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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del...
«A pesar de las duras consecuencias de las anteriores medidas, la furia obsesiva de Trump ha continuado volcándose contra nuestro pueblo hermano cubano. La orden ejecutiva de 29 de enero de 2026 declara una emergencia nacional en Estados Unidos con respecto a Cuba. Nadie en este planeta puede creerse que la pequeña isla de las Antillas sea una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Han impuesto el bloqueo total de petróleo y sus derivados, buscando el colapso de la economía cubana, echando a empresas españolas como Meliá o Iberostar y provocando una crisis humanitaria para justificar la intervención política y una futura intervención militar. Ante tamaña agresión, a nadie debe extrañar que la indignación del pueblo cubano se dirija contra quienes pretenden matarlos de hambre y de enfermedades. (Continúan los rumores). Por eso, Trump no se ha atrevido todavía a una agresión militar como la que realizó el 3 de enero en Venezuela. El 20 de julio pasado Estados Unidos publicó un nuevo informe en el que se describe a la extenuada Cuba como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio. Expertos de Naciones Unidas han señalado que el informe solo aporta consideraciones políticas e ideológicas del Gobierno de Trump para justificar medidas coercitivas que pretenden alterar el orden constitucional de un Estado soberano. Las sanciones anunciadas el 23 de julio han bloqueado también la adquisición de combustible por razones humanitarias. Son ya varios meses sin que entre una gota de petróleo. No es exagerado hablar de lento genocidio o de una Gaza silenciosa, en palabras de miembros del Congreso de los Estados Unidos. Los salarios han disminuido, el transporte y el suministro de energía están bajo mínimos, faltan materiales educativos básicos y equipos científicos. (Continúan los rumores.-Varias señoras y señores diputados chistan pidiendo silencio). Las remesas enviadas por familiares en el extranjero no se reciben tras el cese de servicios empresariales y la imposibilidad de operar del sector bancario internacional. Los prolongados apagones interrumpen los servicios sanitarios, provocan escasez crítica de medicamentos, incapacidad para el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer y los residuos no recogidos se acumulan, agravando el riesgo de propagación de enfermedades. La actividad turística y las inversiones extranjeras han desaparecido, incluso se ha impedido que opere la ayuda humanitaria internacional tras el huracán Melisa. Esta situación afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores; en general, a grupos vulnerables. El derecho a la vida y a la salud está afectado gravemente. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado, cada año y por mayoría abrumadora, resoluciones que exigen el fin del bloqueo. (Continúan los rumores). España ha votado de manera constante a favor de estas resoluciones en defensa del derecho internacional.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Esta reforma que nos traen tiene como única finalidad que las derechas controlen el 100 % de los nombramientos de jueces que realiza el consejo. El Tribunal Constitucional ha avalado el sistema actual de participación de la soberanía popular en la elección de vocales. La Sentencia 108 del año 1986 declara que existe un mandato constitucional para que el modo de elección de los vocales judiciales represente el pluralismo de la sociedad española. Afirma el Tribunal Constitucional que nuestro actual sistema es perfectamente homologable a los distintos modelos que hay en Europa, que son varios: un modelo atribuye al Ministerio de Justicia la competencia exclusiva para elegir el órgano de dirección del Poder Judicial, en otro modelo esas funciones se otorgan al propio Poder Judicial y otro modelo atribuye la competencia a un órgano constitucional como este. Afirma nuestro Tribunal Constitucional que cualquiera de los tres sistemas es susceptible de politizar la elección. Regalar la elección de los vocales a los jueces es una distorsión democrática. Crea un sistema de elección censitaria -un órgano constitucional elegido por el 0,001 % de la población-, politiza al máximo la carrera judicial, al convertir el consejo en un órgano de representación profesional, y crea un sistema de confrontación entre asociaciones de jueces, todas ideologizadas. Las asociaciones de jueces pueden además ser financiadas por el sector privado. Es una temeridad que un poder del Estado, el Poder Judicial, pueda ser elegido con intervención del sector privado, empresas o fondos de inversiones nacionales y extranjeros. El Grupo Popular fundamenta su propuesta en las opiniones de la Comisión de Venecia, un grupo de expertos que realizan informes a petición del Consejo de Europa con opiniones que solo representan a quienes componen esa comisión. No es un órgano del Consejo de Europa, ni de la Unión Europea, ni se elige con participación democrática. El Grupo Popular convierte en criterio indiscutible el informe emitido por esa comisión. En el texto presentado no dudan en manipular la opinión de la Comisión de Venecia. Incluyen literalmente el punto 67 del informe, que se pronuncia contra la intervención de la soberanía popular en la elección de los vocales del consejo, pero solo incluyen parcialmente el punto 66, de forma que el informe parezca avalar su propuesta de que los jueces elijan a los jueces. Por lo que sea, se les ha caído un párrafo. Aquel que dice que el mecanismo propuesto por el Partido Popular tiene un alto riesgo de -literal- politización interna del consejo. Se nos ocurren propuestas de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial mucho más democráticas; por ejemplo, que sean elegidos directamente por toda la ciudadanía en voto directo y secreto. Animamos al Partido Popular a apoyarlo. Mientras tanto, nosotros votaremos que no a su propuesta. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Con la actual ley, la independencia en el ejercicio de la jurisdicción está garantizada. Tiene independencia, evidentemente, el juez Peinado para perseguir a Begoña Gómez. Tuvo independencia el juez Escalonilla para abrir doce piezas separadas, doce, para investigar la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos, que nunca llegó a juicio, aunque el instructor sí llegó a la Audiencia Provincial, donde continúa ejerciendo su independencia. Tiene independencia la Audiencia Provincial de Valencia cada vez que reabre la causa contra Mónica Oltra, porque algo tendrá que haber. Y tiene independencia judicial la Sala segunda del Supremo cuando se niega a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y validada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia Europeo. La independencia del Supremo llega al extremo de privar de derechos electorales a miles de españoles que ahora son españoles de segunda clase. Así, el Tribunal Supremo se ha sumado a una campaña de mentiras de VOX y del Partido Popular que asegura que los procesos electorales son fraudulentos, salvo que ganen ustedes, por supuesto. No es de extrañar que el 65 % de los españoles opine que existe lawfare. Animo al Grupo Popular a que señale un solo caso, uno, en el que, a consecuencia del actual sistema de elección de vocales del consejo, se haya impedido la independencia judicial.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Las fuerzas políticas de esta Cámara han variado su voto: del no al sí, el Grupo Socialista y del sí a la abstención el Grupo Popular. VOX ha sido la única fuerza política que hasta ahora nunca ha votado a favor, en ninguna legislatura. Para no incomodar a Marruecos, VOX no apoya al pueblo saharaui. (Aplausos). Un pueblo que ha sido abandonado por la comunidad internacional en su territorio ocupado y en los campos de refugiados, impidiéndose que ejerza su derecho a la libre determinación. Agradecemos la solidaridad de años de la Coordinadora Estatal de amistad con el Sáhara y de la campaña Vacaciones en Paz, iniciada hace décadas por el Partido Comunista de España y por el poeta Marcos Ana. Pedimos a la Cámara aprobar por unanimidad esta ley para reparar al pueblo saharaui y enviar un mensaje contundente de defensa de la legalidad internacional. Nadie mejor para convencer a los que todavía dudan que nuestra diputada saharaui, Tesh Ubbi. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar...
«Decía que, en todo caso, lo que ha hecho Marruecos es demostrar que la política de externalización de fronteras de la Unión Europea no puede estar en manos de quien no respeta los derechos humanos y tiene intereses absolutamente distintos a los de los países que responden de esas fronteras, en este caso España. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al...
«Presidente, le pedimos una medida valiente y sensata, lo mejor para Ceuta: el traslado urgente a la península para continuar desde aquí -conforme a la ley y con todas las garantías- los procedimientos de protección internacional, de acogida de menores, de devoluciones o expulsiones, si corresponden. En 2023, Meloni trasladó de Lampedusa a la península itálica, al espacio Schengen, a más de 60 000 personas. Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad, es impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses, y que buscan retrocesos...»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al...
«Presidente, se ha actuado tarde, sin dimensionar la crisis humanitaria ni sus consecuencias políticas. Un mes se tardó en convocar al Consejo de Seguridad Nacional y al mando único; Antonio Maíllo lo pidió el 8 de agosto. La estrategia ha sido esperar a que quienes entraron en Ceuta retornaran voluntariamente. Setenta mil marroquís retornaron en las setenta y dos horas siguientes. Pero los miles de personas que quedan en Ceuta no tienen dónde retornar: niños y niñas sin familia, vulnerables, migrantes que no tienen futuro ni derechos en sus países, personas refugiadas que necesitan protección internacional por persecuciones y guerras. No son rubias de ojos azules ni todas son cristianas, pero tienen derechos humanos que nuestro Estado de derecho debe proteger. (Aplausos). La ley española y la europea, la directiva vigente, el reglamento de retorno o el nuevo reglamento de procedimiento de asilo establecen garantías para estas personas. El interés superior del menor exige que, antes de retornarlos, sean oídos y que sean protegidos a su vuelta. Desde la firma del tratado sobre menores en 2007, Marruecos no ha aceptado ningún retorno. Antes del 30 de julio, seiscientos expedientes de reagrupación familiar habían sido enviados a Marruecos y ninguno -ninguno- ha sido contestado. La solución que proponen VOX, el Partido Popular y las Administraciones que gobiernan ambos, incluido el señor Vivas, es devolver de inmediato a todas estas personas a Marruecos. Eso no va a ocurrir; no es solución, están mintiendo a Ceuta y a España. (Aplausos). Y el Gobierno debe dejar de defender soluciones imposibles que fortalecen la estrategia del Partido Popular y de VOX de prolongar la crisis. Las leyes de protección a la infancia aprobadas por el Gobierno de Rajoy impiden devoluciones inmediatas de menores y obligan a que las comunidades autónomas se hagan cargo de su guarda y custodia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al...
