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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Desde luego, yo no estoy aquí para resignarme, ninguno y ninguna de nosotros lo estamos. No estamos aquí para mirar hacia otra parte ante el principal y más grave problema que viven las clases trabajadoras en este país. Lo digo con la cabeza muy alta: No nos van a doblegar ni nos van a disuadir de defender lo que es justo, sino que vamos a seguir peleando lo que haga falta hasta que prevalezca el derecho a la vivienda en este país. (Aplausos). Cierro ya. Hoy en esta Cámara es probable que se exprese una desconexión radical entre una parte de la clase política española y la vida real de millones de ciudadanos y ciudadanas. Esa desconexión no es por desconocimiento, no es porque los grupos políticos que voten en contra de este decreto ley no conozcan la magnitud del problema que vive la inmensa mayoría de la gente en este país. Esa desconexión es porque defienden intereses opuestos. La penuria de muchos es el beneficio de unos pocos, y quien hoy tumbe esta medida está votando para proteger los intereses y los beneficios de esos pocos. Ante esto no cabe la resignación. Vamos a seguir dando la batalla las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso. Yo le pido a la gente que se organice, que luche en común, que defienda las prórrogas que se han pedido y que tenga memoria de lo que hace y de lo que vota cada uno.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Quiero, por último, reiterar el agradecimiento a todas las formaciones de la izquierda parlamentaria -lo digo con toda sinceridad- por honrar su mandato en esta semana. Sí, quiero citarlas a todas, a BNG, a Podemos, a Bildu, a Esquerra y, muy especialmente, a las formaciones del Grupo Confederal, Más Madrid, los Comuns, SUMAR, Izquierda Unida, la Chunta, MÉS, Compromís. Defender el derecho a la vivienda de las clases trabajadoras frente al capitalismo rentista, frente a esta lógica de la extracción de riqueza a la que hoy nos somete, es la lucha política más importante de nuestro tiempo. Por supuesto que en estos días -hoy ya lo hemos visto- van a instalar este relato según el cual este decreto ley estaba condenado a no salir, según el cual la culpa es nuestra por intentarlo, según el cual es un problema que haya decenas de miles de inquilinos e inquilinas en este país que hayan pedido la prórroga y se hayan beneficiado de ese derecho, un problema, según el cual lo mejor es no hacer nada porque lo van a tumbar. Yo les pido a los inquilinos y las inquilinas de este país que, cada vez que escuchen en estos días un argumento como estos, piensen si le afecta este problema a la persona que lo está diciendo, que lo está expresando.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Señorías del Partido Socialista, agradezco su defensa de esta medida hoy en esta Cámara. Les trasladaré una reflexión que creo que ha compartido mucha gente progresista en este país en las últimas semanas, gente que ha sentido un profundo orgullo por la posición que ha mantenido este Gobierno en materia de política internacional y que quizá ha hecho una reflexión en los siguientes términos: si aplicáramos la misma ambición, la misma valentía, la misma coherencia, la misma firmeza en principios que son elementales, consustanciales para defender nuestra democracia a la política de vivienda, a la crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras que aplicamos hacia el exterior, estaríamos en una situación muy distinta. Yo espero que este debate y la defensa que han hecho ustedes de esta medida esta tarde sirva para que, desde esta misma noche, desde mañana mismo, si esta Cámara tumba el decreto ley, podamos reunir la voluntad política suficiente para volver a traer esta medida, para volver a traer la prórroga y para volver a traer un programa ambicioso de vivienda (aplausos) con el fin de resolver el principal problema de las clases trabajadoras de este país.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Entonces, le pregunto a usted -que se hizo famoso hablando de los barrios trabajadores, de la España feliz, de la cultura del esfuerzo, de la generación caracol-, en esta situación que he vivido yo hace unos días, que he conocido yo hace unos días, entre esa familia española que pelea por seguir en su casa y un fondo buitre en Luxemburgo, ¿VOX dónde está? VOX, ¿de qué lado está? ¿De quién es la prioridad? ¿Quién tiene prioridad ahí, señor Quero? Bla, bla, bla; bla, bla, bla. (Aplausos). Hay un solo fondo norteamericano: Blackstone, que tiene más de 30 000 viviendas en este país. Entre una familia española y un fondo extranjero que expulsa a esas familias a la calle, VOX, ¿de qué lado está? ¿Quién tiene la prioridad ahí? Usted ha intentado hacer hoy este ejercicio de contorsionismo retórico y nos ha dicho que su hermana es una de las personas que está en esa situación y que podría beneficiarse de la prórroga, también muchos de sus amigos; ha dicho usted que es pan para hoy y hambre para mañana, que puede ser un alivio inmediato. Según esa metáfora, usted tiene a su propia gente al borde del precipicio, como ha dicho usted -están en esa posición al borde del precipicio, por culpa del gobierno chavista, bolivariano y todo esto-, y, ¿lo que van a hacer hoy es empujarles al precipicio? ¿Eso es lo que van a hacer? (Aplausos). No, hombre, no. Yo les sugiero otra cosa: no tumben la prórroga de los alquileres y dígale a su hermana que la solicite y que se quede en su casa, para que no tengan que echarla y sacar un 50 % más a ese piso. