporta ninguna mejora significativa para los consumidores, que no resuelve los problemas reales que padecen los ciudadanos y que, lejos de proteger sus derechos, los pone en peligro. Porque el consumidor, señores 'socialistos', no necesita más leyes; el consumidor lo que necesita es competencia real y precios justos (aplausos), pero eso precisa algo que ustedes no comprenden. Eso exige liberar los mercados, reducir los impuestos que encarecen las facturas y garantizar que los consumidores puedan recurrir a una justicia sin trabas ni imposiciones. A ustedes se les llena la boca con que buscan proteger a los consumidores. ¡Qué cinismo! Ustedes protegen a los consumidores como un pirómano protege un bosque. Su gasolina y su cerilla son los impuestos confiscatorios. ¿Cómo puede ser que la recaudación por IRPF -el IRPF, que es el impuesto que realmente sufren las rentas bajas y las rentas medias- se haya incrementado en cinco años un 45 %? Se ha recaudado un 45 % más en cinco años. Son ustedes unos auténticos bandoleros. (Rumores).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Recientemente, hemos vuelto a ver el mismo método para que la gente contratara una alarma para que, supuestamente, no le okuparan su casa. En España, en 2022 se produjeron 17 000 denuncias, de las que solo un 5 % fueron ocupaciones ilegales, es decir, 850 okupaciones de viviendas de primera y segunda residencia en toda España. Gracias a la derecha, a la publicidad de los medios de comunicación y a la alarma creada, hoy muchos de esos 26 millones de viviendas que hay en España tienen instalada una alarma en su vivienda. Negocio redondo. Volviendo a la luz y al gas, el grupo de izquierdas Plurinacional SUMAR no está solo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, también denuncia que las comercializadoras no son transparentes, ni antes ni después ni durante la contratación, y que incurren en prácticas engañosas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto poner fin a las llamadas fraudulentas y la contratación telefónica solo será posible si llama el propio cliente o si le llaman tras solicitarlo explícitamente. Pero cuando este tipo de fraudes se solucionen, aparecerán nuevos. ¿Y para qué el ADR? En ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria. Ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudará a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica. La implementación del ADR como paso obligatorio antes de litigar aliviará la carga de trabajo de los tribunales de España. Hemos de trabajar para dar a conocer el ADR, al igual que las juntas arbitrales de Consumo. De igual forma, hemos de estar vigilantes para que estas fórmulas avanzadas de resolución de conflictos entre empresas y consumidores no se conviertan en un servicio de atención al cliente y de reclamaciones de las grandes multinacionales a cargo de los fondos públicos de la Administración. Por eso, las Administraciones de consumo y la CNMC, una vez que se haya constituido el ADR, no pueden olvidarse del problema e igual que ellos utilizan la inteligencia artificial para enchufarnos sus productos, las Administraciones deben utilizar las mismas herramientas para seguir aquellas prácticas que no son errores, sino políticas de empresa que buscan de forma reiterada el beneficio extraordinario con el abuso hacia los consumidores y sancionar; naturalmente, sancionar.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«¿Qué les hace suponer, pues, que, si hasta ahora no han cumplido con la ley, a partir de hoy lo van a hacer, cuando además los cambios que se proponen en esta proposición son cambios mínimos, irrisorios, que no afectan directamente a aquello que podría cambiarse? ¿Cómo es posible que no aprovechen esta oportunidad para regular los procedimientos de resolución alternativa de litigios que sí serían de utilidad para los usuarios? Pues la respuesta es muy sencilla. Como es habitual, en vez de trabajar, en vez de hacer el trabajo y de impulsar soluciones a la problemática de los ciudadanos, vuelven a venir aquí con una operación de maquillaje de la realidad, con más burocracia, eso sí, que todos además sabemos que no funcionará, con más burocracia y sin ningún tipo de garantía de que esta propuesta vaya a funcionar. Así que hagan los deberes que tengan que hacer para dar cumplimiento a las directivas europeas y para garantizar los derechos de los usuarios y consumidores y déjense de operaciones de maquillaje. Dejen en paz las competencias que son exclusivas de Cataluña y dejen que seamos los catalanes quienes establezcamos, sobre la base de nuestro estatuto, cómo proteger a los consumidores y cómo hacer valer sus derechos, porque como sucede siempre, también en materia de consumo y posiblemente de forma más exagerada aún en materia de consumo, es más sencillo y más eficaz dar respuesta a la necesidad de la gente desde la corta distancia en vez de desde más de 500 kilómetros. En resumen, respeto a las competencias o una enmienda a la totalidad. Así de fácil. Muchísimas gracias.