«Señora presidenta, señor presidente, nuestra solidaridad con todo el pueblo de Ceuta, con los más de 145 fallecidos y con todas las víctimas de esta operación de desestabilización. Nuestro agradecimiento a los trabajadores de la Administración del Estado y de la ciudad autónoma, a los trabajadores humanitarios de las ONG, de Cruz Roja, de Elín, de Mujeres en Zona de Conflicto, a las asociaciones de vecinos de los barrios de El Príncipe y de Sidi Embarek y a la Policía y Guardia Civil, que, ante la avalancha, priorizaron la seguridad humana. (Aplausos). Preservar los derechos fundamentales en cualquier situación es lo que diferencia a una democracia de un régimen autoritario; lo contrario es lo que hacen los fascistas, como el portavoz de VOX, Figaredo, llamando a cazar seres humanos: un lenguaje bélico y deshumanizante que provoca violencia contra migrantes, refugiados y niños extranjeros, contra la prensa, contra organizaciones humanitarias como Cruz Roja y contra los ceutíes de la comunidad musulmana. Quienes provocan violencia deben sufrir el reproche político, social y penal; los autores e inductores deben ser llevados ante la justicia. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Dejen de usar a Ceuta como rehén. Mienten afirmando que se puede expulsar ya a siete mil extranjeros que han quedado en Ceuta. Es imposible, y lo saben: ni la ley española ni la europea permiten expulsiones colectivas y sumarias. Además, Marruecos no recibe ni a sus ciudadanos fallecidos. Quien quiere a la sociedad ceutí le habla con valentía y le dice la verdad. Esto sirve para todos los grupos parlamentarios y también sirve para el Gobierno. Dejen de repetir que nadie va a salir de Ceuta a la península. Nosotros y nosotras, porque queremos a Ceuta y a los ceutís y somos solidarios con ellos, queremos acabar rápidamente con la presión que soportan, y eso solo es posible trasladando a la península a quienes permanecen allí aún tras entrar el 30 de julio y que sea en la península donde se sustancien los procedimientos individuales que procedan en derecho, incluidos los recursos judiciales. Por mucho que lo pidan en su declaración institucional, ¿también van a pedir que los jueces prioricen las resoluciones de esos recursos y dejen de atender los asuntos regulares de la justicia? ¿Eso están pidiendo? Votaremos en contra de su demagógica propuesta. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Las derechas se han sumado al discurso negacionista de derechos que hace la ultraderecha, en lugar de reconocer que, tras el ataque de Marruecos a una frontera europea, se ha hundido la política de externalización de fronteras. Piden que comparezca el ministro del Interior porque se presentaron 1,2 millones de solicitudes de regularización. No esperan a saber -aún no se sabe- cuántas personas van a ser regularizadas. ¿Que comparezca porque entre nosotros había más de un millón de personas sin derechos? Vaya sorpresa que se han llevado. Son los únicos que no sabían que las empleadas de hogar que cuidan a sus hijos y limpian sus casas no tenían documentos ni derechos. Tampoco sabían que los trabajadores de sus fincas eran irregulares. Desconocían que los trabajadores manuales que les hacen las chapuzas en casa eran sin papeles. Les asusta que se reconozcan derechos a esas trabajadoras y esos trabajadores porque van a tener que pagarles según convenio y cotizar a la Seguridad Social. El Partido Popular ha asumido el discurso de la ultraderecha y coordina con ella sus campañas xenófobas. Organizan con los agitadores de ultraderecha manifestaciones que acaban en disturbios y extienden odio y enfrentamiento entre españoles. Aquí tienen al señor Juan Bravo, al señor Tellado, al presidente del Partido Popular de Ceuta y a otros dirigentes coordinándose con el agitador Vito Quiles, en Ceuta, este mes de agosto. (Muestra dos fotografías). El Partido Popular hace lo que sea para gobernar, incluyendo vender su alma a los monstruos de la ultraderecha. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Los discursos racistas y de odio que difunden, como el que hemos oído del señor Hernando, se les van a volver en contra, como le ha pasado en Ceuta al agitador Vito Quiles y a su organización fascista, Núcleo Nacional, tras reunirse con el Partido Popular: el pueblo de Ceuta los echó a patadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La derecha europea, en lugar de defender a España y criticar al agresor -Marruecos-, con la connivencia de los Estados Unidos de Trump y del Israel del genocida Netanyahu, nos responsabiliza de la entrada de 80 000 personas, que fueron empujadas contra Ceuta, de las que, por cierto, 70 000 ya salieron. Engañan diciendo que el ataque a Ceuta es por causa de la regularización extraordinaria o porque España es el único país que votó en contra del indigno reglamento europeo de retorno. El Partido Popular y VOX no han criticado a los Gobiernos europeos que han atacado a España; han sido complacientes con Marruecos, especialmente el Partido Popular; no han condenado la actuación de Estados Unidos, que ya en abril aprobó en el Congreso que la soberanía española en Ceuta y Melilla era cuestionable, ni la de Israel, que lleva meses diciendo que Ceuta y Melilla están ocupadas por colonos españoles; han responsabilizado de lo ocurrido a nuestro Gobierno, al país agredido, a su país, y no han condenado las sanciones unilaterales que Meloni ha impuesto a los viajeros españoles.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Muchas gracias, presidenta. La regularización extraordinaria de migrantes es un reconocimiento de derechos constitucionales a quienes no los tenían aunque convivían con nosotros. Hacen coincidir esta propuesta de comparecencia del ministro del Interior con los ataques a España de los veintiún Gobiernos racistas y reaccionarios de la Unión Europea que firmaron la carta de la señora Meloni tras el ataque híbrido sufrido en Ceuta el 30 de julio, utilizando a 80 000 inocentes, de los que al menos 145 han muerto. Tanto esos veintiún Gobiernos xenófobos como los cargos de una Comisión Europea en manos de la derecha y la ultraderecha nos han atacado con mentiras. ¿Cómo que se puede expulsar sumariamente a miles de niños y niñas sin familia, a refugiados, a seres humanos? El imprudente portavoz de la Unión Europea, el señor Lammert, acabó desdiciéndose y reconoció que las expulsiones colectivas están prohibidas en el derecho europeo, que obliga a procedimientos individuales para devolver a cualquier extranjero, como corresponde a un Estado de derecho, y que la solución mágica de la expulsión de todos los que se han quedado en Ceuta tardaría años en efectuarse.