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Miren, no lo van a poder explicar. No lo van a poder explicar, y ojalá los inquilinos e inquilinas de este país que votan al Partido Popular, ojalá, tomen nota y se lo hagan pagar muy caro. Señor Quero, yo -como mucha gente-, la primera vez que oí hablar de usted fue por un discurso suyo que se viralizó, en el que hablaba precisamente del problema de la vivienda: hablaba de cómo se habían levantado los barrios trabajadores de este país con esfuerzo; de cómo las familias habían aprendido allí lo que eran los valores de la dignidad, de la igualdad, de la libertad, de cómo esa era la España feliz que ahora se estaba perdiendo; hablaba usted de cómo los nietos de esa generación estaban condenados a dedicar el 60 % de sus ingresos a pagar un alquiler, a compartir pisos con desconocidos -la generación caracol, les llamó usted, que van con la casa a cuestas de un lugar a otro-. ¿Y hoy, qué? ¿Hoy, qué? En estas semanas he podido reunirme con una familia que tiene varios hijos, que lleva décadas viviendo en uno de esos barrios, en una de esas casas, en el barrio donde, además, viven los abuelos de esos niños, donde van al colegio, donde tienen su entorno, su arraigo -tan de moda en estos días-. Un fondo buitre compró a sus espaldas esa vivienda y también está recurriendo a todo tipo de chantajes y amenazas para echarlos de su casa. Y esta familia, que es española -podría no serlo, pero es española-, está peleando porque no echen a sus hijos del barrio de sus abuelos y de sus padres; porque no les echen de su casa. Cuando se aprobó la prórroga también la solicitaron: descargaron el burofax y fueron a pedirla. ¿Sabe qué problema han tenido? Que no tenían dónde entregarlo, porque el fondo buitre que lo ha comprado ni siquiera tenía una dirección postal. Han tenido que hacer una investigación y ¿sabe lo que han encontrado? Un buzón, detrás del cual hay un entramado societario con empresas fantasma que van hasta Luxemburgo.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Esto no va de modelo de vivienda del Gobierno. Esto no va de Pedro Sánchez ni de la izquierda. Esto no va de okupas ni de pequeños propietarios. Va de que en unos minutos, cuando ustedes pulsen el botón, hay tres millones de personas a las que van a dejar desamparadas a su suerte. ¿Por qué razón? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esta es una medida que ustedes han votado en reiteradas ocasiones en el pasado. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha mejorado la situación de la vivienda para la gente en este país? ¿Para sus propios votantes? Miren, en estas semanas he podido reunirme con familias que viven en viviendas que eran de protección oficial y que administraciones del Partido Popular vendieron, a espaldas de esas familias, a fondos buitre. Y ahora están echando a esas familias de sus casas para revenderlas por cinco o seis veces el dinero que les costó comprarlas, a espaldas de esa gente. Esas inquilinas e inquilinos han pedido la prórroga de sus contratos de alquiler para seguir peleando y que no las echen de sus casas. Explíquenles su voto a esas familias. Explíquenles las razones por las que van a votar que no a este decreto ley. Explíquenselo a las familias de Alicante que estaban en espera de una vivienda de protección pública y que han tenido que ver que ustedes se la reparten entre amigos y familiares (aplausos), y hoy votan en contra de una medida de sentido común, de interés general, que apoyan dos tercios de su electorado. Explíquenselo a los vecinos y a las vecinas de Málaga, de Sevilla, de Madrid o de Valencia, que están viendo cómo sus barrios se están convirtiendo en parques temáticos, plagados de pisos turísticos ilegales que están vaciando de tejido social sus propias ciudades, mientras ustedes miran hacia otro lado y no hacen nada. Explíquenles por qué votan que no a la prórroga de los alquileres hoy en día, para que se siga expulsando a los vecinos de las casas en las que han vivido toda su vida para fomentar que continúen esos negocios.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Yo estaba pensando, según les escuchaba, que es curioso, es atípico que nadie haya solicitado el turno en contra de este decreto ley, como es costumbre en esta Cámara. Y si eso ha sido así es por lo que ha demostrado el debate que se ha tenido a continuación: porque no tienen un argumento real para votar en contra de proteger a tres millones de personas en este país. (Aplausos). No hay un argumento. Lo van a hacer por tacticismo, lo van a hacer por cerrazón ideológica, lo van a hacer porque se creen impunes al respecto. Pero yo tengo una noticia para ustedes: no lo van a ser. No lo van a ser. Señorías del Partido Popular, entre su electorado ustedes tienen el doble de inquilinos que de caseros. No así en el grupo parlamentario. Y eso explica muchas cosas. El doble de inquilinos que de caseros entre sus votantes. (Aplausos). ¿Ustedes creen que van a entender argumentos de este tenor, como los que acabamos de escuchar? ¿Ustedes creen que esto les va a servir para explicar que, pulsando el botón rojo hoy, van ustedes a dejar a tres millones de compatriotas desamparados a su suerte? Esto les va a suponer un coste medio de 2000 euros por hogar al año. En ciudades como esta, 600 o 700 euros más al mes. A sus votantes, a su gente, dos tercios de los cuales apoyan esta medida. ¿Ustedes creen que les va a valer con esto? No tienen un argumento. (Aplausos). No tienen un solo argumento. El argumento ya lo dijo en voz alta, como acostumbra, la señora Ayuso cuando dijo el otro día: Si alguien tiene diez viviendas es que se las ha ganado y tiene derecho a ponerlas al precio que le convenga. El mensaje que la señora Ayuso le estaba enviando a los inquilinos e inquilinas de este país -que es el mismo que les envían hoy ustedes aquí- es exactamente lo mismo que dijo una diputada también de su grupo hace años en esta Cámara, Andrea Fabra: ¡Que se busquen la vida! Que si están en esa situación es porque se lo merecen. Es que nadie les va a tender una mano. Es que nadie les va a ayudar.