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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Poniendo esta financiación por delante, cumpliendo también el compromiso de hacerlo, sentamos las condiciones para poder aprobar el segundo de los ejes, que es la refundación normativa de nuestro sistema de dependencia y la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que van a debatir ustedes a continuación en este mismo Pleno. Con esta votación va a culminar un proceso largo, complejo, pero del que las personas que se beneficiarán de forma directa se cuentan por millones, ya sean personas con discapacidad o en situación de dependencia, familiares y personas cercanas o trabajadoras que ofrecen cuidados y apoyos de manera profesional. Creo que es importante poner el foco en su realidad, sus necesidades y sus historias de vida en lugar de dejarnos llevar por la coyuntura o por cierta abstracción de los razonamientos de lo que puede suponer esta votación. Porque votar hoy sí a las nuevas leyes de dependencia y discapacidad implica que millones de familias en este país van a despertar con nuevos derechos reconocidos, como el derecho a la teleasistencia o a la accesibilidad universal, es decir, a no encontrarse barreras institucionales, cognitivas o físicas para poder vivir de forma plena y autónoma; y que van a poder exigirlo cuando se les vulnere ese derecho. Votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad que le corresponda, con una pasarela de asimilación directa, sin cargas administrativas adicionales. Votar sí es que cualquier persona con discapacidad tenga, al fin, garantizada la tutela judicial efectiva, creando el derecho a un facilitador judicial que impida inequidades en los procesos judiciales por razón de discapacidad. Votar sí es también que a las personas cercanas, aunque no sean familiares directos, que se encargan de cuidar y apoyar a una persona en situación de dependencia se les reconozca su labor, haciendo que al fin puedan tener también derecho a la prestación económica por cuidados. (Aplausos). Votar sí hoy es votar sí a hacer posible modelos de viviendas asistidas, de la implantación de la domótica, de crear un banco de productos de apoyo, de crear un fondo estatal de accesibilidad para sufragar las obras que sean necesarias en los espacios públicos y en los lugares representativos de nuestro patrimonio nacional; es votar sí al derecho subjetivo a la atención temprana, a los nuevos modelos de cuidados comunitarios, a mejorar la ayuda a domicilio para que una persona no se quede encerrada en un hogar y que pueda servir para ir al médico o para hacer la compra; es votar sí a la creación de una prestación transitoria mientras espera el recurso que se ha elegido porque es el que mejor conviene a una situación; es votar sí a la compatibilidad entre prestaciones; es votar sí a que la asistencia personal pase a ser un servicio; es votar sí al desarrollo tecnológico en el ámbito de los cuidados como uno de los sectores de política industrial en los que España está llamada a ocupar un papel de vanguardia en la esfera económica internacional.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Quizás se pregunten con qué base puedo hacer tal afirmación, y me gustaría poder fundamentarla. Hacerlo es tan sencillo como responder a dos cuestiones fundamentales: de dónde venimos -en este ámbito- y hacia dónde queremos ir. ¿De dónde venimos? Tenemos que abordar, en este sentido, dos características principales de nuestro sistema de cuidados, una que es general, que se plantea en los modelos de cuidados de larga duración en todo el mundo, y otra que es específica, propia del caso español. Primero la general. Es algo que ha sido sujeto de debate en organizaciones como la OCDE o como la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con la necesidad de cambiar el paradigma que sirve de base a nuestros sistemas de cuidados, con pasar de un modelo asistencialista a uno que esté centrado en una concepción de derechos de ciudadanía. Lo explico. Los sistemas de cuidados en todo el mundo han estado históricamente lastrados por un modelo anclado en una cultura asistencialista e institucional. Esto es, las personas cuidadas bajo este modelo viven aisladas, separadas de la comunidad, en instituciones y, por tanto, segregadas socialmente. No tienen control sobre sus propias vidas, no pueden adoptar decisiones cotidianas porque los requisitos organizativos de esas instituciones prevalecen sobre las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas que viven en ellas. Lo que estamos haciendo hoy es dejar atrás ese planteamiento, porque entendemos que lo esencial, lo central de cualquier servicio público no deben ser las cuestiones logísticas ni organizativas ni la gestión de los costes, sino las necesidades de las personas que los integran. Es por ello por lo que proponemos una transformación profunda del sistema que responda a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes les cuidan, poniendo su autonomía, sus preferencias y sus deseos por delante. Porque es nuestro sistema de cuidados el que debe adaptarse a la realidad social de las personas con discapacidad y dependencia y no al revés, como ha venido siendo hasta ahora. Pero a este cambio de fondo, a este giro en la mirada que deja de tratar a las personas como a números y las dota de derechos, de voluntad y de autonomía, se suma la necesidad de otra transformación que es consecuencia del contexto específico español. Porque el sistema de la dependencia en España ha venido lastrado casi desde su despegue, desde su fundación, por las consecuencias de la política fiscal y la infrafinanciación estructural de la década de la austeridad. Ese es el contexto del que venimos y el que ha producido la realidad actual de nuestro sistema de cuidados, un sistema completamente preso de una lógica de optimización de recursos y de una financiación nítidamente insuficiente.