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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Alberto Ibáñez Mezquita · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección...
«Moltes gràcies, president. Señorías, hoy defendemos con orgullo de clase, con la rabia de saber que llegamos tarde, pero también con la esperanza de que este decreto sirve para parar que desahucien a una mujer de noventa años, a familias con niños, a personas con discapacidad, a cualquier persona, porque frente a ello lo que hay es una trampa, vacío de seguridad jurídica, que simplemente lo que hace es permitir que parásitos, especuladores, buitres puedan echar a la calle a nuestras gentes. Señorías, violencia es echar a la calle a una mujer de noventa años. ¡Piénsenlo bien! (Aplausos). Hoy votar en contra de este decreto es empujar a que echen de sus casas a cientos de personas. Pero también -escuchen bien- votar en contra de este decreto es empujar a que cientos de personas pierdan sus vidas, a que se suiciden, así que, cuando aprieten el botón, piensen si quieren firmar también los suicidios que va a haber en este país si no son capaces de apartar el partidismo y defender a la gente. Ayer millones de personas como Santiago pudieron dormir tranquilas porque hoy en nuestro país, gracias al decreto que ha aprobado el Gobierno, no te pueden subir el alquiler trescientos euros de golpe y no va a tener que echar a sus hijas del colegio. Ayer cientos de familias como la de Alberto pudieron dormir sin tener que mirar al techo, sin tomarse un Orfidal, porque a los especuladores ya no les va a salir rentable echarles de su casa, tirar el salón donde están sus recuerdos para levantar un tabique y meter una habitación para sacar 500 euros más. Ayer mucha gente, como Míriam, pudo cenar sin ansiedad, porque saben que ya no les van a encadenar sus contratos de alquiler de temporada y los van a convertir en un alquiler residencial. Pero también está contenta Míriam, porque no van a echar al seu amic Carles, no va a tener que exiliarse a Waterloo porque se va a quedar en su apartamento, ya que, si hay un apartamento turístico, va a tener que pagar un 150 % más de contribución que un hogar de cualquier catalán o catalana o tendrá que pagar un 10 %, aunque sea poco, por un apartamento turístico y a su casero no le va a interesar. Así que, señorías del Grupo Popular, de VOX y de Junts, si les interesan la mayoría de Albertos, de Santiagos y de Míriams, defiendan votar a favor este decreto, porque lo contrario es estar situados en el dolor de aquella gente que va a recibir un desahucio a su casa; en el dolor de aquella gente que va a recibir un burofax porque un fondo buitre le va a echar para montar un falso hotel en su barrio; en el dolor de aquella gente que no sabe dónde va a terminar la semana. Así que, señorías, hoy no solo hablamos de vivienda, hoy no solo hablamos de democracia; hoy hablamos de derecho a la vida. No hay bandera rojigualda ni estelada que les pueda tapar, señorías. Hoy, aquí, los del Grupo Popular, los de VOX y los de Junts tienen una oportunidad histórica: estar al lado de la gente, estar al lado de las familias, estar al lado de la vida o, en cambio, ser corresponsables de muertes, de dolor y sufrimiento de miles de personas. Termino, señor presidente. Donde ustedes ven un negocio, nosotros vemos una casa; donde ustedes ven la oportunidad de exprimir y sacar rentabilidad, nosotros vemos la necesidad de dar estabilidad y seguridad a las familias. Esto es lo que se decide: libertad y vida o muerte. Sepan lo que quieren votar. (Aplausos).»
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Esther Gil de Reboleño Lastortres · Sumar ·
Congreso · PlenoAsunto convencional
«Señorías, ese odio no aparece de la nada. Hay discursos de odio que lo alimentan. Hay quienes señalan, deshumanizan y convierten en enemigos a las personas vulnerables. También hay comportamientos que contribuyen a normalizarlos, como el de la señora del Partido Popular que trajo a este hemiciclo un bote de gas pimienta. (Aplausos). Luego, tenemos a todo su grupo parlamentario, que justifica este comportamiento. Eso, señorías, eso es lo más grave que ha ocurrido en este hemiciclo desde que un señor entró en 1981 con un arma en la mano. (Protestas.-Aplausos). Por otro lado, no nos digan que ustedes protegen a las mujeres, porque gobiernan de la manita con sus socios, los de ultraderecha, en un montón de comunidades autónomas diciendo que defienden los derechos de las mujeres, cuando sus señorías de VOX niegan la violencia machista. (Aplausos). También votan ustedes en contra de leyes que defienden nuestros derechos. Yo no utilizaría el miedo para justificar más miedo y para fomentar más odio, porque las palabras, señorías, tienen consecuencias. En definitiva, necesitamos un pacto contra los delitos de odio, medidas concretas, recursos, prevención, educación y que las víctimas sean protegidas. También necesitamos herramientas para frenar los discursos de odio en las redes. Señorías del Partido Socialista, terminemos el trabajo porque, frente a los que quieren un país gris y excluyente, algunos queremos construir un país diverso, y esa diversidad no es un problema que haya que combatir, sino una realidad que tenemos la obligación de defender. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Esther Gil de Reboleño Lastortres · Sumar ·
Congreso · PlenoAsunto convencional
«Gracias, presidenta. Señorías, hoy quiero dirigirme a sus señorías del Grupo Socialista para decirles que no podemos esperar más, que hemos votado a favor de la ampliación del plazo de la subcomisión relativa a los delitos de odio, pero no queremos agotar estos seis meses más, queremos que se tramite lo antes posible. Ni siquiera queremos votar prorrogar dos meses, porque el trabajo está hecho, las comparecencias también y las propuestas puestas encima de la mesa. Señorías, tenemos un problema grave de odio y es un problema que está contaminando nuestra sociedad y nuestro país. Lo estamos viendo en Ceuta, con el odio hacia las personas migrantes, el odio hacia personas que tienen otro color de piel o que tienen otro origen, el odio incluso hacia los niños y niñas. Yo me pregunto cómo se puede odiar a un niño, señorías de la ultraderecha y del Partido Popular. Pero no hace falta ir a Ceuta, el odio está instalado en nuestras calles, está instalado hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTBIQA+, hacia las personas que profesan otra religión, hacia las personas que tienen un cuerpo diferente o hacia las personas racializadas.»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la gestión del Ministerio de Defensa durante la...