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, debo recordarles que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de consumo, como recoge el artículo 123 del estatut de Catalunya, y esta competencia incluye la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y el establecimiento y aplicación de los procedimientos administrativos de quejas y reclamaciones, una competencia que también incluye la regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo y la regulación de la información en materia de consumidores y usuarios. Asimismo, el artículo 28 del estatuto ampara los derechos de los consumidores y usuarios y su derecho a la protección de su salud y seguridad, y también expresa que estos, los usuarios, tienen derecho a una información veraz y entendedora sobre las características y los precios de los productos y los servicios, a un régimen de garantía de los productos adquiridos y de los suministros contratados y a la protección de sus intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas. Yendo más allá, en el artículo 49 se indica que los poderes públicos deben garantizar la existencia de instrumentos de mediación y arbitraje en materia de consumo, deben promover el conocimiento y la utilización y deben apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Así pues, una vez más nos encontramos ante una propuesta, la suya, para modificar una ley estatal referente y ocupando una competencia exclusiva de Cataluña. Nosotros, por lo tanto, una vez más, defenderemos las competencias de Cataluña y plantaremos cara ante los continuos intentos de injerencia y de supeditarnos. Y plantar cara quiere decir la presentación de una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley para proteger la invasión competencial que se está intentando llevar a cabo, una enmienda a la totalidad que, además, como se ha visto ya en anteriores ocasiones, no levantaremos si no hay acuerdo en materia competencial.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Asimismo, señalan los informes del Defensor del Pueblo que un alto número de consumidores no sabe a qué órgano o Administración acudir para resolver sus reclamaciones frente a sectores energéticos. Señalan, incluso, que las consejerías autonómicas responsables en la materia -competentes para conocer las discrepancias que surgen en el marco de las reclamaciones energéticas-, una vez que se ha concluido el proceso de reclamación y han sido desestimadas estas reclamaciones por las comercializadoras, han detectado casos en los que las autoridades de consumo han facilitado una información errónea al considerar que el consumidor no tenía acceso a una vía extrajudicial. ¿Qué nos indican estos informes? Nos indican que aún nos queda un importante camino por recorrer para consolidar el sistema, para unificar criterios y difundir de forma adecuada las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los consumidores para proteger sus derechos. Señorías, esperamos contribuir con nuestra propuesta a avanzar en este camino y seguir evolucionando en la protección jurídica del consumidor, que somos la sociedad en general. Amparados en las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su último informe, es nuestra intención aclarar el contenido del deber de informar a los consumidores sobre la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se contienen en dos importantes leyes sectoriales: la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Somos conscientes de que la resolución alternativa de litigios aún no es suficientemente conocida por los consumidores y usuarios. Por este motivo, es importante remover desde los poderes públicos cualquier obstáculo que pueda dificultar la información que debe ofrecerse a los consumidores para el acceso a esta vía de solución de conflictos. Reitero mis palabras del principio: un consumidor informado es un consumidor protegido. (Aplausos). Contribuir a este objetivo es lo que motiva esta propuesta, la cual espero que sea de interés para el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara y podamos seguir avanzando para la sociedad española. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Como señalaba al inicio de mi intervención, tan importante es el reconocimiento normativo de derecho como establecer cauces eficaces para su ejercicio. La resolución alternativa de litigios es una garantía para el ejercicio de los derechos de los consumidores. Además, un consumidor informado es un consumidor protegido. Por otro lado, vemos que los datos nos demuestran que un 98 % de los consumidores del sector del gas y un 99 % de la electricidad han contratado con comercializadoras que tienen adheridas a sus entidades una resolución alternativa de litigios. También nos reflejan los datos que el número de reclamaciones gestionadas a través de dichas entidades es muy escaso y reducido: un 0,76 % para el sector eléctrico y un 0,77 % para el suministro del gas. Estos datos nos traducen un importante desconocimiento; un desconocimiento de los consumidores sobre los procedimientos que se deben establecer legalmente para resolver sus conflictos y problemas en el sector del gas y de la electricidad; un desconocimiento que probablemente muchos de nosotros hayamos tenido en algún momento. Estos datos muestran, por otra parte, que no se está cumpliendo correctamente con el deber de una información accesible, fácil y clara.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Con esta ley no solo se revoluciona el concepto tradicional de la resolución de conflictos en consumo garantizando su calidad, sino que también somete a este procedimiento a dos de los sectores que actualmente presentan más reclamaciones por parte de los consumidores y usuarios: el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos. Como señalamos en la iniciativa que hoy debatimos, las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural están obligadas a ofrecer a sus consumidores la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios. ¿Por qué es necesario explicar a los consumidores, en concreto a los más vulnerables, qué son y para qué sirven estos sistemas alternativos de litigios? Es necesario porque ellos deben saber que pueden acudir a un lugar diferente al judicial cuando tienen que reclamar una queja, un error en su factura, un error en sus contratos o en su suministro. Por tanto, esta proposición de ley que hoy presentamos quiere que las empresas lleven a cabo un sistema donde aparezca en la factura de sus clientes el nombre de las empresas. Es obligatorio por parte de las empresas de gas y de luz obtener esos datos para que sus clientes sepan dónde poder dirigirse. Tanto es así que, en su artículo 46.1, la Ley del Sector Eléctrico -y voy a citar textualmente- establece que: Serán obligaciones de las empresas comercializadoras, en relación con el suministro, informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. En términos similares se expresa el artículo 57 bis de la Ley del Sector de Hidrocarburos para suministro del gas natural.