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Hoy, en torno al concepto de autonomía personal, en torno al concepto de los cuidados, estamos afrontando algo parecido a lo que sucedió entonces en la posguerra europea; estamos afrontando la misma responsabilidad que se afrontó entonces para con la sociedad del presente y la sociedad del futuro. Esto es lo que hoy debatimos aquí, señorías. Porque la mirada asistencialista y paternalista sobre las personas con discapacidad o en situación de dependencia ya no nos sirve. (Aplausos). Porque el modelo de las macrorresidencias alejadas de las comunidades locales que privan a las personas que requieren cuidados de participar en ellas ya no nos sirve. Porque condenar a cientos de miles de compatriotas a vivir de forma no elegida, desatendiendo o ignorando sus preferencias y deseos, ya no nos sirve. Por eso este es un momento trascendental, es un momento fundacional para lo que debe ser el estado del bienestar en España en el siglo XXI. Ante ese desafío, no se pueden dar pasos tímidos ni titubeos, porque lo que nos enseña también la historia del avance en materia de derechos sociales en España y en cualquier parte del mundo es que la tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Por eso lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación. Las dos cuestiones que se van a debatir y votar aquí hoy, la convalidación del real decreto ley de financiación y la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, son piedras angulares de la que es la mayor reforma social que nuestro país ha visto en décadas, la refundación de un sistema público de cuidados fuerte, capaz de atender las necesidades crecientes de nuestra población y cercano.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Antes de profundizar en detalles, me van a permitir que desde esta tribuna enuncie una idea general. Hace ochenta y cuatro años, en este continente, en Europa, el curso de la protección de los derechos sociales dio un salto cualitativo, dio un giro excepcional; al calor de las luchas sindicales y obreras se sentaron entonces las bases del constitucionalismo social. Hace ochenta y cuatro años de la publicación del famoso Informe Beveridge y, con él, de la cristalización de un nuevo enfoque de la política social que dejaba atrás una tradición milenaria de beneficencia o de caridad y elevaba su categoría a una obligación de cualquier Estado democrático, a la sustancia misma de la condición de ciudadanía. En torno a la protección del trabajo vieron la luz entonces los sistemas de protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras, de los sistemas de pensiones, los gérmenes de lo que serían los sistemas públicos de educación o de salud, en torno a los cuales se configuró el imaginario del bienestar de los Estados sociales, que han dado identidad a nuestro continente.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Miren, yo esta noche, antes de dormir, pensaré en toda la gente que he conocido en este mes que ha pedido la prórroga del alquiler, en toda la que no la ha podido pedir y en todas las formas posibles e imaginables de trabajar desde la política para servirles a ellos. Me da lástima imaginar en qué van a pensar ustedes. (Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR y de los miembros del Gobierno presentes: la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, y del señor ministro de Cultura, Urtasun Domènech, puestos en pie.-Aplausos del señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy Amador).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Desde luego, yo no estoy aquí para resignarme, ninguno y ninguna de nosotros lo estamos. No estamos aquí para mirar hacia otra parte ante el principal y más grave problema que viven las clases trabajadoras en este país. Lo digo con la cabeza muy alta: No nos van a doblegar ni nos van a disuadir de defender lo que es justo, sino que vamos a seguir peleando lo que haga falta hasta que prevalezca el derecho a la vivienda en este país. (Aplausos). Cierro ya. Hoy en esta Cámara es probable que se exprese una desconexión radical entre una parte de la clase política española y la vida real de millones de ciudadanos y ciudadanas. Esa desconexión no es por desconocimiento, no es porque los grupos políticos que voten en contra de este decreto ley no conozcan la magnitud del problema que vive la inmensa mayoría de la gente en este país. Esa desconexión es porque defienden intereses opuestos. La penuria de muchos es el beneficio de unos pocos, y quien hoy tumbe esta medida está votando para proteger los intereses y los beneficios de esos pocos. Ante esto no cabe la resignación. Vamos a seguir dando la batalla las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso. Yo le pido a la gente que se organice, que luche en común, que defienda las prórrogas que se han pedido y que tenga memoria de lo que hace y de lo que vota cada uno.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Quiero, por último, reiterar el agradecimiento a todas las formaciones de la izquierda parlamentaria -lo digo con toda sinceridad- por honrar su mandato en esta semana. Sí, quiero citarlas a todas, a BNG, a Podemos, a Bildu, a Esquerra y, muy especialmente, a las formaciones del Grupo Confederal, Más Madrid, los Comuns, SUMAR, Izquierda Unida, la Chunta, MÉS, Compromís. Defender el derecho a la vivienda de las clases trabajadoras frente al capitalismo rentista, frente a esta lógica de la extracción de riqueza a la que hoy nos somete, es la lucha política más importante de nuestro tiempo. Por supuesto que en estos días -hoy ya lo hemos visto- van a instalar este relato según el cual este decreto ley estaba condenado a no salir, según el cual la culpa es nuestra por intentarlo, según el cual es un problema que haya decenas de miles de inquilinos e inquilinas en este país que hayan pedido la prórroga y se hayan beneficiado de ese derecho, un problema, según el cual lo mejor es no hacer nada porque lo van a tumbar. Yo les pido a los inquilinos y las inquilinas de este país que, cada vez que escuchen en estos días un argumento como estos, piensen si le afecta este problema a la persona que lo está diciendo, que lo está expresando.