«Como SUMAR denunció en su día, este tsunami no fue casual. Hubo manos que lo empujaron: Netanyahu y Trump, con el beneplácito de Marruecos. Estados Unidos e Israel no pueden consentir que nuestro país y nuestro Gobierno mantengan una posición patriótica de soberanía y de defensa del derecho internacional. (Aplausos). La orden obedeció a denunciar el genocidio en Gaza e impedir usar la base de Rota en la guerra contra Irán para controlar el estrecho de Ormuz y el petróleo. Ahora atacan el estrecho de Gibraltar. Esos son los verdaderos invasores: Netanyahu y Trump. También hemos sido claros: la solución pasa por el traslado de todos los inmigrantes a la península y por que allí sean valorados. Si la llegada de 250 000 ucranianos no fue problema, diez mil personas tampoco lo son para esta España de cincuenta millones. Igualmente, seguimos denunciando la hipocresía del presidente Vivas, al servicio de la estrategia de Génova, poniendo constantemente palos en las ruedas. La solidaridad que sí han demostrado los ceutíes es la que les ha faltado a las comunidades del Partido Popular y de VOX. Si hubiesen actuado como pueblos hermanos, hoy Ceuta viviría en normalidad. Señorías, su problema no son los extranjeros; su problema es este Gobierno, al que detestan, porque defiende intereses opuestos a los suyos. Ustedes son más de poner alfombras a los ricos de otros países que compran casas y terrenos en las Baleares, que especulan en el barrio de Salamanca de Madrid y que llenan Puerto Banús. Ahí radica la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes son de Urbagestión y nosotros somos Maricarmen. (Aplausos).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la gestión del Ministerio de Defensa durante la...
«Y sí, y si hablamos de responsabilidad, hablaremos de todo. También de lo que muestran los vídeos verificados de esta semana: soldados golpeando con porras a un joven que ya estaba reducido en el suelo; migrantes empujados a cuneta y golpeados junto al campamento de Loma Colmenar, y casos de personas obligadas a raparse la cabeza. Eso no es defender Ceuta, eso es la ley del ojo por ojo. Y no cabe en un ejército democrático. Por eso pedimos al Ministerio de Defensa que identifique a los responsables (aplausos) y que abra los correspondientes expedientes, y saludamos que la ministra haya trasladado los hechos al juzgado. Se lo debemos a los miles de soldados que cumplen con su deber y que no merecen ver cómo unos pocos manchan el digno uniforme del Ejército. El enemigo no es ni Cruz Roja ni Cáritas ni los pobres que duermen en las calles. El enemigo es el odio. El odio que algunos alimentan con sus declaraciones y otros expresan con sus acciones cobardes. En el punto 3 de la moción aparece el elemento conflictivo: dotar a las Fuerzas Armadas de capacidad de actuación directa, en lugar de limitarse a las tareas que les corresponden, de vigilancia y apoyo a las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas no son las adecuadas para esa tarea porque no están entrenadas en funciones de orden público. Si se aprueba ese punto, se enviará un mensaje confuso a la ciudadanía, de estado de guerra, y dará alas a indeseables con uniforme y a los grupos fascistas responsables de la violencia racista. Esta moción pretende convertir a Ceuta en el Barranco del Lobo del siglo XXI.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.
«Señorías, hay otro elemento especialmente grave en este intento de enmienda: el intento de relacionar la violencia contra las mujeres con la inmigración, atribuyendo a determinados orígenes culturales una amenaza general para la seguridad de las mujeres españolas. Este argumento no protege a las víctimas, sino que desplaza el debate, introduce una lógica de exclusión y pretende convertir la violencia machista en un problema de fronteras en lugar de abordar las relaciones de dominación que la hacen posible. El feminismo no va a aceptar que se utilice a las mujeres como excusa para alimentar el racismo y la xenofobia. Los derechos de las mujeres también son universales: toda víctima merece protección con independencia de su nacionalidad, su origen o situación administrativa, y toda persona que ejerza violencia debe responder conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones. Por eso resulta muy revelador que la enmienda invoque reiteradamente la familia, la igualdad y la infancia mientras reclama que se elimine una norma destinada a reconocer una forma específica de violencia y articular medidas para combatirla. Esto es lo que debemos discutir: cómo mejorar la protección, cómo evitar que las señales de riesgo queden sin respuesta y cómo impedir que las hijas y los hijos sean utilizados para prolongar el sufrimiento de sus madres. No necesitamos una competición entre víctimas, necesitamos que ninguna quede desprotegida; no necesitamos negar las diferencias entre las formas de violencia, necesitamos comprenderlas para combatirlas, y no necesitamos retroceder hacia un modelo que oculta los conflictos bajo la apariencia de una familia ideal, necesitamos una sociedad donde ninguna mujer tenga que elegir entre su libertad y su seguridad y donde ningún niño o niña sea utilizado como instrumento de venganza, castigo o dominación.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.