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«La solución será posible porque tenemos un Estado social y redistributivo. Es la Seguridad Social -y, por lo tanto, toda la sociedad- la que va a realizar un esfuerzo solidario al hacerse cargo de una parte del coste económico en pensiones que supone esta ley. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que todos y todas pagamos: para garantizar derechos básicos que, por lo que sea, no garantiza el sector privado. La otra parte la abonarán los mutualistas con sus aportaciones durante años. Es decir, únicamente no van a pagar las mutualidades. Los fondos que los mutualistas han generado han dado grandes rendimientos a las mutualidades y, desgraciadamente, esos rendimientos, en su mayoría, no van a destinarse a pagar las pensiones de jubilación, sino que las mutualidades se los quedan en su contabilidad bajo ese eufemismo de 'rendimientos por otros conceptos'. Todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los mutualistas y deberían utilizarse proporcionalmente para las respectivas pasarelas al RETA. Y es el Estado, al final, quien va a rescatar a los y las profesionales a los que las mutualidades condenaron a la indigencia en su jubilación.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En todo caso, señor Mariscal, cuando tenga usted un ratito, échese las manos a los bolsillos, a ver si encuentra ese millón de euros que recaudó su organización para las víctimas de la dana de Valencia y que nunca les llegó, señor Mariscal. (El señor Mariscal Zabala: ¡Falso!-Aplausos). Luego, me cuenta usted a mí de qué cobro o de qué no cobro, señor Mariscal. No obstante, por hacer un debate un tanto serio sobre lo que estamos discutiendo, vamos a aclarar a los ciudadanos que hayan podido quedar muy preocupados después de oír tanta salvajada como hemos oído en esta réplica que, cuando deroguemos las injurias a la Corona, la Casa Real va a tener a su disposición las mismas normas de protección civil o penal frente a la calumnia o la injuria que cualquier ciudadano, exactamente con las mismas sanciones que se contemplan en el artículo que vamos a derogar. En relación con otros delitos que vamos a derogar, es increíble que el Grupo Popular no sea consciente de que hasta dirigentes de su partido -cuando su partido era demócrata?- como el señor Ollero, que ejercían de jueces del Tribunal Constitucional y de portavoces de su grupo en la Comisión de Justicia, han dicho que era imprescindible derogar estos artículos para atender las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No nos hagan caso a nosotros, hagan caso a su antiguo portavoz de Justicia, al exmagistrado del Tribunal Constitucional, señor Ollero, y deroguen los delitos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está pidiendo que deroguemos. Pueden, a cambio, seguir insultándome hasta que se aburran. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Es un partido con cientos de miles de víctimas causadas por el fascismo. (Rumores.-Aplausos). Muchas de estas víctimas causadas por expresarse, victimizadas simplemente por tener una ideología distinta a la que tenían los fundadores del Partido Popular (Aplausos.?-Protestas), a la de esos seis ministros de Franco que fundaron el Partido Popular. En esta vida, cada uno responde por lo que ha hecho su partido. Mi partido solo ha actuado en España, mi partido tiene un pasado heroico (risas.-Rumores); el de ustedes tiene un pasado imbricado en una dictadura franquista atroz. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Anda ya!). A pesar de esto y de todas las provocaciones, yo, a diferencia de ustedes, respeto a todas las víctimas: a las víctimas del terrorismo y a las víctimas del resto de las violaciones de los derechos humanos. (Aplausos.?-La señora Guardiola Salmerón: Y del comunismo). Ahora mismo, todo este Pleno ha podido comprobar cómo, cuando he hablado de los cientos de miles de víctimas de mi partido ocasionadas por la dictadura, no han tenido el mínimo respeto ni han sido capaces de cerrar la boca. Ese es el respeto que tienen ustedes a las víctimas. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Señora presidenta, voy a apartar la 'cara del sol' para que no me deslumbre, porque me han dejado ustedes impresionado. (Rumores). Tras cinco minutos entre los dos bla, bla, bla, insultando ad hominem, insultándome a mí, lo que ha quedado claro es que ustedes pretenden convertir en delito las ideologías distintas a la de ustedes. (Aplausos). Ha quedado claro que ustedes no son demócratas (rumores) y, francamente, tampoco entiendo cómo pueden llegar a tener dentro tantísimo odio. (Risas.-Rumores.?-Aplausos). No lo entiendo. En los años que llevo aquí lo que he constatado es que cada vez que un portavoz de la derecha se queda sin argumentos, recurre al listado ya famoso y manido del insulto anticomunista primario, básico. La verdad, lamentable, repetido hasta la saciedad. Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia, pero ya que ustedes me dan la importancia, pues, sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico. (Aplausos.-Risas). Un partido... (Rumores). ¡A callar! (La señora Álvarez de Toledo PeraltaRamos: ¡Libertad de expresión!?-La señora Acedo Reyes: ¡Esa es la libertad!-El señor Gallardo Barrena: ¡Libertad!).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Desde la anterior Legislatura hemos trabajado por la derogación de los delitos contra la libertad de expresión. Hoy esta medida de recuperación de libertades públicas cuenta con más que suficiente apoyo en las calles, en la sociedad y en el Congreso. Pero el Partido Popular y VOX pretenden hacerla fracasar. El Código Penal no puede ser utilizado para limitar expresiones, al margen de que puedan resultar más o menos inapropiadas en una democracia, no pueden convertirlas en delito habiendo otras vías para defender el honor o el prestigio de personas o instituciones. Por eso esta reforma es una urgencia democrática, para que no se vuelva a someter a procedimiento penal o a condenar a cantantes, a dibujantes de cómic o a cómicos, y porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión con el delito de injurias a la Corona, por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos -525 del Código Penal?