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Esta medida se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en el pasado, cuando la crisis de vivienda tenía una intensidad mucho menor de la que tiene ahora. ¿Habrá litigios judiciales? Si los hay, será porque hay gente que quiere echar a las familias que se han acogido a la prórroga a su casa. La responsabilidad será suya. Y claro que hay precedentes jurídicos en materia de vivienda misma: el Real Decreto Ley 21/2018, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la función social de la vivienda, los artículos 33, 47 y 86 de la Constitución. Yo estoy convencido de que va a prevalecer el derecho a la vivienda. Y si alguien me acusa o nos acusa de actuar para intentar proteger a tres millones de personas y que no queden a la intemperie de no ser indiferentes, de no resignarnos ante esa situación, a mucha honra, ¿qué quieren que les diga? A mucha honra. (Aplausos). Señora Madrenas, usted ha comenzado su intervención citando a Platón no de manera demasiado elogiosa, he de decir. Yo soy un platónico convencido. Estoy seguro de que conoce usted Protágoras, que es una de las grandes referencias de la filosofía política de la democracia, donde dice que, en la política, a diferencia de las artes y las ciencias, todas las personas, todos los seres humanos pueden participar de ella porque todas tienen la capacidad de discernir en asuntos políticos. Y creo que, en esta votación, de verdad se lo digo, todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen la capacidad de discernir qué es lo que está pasando. No es ninguna de las objeciones técnicas -no todas las que usted ha presentado son técnicas- la razón por la que este decreto ley no va a salir adelante. Usted lo sabe. No es ninguna de esas causas. Si lo fuera, mañana mismo podríamos retomar las negociaciones, resolver dudas y garantizar el derecho a que sigan en sus casas cientos de miles de personas, incluyendo 200 000 hogares en Cataluña, 450 000 personas. Señora Madrenas, no es esa la razón; no es esa la razón. Y yo se lo digo desde el profundo respeto y desde el conocimiento de las diferencias abismales que nos separan en modelos políticos, económicos y sociales: no todo son fichas en un tablero de negociación, no todo puede serlo, y la vida de cientos de miles de personas no debería ser una ficha en un tablero (aplausos), no debería ser una ficha en un tablero. Ustedes, tumbando este decreto ley quizá persigan otras causas, pero el interés general de Cataluña y de los catalanes y las catalanas no, ese no lo persiguen ustedes hoy.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Entre España y las amenazas del Pentágono, ustedes se pusieron del lado del Pentágono. Entre España y los aranceles al campo, a la industria, a la agricultura, a la ganadería, ustedes se pusieron del lado de los aranceles. Entre España y Netanyahu, ustedes se han puesto del lado del Estado de Israel, aunque agreda a soldados españoles y los suyos propios destrocen cristos a martillazos; ni media palabra. Entre España y los fondos buitre, usted elige los fondos buitre y los va a votar hoy otra vez aquí. ¡Qué buen vasallo si hubiese buen señor! Ustedes van a votar hoy aquí a favor del saqueo de los barrios populares, a favor del negocio de buitres aristócratas y de una oligarquía internacional, a favor del expolio a los trabajadores. No hay disfraz, señor Quero, no hay bandera y no hay pulsera que pueda tapar eso. (Aplausos). Señorías del PNV y otras formaciones que han esgrimido la preocupación por la seguridad jurídica en este decreto ley -entraré al fondo en un segundo, pero antes permítanme una cuestión, porque este ha sido uno de los mantras que se ha repetido en la esfera pública en estas semanas con un propósito claramente disuasorio, para que la gente no solicitara la prórroga del alquiler, para que no ejerciera un derecho aprobado por el Gobierno de España-, ¿qué seguridad tiene alguien a quien le suben de golpe el 60 % el precio del alquiler de la casa en la que vive igual desde hace décadas? ¿Qué seguridad tiene? ¿Con qué seguridad se vive si tienes, en las condiciones actuales del mercado del alquiler, que ponerte a buscar a toda prisa una vivienda a mitad de curso escolar, si tienes que desarraigar a tus hijos o a tus hijas, si te tienes que ir de tu barrio, de donde tienes tu red de apoyo, de tu ciudad incluso, si tienes que duplicar el tiempo de transporte para irte a trabajar porque alguien con poder suficiente impone que el esfuerzo que ya haces de tus ingresos para pagar el alquiler, que ya es insostenible, se tiene que duplicar de pronto?»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Yo estaba pensando, según les escuchaba, que es curioso, es atípico que nadie haya solicitado el turno en contra de este decreto ley, como es costumbre en esta Cámara. Y si eso ha sido así es por lo que ha demostrado el debate que se ha tenido a continuación: porque no tienen un argumento real para votar en contra de proteger a tres millones de personas en este país. (Aplausos). No hay un argumento. Lo van a hacer por tacticismo, lo van a hacer por cerrazón ideológica, lo van a hacer porque se creen impunes al respecto. Pero yo tengo una noticia para ustedes: no lo van a ser. No lo van a ser. Señorías del Partido Popular, entre su electorado ustedes tienen el doble de inquilinos que de caseros. No así en el grupo parlamentario. Y eso explica muchas cosas. El doble de inquilinos que de caseros entre sus votantes. (Aplausos). ¿Ustedes creen que van a entender argumentos de este tenor, como los que acabamos de escuchar? ¿Ustedes creen que esto les va a servir para explicar que, pulsando el botón rojo hoy, van ustedes a dejar a tres millones de compatriotas desamparados a su suerte? Esto les va a suponer un coste medio de 2000 euros por hogar al año. En ciudades como esta, 600 o 700 euros más al mes. A sus votantes, a su gente, dos tercios de los cuales apoyan esta medida. ¿Ustedes creen que les va a valer con esto? No tienen un argumento. (Aplausos). No tienen un solo argumento. El argumento ya lo dijo en voz alta, como acostumbra, la señora Ayuso cuando dijo el otro día: Si alguien tiene diez viviendas es que se las ha ganado y tiene derecho a ponerlas al precio que le convenga. El mensaje que la señora Ayuso le estaba enviando a los inquilinos e inquilinas de este país -que es el mismo que les envían hoy ustedes aquí- es exactamente lo mismo que dijo una diputada también de su grupo hace años en esta Cámara, Andrea Fabra: ¡Que se busquen la vida! Que si están en esa situación es porque se lo merecen. Es que nadie les va a tender una mano. Es que nadie les va a ayudar.