«Aquí aparece una cuestión de fondo que las feministas llevamos décadas señalando: la familia no es una institución ajena a las relaciones de poder y a la influencia del patriarcado. La gran mayoría de las familias son un espacio de afecto, cuidados y solidaridad, por supuesto, pero también pueden ser espacios donde se reproduce la desigualdad, la dependencia económica, el control y la violencia, y las medidas contra esta violencia ejercida hacia los niños y las niñas por parte de quienes deben protegerlos es lo que VOX pretende eliminar con esta infame propuesta. Pero hay algo que está por encima de cualquier derecho parental, y es el interés superior del menor. Durante demasiado tiempo, los juzgados han tendido a proteger únicamente el vínculo entre las y los menores y sus progenitores. Sin embargo, ninguna persona debería ser obligada a mantener ningún vínculo con un padre que maltrata, abandona o instrumentaliza. Los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados, y el Ministerio de Juventud está trabajando para que ese derecho de los menores sea igual y efectivo. Estamos cansadas de repetirlo: un maltratador nunca será un buen padre. A todas esas madres queremos hablarles hoy directamente: estamos con vosotras y con vuestros hijos e hijas. Sabemos que no existirá una verdadera igualdad mientras las mujeres sigan soportando formas específicas de dominación en el ámbito privado, mientras los cuidados continúen recayendo principalmente sobre ellas y mientras la autonomía de las mujeres se interprete como una amenaza a la autoridad masculina.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · Pleno¿Cuál es su prioridad, Vicepresidenta?
«Señora Guardiola, ¿sabe para qué sirven 137 diputados del Partido Popular? Para votar en contra de los trabajadores todos los días. (Aplausos). Por ejemplo, golpeándolos en contra de la reducción de la jornada laboral, algo que afecta a doce millones y medio de personas. Por cierto, señor Feijóo, aviso a los trabajadores de este país: el señor Nadal quiere que hagamos más horas extra en un país donde realizamos dos millones y medio de horas extra a la semana sin retribuir. También, señora Guardiola, sirven ustedes para votar en contra de los pensionistas, y el gurú económico del señor Feijóo nos advierte. Ojo a los pensionistas, que no quieren revalorizar las pensiones con el IPC, lo quieren ligar a la productividad. Ustedes contra los pensionistas. Y ahora la última. Sus prioridades, señora Guardiola, es que la señora Vázquez venga a este Congreso a echar gas pimienta, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras. (Aplausos.-Rumores). Esas son sus prioridades. Pero fíjese, señora Guardiola, tienen ustedes otra prioridad: criminalizar a los trabajadores de España. La última noticia del señor Feijóo es que va a dar poder a las mutuas para que sean ellas las que den las altas médicas cuando los trabajadores están enfermos. Estas son sus prioridades: golpear a la gente trabajadora. (Aplausos). ¿Sabe cuáles son las nuestras? Escuche, señora Guardiola. Estamos trabajando con el diálogo social en un plan para mayores de 52 años. ¿Tiene algo que aportar, señora Guardiola? Vamos a subir el salario mínimo. Cuando llegue la ley de prevención de riesgos, ¿van a votar a favor, señora Guardiola? Mire, señora Guardiola, mi prioridad es que los dos decretos del viernes salgan adelante. ¿Van ustedes a votar a favor de la gente de este país, señora Guardiola (rumores), o van a seguir haciendo lo que hacen? Porque su voto en contra, señora Guardiola, va a permitir que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda. Usted habla de suicidios, ¡es que no tienen vergüenza!, cuando van a votar en contra, permitiendo que se desahucie a la gente en España. Estos son ustedes, señoría. Hagan el favor, rectifiquen y sean útiles para España. (Aplausos.-protestas).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para...
«Gracias, presidente. Esta mañana nos hemos despertado con esperanza al constatar que la lucha de Maricarmen, la de los centenares de personas que acampan en la Puerta del Sol y la de los miles de personas que llevan años manifestándose por el derecho a una vivienda digna y asequible, se materializaba en dos reales decretos que nos acercan un poco más a la consecución de este derecho constitucional. Unas normas que desarrollan una serie de medidas que abordan algunas de las prácticas que han derivado en una crisis de la vivienda que se percibe como el principal problema de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, sí, la política sirve, si bien es cierto que necesita de la movilización social, de conquistar calles y plazas, para que esta reaccione con la contundencia necesaria para frenar fondos buitre y especuladores como Urbagestión, que mercadean con un derecho fundamental. (Aplausos). Y hoy, también hoy, nos hemos levantado con la información de que la inflación sube hasta casi el 5 % debido al aumento del precio de los carburantes. O, dicho de otra manera, debido a la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán y a las empresas del oligopolio energético, que aprovechan para especular con el precio del barril y se forran a costa de la gente. Y estas empresas tienen nombre: Repsol y Moeve, multinacionales españolas que han multiplicado sus beneficios por cuatro respecto al año anterior. En los seis primeros meses de 2025 ganaron 285 millones de euros. Ahora, en 2026, con la guerra, han ganado 2847 millones durante el mismo periodo: 2000 millones más gracias a la guerra. ¿Y quién los paga? La gente, la ciudadanía. El aumento del precio del barril repercute en los costes de producción de las empresas, lo que produce una subida general de los precios, especialmente en los alimentos, que son un bien básico en todos los hogares y que tienen mucho más peso en las familias con menos ingresos. También repercute en el precio de la gasolina, en el transporte, en cómo nos movemos.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«España debe adaptar su legislación al PEMA, pero manteniendo un enfoque garantista, prestando atención a quienes tienen fundado temor de persecución. Y nada de eso dice el Grupo Popular en su PNL. Y el debate no es el retorno como instrumento de la política migratoria, sino sus límites, duración, condiciones de la detención, garantía de los recursos, principio de no devolución y la protección de niños, familias y otras personas vulnerables. Acabo. Tampoco vamos a apoyar un régimen de excepción para Ceuta. En la ley en vigor están todos los mecanismos para aliviar la situación de la ciudad. No hay que inventarse ningún reglamento ni decreto de excepción. Esos mecanismos, además de expulsar y devolver, deben incluir los traslados a la península, especialmente de refugiados y niños y niñas en acompañamiento familiar.