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Presidenta, señorías, buenas tardes. Comenzamos la sesión en defensa del consumidor bajo el prisma de que tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Señorías, la vulnerabilidad económica entorpece el acceso a la justicia, y este principio, que es aplicable con carácter general, lo es más en el derecho de consumo. Con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos derechos se convierten en humo si no existen cauces adecuados para que los consumidores los puedan hacer valer. Esto lo entendimos muy bien los socialistas cuando pusimos en marcha el Sistema Arbitral de Consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantiza el respeto de los consumidores. (Aplausos). La Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de estos. Por tanto, nuestro marco constitucional es el mandato que impulsó la aprobación en España en 1984 de la primera ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Avanzando en la garantía de la eficacia sobre bases firmes para la protección de sus derechos, en su artículo 31 mandató al Gobierno la creación de un sistema arbitral que entendiera y resolviera, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Sistema Arbitral de Consumo fue desarrollado reglamentariamente por primera vez en el Real Decreto 636/1993.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También lamento -y quiero decirlo expresamente- que no se haya incorporado el Grupo Parlamentario Popular a este gran consenso que hemos logrado con esta ley, aunque por razones absolutamente ajenas al contenido de la ley que se acaban de explicar en este atril. La Comisión de Justicia tiene un trabajo complejo, difícil, y tanto letrados como asesores como diputados y diputadas son grandes profesionales que hacen un gran trabajo. Por eso yo quiero hoy felicitarles y quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho para que en unos meses hayamos sido capaces de aprobar una ley orgánica tan importante para la justicia como es esta. Y quiero también agradecer a los trabajadores del Ministerio de Justicia, a los servidores públicos que han estado trabajando durante meses y años para que hoy la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia vea la luz. (Aplausos). Gracias a todos ellos y a todas ellas. Con la aprobación de esta ley, señorías, damos un paso fundamental para la mayor transformación en décadas de la justicia. Vamos a conseguir una justicia del siglo XXI accesible, fácil, capaz de adaptarse a lo que nos pide la ciudadanía y a lo que nos piden los profesionales del derecho. Los tribunales de Instancia son necesarios en la organización de nuestra justicia, igual que lo son los medios alternativos de solución de conflictos para evitar el colapso en nuestros juzgados. Vamos a especializar a jueces, vamos a conseguir que las cargas de trabajo se repartan de manera más equitativa. En definitiva, vamos a conseguir que la justicia sea lo que siempre ha debido ser y que, sin embargo, estamos construyendo en esta legislatura: una justicia del siglo XXI. Por tanto -y termino ya, presidenta-, gracias a los grupos parlamentarios que lo van a hacer posible, gracias a los servidores públicos que lo han hecho posible, gracias a todos los profesionales de la justicia, que hoy están de enhorabuena. La justicia del siglo XXI nace hoy. Gracias. (Aplausos).»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«¿Por qué, señor Bolaños? ¿Por los millones famosos del componente 11? ¿Por impulsar el Estado de derecho? Pero vamos a ver, si esta ley se preocupa de flexibilizar requisitos para hacer la vista gorda en el traspaso de fondos de grupos municipales a partidos, cambia las normas sobre controles en la entrega de documentación el día electoral, vuelve a despreciar el principio de igualdad del Estado entregando los habilitados nacionales de las Corporaciones Locales a las comunidades... ¡Ah, no, no, perdón: al País Vasco! ¿Esto es el impulso del Estado de derecho? ¿Esto es modernización de la justicia? ¿Esto es respeto a todas las comunidades autónomas? (Aplausos). No, no, no se respeta a las comunidades autónomas, con las que no pactan, a las que no dan fondos. ¿Qué les va a decir la próxima semana en la conferencia sectorial? Que sí o sí, a tragar. ¿Y la justicia? Esta ley iba de justicia, ¿verdad? Regulan los medios adecuados de resolución de controversias, pero no hay prisas para que entren en vigor; reformas procesales parciales discutidas y discutibles -la LECrim- y otras que modifican el Real Decreto Ley 6/2023, cuyo proyecto está congelado en esta Cámara. No es importante la justicia para el Gobierno, no se engañen. Esta ley, si no lo evitamos, tiene un efecto previsible, que es bloquear el funcionamiento de la justicia. Y, señorías, 200 enmiendas avalan lo que nosotros pensamos; 200 enmiendas sobre las que se ha ejercido ingeniería inversa para no aprobar las del Partido Popular, pero utilizan 25 -que eso no lo dicen- para poner el mismo texto del Partido Popular. ¿Eso es colaboración? En fin, ¡para qué les voy a hablar! (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Agradezco también a los grupos parlamentarios que hayan aportado su apoyo y disposición. Se han presentado casi 1100 enmiendas, de las cuales se han aprobado 106 transaccionales, una gran mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos, y las casi 200 