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«A los grupos que sí han promovido la prórroga de los alquileres, a quienes la han peleado y defendido, quiero darles las gracias y decirles que hoy están defendiendo lo que es justo, y con ello honrando el mandato que debería regir cuando se entra en esta casa: defender los intereses de la gente que les ha votado, pelear por que vivan mejor y tengan más derechos, por que este país sea un poco más justo. Yo puedo decirles que, pase lo que pase hoy, es lo que voy a seguir haciendo, con la determinación intacta y con la cabeza bien alta: defender el derecho a la vivienda de todos y cada uno de mis compatriotas, sin importar los obstáculos, sin importar cómo de poderosos sean quienes estén enfrente. Y a mucha honra. (Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de los miembros del Gobierno presentes: la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez; el señor ministro de Cultura, Urtasun Domènech, puestos en pie.-Aplausos del señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy Amador).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Termino como empezaba. Es tan grande el impacto de esta medida, es tan importante la forma en que podría cambiar para mejor la vida de millones de compatriotas, que no puedo más que volver a invocar su responsabilidad y el sentido mismo, la finalidad misma de la política. Se lo digo con toda la sinceridad de la que soy capaz. En esta votación no se dirime el interés del Gobierno ni de un grupo político u otro. Lo que se vota es dar protección a tres millones de personas o dejarlas a la suerte del 'sálvese quien pueda'. Se vota si esas familias pueden irse a dormir con la tranquilidad de saber que su casa va a seguir siendo eso, su casa. Se vota si, en un momento crítico a nivel internacional, España protege las condiciones de vida y la capacidad adquisitiva de su gente o no. Se vota si se protege el derecho a la vivienda o se da rienda suelta a quienes hoy lo violentan y amenazan. Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican. Pero yo les quiero decir una cosa: si hoy este Congreso tumba la prórroga de los alquileres, ese 'no' tendrá, ante toda España, cada uno de sus nombres y apellidos. Cada euro de más que se vaya a pagar en un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre; cada casting para visitar un piso impagable; cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio; cada trabajador que tarde treinta minutos más en llegar al curro; cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio; cada caja de cartón, cada maleta llena de ropa mal doblada por las prisas, cada puerta que se cierre, cada plan que se trunque, cada vida más difícil, tendrá sus nombres y apellidos. Quizá a ustedes este problema les quede lejos o no les afecte, pero hoy van a decidir sobre la suerte de millones de personas a las que sí les va la vida en ello. Y no se lo van a poder explicar. Y serán responsables de ello.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Por último, he escuchado en estas semanas una presunta oposición entre la prórroga de los alquileres y la necesidad de construir más viviendas para que bajen los precios. La solución no es regular, sino construir más -vendría a ser el mensaje-. La realidad es que se pueden construir cientos de miles de viviendas adicionales, pero si esa oferta queda en manos de los grandes fondos extranjeros con los que evidentemente no pueden competir las familias españolas, ni bajarán los precios, ni se aliviará la carga que supone para la vida cotidiana de millones de personas el coste de la vivienda. Si no se crea un parque significativo de vivienda pública blindada a perpetuidad, si no se refuerzan los derechos de inquilinos e inquilinas y también los de quienes no pueden comprar una vivienda frente a esos gigantes financieros, si no se seca la lógica especulativa que permite utilizar y acumular la vivienda como un activo de inversión, el juego seguirá trucado a favor de quienes solo buscan extraer la mayor rentabilidad, aunque sea a costa del derecho a un bien básico y esencial de todos los demás. Pero aunque nada de esto sea así, aunque no compartan ustedes este análisis, aunque les hiciéramos caso y dijéramos que la solución mágica es construir, mientras se aumenta la oferta de vivienda, ¿qué hacemos? La prórroga ofrece una solución inmediata a casi tres millones de personas. Tumbarla deja a esa gente a la intemperie para blindar el interés y el negocio de quienes hoy les están asfixiando. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Tiene el mismo cariz el argumento según el cual la prórroga supondría una merma en la oferta del mercado del alquiler. La realidad es precisamente la contraria. La prórroga de los alquileres no solo alivia la situación inmediata de cientos de miles de inquilinos e inquilinas. También sirve para proteger la oferta de vivienda en un momento de gran tensionamiento en las ciudades españolas, impidiendo su fuga a usos especulativos y contrarios al interés general, como la proliferación de pisos turísticos ilegales, el alquiler desregulado de habitaciones o el fraude de ley que suponen los contratos de temporada. La prórroga mantiene la oferta, no la contrae. Pero también sirve para neutralizar una espiral alcista de los precios de los alquileres, que en las grandes ciudades del país alcanzan niveles absolutamente insostenibles para las clases trabajadoras. Y sirve también para enviar un mensaje disuasorio frente a operaciones especulativas que persiguen intereses absolutamente contrarios al de la inmensa mayoría de los españoles. Ese mensaje es tan claro como sencillo: las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en un casino financiero que está vaciando nuestras ciudades y cercenando el ejercicio de los derechos de millones de compatriotas.