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«España ha votado en contra del reglamento de retorno porque no respeta los derechos de las personas, porque crea centros de detención fuera de la Unión Europea donde las leyes europeas no se aplican y no se respetan los derechos de los recluidos. Nuestro ministro del Interior expresó serias dudas sobre la legalidad de esos centros de confinamiento y criticó la posibilidad de privación de libertad de hasta veinticuatro meses con prórrogas indefinidas. En una democracia no se puede detener a nadie indefinidamente y menos por una situación administrativa. Es una vergüenza que ese reglamento fuera aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026. El Gobierno de izquierdas ha recogido el sentir mayoritario de las organizaciones sociales que atienden a migrantes y refugiados. Amnistía Internacional, Oxfam y CEAR consideran que el reglamento supone un retroceso en derechos y garantías legales y consolida un modelo basado en la externalización -y en Ceuta ya hemos visto que las políticas de externalización son temerarias y dejan en indefensión la soberanía de los países europeos-, y critican la detención administrativa de veinticuatro meses o que se acabe con las garantías de no devolución de personas perseguidas. Rechazan, en general, los centros de internamiento fuera de la Unión Europea por el riesgo de detención arbitraria, de malos tratos y de restricciones al acceso de un recurso judicial efectivo. Y, sobre todo, las organizaciones sociales reclaman vías legales y seguras para migrantes y refugiados y la reagrupación familiar. Y es que nada de eso se contempla en el PEMA. Save the Children y Unicef afirman que la detención de niños y niñas por ser migrantes no es propia de una democracia. Las familias con menores deben quedar protegidas frente a las deportaciones. Y ACNUR se muestra igualmente muy preocupada por el no respeto al principio de devolución.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«El PEMA regula unos mínimos de garantías y derechos para los extranjeros que llegan o intentan llegar a Europa. El PEMA no impide que la legislación nacional mejore esos mínimos. Y España debe mejorar las garantías y derechos que ya existen en nuestra legislación. No vamos a aceptar un derecho de excepción aplicado a la protección internacional o a los flujos migratorios. La legislación internacional, la carta europea de derechos humanos, ordena que todas las personas disfruten de derechos fundamentales y tengan garantías de protección. Los migrantes vienen a Europa porque las empresas los reclaman. Las únicas invasiones que nosotros vemos son las del capital extranjero, que se quedan con nuestras viviendas a precio de saldo y desahucian a las Maricármenes. (Aplausos). Por cierto, da la impresión, por la pregunta que hacía ayer, que la señora Ayuso no ha necesitado hacerse mayor para no pagar un solo alquiler desde hace bastantes años. En todo caso, el reglamento de retorno debería contemplar sacar de nuestro país y de toda la Unión Europea a esos fondos buitre que especulan con las casas de la gente e impiden que la vivienda sea un derecho. En lugar de expulsar a los buitres, el Partido Popular apoya echar a trabajadores.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, al Partido Popular le entran las prisas cuando se trata de restringir derechos, como ahora para que se implemente el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en lo relativo al reglamento de retorno, el traslado de personas perseguidas que han solicitado protección internacional a centros de internamiento fuera de la Unión Europea donde no se aplica el derecho comunitario, es decir, el modelo Guantánamo. Ojalá tuviera el Partido Popular la misma prisa para acabar con la especulación de la vivienda y sumarse al bloque parlamentario que trabaja para acabar con los desahucios de personas vulnerables como Maricarmen (aplausos), o para garantizar que la gente pueda acceder a una vivienda digna. PP y VOX se quejan de que los índices de natalidad en España son bajos. No se puede tener una familia viviendo en una habitación en un piso compartido que no tiene ni cuarto de estar. A los racistas de VOX hay que recordarles la doctrina social de la Iglesia y la Biblia. El tuit de VOX ayer sobre 'Morocarmen' seguro que es un pecado, además de puro racismo. Y, sobre todo, es mentira, pues el 70 % de los desahucios de este país afectan a extranjeros.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«La reducción de víctimas exige una política integral y transversal. Necesitamos más prevención, más educación vial, más infraestructuras seguras, más protección de peatones y ciclistas, más transporte público y más movilidad activa. Y eso se sigue reforzando a través del transporte público con la integración en el billete único (aplausos), para que sean opciones seguras, accesibles y atractivas. Necesitamos seguir incorporando la justicia restaurativa a nuestras políticas públicas, situando a las víctimas en el centro para una mejor protección. Necesitamos avanzar hacia un modelo sancionador más justo, donde las consecuencias económicas de las infracciones estén vinculadas de forma más equitativa a la capacidad económica de cada persona, porque, si no, pasan sin pena ni gloria. Y es que la seguridad vial no se construye fundamentalmente con sanciones; se construye generando responsabilidad colectiva. Y hacia esto podemos avanzar hoy aquí. Señorías, esta iniciativa no pretende señalar hábitos, sino crear sinergias con amplios sectores sociales, prevenir el alcoholismo y conectar esa prevención con la seguridad vial. Pretende recordar algo muy sencillo: conducir exige atención, prudencia y capacidad de reacción. Reducir a cero la presencia de alcohol al volante significa agudizar nuestros sentidos, prevenir mejor los riesgos y actuar con mayor responsabilidad hacia el resto. Ese es el verdadero sentido de esta reforma. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Conviene dejar algo muy claro: esta reforma no va contra nadie. No va contra el mundo rural, no va contra nuestras cooperativas, no va contra los productores de vino, de cerveza o de otras actividades agroalimentarias que forman parte de nuestro patrimonio económico, cultural y gastronómico. Va a favor de la responsabilidad, va a favor de la seguridad, va a favor de que, cuando una persona decide ponerse al volante, lo haga con todos sus sentidos puestos en proteger la vida, la de quienes comparten las vías. (Aplausos). Porque el mensaje de esta iniciativa no es prohibir ningún consumo; es no normalizar la mezcla entre consumo y conducción. Y eso es compatible con defender a nuestro sector agroalimentario, con apoyar su producción y con seguir impulsando políticas agrarias que garanticen el futuro del campo y de quienes viven de él. La inmensa mayoría de las personas que producen vino en nuestro país saben perfectamente que disfrutar de un producto de calidad y conducir son decisiones que deben producirse en momentos distintos. Señorías, los datos son contundentes: más del 33 % de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tráfico presentaban alcohol en sangre. Además, incluso consumos relativamente bajos incrementan el riesgo de sufrir un accidente grave o mortal. Por eso, esta propuesta conecta con las recomendaciones de organismos especializados, de la estrategia conocida como Visión Cero. Y precisamente desde esa visión, queremos señalar que esta medida es necesaria, aunque no suficiente; hay que seguir trabajando.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Estas son unas llaves (muestra unas llaves), las de una casa, las de un hogar, el lugar al que tenemos derecho y el lugar al que esperamos volver. Por eso hoy hablamos también del derecho a llegar a casa. Señorías, hoy debatimos una medida sencilla de explicar y fundamentada en una evidencia que lleva años acumulándose. Cuando hay alcohol al volante, aumenta el riesgo. Cuando reducimos ese riesgo, salvamos vidas. Por eso apoyamos esta toma en consideración. La rebaja de la tasa máxima permitida en la conducción avanza hacia un modelo de mayor protección para todas las personas usuarias de las vías públicas. ¡Qué casualidad! Somos todas y cada una de las personas que convivimos en España. Permítanme comenzar reconociendo el trabajo realizado por nuestro compañero Félix Alonso, anterior portavoz en materia de seguridad vial (aplausos), que defendió esta misma orientación política durante la anterior tramitación. Sin duda, su contribución ayudó a situar este debate donde debe estar: en la defensa de la vida, la prevención y la seguridad vial como política pública prioritaria. Señorías, sabemos que esta medida puede no generar unanimidad; que en todos nuestros pueblos, barrios y ciudades pueden quedar personas con dudas. También sabemos que forma parte de un debate social mucho más amplio sobre determinados hábitos culturales que están profundamente arraigados. Pero es que no queremos mirar a otro lado. Abramos ese nuevo espacio de conversación con la toma en consideración.»
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Verónica Martínez Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Señorías, la Constitución habla de igualdad, mérito y capacidad, y nosotras queremos tomarnos en serio las tres cosas. No creemos que la capacidad para ejercer de juez o jueza pueda medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas. Un juez no trabaja recitando una ley de memoria; tiene que interpretar, argumentar, valorar hechos y pruebas contradictorias, escuchar y decidir. Todo eso exige efectivamente muchísimo conocimiento jurídico, pero también exige capacidad de análisis, razonamiento, criterio, comprensión de la realidad social y capacidad para relacionarse con todas las personas que entran por el juzgado. La memoria es una capacidad, señorías, pero no es, ni mucho menos, la medida del resto de capacidades. Por eso nuestra propuesta sobre la escuela judicial parte de idea completamente diferente. No creemos que la formación pública deba empezar cuando ya hemos hecho toda la selección. Hoy en día, durante años, el Estado prácticamente desaparece de la preparación de quienes quieren ser jueces. Todo esto queda, en buena medida, en manos privadas. Solo cuando una persona ya accede a la oposición, aparece el Estado y comienza la formación pública. Nosotras queremos revertir esa lógica, que la formación pública forme parte del propio proceso de acceso: una formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad.»
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Verónica Martínez Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder...
«Muchas gracias, presidenta. Antes de empezar con el tema objeto del debate, hoy quería celebrar una victoria, quería celebrar la victoria de los cientos de personas que llevan meses organizándose y movilizándose para decirnos que la vivienda es un derecho y no un activo financiero. (Aplausos). A todas esas personas, muchas de ellas acampadas a 600 metros de aquí, otras tantas manifestándose en las plazas de nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tenemos que darles las gracias por empujar para que la política esté a la altura. Esperemos, señorías, que este viernes la Cámara de representantes de la ciudadanía haga honor a su nombre y vote en consecuencia con lo que esa ciudadanía quiere. Señorías, el Grupo Popular trae hoy una proposición para modificar la formación en la escuela judicial. Lo que pasa es que, antes que discutir lo que ocurre en la escuela judicial, hay una pregunta un poquito más importante: ¿quién consigue llegar hasta ahí? Hoy una persona termina Derecho y, si quiere ser jueza, tiene por delante de media cuatro o cinco años estudiando una oposición. Ahí la igualdad formal empieza a chocar con la realidad porque para dedicar cuatro o cinco años a estudiar una oposición, hay que poder vivir dedicándole cuatro o cinco años. Hay que poder comer, hay que poder pagar el alquiler, hay que poder pagar a quien te prepara. Y difícilmente se puede trabajar porque prepararse una oposición ya es una jornada completa. Nosotras queremos que la judicatura se parezca más a la sociedad a la que sirve, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas de familias humildes y trabajadoras, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas que son las primeras en su casa y en su familia que estudian Derecho. Esto no cuestiona el enorme mérito que tienen todas aquellas que aprueban una oposición durísima, pero sí señala el problema, que son todas aquellas personas con mucho mérito y mucha capacidad y que ni siquiera van a poder intentarlo.»
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Viviane Ogou i Corbi · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la nefasta política educativa de su Gobierno.