-, por el delito del 543, ofensas o ultrajes a símbolos nacionales, y el Tribunal Constitucional ha declarado en incontables ocasiones que la libertad de expresión también puede comprender la crítica a la conducta del otro, aunque esta crítica sea desabrida y pueda molestar o inquietar. A pesar de ello, estos delitos han sido interpretados de forma muy represiva por los tribunales de España, por los mismos jueces a los que las reformas del 2015 de Rajoy impidieron que se les exigiera responsabilidad civil, por ejemplo, por inhabilitar nueve años o por exigir pruebas de hechos negativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión al aplicar estos artículos, por lo que urge afrontar su derogación. Vamos a votar en contra de sus enmiendas y vamos a hundirlas. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Para el Partido Popular y para VOX cualquier derecho puede ser recortado. Ambos partidos se opusieron a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones de jubilación, a la reforma laboral para acabar con la precariedad, a la reducción de la jornada laboral y ahora han puesto en marcha una nueva cruzada para privar de derechos a quien enferme. Señor Feijóo, el absentismo no es un cáncer. ¡Ah, que no ha venido a trabajar! (Aplausos). El cáncer o cualquier enfermedad es motivo para no ir a trabajar hasta que se recupere la salud y, mientras tanto, claro que debe existir el derecho a cobrar el mismo salario, algo que no siempre ocurre, por desgracia. Señor Feijóo -vaya, que no está, ¿no? ?-, en lugar de castigar a las personas trabajadoras por enfermedad, dejen de hundir la sanidad pública en las comunidades autónomas donde gobiernan. (Rumores). ¡Acaben con las listas de espera que han provocado! Y por mucho que la portavoz Esther Muñoz lo diga, los trabajadores enfermos no son unos jetas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Cuando Feijóo dice que las vacaciones están sobrevaloradas nos está advirtiendo de lo que hizo el partido hermano del Partido Popular en Grecia: incrementar la jornada laboral hasta doce horas al día y ampliar la jornada laboral a seis días a la semana. Cuando repiten que tal derecho laboral es un fraude es que pretenden acabar con él. Ya nos lo sabemos. El Partido Popular de Casado votó en contra de la reforma laboral. En 2012, el Partido Popular de Rajoy abarató el despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado, eliminó los salarios de tramitación y legalizó el despido por bajas médicas. Tuvo que llegar la izquierda al Gobierno de coalición para recuperar derechos. Aumentamos a cinco días el permiso retribuido por enfermedad de un familiar; ampliamos los permisos parentales, primero a dieciséis semanas y, más tarde, de dieciséis a diecinueve semanas para padre y madre; y también implantamos la baja por menstruación incapacitante. Tanto si hablamos de libertad de expresión como de derechos laborales, el Partido Popular y VOX eliminan derechos y la izquierda plurinacional gobierna para recuperarlos. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Estas dos enmiendas a la totalidad muestran también la sumisión del Partido Popular a VOX para impulsar las políticas racistas y discriminatorias de prioridad nacional. VOX las ha impuesto en los Gobiernos de cuatro comunidades autónomas y al Partido Popular le han gustado tanto que han sido incluso más radicales, como al proponer la retirada del derecho de voto a españoles que residen fuera de nuestro país, también de origen, solo por residir fuera de nuestro país, sin diferenciar entre españoles de nacimiento o por naturalización. Están desatados. Rajoy también se suma al nuevo artículo 604 del Código Penal que propone VOX al afirmar que la nacionalidad depende de la pureza racial y no del nacimiento o de la nacionalidad de los padres. ¡Y no estoy exagerando! El Partido Popular y VOX cada día lanzan una nueva propuesta racista y discriminatoria. A la prioridad nacional, a la retirada del voto a españoles emigrados o a la restricción de la nacionalidad española por falta de pureza racial de padres o madres añadan su política de impedir el acceso al padrón municipal a los extranjeros que sean residentes legales en España. ¿El siguiente paso cuál va a ser? ¿La exclusión del padrón de todos los españoles que no consideran suficientemente puros? ¿O, como hizo Hitler, van a proponer leyes que discriminen por ideología? ¿O a las personas discapacitadas? Evitar que tengan mayoría para gobernar es una urgencia democrática. (Aplausos).»
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«La enmienda del Grupo Popular también tiene tela, porque pretende impedir recuperar la libertad de expresión que los Gobiernos del PP recortaron en 2000 y en 2015; incluso proponen endurecer los delitos que queremos derogar. El Grupo Popular también se esconde -lo acabamos de oír?- tras las víctimas del terrorismo para endurecer el Código Penal, olvidándose sistemáticamente de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos que para el Partido Popular o para VOX no merecen ninguna protección, como son las víctimas de la violencia machista contra las mujeres -víctimas de la violencia de género?-, las víctimas de los delitos de odio, las víctimas del racismo, las víctimas de los grupos armados ultraderechistas o las víctimas de la Dictadura franquista. (Aplausos). En nuestra proposición de ley -que no se han leído?