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«La adopción de la prórroga y el tope del 2 % de los alquileres supondrá un alivio económico de más de 2000 euros al año para un hogar medio. Pero en ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla o Madrid, hablamos de una diferencia de 600 o 700 euros al mes por hogar. Yo les pido que imaginen la magnitud de este alivio para una economía familiar media. Pónganlo en proporción con cualquiera de las medidas que ha adoptado esta Cámara o que ustedes proponen adoptar, sea en energía, en alimentación, en tributación, en mejoras salariales. Imaginen el impacto en la vida real de cientos de miles de hogares. Y ahora piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que no. Otro de los pseudoargumentos que he oído repetirse en estas semanas es que es el Estado quien debe asumir el coste de la protección social y no los ciudadanos. Es un argumento que no tiene sentido en el caso de la prórroga, que no supone coste ni merma alguna en la posición de ninguna de las partes. Los arrendadores van a seguir percibiendo sus rentas con total normalidad. Los inquilinos van a seguir pagándolas cada mes. El único coste esgrimible es el de aquellos agentes financieros que planearan someter las rentas a un incremento repentino y abusivo del 50, el 60 o el 70 %, como quien se apodera de las reservas de agua en un momento de escasez. Pero es que ese derecho no existe. Eso se llama especular con la vivienda y lo prohíbe la Constitución española.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Además, esto es un formidable problema económico para España, porque toda esa inversión especulativa en la vivienda no solo cercena un derecho constitucional, no solo exprime a las familias para convertir sus rentas en beneficio privado de fondos extranjeros que ni siquiera tributan en España, sino que es una amenaza para el desarrollo económico mismo del país. Porque no genera valor añadido, ni inversión productiva, ni empleo de ningún tipo. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino. (Aplausos). Frente a esta realidad, la prórroga de los contratos de alquiler es una medida razonable, proporcionada, de sentido común, que brinda una protección inmediata a casi tres millones de personas en todo el país frente a las subidas abusivas de precios que les están expulsando de sus hogares. Son cientos de miles de familias que, en un contexto global de incertidumbre, contarán con un horizonte de estabilidad y certeza respecto al que es el principal gasto y la principal preocupación de las familias españolas: la vivienda.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«En estas semanas, también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque los han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas como, por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle -aunque lleven décadas viviendo allí- para revender un edificio, sacar cien habitaciones donde había veinte apartamentos y convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirlos de ejercer sus derechos, amenazándolos con problemas judiciales y convenciéndolos de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario -tan importante en el imaginario político de este país- está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy, apenas un 5 % de la población percibe rentas en concepto de alquiler; seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar; apenas trece grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100 000 viviendas en alquiler, y hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de cincuenta pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22 % en los últimos catorce años, mientras los grandes tenedores -los que poseen más de diez- han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50 % y, si no puedes pagarlo, a la calle; quienes se están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, los de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que, cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital -la juventud- que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos o sociales en aras de una supuesta y falsa meritocracia. Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad -pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país-, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20 % de la población, prácticamente 10 millones de personas, que vota a todas las formaciones políticas, que vive en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy, se vota sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy defiendo, en nombre del Gobierno, el Real Decreto Ley 8/2026, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán, pero lo que van a votar ustedes es esto: van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera; van a votar si las casas en las que residen casi tres millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas; van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad y si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio o en sus ciudades pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo o si se encuentran con subidas unilaterales del 30 %, el 40 % o el 50 % que muchas no podrán asumir para ver cómo en los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones; lo que van a decidir es si ustedes actúan de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda -como les mandata el artículo 47 de la Constitución- o no. Eso es lo que van a votar ustedes hoy. (Aplausos). Cuando en unos minutos pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta. Hoy, nos acompaña en la tribuna gente como Paula, que ha solicitado la prórroga de su contrato junto con decenas de vecinas de varios inmuebles a las que una de las mayores familias terratenientes de España, que acumula un patrimonio estimado en más de 3000 millones de euros, quiere echar de sus casas -de las casas en las que llevan viviendo décadas- para convertirlas en alojamientos turísticos. Nos acompaña Mercedes, amenazada de expulsión por un fondo buitre que compró a sus espaldas su vivienda de alquiler social a una institución financiera rescatada con dinero público. Nos acompaña Eva, que, gracias a la prórroga, ha podido negociar con su casero una extensión de su contrato de alquiler cuando ya lo daba por perdido. Hoy, están siguiendo este debate -el que se produce en una Cámara semivacía- cientos de miles de personas a las que les vence el contrato de alquiler