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponden, señorías, con los acuerdos de la pasada legislatura con la mayoría de los grupos parlamentarios. (Aplausos). Sinceramente, creo que aún quedan cuestiones por conseguir, pero se han logrado grandes transformaciones. Hemos adaptado la organización judicial a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Hemos mantenido a los jueces y juezas de Paz, que vertebran la Administración de Justicia, sobre todo en aquellas zonas de nuestro país menos pobladas. Hemos abierto el camino para solucionar cuestiones crónicas como la relativa a los derechos laborales de los jueces y juezas sustitutos. Hemos efectuado un reconocimiento expreso al derecho colaborativo. Hemos atendido una reivindicación histórica como la creación del partido judicial de Sant Cugat. Hemos eliminado las golden visa. Hemos reforzado la figura de la procura y se ha eliminado el bloque referido a las acciones colectivas, que se tramitará en un momento posterior. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Buenos días, presidenta, señorías. Permítanme que empiece mi intervención trasladando desde esta tribuna mi más sentido pésame a las familias de las víctimas de la reciente DANA. Como murciano, sé bien los estragos que pueden causar las inundaciones, aunque se me hace imposible asimilar la tragedia humana sucedida. Y, cómo no, reconocer y agradecer a los cuerpos de seguridad, a los militares, a las entidades del tercer sector y, sobre todo, a los miles de voluntarios y voluntarias, muchas de ellas de mi tierra, su colaboración en las zonas afectadas. Hoy defiendo con convicción este proyecto de ley, que apuesta por un modelo de justicia del siglo XXI; una justicia ágil, accesible y verdaderamente al servicio de las personas. Por eso, señorías, les pido que lo aprueben, como hará el Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos haciendo historia; historia para conseguir una justicia que deje atrás las viejas estructuras y métodos que ya no responden a una sociedad moderna y dinámica. Señorías, una justicia eficaz y moderna no es un lujo ni una aspiración ambiciosa, es un deber y una obligación que tenemos con los ciudadanos que nos eligen (aplausos), quienes esperan que sus derechos se protejan con rapidez, claridad y equidad. Nuestro sistema judicial necesita avanzar al ritmo de la sociedad, no puede quedarse rezagado mientras los problemas de las personas avanzan sin solución.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Una reforma de la justicia que entorpece la libertad de empresa con modificaciones que no vienen al caso, donde se atribuyen a la Inspección de Trabajo -en la que SUMAR se ha autoproclamado legítimo portavoz, señores inspectores de Trabajo- funciones y actividades de conciliación, mediación y arbitraje en huelgas y conflictos, convirtiéndola en juez y parte. Reforma con la que se pretendía, mediante amago, de tapadillo por los partidos políticos, modificar la Ley de Seguridad Social mediante enmiendas separadas, insuficientes y de simple postureo, para atender la necesidad e injusticia que afecta a miles de profesionales a los que se niega el derecho a una pensión digna cuando se les obliga a permanecer únicamente en mutualidades o mal informados sin acceso a ser acogidos por la Seguridad Social. Procede la pasarela uno por uno en tiempo cotizado y ustedes, señores del Gobierno y adláteres, son los responsables. Es una reforma de la justicia que enaltece el espíritu confiscatorio del Gobierno y modifica la Ley Concursal, donde el privilegio de la Agencia Tributaria puede ser previo, incluso, a los gastos del propio concurso en una perversión insoportable.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso, estamos obligados a que la actividad de estos jueces y juezas se desempeñe en la totalidad de los días laborables del año. La justicia europea ha ordenado acabar con este abuso de la temporalidad en España y esto nos obliga a acometer un proceso de consolidación en el empleo. Reduciendo la temporalidad aumentaremos el número de jueces por habitante en España hasta los estándares de calidad europeos para que la justicia esté realmente al servicio de la gente y, sobre todo, fortalecemos la garantía de inamovilidad de los miembros de la carrera judicial, porque eso sí que es un pilar fundamental de su independencia. Se incorpora una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo para conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral. También se suprimen las golden visa de quienes especulan con la vivienda, como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial. Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público. Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Dicho esto, y previo a esto, había una línea roja de los jueces de Paz. Yo entiendo que muchas veces salgamos aquí a hacer un corte de voz para nuestra gente, para colgarlo en Twitter, y ya está, pero el trabajo parlamentario está muy relacionado con lo que se acaba de decir y con rebatir o estar de acuerdo con lo que dicen los parlamentarios anteriores. Con lo cual, permítanme que no deje pasar que Junts per Catalunya es el único grupo que defendió los juzgados de Paz. Porque llega un momento que tienes que decir: Esto no es verdad. Desde el primer día, Esquerra Republicana tiene clarísimo que los juzgados de Paz son el elemento fundamental para determinar cuál será nuestro voto en esta ley. (El señor Pagès i Massó hace gestos desde el escaño). Sí, sí, no sé si lo he de describir o leer, pero, señor Pagès, en cualquier caso, está equivocado. Lo que ha dicho en esta tribuna es mentira y ya estoy harta, ya estoy harta. No puedo pasar por lo que dicen ustedes y los del PSC. Se acabó. Siete votos valen lo mismo que el nuestro, y no toleraré que la derecha catalana corrija lo que está destrozando a mi país. ¿Ustedes quieren guerra? Tendrán guerra.