- incluimos un nuevo agravante en el Código Penal aplicable a cualquier delito que se cometa que humille u ofenda a las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos. Por supuesto, protegiendo a las víctimas de la grave violación de los derechos humanos que suponen actos terroristas, pero sin olvidarnos de que a ustedes siempre se les olvida proteger a las víctimas de las demás gravísimas violaciones de los derechos humanos. Porque todas las víctimas son iguales en derechos y la ideología y las creencias no pueden ser un delito. Pero VOX y el Partido Popular quieren convertir en delito cualquier expresión o creencia que no coincida con su ideología. No defendemos que se permitan las ofensas a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado, sino que reivindicamos el principio democrático de mínima intervención del derecho penal, porque nuestra legislación, que es muy sabia, contempla exigir responsabilidades por vía civil ante cualquier ataque al derecho, al honor o a la propia imagen. La derecha quiere convertir en delito -y aumentar los castigos- cualquier expresión que se aparte de sus criterios ideológicos, algo contradictorio, por cierto, con la costumbre que tienen de descalificar peyorativamente por ideológicas las propuestas políticas del Gobierno o de las fuerzas de izquierdas. Insultar y blasfemar es de muy mal gusto, es un pecado para la Iglesia, yo en eso no entro, pero lo que el Partido Popular y VOX no pueden pretender es imponer su ideología convirtiendo una blasfemia en un delito.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«También convierten en delito más conductas que la ultraderecha considera ofensas o ultrajes a España, pero se olvidan de sancionar la misma conducta cuando se refiere al resto de nacionalidades o de las comunidades autónomas del Estado, que también están contempladas en la Constitución. Convierten en delito exhibir una bandera republicana o independentista en un evento o en un edificio público o no colocar la bandera española en el lugar que la ultraderecha considera adecuado, según indican. Multiplican la criminalización de comportamientos que consideran enaltecimiento del terrorismo, mientras dejan desprotegidas a víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Inventan nuevas sanciones administrativas para aplicar en concentraciones deportivas, pero no por casos de racismo o de violencia, sino cuando se profieran lemas o se muestren símbolos de carácter político contrarios a la ideología de la extrema derecha. Y sin que tenga que ver con la libertad de expresión, intentan endurecer el Código Penal con nuevas penas privativas de derechos en la línea de su prioridad nacional. VOX empezó por proponer recortar derechos y libertades de los extranjeros y ya está en recortar a los españoles que no son lo suficientemente puros para ellos. (Aplausos). Tras defender quitar el derecho de voto a los españoles que residen en el extranjero, ahora proponen una sanción de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen. Recuerden que para la ultraderecha no son españoles de origen puro quienes, a pesar de haber nacido en España, no tienen padre y madre españoles. Esto es lo que defiende el portavoz de VOX, el señor Joan Garriga. Así, su racismo hace que propongan un nuevo delito con destinatario -derecho penal del enemigo se llama eso?-, solo aplicable a quienes no consideran españoles puros. El nuevo artículo 604 del Código Penal que quieren aprobar castigaría retirando la nacionalidad, por ejemplo, a quien ofenda al jefe del Estado o al que blasfeme, pero solo aplicable a extranjeros naturalizados en España. Señores y señoras de VOX, no son extranjeros, ¡los naturalizados en España son españoles y españolas! (Aplausos). Es una definición insultante, porque VOX no reconoce como compatriotas a quienes adquirieron la nacionalidad española tras su nacimiento.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Presidenta. (Coloca un reloj de arena en la tribuna). Señorías, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Convención Europea de los Derechos Humanos y por la Constitución española. Al Partido Popular y a VOX parece que les duele, no aceptan ese derecho, como acabamos de oír. Traen dos enmiendas a la totalidad, coordinadas y complementarias, para continuar recortando aún más la libertad de expresión. Un intento estéril para impedir la derogación de la mordaza que el Partido Popular impuso a la libertad de expresión en sus reformas de los años 2000, 2004 y 2015. La enmienda a la totalidad de VOX recorta la libertad de expresión todavía más, con más penas contra quienes ejercen esa libertad y con castigos más duros a las críticas o a los comentarios sobre cuestiones religiosas cuando casi el 50 % de los españoles se declara sin ideas religiosas o no católico. Pero la ultraderecha quiere imponer un delito totalmente subjetivo: actuar por motivos anticristianos, por supuesto, sin proponer la misma penalidad para la misma conducta cuando los motivos sean anti otras confesiones religiosas o anti ideologías de izquierdas, a las que constantemente insultan. El arzobispo Argüello podrá seguir calumniando o insultando al Gobierno de coalición sin ninguna consecuencia, pero, si cualquiera que nos oiga realiza un comentario o crítica que se considere ofensiva para la Iglesia o para el cristianismo, estará cometiendo un delito. Esto es una justicia que no es igual para todos.