entre este año y el que viene, con un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que les pone imposible encontrar una alternativa viable, que limita y condiciona sus decisiones de vida y que vulnera gravemente sus derechos constitucionales. Para ellas, la prórroga de los alquileres no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura, no es una cuestión de cálculos electorales o partidistas, es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios o incluso de sus ciudades, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas. Lo que se dirime es si sus vidas, las vidas de millones de españoles y españolas -repito-, cuentan algo para sus representantes políticos o si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es la vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados. Desde el día 22 de marzo, decenas de miles de personas como ellas han solicitado la prórroga de alquileres y se quedarán dos años más en sus viviendas en las mismas condiciones que establecen sus contratos. Desde su promulgación en el BOE, ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho. Hoy, quiero empezar agradeciendo la labor ejemplar de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, de las organizaciones de consumidores, de las asociaciones vecinales, de las plataformas antidesahucios y de muchísimas organizaciones no gubernamentales y de distintos partidos políticos. (Aplausos). Quiero agradecer su labor y poner en valor la gran victoria para el movimiento por el derecho a la vivienda que supone la prórroga de los alquileres para decenas de miles de hogares que, gracias a ellos, gracias a su trabajo, van a ver aliviada su suerte en los próximos años.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Miren, yo les digo: el Gobierno ha hecho su trabajo. Ha atendido un clamor social transversal, porque a la gente a la que le han subido y le han multiplicado por cuatro y por cinco el precio de sus billetes era gente de izquierdas y de derechas, ¿eh? El Gobierno ha hecho su trabajo y ha traído una norma aquí que funciona, que resuelve este problema. Ahora la decisión la toman ustedes. Ustedes eligen de qué lado se van a poner. Pero tengan por seguro que la gente ahí fuera tomará nota y tendrá memoria. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, puestos en pie).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Más allá del hecho de que la ultraderecha en España sea un fraude, han salido a relucir en algunas de las intervenciones elementos que son de fondo. Y es que, realmente, detrás de esta intervención limitada, acotada, técnicamente impecable para impedir situaciones de abuso flagrante de los derechos de los consumidores, hay un principio filosófico de fondo. El portavoz de Podemos lo hacía de menos al decir que es una intervención de carácter socialdemócrata. Yo diría todavía más: es democristiana. Responde a un concepto, el de la economía social de mercado, que ha defendido la derecha conservadora en Europa durante un siglo y medio prácticamente, que plantea que el sistema económico y la libertad de empresa deben tener ciertos límites que están fundamentados en una idea del bien común. Esto es un principio cristiano. (Aplausos). Entiendo que la proyección fantasmática de la ultraderecha les hace ver Cuba y Venezuela por todas partes, pero en realidad esto es una noción muy sencilla y, además, se plasma en imágenes que ha visto todo el mundo. Cuando en este país han venido mal dadas y la ciudadanía y la gente de a pie ha tenido que abordar situaciones muy difíciles, hemos visto dos modelos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los taxis -un servicio público- se dedicaban a transportar gente gratis para ayudar a sus vecinos y a sus vecinas. (Aplausos). Y hemos visto cómo multinacionales buitre extranjeras, aplicando algoritmos opacos y precios personalizados, multiplicaban por cuatro, por cinco y por diez el trayecto para que los ricos se lo puedan pagar y los pobres que se busquen la vida. Esos son dos modelos de sociedad. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Lo que pasa es que esto es como aquello que se decía: que cuando uno tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. Y como su herramienta principal para hacer política es el negacionismo -no existe el cambio climático, no existe la violencia machista, no hay crecimiento económico en España, no ha habido un genocidio en Palestina-, es decir, negar la realidad... Pues ustedes dicen que no ha habido incrementos abusivos de los precios en situaciones de emergencia. Bueno, pues vayan ustedes y explíquenlo, ¿no? Luego, el otro pilar de su argumentación ha sido una loa desmedida a la patronal y a la libertad de empresa. Ojalá encuentre todo el mundo a alguien que le quiera en este mundo como quiere VOX los argumentos de las grandes empresas y de la patronal. (Aplausos). El problema es que luego ustedes fundamentan su posición política en la defensa del pueblo español frente a las élites y los poderes de fuera, ¿verdad? Y lo que van a votar ustedes aquí hoy es defender a las multinacionales extranjeras frente al pueblo español (aplausos), frente a los derechos de los consumidores en España. Eso es lo que van a hacer ustedes. Ese es su patriotismo.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«La portavoz del Partido Popular, que ha afeado muchas cosas, muchas de ellas fácilmente rebatibles con una lectura del texto que hoy se va a someter a convalidación, ha afeado también la actitud del Gobierno trayendo este texto sin deliberación o argumentación previa. En la sesión del Senado del día 4 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular me interpeló con el siguiente texto: Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Derechos Sociales para proteger a los consumidores y usuarios frente al aumento abusivo de los precios de medios de transporte alternativos tras el accidente de tren de Adamuz. Yo entiendo que es osado hoy presumir de que el Senado es una Cámara legislativa donde se debate y se controla al Ejecutivo, pero yo presenté allí esta herramienta y había ciento cuarenta y cinco senadores y senadoras del Partido Popular. Lo debatimos, lo presenté y, por tanto, no pueden ustedes aducir no haber tenido conocimiento ni intercambio sobre esta norma. Por otra parte, han sido las organizaciones de consumidores, ha sido el Defensor del Pueblo, ha sido la propia Junta de Andalucía quienes han reclamado una intervención para poner fin a estos abusos. (Aplausos). Yo escuchaba esta mañana al presidente Moreno Bonilla referirse a su gestión de las situaciones sobrevenidas que ha vivido desgraciadamente Andalucía en este último mes y decir: lo importante es lo importante. Bueno, pues lo importante es esto, lo importante es que esta Cámara hoy decide si le ponemos fin a una situación insoportable de abuso por parte de unas cuantas multinacionales carroñeras a costa de las necesidades de la gente más vulnerable. (Aplausos). Eso es lo que se decide hoy, eso es lo importante.