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Moltes gràcies. Presidenta, señorías, representantes del mundo judicial, letrados consistoriales que nos acompañan hoy, la iniciativa que nos ocupa pretende mejorar la eficiencia en el ámbito de la justicia o, mejor dicho, en el Servicio Público de Justicia desde el punto de vista organizativo de la planta judicial, complementando el Real Decreto 6/2023 de digitalización del Servicio Público de Justicia. De entrada, debemos dejar claro que este modelo de justicia española no es el nuestro, no es el que queremos para Cataluña. Para nosotros la justicia tiene otras prioridades. En primer lugar, ser efectiva para resolver los conflictos de la sociedad y, por eso, creemos que sobra Administración y falta justicia, una justicia que debería ser más cercana a los ciudadanos, lo contrario de lo que hace esta ley. Pero para nosotros es prioritario que la justicia, más allá del servicio para resolver conflictos, deje de ser rehén de una cúpula que se pone donde no debe ponerse, esto es, en la vida y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña, y lo hace de forma arbitraria, con dobles varas de medir y vulnerando nuestros derechos, que nos criminaliza, permite que nos espíen y nos acusa de terrorismo. Una justicia que, cuando esté la enmienda, que es lo que hemos hecho con la ley de amnistía, se revela incluso contra las decisiones de la soberanía popular expresada en esta Cámara. Por eso, nuestras prioridades, insistimos, son diferentes en materia de justicia. Por ejemplo, establecer un sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces; por ejemplo, obligarles a que conozcan las leyes oficiales del lugar donde están destinados, cumpliendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, o, por ejemplo, eliminar la Audiencia Nacional, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por otra parte, hemos dejado enmiendas vivas, que entendemos que son importantes para la mejora y la garantía de esta ley, por lo que pido el voto favorable del resto de los partidos políticos y también sobre todo a nuestra enmienda respecto a mutualistas de la abogacía y de la procura. Se han hecho movilizaciones por todo el Estado y siguen movilizándose. Eso evidencia que se necesitan acciones y reformas legislativas que promuevan una auténtica protección social de la abogacía y de la procura. No podemos olvidar que las estructuras actuales de organización de la abogacía y la procura han sido determinantes para llegar también a esta situación de desprotección social, también con respeto a los derechos y retribución justa del turno de oficio, por lo que entendemos que tiene que darse una solución urgente -que esperamos que salga de aquí hoy- ante esta grave situación generada por la mutualidad, en la que se concreten las reivindicaciones comunes de los movimientos y de la plataforma ante esta cuestión, además de proponer de cara a futuro las reformas institucionales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Votaremos a favor por estas mejoras que tiene esta ley, aunque, como digo, no es nuestra ley. Entendemos que es un paso para la mejora de la eficiencia de la justicia, de la especialización de los juzgados, para un mejor funcionamiento de un servicio público como es la justicia, que es un pilar fundamental para garantizar los derechos de todas y de todos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«No podemos obviar que el sistema de justicia de nuestro país padece desde hace décadas y décadas unas insuficiencias estructurales y teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente y también justo, sobre todo justo, para la ciudadanía. En este sentido, creo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que da un paso en esa dirección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Si queremos que las mujeres acudan a la justicia y vean también en la justicia una puerta de entrada segura para salir de esa violencia machista y para dejarla atrás, la justicia tiene que estar especializada, tal y como recoge la ley solo sí es sí. Por eso, gracias a este acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual y también nos hemos dado un plazo máximo de nueve meses para que, tanto los juzgados de Violencia sobre la Mujer como la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, directamente asuman las competencias que tengan que ver con la violencia sexual. Por eso, creemos que es un paso importante que se incluya esta garantía en esta ley. Esta especialización judicial es un compromiso al que obligaba la ley del solo sí es sí, pero un año después de su entrada en vigor el Estado ya acumula un año de retraso en la implementación de estas medidas, que son absolutamente imprescindibles para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Muchas gracias, presidenta. Señorías, traemos hoy este proyecto de ley que viene además de la legislatura pasada, que se denomina Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y, como su nombre indica, es una ley que tanto los operadores jurídicos como los administrados y administradas de justicia estaban esperando. Como he dicho muchas veces, y como abogada, cuando la justicia no es eficaz, no es eficiente y es lenta, no es justicia. Por eso, es verdad que esta ley tiene algunos avances, pero desde luego también tengo que decir que no es nuestra ley. Para nosotras, falta una pata muy importante, que estaba evidentemente en el proyecto de ley, que son las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Teníamos muchas enmiendas que estaban relacionadas con esta pata de la ley y que, sin embargo, se ha retirado y ha quedado fuera, y para nosotros eso no es una buena noticia. Esperamos que podamos debatir y aprobar esa materia lo antes posible.»