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, pues nada, ya hemos visto que ni al Partido Popular ni a VOX les interesa lo más mínimo que la Guardia Civil pueda afiliarse a sindicatos, que la Guardia Civil o la Policía tengan capacidad de negociación colectiva o que la Guardia Civil y la Policía tengan derechos a aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y, por supuesto, les parece excelente que la Guardia Civil siga sometida al Código Penal Militar cuando realizan tareas policiales en el interior de España. Es decir, al Partido Popular y a VOX que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan derechos laborales les importa un pimiento. En todo caso, en el mundo observamos cómo se cierran fronteras, se persigue, manu militari, a extranjeros y a nacionales que se solidarizan con los extranjeros, se confinan migrantes en indignos centros de reclusión, sin haber cometido ningún delito. España, sin embargo, ha iniciado un proceso de reconocimiento de derechos que ha merecido páginas y editoriales en todo el mundo. Un proceso de regularización gracias a una iniciativa ciudadana que recogió más de 700 000 firmas. Quiero felicitar hoy a todas esas personas que consiguieron que saliera adelante esta iniciativa y, en especial, a todos y todas los servidores y servidoras públicas que están sacando adelante este proceso de regularización (aplausos), que han recogido ya 900 000 solicitudes y también a todas las personas que, perteneciendo a organizaciones de apoyo, ONG, están colaborando también para que esto salga adelante. Es un auténtico orgullo formar parte de este país y también apoyar al único Gobierno que en este momento marca una tendencia en el mundo absolutamente distinta. Pero, señor ministro, recogiendo preocupaciones de esos movimientos sociales, queremos pedirle que en estos quince días que quedan se intensifiquen las medidas de reforzamiento para que este proceso de regularización sea todo un éxito; que se tomen medidas para que se dé un apoyo más rápido desde las oficinas consulares en terceros países para que se facilite la tramitación de la documentación que sea necesaria; que se haga un esfuerzo para que dotemos de más medios materiales y técnicos a todas las personas que están trabajando en este proceso; que se paralice cualquier expulsión que pueda afectar a personas susceptibles de ingresar en el proceso de regularización, y que los denominados antecedentes o anotaciones policiales no sean utilizados como si fueran antecedentes penales a la hora de dificultar el proceso de regularización. Y me gustaría hacer una petición muy especial, señor ministro: es imprescindible que se busque una solución para los solicitantes de apatridia de origen saharaui que quedaron excluidos del proceso de regularización sin renunciar a la solicitud de apatridia. (Aplausos). Creemos que la solución es bien sencilla y está prevista en la ley, que es simplemente que se les otorgue provisionalmente, mientras concluye su procedimiento de apatridia, una autorización laboral que equipararía los resultados al proceso de regularización. En todo caso, acaba de entrar en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo el pasado 12 de junio. Se acaba de aprobar el reglamento de retorno. Es un auténtico orgullo que España haya sido el único país que ha votado en contra de estas medidas, que son un auténtico recorte de derechos fundamentales. En especial porque se vulnera el derecho a la libertad, al aumentar los motivos de detención y confinamiento en frontera, hasta incluso una posibilidad de veinticuatro meses de duración. No es casualidad que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y hasta dieciséis relatores de las Naciones Unidas, sindicatos, se hayan pronunciado sobre este paquete de medidas denunciando que pueden afectar gravemente a los derechos fundamentales. Pedimos que nuestro Gobierno siga oponiéndose a cualquier amenaza de la protección internacional, más hoy día en un mundo en el que se multiplican las causas de persecución, donde es más necesario que nunca reforzar los mecanismos de protección internacional.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Para solucionar los problemas descritos -la siniestralidad, las limitaciones en la prevención de riesgos, los abusos de la jornada laboral-, es imprescindible contar con derechos sindicales, mecanismos representativos democráticamente fuertes que actúen como un verdadero contrapeso institucional. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior para que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil dispongan de los días de representación necesarios para ejercer su actividad representativa? Por ejemplo, señor ministro, le propongo trabajar conjuntamente para que la Policía Nacional y la Guardia Civil puedan afiliarse a los sindicatos de clase; le propongo trabajar conjuntamente para que la Policía y la Guardia Civil tengan capacidad de negociación colectiva; le propongo trabajar colectivamente para que la Policía y la Guardia Civil tengan derecho a aplicar efectivamente la normativa de prevención de riesgos laborales, y le propongo trabajar para que la Guardia Civil deje de estar sometida al Código Penal Militar cuando realiza tareas policiales en el interior de España. Ojalá que a estas propuestas se sumen el Partido Popular y VOX, pero me temo que no se sumarán, porque no les interesa nada más que utilizar a la Policía y la Guardia Civil como arma arrojadiza contra este Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Señor ministro, pongan a disposición de los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil los informes de investigación de los servicios de prevención sobre los hechos de Barbate y Huelva. Las medidas correctoras que se adopten, como consecuencia de la investigación, sobre prevención de estos hechos deben ser adoptadas con la participación de los representantes del personal y debe establecerse un cauce efectivo de participación de los representantes en la prevención de riesgos laborales. Son muchas las restricciones de derechos que soporta la Guardia Civil, y esto también pone en riesgo la integridad de los agentes. Por ejemplo, la exclusión de la Guardia Civil de la jornada laboral de treinta y cinco horas es un ejemplo claro. El coste de la seguridad pública no puede depender de sobresfuerzos, pérdida de descansos, sacrificio personal de los agentes. Esto fue impuesto por un régimen militar que no procede en un Estado democrático respecto a un cuerpo policial. Y lo peor es que, en las Fuerzas Armadas, sí opera la jornada de treinta y cinco horas desde el pasado 11 de junio de este año. Resulta que opera en las Fuerzas Armadas y no opera en un cuerpo policial militarizado. ¿Cuándo se va a corregir esta situación? No es justificable. También opera -las treinta y cinco horas- en la Policía Nacional o para el resto de los trabajadores de la función pública. También están las inaceptables limitaciones del derecho de representación.