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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«El juez Hurtado ha dictado un auto de transformación continuando con su estrategia; no hay ninguna novedad, ningún procesamiento que justifique este debate, salvo las ganas del Grupo Popular de seguir haciendo ruido utilizando la persecución que han organizado contra el fiscal general del Estado. Traer a debate al fiscal general del Estado no les va a evitar que los ciudadanos sigan pidiendo la dimisión de Mañueco y de los demás responsables del Partido Popular por la nefasta gestión de los incendios forestales. Y España, desgraciadamente, ha vuelto a comprobar que las Administraciones del Partido Popular y de VOX nos dejan indefensos ante cualquier catástrofe, ya sea una dana o sean incendios forestales. ¿Para qué van a tomar medidas preventivas frente a una crisis climática que niegan que exista? Y sobre el auto dictado por Hurtado -ese juez que se opuso a interrogar a Rajoy en el juicio Gürtel, que no veía motivos para condenar al Partido Popular por corrupción y que ignoraba quién era ese M. Rajoy que recibía dinero B de Bárcenas-, es el Consejo del Poder Judicial el que ha informado el 9 de junio, primero, que el abogado del novio de la señora Ayuso envió al fiscal del caso una propuesta reconociendo que se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública y proponiendo resarcir el daño causado pagando lo adeudado, cuota e intereses, a la Agencia Tributaria; y, segundo, a continuación, el presunto delincuente confeso, definido por Miguel Ángel Rodríguez como 'Alberto, el de Quirón', niega haber enviado el correo reconociendo sus delitos. Pero el correo remitido por el abogado desautorizado es publicado por los medios de comunicación, una filtración judicial más de las innumerables que ocurren a diario en este país.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al objeto de informar...
«Gracias, presidenta. Al igual que las Naciones Unidas, Izquierda Unida defiende un modelo de seguridad humana: desarrollo económico sostenible, transición energética, prevención de crisis medioambientales, justicia social y democracia; lo contrario al rearme y a alianzas como la OTAN. Igual que las Naciones Unidas, queremos un multilateralismo colaborativo entre países y civilizaciones, respetuoso con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, e incompatible con hegemonías imperialistas o con amenazas militares. Por eso, defendemos la coexistencia pacífica frente a la política de disuasión militar, que necesita guerras para consumir armas que nos venden mercaderes de la muerte, y así comprar más y más armas. (Aplausos). La paz es el derecho síntesis; sin paz no hay derechos humanos ni medioambientales. Y Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, necesita desarmarse, construir confianza y una seguridad compartida que dé tranquilidad a todos. Las alianzas militares y el rearme empobrecen a los pueblos y nos llevan a la guerra. Cuando desapareció el Pacto de Varsovia, la OTAN se quedó sin enemigo. Y en lugar de impulsar la confianza con sus vecinos, los procesos de Helsinki y de París, Europa renunció a una seguridad compartida y aceptó extender la OTAN. Hoy la OTAN es una herramienta de Trump para imponer su autoritarismo en todo el planeta, acabando con las reglas de convivencia y con el derecho internacional. Trump ha decidido que los demás paguemos el inmenso déficit comercial de Estados Unidos. Quiere sacarnos miles de millones de euros, en aranceles o para la industria militar de Estados Unidos. ¿O acaso para invadir Canadá, Groenlandia, México o el Canal de Panamá? Las amenazas a la seguridad de España no vienen del este, sino del oeste y del sur: de la inestabilidad en el Magreb; de las crisis en África, empobrecida por el colonialismo; de la ilegal guerra de ocupación del Sáhara por Marruecos, con apoyo de Israel. (Aplausos). Nunca la OTAN va a impedir la presión sobre Ceuta, Melilla o Canarias, y eso lo saben el señor Feijóo y el señor Abascal.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Hoy esta Cámara puede acabar con la discriminación de los saharauis respecto a personas de otros pueblos que también han sido parte del Estado español en cualquier momento de la historia: dos años de residencia legal y continuada exigidos a estas últimas, frente a los diez años que ahora mismo se exigen a los saharauis. (Aplausos). Y es un orgullo para cualquier diputada o diputado aprobar una iniciativa tan importante, que va de personas más que de leyes, de vivencias más que de derechos, de justicia práctica y humana más que de jurisprudencia (aplausos), de arena, calor, campamentos y dignidad más que de DNI, sellos o pasaportes. Nuestras hermanas y hermanos saharauis deben ser reconocidos como lo que son, nuestros iguales. Saldemos la deuda histórica con el pueblo saharaui. Llevamos cincuenta años de retraso: no perdamos más tiempo mirando a otro lado. España sigue siendo, de iure, la potencia administradora del territorio, aún pendiente de descolonización. Y no estamos regalando la nacionalidad a nadie, estamos devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Pero el 17 de octubre del año 2024 el Consejo de la Unión Europea acordó reforzar el derecho internacional, conforme a la Carta de Naciones Unidas, y respetar el derecho de libre determinación de los pueblos, y el 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, país que se obstina en incluir al Sáhara Occidental como territorio propio. El Tribunal de Justicia Europeo decide que los productos procedentes de los territorios saharauis ocupados deben etiquetarse expresamente como productos del Sáhara Occidental, porque ese territorio no es Marruecos (Aplausos). Y esas sentencias reiteran el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y reconocen la condición