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Alda Recas Martín · Sumar ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«En el segundo votamos una resolución de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional que plantea una revisión de las cuotas por país. La propuesta supone un incremento sustancial de los derechos especiales de giro, y, en principio, no tendríamos ninguna objeción. Pero estamos justo en un momento en el que Naciones Unidas está planteando, a partir de la Cumbre del Futuro, una nueva articulación del sistema financiero internacional. Es un momento importante, en el que debemos debatir el trabajo del Fondo Monetario Internacional, el resultado de sus ayudas en la mejora de la población. Por lo tanto, en ausencia de ese contenido y ese debate sobre estos aspectos tan sustanciales, lo más sensato es la abstención. Tendremos y necesitamos más debates sobre temas internacionales. Nuestra vida cotidiana ya no es separable de las regulaciones e intervenciones. Por eso estos temas nos importan, y mucho. Gracias. (Aplausos).»
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Alda Recas Martín · Sumar ·
Congreso · PlenoConvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el...
«Gracias, presidenta. Señorías, cuando me propusieron estrenarme en esta Cámara con la justificación del voto sobre dos convenios internacionales no me pareció el mejor comienzo, la verdad. Sin embargo, este es el caso de dos convenios que pueden tener impacto positivo o no en el orden internacional, en la vida cotidiana de mucha gente. Muchos de los que se encuentran aquí no quieren ver que en este mundo globalizado lo que afecta, por ejemplo, a un alemán en sus próximas elecciones o a una sudanesa en una sequía o si una niña es asesinada en Gaza en un conflicto que no somos capaces de parar afecta y debe ser de la incumbencia de todos y de todas. Este convenio, el primero, puede parecer un tema burocrático, sin más. Sin embargo, hablamos de regulaciones que dan esperanza y seguridad jurídica y, sobre todo, consolidan derechos. Eso sí es libertad. Se trata de un acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos que regula las condiciones de prestaciones y derechos de las personas trabajadoras con derecho a pensión. Respecto a España, el convenio afecta a la legislación relativa a las prestaciones contributivas del sistema español de Seguridad Social y a las del Régimen de Clases Pasivas del Estado en lo que se refiere a incapacidad permanente por enfermedad común o accidente no laboral, jubilación o retiro, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral. Esta consolidación de derechos merece un sí, sobre todo porque los futuros acuerdos tras la victoria de la sinrazón de Trump en un país como Estados Unidos dudamos de que se vayan a basar en consolidación de derechos para los más vulnerables, y dudamos de que se firmen acuerdos para luchar contra el cambio climático, dudamos de que se hagan acuerdos para luchar contra las fake news. Si van a basar acuerdos en ayudar a sus amigotes, a sus empresas o para acabar con derechos, no cuenten con nosotros.»