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Aprender de lo ocurrido es la única vía para evitar que se vuelva a reproducir. Si el informe de Barbate se hubiera compartido con participación de los representantes de las asociaciones, probablemente se habrían evitado los trágicos sucesos de Huelva. En cualquier Administración pública, los delegados de prevención tienen garantizado el acceso a la información y la documentación sobre las condiciones de trabajo, incluidas las investigaciones de los incidentes que ocurran en el trabajo, más si tienen resultado de muerte. En la Guardia Civil, los representantes de personal ni siquiera han podido leer estos informes. Esto es un síntoma de una carencia estructural. El sistema de prevención de riesgos laborales descansa en dos pilares: la evaluación técnica de los riesgos y la participación de los trabajadores a través de sus representantes. En la Guardia Civil, la participación efectiva de los trabajadores no existe, debido a la restricción de derechos. Los delegados de prevención de los guardias civiles carecen de las facultades que contempla la ley. No pueden acompañar a los técnicos en las evaluaciones, no pueden acceder a la documentación preventiva, no son consultados ante las decisiones que afectan a su seguridad y no tienen capacidad para paralizar actividades ante riesgos graves o inminentes. Las evaluaciones de riesgo de las operaciones marítimas de interceptación se realizan sin participación de los representantes de personal, trasladando a la gente la evaluación de riesgo cuando está en una persecución a una velocidad de cincuenta nudos. Es la inversión exacta de la lógica preventiva. El 47 % de las bajas con absentismo de la Guardia Civil se deben a agresiones en acto de servicio. Un cuerpo con esta siniestralidad y sin participación efectiva de sus representantes en la prevención es una forma de actuar anacrónica y autoritaria, propia de una fuerza militarizada de otro tiempo. No es una forma de actuar de un cuerpo de policía moderno de un Estado de derecho.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Es evidente que los profesionales no solamente deben contar con medios, también deben contar con derechos para que se oiga su voz a la hora de organizar este combate en el que nos jugamos la democracia. Al Partido Popular y a VOX los vemos utilizando siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como un elemento de confrontación con el Gobierno, pero nunca los vemos denunciando que los y las integrantes de la Guardia Civil soportan una importante restricción de derechos, que impide, por ejemplo, la normal participación de estos trabajadores en las tareas de organización de su trabajo y en las decisiones que les incumben, debido a su nula capacidad de acción sindical. También ocurre esto respecto a las limitaciones de acción sindical en la Policía Nacional. No es comparable la situación de falta de recursos, de falta de cauces para ser escuchados y de participación en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores de la seguridad del Estado con la situación de otros empleados públicos, que sí disponen de estos canales.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Tras la reducción de personal, de inversiones y de gasto corriente en las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, es una realidad que se ha ido aumentando la plantilla de las fuerzas de seguridad, que ha aumentado la inversión en medios materiales y, en especial, que se ha incrementado el salario en un 38 % desde el año 2018, porque los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad deben estar bien retribuidos, para que no tengan problemas para llegar a fin de mes, y bien equipados. Tampoco hay ninguna duda de que las organizaciones criminales del narcotráfico crecen en ámbitos internacionales, por una errónea política prohibicionista, que lo único que hace es expandir la oferta y la demanda por circuitos ilícitos que encarecen precios. Ganan los narcotraficantes y también ganan todos los circuitos económicos que les rodean: los grandes centros internacionales bancarios de blanqueo de dinero. Esto permite a las organizaciones del narcotráfico disponer de una fuente inagotable de recursos económicos. No se puede competir solo aumentando el gasto, no se puede derrotar al narcotráfico internacional solamente desde un país; la derrota o será global o no será. Acuérdense del narco Juan Orlando Hernández, presidente de un partido de derechas, el Partido Nacional de Honduras, y expresidente de Honduras, condenado en el año 2024 por narcotraficante y encarcelado en los Estados Unidos.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Sabéis que podéis contar con este Grupo Parlamentario de la Izquierda Plurinacional para defender lo ya conquistado y para ampliar estos derechos. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«No olvidamos tampoco la precariedad de los abogados y las abogadas, los procuradores y las procuradoras en el desempeño del servicio público del turno de oficio, cuya importancia no es siempre reconocida socialmente como debería ser. Mantenemos una enmienda para que se garanticen los derechos sociales y laborales básicos de quienes defienden nuestros derechos. Las Administraciones competentes -comunidades autónomas y Ministerio de Justicia- deben cotizar a la Seguridad Social como empleadoras de estos profesionales por cada hora en la que desempeñen tareas de asistencia a detenidos (aplausos), diligencias urgentes o guardias en tribunales. Las cotizaciones tendrán que ser ingresadas a efectos de jubilación, de incapacidad temporal o de otras contingencias sociales como maternidad y paternidad. Acabo. Nos comprometemos a que durante esta legislatura se regule el desempeño del futuro turno de oficio, acabando con su actual precariedad. Hoy es un día para sentirnos satisfechos por lo conseguido. Gracias a quienes lo habéis hecho posible.»