«Gracias, presidenta. Me gustaría empezar haciendo un agradecimiento a los centenares de personas que hoy han intentado parar el desahucio de Maricarmen. (Aplausos). Y tengo que decir que, a pesar de todas las cosas buenas que estamos haciendo, me molesta profundamente que el Partido Socialista se ponga de perfil una vez tras otra ante la especulación inmobiliaria. La semana pasada trajimos una ley para acabar con la especulación de los fondos buitre, como el fondo que hoy ha desahuciado a Maricarmen -esos fondos que también compran los pisos donde viven familias con niños y niñas que van al colegio, que no sé cómo quieren que estos niños y niñas tengan buenos resultados-, y ustedes se abstuvieron. Me molesta que VOX, Junts y el Partido Popular hagan un seguidismo constante de los lobbies de la vivienda en vez de defender el derecho a la vivienda de todos y de todas. Y estamos cansados de llevar propuestas al Consejo de Ministros y que el Partido Socialista se ponga de perfil. Así que cuando tenemos que hablar sobre cuáles son los problemas que hacen que nuestros niños y niñas no saquen las mejores notas, tenemos que hablar también de las cuestiones estructurales, como el derecho a la vivienda, porque ¿quién va a sacar buenas notas cuando lo van a desahuciar, cuando sus padres no llegan a final de mes o cuando no pueden ver lo suficiente a sus familias porque no paran de trabajar? (Aplausos). Si queremos también solucionar los problemas de fondo, podemos empezar subiendo los impuestos a los fondos buitre, a ver si se van ya de nuestro país.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Por eso nosotras creemos en un proyecto de país y de futuro que invierta en vivienda social y que esté protegida permanentemente, que forme parte del parque público; es decir, inversiones financieramente sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda y también para fortalecer nuestra economía, nuestra cohesión social y nuestro futuro colectivo. También en adaptación y mitigación al cambio climático, en eficiencia energética, para que podamos levantar la vista y ver una tierra en la que haya libertad, paz y autonomía energética. Por eso vamos a apoyar este real decreto ley, porque La Palma necesita nuestro apoyo y porque las familias agricultoras, las cooperativas y las personas trabajadoras autónomas merecen que las instituciones las acompañemos hasta culminar la reconstrucción y porque creemos que una política fiscal responsable no consiste únicamente en reducir deuda, sino también en invertir en garantizar derechos, fortalecer la cohesión territorial y mejorar la vida de la gente. Porque, al final, la política consiste precisamente en poner los recursos públicos al servicio de las personas y no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Pero estamos hablando de la agricultura, que es una de las columnas vertebrales en La Palma; es empleo, es cohesión territorial, es identidad y es arraigo. La principal cooperativa agraria de la isla, Cupalma, agrupa más de 2450 personas agricultoras, genera 300 empleos directos y supera los 60 millones de euros al año de facturación. Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos únicamente de carreteras, fincas o infraestructuras; hablamos de familias, de proyectos de vida, de mujeres rurales y agricultoras que sostienen buena parte de la actividad económica, y de los cuidados, que defiende la juventud que decide quedarse en la isla y defiende nuestros territorios. La erupción duró ochenta y cinco días. La reconstrucción económica, social y emocional de una isla necesita mucho más tiempo y con este real decreto ley se lo queremos ofrecer, porque necesita que las instituciones sigamos acompañando a quienes todavía están reconstruyendo sus vidas. El segundo gran elemento de este decreto tiene que ver con la inversión pública. La norma permite que determinadas comunidades autónomas puedan utilizar parte del superávit, es decir, recursos que ya tenían. Y aquí conviene hacer una reflexión política de fondo. Que necesitemos una autorización específica para invertir en vivienda pública, en transición ecológica o en resiliencia climática significa que seguimos, en buena medida, bajo la arquitectura económica de la austeridad. Es una arquitectura que durante demasiado tiempo ha limitado la capacidad de las Administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que ha llegado el momento de liberarnos definitivamente de esa lógica. Porque la pregunta no es si podemos invertir, la pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo, y no hacerlo para mejorar la vida de la gente. ¿Podemos permitirnos no ampliar el parque público de vivienda cuando miles de jóvenes no tienen acceso a una vivienda digna? ¿Podemos permitirnos no invertir en adaptación al cambio climático cuando sus efectos ya forman parte de nuestro día a día? ¿Podemos permitirnos no invertir en eficiencia energética cuando sabemos que reduce costes para familias, Administraciones y empresas? No podemos.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Este real decreto ley tiene dos objetivos muy claros: seguir acompañando a La Palma en su recuperación y permitir que las comunidades autónomas puedan impulsar nuevas inversiones con recursos que ya tienen. Son dos objetivos distintos que responden a una misma idea. Cuando existen necesidades sociales, económicas o territoriales, las instituciones debemos estar a la altura, como lo están hoy mis compañeros acompañando en el desahucio a Maricarmen. (Aplausos). En primer lugar, hablaremos de La Palma. Ya han pasado cinco años desde la erupción del Tajogaite -cinco años- y, sin embargo, basta leer el real decreto o visitar la zona para comprender que la reconstrucción no ha terminado. Todavía hay personas agricultoras que necesitan una nueva moratoria para hacer frente a sus préstamos. Todavía hay personas trabajadoras autónomas que requieren medidas extraordinarias para mantener su actividad y todavía hay explotaciones que siguen recuperándose de los daños causados por la erupción o que son construidas sobre una nueva colada. Por eso, apoyamos que se mantenga durante 2026 la deducción en el IRPF para las personas residentes en la isla y que se movilicen nuevos recursos para compensar pérdidas de producción, reconstruir infraestructuras agrarias y recuperar explotaciones afectadas.»
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Juan Antonio Valero Morales · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir...