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Josep Paré Aregall · PSOE ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Hoy debatimos las cuentas del Estado de 2022, pero también tenemos que debatir las respuestas del futuro. Señorías de la derecha extrema y de la extrema derecha, hay que encarar ya el próximo año y actuar con responsabilidad. Necesitamos unos presupuestos generales que protejan a la gente y que aporten más recursos públicos a los gobiernos autonómicos y locales. A ustedes, que recortan los derechos a la clase trabajadora, a los más vulnerables, que niegan los impuestos, señorías del Grupo Popular y de VOX, les diré que así ni se protege ni se avanza. ¿Saben cómo se hace? Pues tienen el ejemplo de Salvador Illa. Por responsabilidad, en un momento complejo pactó unos presupuestos para Cataluña, la misma responsabilidad que vemos en José Vélez, en Murcia, o en Diana Morant prometiendo apoyar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, porque ante emergencias no se debe entender otra cosa que no sea la unidad. Señorías del Grupo Popular, es evidente que cuanto más confronten, peor; cuanto más griten, peor. ¿O no les dice nada el silencio de la señora Ayuso de estos últimos días? Por cierto, la Comunidad de Madrid es la que menos gastó en políticas sociales por habitante en el año 2022. Señorías del Grupo Popular, colaboren con unos presupuestos que España necesita de manera urgente, que el Estado somos todos, que ya han votado junto con VOX en contra de la senda de estabilidad dejando a los pueblos y a las ciudades con menos recursos. (Aplausos).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoDeclaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
«Las cuentas generales son el campo de batalla en el que debe quedar reflejado el proyecto de país por el que trabajamos: la lucha contra los fondos buitre, los intereses empresariales y el pulso de clase que sostiene nuestra clase -la trabajadora- cada día y en cada momento. Esa lucha se manifiesta desde que suena el despertador demasiado temprano y cogemos ese transporte público abarrotado para llegar a un trabajo con jornadas excesivamente largas y paga insuficiente hasta la vuelta a casa; jornadas en las que, encima, las mujeres aún nos enfrentamos a una división sexual del trabajo invisibilizada en el interior de cada hogar. (Aplausos). La justicia social y la redistribución de la riqueza con el objetivo de que genere cambios y mejore la vida de las personas debe pasar por unos presupuestos ambiciosos, valientes y que confronten con los poderes económicos del país. No hemos de olvidar de qué lado estamos. Por todo ello, es imprescindible evaluar las políticas públicas poniendo en el centro las necesidades de la clase trabajadora más allá de una simple evaluación economicista y potenciando la coherencia de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno para ir alcanzando los hitos marcados en nuestra Estrategia Española para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tenemos un horizonte de objetivos que garantizar y blindar frente a la voracidad de los que no quieren un Estado fuerte que garantice esos derechos fundamentales para la mayoría social de nuestro país. Por ello, tenemos que trabajar para que las constantes e importantes medidas que se anuncian en esta Cámara, que se negocian en estas salas y que con muchas resistencias políticas se incluyen en los presupuestos sean verdaderamente útiles para la clase trabajadora. Una medida solo es útil si demostramos que llega y ayuda a las personas. Este tema creemos que merece una reflexión mucho más pausada, pero vemos fundamental resaltar esos déficits del sistema.»
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Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente a la Ministra de Defensa sobre la política del Gobierno acerca de la participación...
«Y, por si fuera poco, hablemos de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley 36/2015, que en su artículo 3 deja claro que se considerará dentro de la seguridad nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Y del artículo 4.1 se deriva que esta seguridad nacional es una política pública -atención-, bajo la dirección del presidente del Gobierno y de la responsabilidad de todo el Gobierno. Y seguimos con la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 4.2: Se habrá de actuar bajo los principios básicos de unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, recuperación y coordinación, justo lo que ha brillado por su ausencia en esta catástrofe. (Aplausos). Y el artículo 10 de esta misma ley nos deja claro cuál va a ser el ámbito de aplicación para considerarse de especial interés para la seguridad nacional: que afecte a la seguridad económica, que afecte a la seguridad energética y que afecte a la seguridad sanitaria. Y ahora viene lo importante, señora ministra. La Ley de Seguridad Nacional en el artículo 23.2 dice claramente que habrá de dictarse un real decreto declarando situación de interés para la seguridad nacional -repito, declarando situación de interés para la seguridad nacional, y me voy a permitir leérselo para que todos los españoles puedan escuchar cuándo debe dictar el Gobierno un real decreto declarando la situación de interés para la seguridad nacional- en aquella situación que, 'por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos posibles'. No cabía otra solución ni otra medida más urgente que haber declarado situación de interés para la seguridad nacional y haber tomado el mando único de la respuesta de emergencia. Además, este real decreto es mucho mejor que otros reales decretos de los que ustedes abusaron, como el de estado de alarma, porque nos deja bien claro que no restringe derechos fundamentales ni libertades públicas, y, por tanto, no corríamos el riesgo de que ustedes volvieran a incurrir en grave inconstitucionalidad, como así les dijo el Tribunal Constitucional en dos recursos sobre sus estados de alarma. (Aplausos). Esta Ley de Seguridad Nacional en el artículo 24.1 deja bien claro que, una vez que se ha dictado este decreto, asume las competencias exclusivas el Gobierno de la nación. Y en ese real decreto habrá de definirse la crisis, el ámbito geográfico, la duración y la prórroga, el nombramiento de la autoridad y sus competencias y dotar de los recursos humanos y materiales necesarios. Además, para aquellos que alardean siempre de encontrar problemas a la unidad de mando, diremos que precisamente evita un choque de competencias, porque es el artículo 24.2 de esa Ley de Seguridad Nacional el que obliga a las autoridades competentes, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, a aportar todos los medios humanos y materiales necesarios que estén bajo su dependencia.»