del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, que es el legítimo y único titular del derecho de autodeterminación del territorio, recordando que es un pueblo que, a raíz de la ocupación del año 1976, ha tenido que abandonarlo. Y concreta que el pueblo saharaui está compuesto por 500 000 personas, de las que 255 000 se encuentran en campamentos de refugiados en Argelia, 125 000 están en la diáspora y otras 125 000 están en territorios ocupados por Marruecos, de forma que el resto de los habitantes del territorio ocupado deben ser considerados como colonos. Y concluye que, debido a la situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos -?literal-, 'es necesario el consentimiento del pueblo saharaui para acuerdos con la Unión Europea que incumban a productos del Sáhara Occidental'. Para el tribunal de la Unión Europea esto es jurisprudencia consolidada, y el respeto a la legalidad internacional nos obliga a cumplirlo. No hay formas distintas de aplicar el derecho internacional en función de que afecte a ucranianos, palestinos o saharauis. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero el PP no se queda atrás, ya que también utiliza argumentos excéntricos, como que la ley de seguridad ciudadana, esta ley que vamos a derogar -agárrense-, se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales con los que cuentan las fuerzas de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. ¡Ahí es nada! No consta en ningún informe de la lucha antiterrorista que las multas contempladas en la ley mordaza -una ley de contenido administrativo que carece de sanciones de naturaleza penal- hayan servido para evitar ninguna acción de terrorismo. Argumentar que la derogación de la ley mordaza daría oxígeno a la amenaza terrorista es un falso y demagógico argumento. (Aplausos). Ustedes vuelven a usar el espantajo de la desaparecida, hace más de una década, ETA; vergonzoso argumento que ni la ultraderecha, señores del PP, ha sido capaz de utilizar en su enmienda a la totalidad. Y, contrariamente a lo que afirma su enmienda, la nueva ley va a permitir prevenir cualquier desorden o actuación violenta en espectáculos públicos o deportivos y en concentraciones multitudinarias.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente. Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.
«Pero, sobre todo, la nueva regulación del derecho de reunión y manifestación va a dar prioridad a la manifestación pacífica, sin que la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio de un derecho considerado fundamental, siempre que se ejerza de forma pacífica. Por tanto, va a dejar de ser sancionable el ejercicio del derecho de reunión sin comunicación ante hechos que requieren de una manifestación o expresión pública inmediata. La actuación de las autoridades durante el ejercicio de este derecho de reunión siempre se va a guiar por un enfoque de derechos humanos, de forma que se perjudique lo menos posible el ejercicio de cualquier derecho. Es más, se modifica sustancialmente el régimen sancionador. Se van a eliminar sanciones que no están justificadas y otras se clarifican o se matizan. Se van a limitar las sanciones por intrusión en infraestructuras durante manifestaciones si no se provoca una alteración grave de su funcionamiento. Se suprime la sanción por perturbación grave en las reuniones o manifestaciones frente al Congreso, porque está muy bien que la gente venga a manifestarse aquí, a la puerta. Y se eliminan las sanciones a las trabajadoras sexuales en la vía pública, pero se mantienen las que se impondrán a los consumidores de prostitución. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la implicación del Ministerio del Interior en los...
«Que el PP sea el partido más corrupto de Europa no obsta para que seamos implacables con la corrupción en otros partidos, porque el respeto a la clase trabajadora nos obliga a ello. Sobre el caso KoldoAldama, claro que se debe investigar a fondo y cesar a cualquier acusado de corrupción, también si afecta al PSOE, pero eso no justifica las barbaridades de esta moción. Por ejemplo, el caso Cuarteles, que lo incluyen, ocurrió durante el Gobierno de Rajoy, es responsabilidad del Ministerio del Interior del Partido Popular, y ustedes todavía tienen que pedir perdón por los recursos del Ministerio del Interior utilizados para destruir las pruebas de su corrupción, para perseguir con la Policía a quienes consideraban enemigos de la dirección de su partido o por proponer a un corrupto como Cotino al frente de la Policía Nacional (aplausos) para tapar escándalos como la Gürtel, Fórmula 1 o el robo que hicieron aprovechando la visita del Papa a Valencia. El exministro Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Martínez enfrentan acusaciones de quince años de cárcel.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Señores y señoras del Grupo Popular, España formará parte de la comunidad de naciones civilizadas mientras respetemos las normas y convenios de derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas. Somos la frontera de Europa con el Magreb y el Sahel, que es una región sumida en conflictos graves. Que en lo que va de año hayan llegado a Canarias 20 000 personas huyendo de estos conflictos no es ninguna emergencia migratoria para un país de 48 millones de habitantes, máxime cuando buena parte de los refugiados que llegan continúa en tránsito a otros países de la Unión Europea. A la vista de la situación en sus países y de lo poco que hacemos para garantizar el desarrollo y la estabilidad política en esta región vecina, lo raro es que no lleguen más miles de personas buscando un futuro digno para sus hijos. Pero sí que es una emergencia para Canarias o Ceuta si el Partido Popular los condena a hacer frente en solitario a la acogida de miles de niños y de niñas que huyen solos o que han visto cómo morían sus padres por el camino.»