«Buenas noches ya, señorías. Señorías de VOX, llamáis a cazar a personas por ser extranjeras y pobres, os paseáis por el hemiciclo de este Congreso con un puro en la boca, ¿y vosotros tenéis la cara de decir que os preocupáis por la educación de este país? (Aplausos). Yo os invito a que superéis vuestros complejos con más terapia y no faltando el respeto a la soberanía popular. Hoy traen propuestas que o son inútiles, o son contraproducentes, o son directamente anticonstitucionales: controlar y vigilar al profesorado para que en el aula no se hable de cambio climático ni de igualdad entre mujeres y hombres ni de la represión franquista; eliminar las lenguas cooficiales y quitar las competencias a las comunidades autónomas; obligar a repetir curso aunque el equipo educativo considere que ese alumno puede pasar con alguna materia pendiente; o, como hacen donde gobiernan -en Andalucía y Aragón-, su gran solución: privatizar el bachillerato. Ustedes, señorías de VOX, no tienen ninguna medida para mejorar el sistema educativo; tienen un plan para que se adoctrine en el negacionismo y en el nacionalcatolicismo y para fabricar mano de obra sumisa y barata.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la aprobación de la Ley de Familias.
«Las cuidadoras principales de personas en situación de dependencia deben ser reconocidas y apoyadas. Desarrollan un trabajo esencial para garantizar una vida digna a las personas que quieren y cuidan. Pero debe existir una alternativa, unos servicios públicos robustos y unas prestaciones dignas que no incentiven a las mujeres -la mayoría de las que cuidan son mujeres- a quedarse en el hogar. Cuidar de un ser querido dependiente no es un trabajo, sino que es una función social que debe ser reconocida y apoyada, pero debe ser la última de las opciones para que estas mujeres no dediquen todo su tiempo y su vida a cuidar en el hogar. Aquí estamos para aprobar esta ley imprescindible, para sumar, debatir y conseguirlo. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Lander Martínez Hierro · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la Variante sur Ferroviaria, mercancías por la Y vasca y medidas mitigadoras a...
«No se cuestiona la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria de mercancías; lo que se necesita es reducir su paso por los lugares en donde hoy vive la gente. Lo que pedimos también es que estos objetivos se alcancen de otra manera, consolidando alternativas que el propio territorio lleva años trabajando y planteando, en lugar de imponer un trazado que reparte el impacto en vez de reducirlo, y, desde luego, este debate va a seguir abierto mientras que estas decisiones se tomen sin atender a las necesidades, a las demandas, a los estudios, a las delegaciones y a todo el trabajo que están haciendo muchísimas personas en los municipios afectados por este trazado. Esquerrik asko. (Aplausos).»
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Lander Martínez Hierro · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la Variante sur Ferroviaria, mercancías por la Y vasca y medidas mitigadoras a...
«Además, conviene señalar las incoherencias que presenta esta proposición no de ley: la postura que plantea el Partido Nacionalista Vasco -muy diferente en algunos casos la postura que plantea en algunos ayuntamientos en los que gobierna con la que plantea en esta propia Cámara-, así como el hecho de eximirse de toda responsabilidad sobre los trazados y lo que sucede con este proyecto, cuando -ya se ha dicho en intervenciones anteriores- muchas de las personas que están en órganos ejecutivos del Partido Nacionalista Vasco han sido copartícipes de las decisiones que acompañan al proyecto de la variante sur ferroviaria. Y, además, se presenta un texto que no recoge compromisos parecidos a algunos de los que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco en sus municipios y ni siquiera menciona cosas como soterramientos que los propios municipios defienden. Esta distancia entre el discurso local y el discurso estatal o el discurso del Congreso no es un detalle menor y, desde luego, merece una explicación. Las explicaciones tienen mucho que ver también con la proximidad de las elecciones locales, por supuesto, en todo el Estado.»
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Lander Martínez Hierro · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la Variante sur Ferroviaria, mercancías por la Y vasca y medidas mitigadoras a...
«Esto no responde a una limitación técnica, y no hablamos solo de esta infraestructura, sino de muchas otras que cubren Euskadi. Habla de una cuestión de prioridades, es decir, primero el hormigón y luego la gente. Se decide y se ejecuta, y después, si hay alegaciones, si hay movilización, se empieza a hablar de medidas de mitigación, que no es lo que piden las personas en estos lugares. Ese orden condiciona el resultado, porque, cuando la ciudadanía es finalmente escuchada, el margen de decisión ya es mínimo y la afectación sigue siendo mayor. Durante años la sociedad organizada de muchos municipios, especialmente Barakaldo, ha hecho su parte con seriedad: ha estudiado alternativas, ha presentado informes técnicos, ha recogido miles de firmas, ha agotado vías de alegación, y, pese a ello, la respuesta ha sido mínima. Pero, cuando la ciudadanía cumple con cada uno de los cauces institucionales y no se le ofrece la respuesta que necesita, al final lo que quedan son las vías judiciales, y esto debería preocupar a esta Cámara tanto como respecto a los proyectos.»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de jubilación sin penalización.