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios, especialmente a quienes han utilizado su tiempo en tribuna para argumentar con honestidad sobre posibles soluciones a los problemas reales que enfrenta la ciudadanía. (Aplausos). Me quiero referir a algunas de ellas, especialmente a quienes han sugerido posibles mejoras en una eventual tramitación como proyecto de ley de esta norma, que, por supuesto, estaríamos dispuestos a abordar y a asumir de la manera más didáctica posible. Es verdad que hay grupos que han dejado notar el hecho de que les gustaría que hubiera una mayor ambición en este texto. Es cierto que lo que van a votar ahora ustedes es una iniciativa limitada de control de precios y que es una votación simple. Lo que hoy se vota es que ante situaciones de emergencia no se puedan producir subidas abusivas de los precios de servicios y bienes esenciales. Lo que se vota -traducido- es si un puñado de multinacionales extranjeras pueden forrarse impunemente a costa de necesidades básicas de la ciudadanía. Eso es lo que van a votar ustedes. Y se vota sí o no, se vota si se protege el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios básicos y esenciales o si se blinda el derecho de un puñado de multinacionales extranjeras a lucrarse sin límite, sin medida y de forma impune a costa del interés general. (Aplausos). Y les digo una cosa: si el Congreso hoy tumba este real decreto ley y se vuelve a producir -ojalá no suceda- una situación de emergencia y vuelve a haber subidas desproporcionadas, abusivas, de precios de servicios esenciales para aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad de la gente, cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido de quienes hoy voten en contra de esta medida. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Este decreto ley es la solución para impedir que situaciones como esta vuelvan a producirse. Por eso, la votación que se plantea hoy es muy sencilla. Me cuesta pensar que algún grupo parlamentario pueda justificar su oposición a esta medida, porque al hacerlo estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos a costa del interés general, del bienestar, de la tranquilidad y de los derechos de los consumidores, es decir, de la ciudadanía, es decir, de sus votantes. Creo sinceramente que sería imposible de entender. Como lo sería que, en el caso de que se reprodujeran circunstancias como estas o en el caso de que se volvieran a producir los abusos conocidos, como los vividos en estas últimas emergencias, tuvieran ustedes que explicarle a la gente que hay multinacionales que pueden seguir lucrándose de esta manera injusta e injustificable sencillamente porque hubo quien hoy en esta Cámara votó en contra de adoptar esta medida. Confío en que pueda salir adelante con el apoyo mayoritario de los grupos de esta Cámara y que, una vez más, el interés general pueda abrirse paso. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Creo que concurren, por tanto, razones de peso para actuar y corregir esta deficiencia inaceptable de nuestro ordenamiento jurídico con el fin de defender el interés general y los derechos de los consumidores. Con ese fin, el real decreto ley, que hoy se somete a convalidación en esta Cámara, modifica la 'Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias', incorporando una herramienta para impedir precisamente que se produzcan aumentos de precio que superen el precio máximo ofertado para esos servicios en los treinta días previos a la situación sobrevenida. Esto es, se trata de impedir que puedan subir los precios por encima del máximo que tuvieron en los treinta días anteriores cuando se dé una situación sobrevenida sin que medie una causa justificada para ello. Ayer mismo pudimos conocer los resultados de la primera puesta en práctica de esta medida. Previo acuerdo del Consejo de Ministros del día 17 de febrero, se aprobó la limitación de precios en los establecimientos hoteleros de catorce municipios en Andalucía y Extremadura, vigente hasta el día de ayer. El resultado o la evaluación de la implementación de esta medida es que no se han detectado subidas de precios por encima de esos límites en los servicios bajo el ámbito de aplicación del acuerdo. Por tanto, la conclusión es clara: la regulación ha funcionado.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Primera cuestión: la perspectiva asistencialista que atraviesa todo el sistema de la dependencia, desde lo micro, en el día a día de muchas residencias, hasta lo macro, en la propia arquitectura jurídica sobre la que se sustenta. El cambio de modelo de cuidados propone justamente lo contrario. Nos alejamos de centrar los esfuerzos en la gestión de las instituciones y nos volcamos en los resultados, las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas usuarias: qué se quiere, dónde se quiere envejecer y cómo se quiere ser cuidado. Cuando se pregunta a las personas mayores, el 90 % de ellas contesta que desea permanecer en su casa el mayor tiempo posible. Garantizar que esa preferencia sea posible requiere cambios profundos en un sistema que no fue diseñado para ello; cambios complejos, pero que deben emprenderse cuanto antes. Por eso con esta reforma pretendemos pasar del modelo asistencialista a uno más cercano y comunitario, a través de transformaciones concretas que mejoren especialmente los cuidados a domicilio e impulsen la promoción de la autonomía personal. Por ejemplo, se propone garantizar la accesibilidad universal como un derecho, con la creación de un fondo estatal de accesibilidad universal para poder abordar las obras necesarias en todos los espacios públicos. Y se propone también modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ampliar supuestos de obligatoriedad en las reformas de accesibilidad. Además, la reforma contempla la expansión de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario, para que pueda cubrir actividades como hacer la compra, ir al médico o al centro de día. Consagra la teleasistencia como un derecho subjetivo y busca incorporar al catálogo de servicios aquellos de asistencia personal, apoyos en viviendas o la provisión de productos de apoyo. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Creo que no retuerzo el lenguaje ni exagero si les digo con sinceridad que estas reformas no son del ministerio que tengo el honor de dirigir y no son del Gobierno de coalición. Es una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. (Aplausos). Y hoy, por tanto, quiero hacer desde aquí un reconocimiento y un agradecimiento explícito a quienes nos siguen desde la tribuna de esta Cámara: al CERMI, al CEOMA, a la ONCE, al Consejo General del Trabajo Social, a la Plataforma de Mayores y Pensionistas y a quienes nos están siguiendo desde otras salas del Congreso, que son muchos. Organizaciones como Autismo Plena Inclusión, la Plataforma Estatal de Colectivos de Familiares y Usuarias de Residencias, FundAME, la Fundación Matia, sindicatos, organizaciones de mayores, de discapacidad, de salud mental, de enfermedades raras y neurodegenerativas. Muchas gracias a todas y cada una de ellas. (Aplausos). Dicho esto, quisiera recordar muy brevemente cuáles son los principales ejes del contenido de esta reforma normativa. Como mencionaba anteriormente, el mundo en el que hoy vivimos ha cambiado sustancialmente. Lo ha hecho la estructura demográfica, lo ha hecho el mercado laboral y deben hacerlo también las formas en que conceptualizamos los derechos de ciudadanía y el Estado social que somos. Ese es el objetivo último que persigue la reforma que hoy debatirán ustedes aquí: acomodar nuestra normativa a una nueva realidad de cuidados que ya no es la predominante en el año 2006, cuando el sistema echó a andar. Siempre digo que la transformación del sistema de la dependencia que se va a apoyar en la estructura normativa de esta reforma tiene tres pilares: el cambio del modelo, la mejora de la situación de las personas cuidadoras y el sostenimiento de la senda de crecimiento de su financiación. Cada uno de estos tres pilares debe permitirnos abordar los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta el sistema.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Esto es algo importante, porque más de cuatro millones de compatriotas viven hoy con una discapacidad y esperan de su país avances decididos para garantizar la promoción de su autonomía, la accesibilidad universal y la plenitud de sus derechos económicos, políticos, civiles y sociales. Es importante también porque saben que España es uno de los países más longevos del mundo; este año nuestro país superó por primera vez los 84 años de esperanza de vida al nacer. Y porque las tendencias demográficas en curso y los cambios en nuestras estructuras familiares hacen que el desafío de los cuidados y la construcción de un sistema público de protección social capaz de garantizar los apoyos necesarios para promover la autonomía personal y asegurar una atención digna a las personas en situación de dependencia sea quizás la tarea social más acuciante que tenemos por delante. Muchas veces este desafío se aborda desde una lógica numérica o una perspectiva contable, y las propias estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales nos muestran que de aquí al año 2030 el sistema va a atender entre dos millones y dos millones y medio de personas, lo que a su vez va a requerir de una incorporación considerable de trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de la dependencia, cifrada hasta en trescientas mil trabajadoras adicionales. Pero yo hoy quisiera empezar transmitiendo que no se trata solo de una cuestión numérica o contable con una aseveración bien sencilla: envejecer no es una carga ni un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el resultado del progreso y el desarrollo económico y social de la democracia española (Aplausos). Y ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas de protección social para hacer que estén a la altura de ese desarrollo y remover los obstáculos y las desigualdades que lastran las vidas de los ciudadanos y ciudadanas en función de criterios como la renta, la riqueza o el lugar en el que viven. Es algo que vimos de forma muy clara, dolorosa, durante la pandemia. El modelo de las macrorresidencias, una década de recortes en política social y una financiación crónicamente insuficiente nos hicieron conscientes como sociedad de que ese no es el modelo de cuidados que nos merecemos y que deseamos. Así que a la pregunta de por qué estas reformas, cabría responder simplemente eso: porque este país las necesita y porque las vamos a necesitar todos y cada uno de nosotros y nosotras.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y todas las presentes en esta sesión, de la que espero que podamos salir con dos avances importantes en materia de política social. El primero, la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que vienen ustedes de debatir y que, tras muchos años de presión y de esfuerzos por parte de las organizaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras, supondrá un paso delante de calado en la defensa de esos derechos y, por tanto, también en la extensión y la mejora de la democracia española al cubrir gran parte de las relaciones económicas y comerciales. El segundo hito de esta sesión es la votación de la tramitación en esta Cámara de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, reforma que despliega el mandato constitucional del artículo 49 y supone la que quizás sea la mayor reforma social en mucho tiempo para ampliar y desarrollar el estado del bienestar y así para mejorar la democracia española.»