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Javier Sánchez Serna · Podemos ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente en relación con la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de...
«Usted dice que se investigó ya todo. ¿Se ha investigado la corrupción del rey Juan Carlos I? ¿Se han investigado las cuentas en Suiza? ¿Se ha investigado al rey como comisionista de la industria militar? No se ha investigado nada de eso. Ustedes saben que justamente ustedes le dan un tratamiento de omertà e impunidad. Ustedes piensan que de esta manera protegen a Felipe VI, pero lo cierto es que el descrédito y la decadencia de la institución solo va en aumento. Hoy creo que cada vez son más los españoles que se preguntan para qué sirve un rey. Quizá por eso el CIS lleva años sin preguntar acerca de la opinión de los españoles sobre la monarquía. Si tuviéramos una monarquía digna de tal nombre, hace mucho tiempo que a este Parlamento se le hubiera permitido hacer comisiones de investigación sobre todos los escándalos que hemos conocido con el rey emérito y sobre los delitos fiscales del rey emérito, que nunca han sido juzgados en este país. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo escribía un artículo en el que se preguntaba qué ocurre cuando en un país europeo definido constitucionalmente como monarquía parlamentaria el rey tiene una conducta que se aleja de la de sus homólogos europeos y se aproxima a la de los jefes de Estado de las monarquías árabes. '¿Se imagina alguien que el titular de la monarquía saudí ingrese sesenta y cinco millones de euros o de libras esterlinas en una cuenta de la reina de Inglaterra en Suiza como presunto pago de una comisión? ¿O que un empresario de algún país de la Commonwealth ponga a disposición de la reina de Inglaterra unas tarjetas black para que hagan uso de estas ella u otro miembro de su familia? ¿Puede imaginarse alguien que, si AENA consiguiera la gestión de los aeropuertos del Reino Unido de Gran Bretaña, el rey de España transfiriera a la reina de Inglaterra una comisión? (Un señor diputado: ¡A la cuestión!). ¿O a la Casa Real de Dinamarca o de Noruega por la compra a empresas españolas de plataformas para la extracción de petróleo?' Fin de la cita. En fin, sabemos que España es diferente, que la monarquía española también es diferente, y, así las cosas y tal como ustedes quieren seguir manteniéndola en el privilegio y la impunidad, la única alternativa que habrá será republicana. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Javier Sánchez Serna · Podemos ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente en relación con la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de...
«Gracias, presidente. Casi que pediría a la Presidencia que llamara a la ministra a la cuestión. (Aplausos). He hecho referencia a unos nuevos audios que revelan información sobre el 23 de febrero, y, con esta monarquía tan 'parlamentarizada', parece que en el Parlamento la ministra no puede hacer mención de lo que se le pregunta, no puede hacer mención de estos audios del rey emérito, que, insisto, dan una nueva luz a los hechos del 23 de febrero. Usted me ha dado el relato oficial, que ya conocía, y me ha leído los resultados de una sentencia que se pueden encontrar en Wikipedia. Ya me sabía la versión del 23 de febrero. No ha pasado nada en estas semanas, en estos años; no hemos conocido nada nuevo para justificar que cincuenta y cuatro años después sigan siendo secretos estos documentos. (Aplausos). En fin, me ha descolocado un poco la intervención, porque yo comenzaba la anterior diciendo que la monarquía que tenemos en este país está escasamente 'parlamentarizada', pero deduzco que ustedes no quieren que se conozca la verdad sobre el 23 de febrero, quieren que estos documentos sigan escondidos. Usted no se ha comprometido hoy con su desclasificación. Hablan de reformar o de hacer una nueva ley de secretos oficiales, pero de los documentos del 23F no tienen nada que decir cincuenta y cuatro años después. Pasó por un tribunal militar y ya la ciudadanía y los historiadores de este país no tienen derecho de acceso a ello. Como digo, solamente hay leyes tan opacas en Estados Unidos; en la mayoría de los países de nuestro entorno los documentos secretos se desclasifican a las tres décadas. Y, al final, lo que me demuestra un poco su actitud es que el Partido Popular y el Partido Socialista han sido artífices de esta omertà que ha tenido la monarquía, de esta opacidad que ha justificado en muchos casos la corrupción del monarca.»