INECita «48 millones» · Población residente, 1 jul 2024: 48.821.936 personasFuente ↗
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Esta propuesta del Partido Popular sitúa al PP en el bando de las mutualidades, de los grandes despachos y de los colegios de Abogados, en el bando de las minorías privilegiadas frente a la abogacía y procura de a pie. Su PNL, señora Moro, no propone nada, solo gana tiempo para que continúen el fraude y la pobreza sobrevenida de los profesionales jubilados. Su propuesta es estudiar, analizar, crear una comisión, lo habitual cuando no se quiere solucionar un problema. SUMAR propone la misma solución reivindicada por los afectados por el fraude: el sindicato Venia, el foro Abogacía y Democracia o el movimiento #J2, entre otros. Integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas, integración que no costará nada al Estado, mediante el traspaso al RETA de las aportaciones ordinarias y extraordinarias de mutualistas y la parte proporcional de rendimientos obtenidos por la mutualidad en cualquier concepto, garantizando las prestaciones de Seguridad Social como si se hubiese cotizado al RETA durante el periodo en que se estuvo adscrito a la mutualidad; y se garantizará, al menos, la percepción de la pensión mínima del RETA, salvo en supuestos en los que el mutualista disfrute de otro tipo de ingresos regulares. Necesitamos una solución urgente para los que están pendientes de jubilación y para los que sufren ya jubilaciones de miseria.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben ofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso, hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes a España. El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable, y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto de terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. Doce cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional y el rapero Hasél entró en prisión en febrero de 2021. El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter, un claro contenido prospectivo de operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio de Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, quien utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de quince años de cárcel y treinta y tres de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la comisión de actos terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión, y este contempla hasta tres años de prisión.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para dar...
«Señora presidenta, señoras y señores diputados, quiero mostrar mi preocupación por esta recta final de la negociación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, porque las propuestas legislativas presentadas en el marco de ese nuevo pacto de migración repiten demasiadas recetas del pasado, que hasta ahora no han servido para resolver los principales retos en materia migratoria, y cristalizan diferentes posiciones y posturas en aspectos clave como la solidaridad, el reparto equitativo de responsabilidades o los procedimientos. A nuestro entender, todo esto obstaculiza e impide la consecución de un verdadero sistema europeo común de asilo, eficiente y garantista. Faltan mayores compromisos y más ambición para incrementar la posibilidad de que las personas puedan obtener protección de forma segura. Y yo le pido, señor ministro, que haga usted un esfuerzo; aún quedan puntos para acordar en relación con el reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza mayor. La nueva terminología utilizada, como pre-screening, offshore o pre-entry, disfraza las mismas vulneraciones de siempre: dificulta el acceso a las vías legales y seguras de entrada, trasluce un incumplimiento del tratamiento individualizado y la protección para personas que solicitan asilo y contiene omisiones clamorosas del deber de auxilio a quienes acceden a las fronteras. El Reglamento Eurodac nos preocupa especialmente. Con la actual revisión del reglamento, aprobado por la Comisión en diciembre del año pasado y que ha sido liderado por la ultraderecha europea en el Parlamento Europeo, preocupan un exceso de medidas que priorizan control policial y se olvidan de medidas de integración y observancia de derechos fundamentales. Por ejemplo, recogida de mayor número de datos dactilares y faciales durante más tiempo, ampliando el ámbito de aplicación, adentrándose en el delicado terreno de la injerencia en el derecho a la intimidad de las personas sin la debida protección y control. En el contenido de las bases de datos se incluyen nuevos datos biométricos, como la imagen facial, sin que hayan sido evaluados debidamente los riesgos, y muy probablemente no se cumple con el equilibrio entre necesidad y proporcionalidad y permite -y esto es lo que más nos preocupa- someter a tecnologías de inteligencia artificial a menores a partir de 6 años, a niños, sin suficiente regulación ni garantías para proteger sus derechos fundamentales y su seguridad frente a posibles abusos en este proceso.»