«Hay otra cuestión que es más importante. No podemos tratar de la misma manera a quien se jubila de forma anticipada porque le da la gana y porque quiere y a quien se jubila anticipadamente porque ha sido expulsado injustamente del mercado de trabajo, porque no es lo mismo. Simplemente no es lo mismo. Una persona que después de cuarenta años trabajando pierde su empleo cuando tiene 61 o 62 años y no encuentra una nueva oportunidad laboral, no está en la misma situación que quien decide voluntariamente abandonar su empleo y anticipar su jubilación. Es un hecho. La legislación, de hecho, ya lo distingue. Y creo que aquí está una de las claves del debate, porque no debemos preguntarnos solo si cuarenta años son muchos años. Por supuesto que lo son, claro que lo son cuarenta años currando. La pregunta es cómo debemos ponderar el esfuerzo contributivo de una persona, la causa que la lleva a abandonar el mercado de trabajo, el tiempo que anticipa su jubilación y el impacto que todo eso tiene sobre el sistema. Los años cotizados importan, pero no son el único factor, señorías, ni el único elemento a tener en cuenta. Debemos combinar contributividad, equidad, sostenibilidad y sobre todo cuando la contributividad -las feministas hace mucho que lo decimos, señora Belarra- sería como una especie de bomba sobre las mujeres. Fíjese, las mujeres trabajamos mucho más que los hombres, pero no cotizamos igual y una regla construida exclusivamente alrededor de alcanzar cuarenta años de cotización deja fuera, precisamente, a muchas personas que han tenido carreras laborales más interrumpidas. Por eso, si queremos hacer una reforma justa, no podemos resolver una desigualdad creando otra. No podemos solucionar el problema de las personas con carreras largas mediante una regla que premie exclusivamente haber alcanzado una cifra determinada y que ignore las distintas trayectorias laborales. Nuestro sistema de pensiones tiene que seguir corrigiendo la brecha de género que todavía existe y las desigualdades en las carreras profesionales siguen teniendo unas consecuencias muy claras en las pensiones. Creo que podemos coincidir en el diagnóstico sin tener que coincidir necesariamente en la misma solución. Claro que hay que revisar la penalización a las largas cotizaciones, claro que hay que dar una respuesta específica a quienes fueron expulsados involuntariamente teniendo más de cuarenta años de cotización y claro que debemos revisar si es razonable mantener de por vida reducciones que pueden llegar a ser francamente muy injustas. Claro que sí. Pero la respuesta no puede ser una frontera rígida entre los treinta y nueve años y once meses y los cuarenta años. Tenemos que construir un mecanismo que sea gradual, que tenga en cuenta los años cotizados, los meses de anticipación, la causa de jubilación y las diferencias y discriminaciones que afectan al mercado laboral. Las pensiones no son solamente un derecho individual, son un compromiso colectivo, señorías, entre generaciones.»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de jubilación sin penalización.
«Nos hemos reunido en muchísimas ocasiones con ASJUBI40 y hoy quiero volver a saludaros una y mil veces. Además, nos volveremos a ver tantas veces como queráis. Hemos escuchado muchas veces vuestras reivindicaciones y nos hemos intercambiado propuestas. Hemos estado de acuerdo en algunas y en otras no -lo normal-, pero, evidentemente, compartimos la razón de vuestra reivindicación. Hay personas que comenzaron a trabajar muy jóvenes y que han cotizado durante cuatro décadas o más incluso y cuando fueron expulsadas del mercado laboral accedieron a una jubilación anticipada con una reducción permanente -como usted ha destacado- de su pensión. La propia reforma del 2021 intentó dar respuesta parcial a una parte de este colectivo mediante un complemento específico. Cerca de cien mil pensionistas llegaron a tener reconocido ese complemento, pero es evidente que esa respuesta se quedó muy corta. Claro que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición. Después de tantos años de reivindicar esto en esta Cámara solo faltaría que el Congreso de los Diputados no debatiera esta cuestión. ¡Solo faltaría! Pero precisamente porque queremos resolver el problema, tenemos que decir con claridad que el texto que hoy se nos presenta necesita ser mejorado sustancialmente. Una cosa es reconocer una injusticia y otra muy diferente es encontrar la solución adecuada. Fíjense, esta propuesta utiliza una regla excesivamente rígida: la de los cuarenta años. El texto establece que tanto en una jubilación anticipada involuntaria como en una voluntaria no se aplicará reducción alguna cuando lleguen a los cuarenta años de cotización. Aquí aparecen problemas, señorías. Claro que los hay. ¿De verdad podemos decir que una persona con cuarenta años cotizados ha tenido una carrera larga y otra con treinta y nueve años y once meses no? ¡Hombre! ¿Es razonable que unos pocos meses puedan producir una diferencia tan enorme en la cuantía de la pensión? Me dirán ustedes. El texto establece una frontera por debajo de los cuarenta años, en que se aplican coeficientes reductores, y al alcanzar los cuarenta años ya desaparecen. No habla de una diferencia gradual, pasa un poco de todo a nada y eso no responde bien, evidentemente, al principio de equidad.»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de jubilación sin penalización.
«¡Qué alegría veros! (Dirigiéndose hacia la tribuna de invitados). Yo sí que creo en la política y creo que la prueba en realidad es la reforma de pensiones del 2021 que supuso un gran cambio en nuestro sistema. Recuperó derechos y además reforzó ingresos y sostenibilidad. Entre otras cosas recuperó la revalorización vinculada al IPC, sustituyó el perjudicial factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional e introdujo medidas para mejorar la situación de las personas que habían accedido a la jubilación anticipada después de largas carreras de cotización. Esa reforma la conoce muy bien la señora Belarra, porque fueron personas del ministerio que ella dirigía las que, cuando estaba en el Gobierno, llegaron a ese buen acuerdo. Debería estar orgullosa en realidad. Han pasado cinco años y debemos abordar una nueva etapa que corrija las deficiencias que todavía existen en nuestro sistema público de pensiones. Debemos seguir reduciendo la brecha de género; debemos seguir mejorando la suficiencia, es decir, la dignidad de las pensiones; debemos dar una respuesta adecuada a las profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres -hoy hemos tenido una muy buena victoria en la Comisión de Trabajo para las tripulantes de cabina-; y tenemos que abordar, evidentemente, la situación de las personas con largas carreras de cotización que son expulsadas del mercado de trabajo en los últimos años de su vida profesional y que terminan jubilándose de forma anticipada con una reducción de su pensión porque, evidentemente, este problema existe y es real, si no hoy no nos encontraríamos aquí.»