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«A los grupos que sí han promovido la prórroga de los alquileres, a quienes la han peleado y defendido, quiero darles las gracias y decirles que hoy están defendiendo lo que es justo, y con ello honrando el mandato que debería regir cuando se entra en esta casa: defender los intereses de la gente que les ha votado, pelear por que vivan mejor y tengan más derechos, por que este país sea un poco más justo. Yo puedo decirles que, pase lo que pase hoy, es lo que voy a seguir haciendo, con la determinación intacta y con la cabeza bien alta: defender el derecho a la vivienda de todos y cada uno de mis compatriotas, sin importar los obstáculos, sin importar cómo de poderosos sean quienes estén enfrente. Y a mucha honra. (Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de los miembros del Gobierno presentes: la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez; el señor ministro de Cultura, Urtasun Domènech, puestos en pie.-Aplausos del señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy Amador).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Tiene el mismo cariz el argumento según el cual la prórroga supondría una merma en la oferta del mercado del alquiler. La realidad es precisamente la contraria. La prórroga de los alquileres no solo alivia la situación inmediata de cientos de miles de inquilinos e inquilinas. También sirve para proteger la oferta de vivienda en un momento de gran tensionamiento en las ciudades españolas, impidiendo su fuga a usos especulativos y contrarios al interés general, como la proliferación de pisos turísticos ilegales, el alquiler desregulado de habitaciones o el fraude de ley que suponen los contratos de temporada. La prórroga mantiene la oferta, no la contrae. Pero también sirve para neutralizar una espiral alcista de los precios de los alquileres, que en las grandes ciudades del país alcanzan niveles absolutamente insostenibles para las clases trabajadoras. Y sirve también para enviar un mensaje disuasorio frente a operaciones especulativas que persiguen intereses absolutamente contrarios al de la inmensa mayoría de los españoles. Ese mensaje es tan claro como sencillo: las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en un casino financiero que está vaciando nuestras ciudades y cercenando el ejercicio de los derechos de millones de compatriotas.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Además, esto es un formidable problema económico para España, porque toda esa inversión especulativa en la vivienda no solo cercena un derecho constitucional, no solo exprime a las familias para convertir sus rentas en beneficio privado de fondos extranjeros que ni siquiera tributan en España, sino que es una amenaza para el desarrollo económico mismo del país. Porque no genera valor añadido, ni inversión productiva, ni empleo de ningún tipo. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino. (Aplausos). Frente a esta realidad, la prórroga de los contratos de alquiler es una medida razonable, proporcionada, de sentido común, que brinda una protección inmediata a casi tres millones de personas en todo el país frente a las subidas abusivas de precios que les están expulsando de sus hogares. Son cientos de miles de familias que, en un contexto global de incertidumbre, contarán con un horizonte de estabilidad y certeza respecto al que es el principal gasto y la principal preocupación de las familias españolas: la vivienda.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«En estas semanas, también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque los han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas como, por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle -aunque lleven décadas viviendo allí- para revender un edificio, sacar cien habitaciones donde había veinte apartamentos y convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirlos de ejercer sus derechos, amenazándolos con problemas judiciales y convenciéndolos de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario -tan importante en el imaginario político de este país- está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy, apenas un 5 % de la población percibe rentas en concepto de alquiler; seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar; apenas trece grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100 000 viviendas en alquiler, y hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de cincuenta pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22 % en los últimos catorce años, mientras los grandes tenedores -los que poseen más de diez- han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50 % y, si no puedes pagarlo, a la calle; quienes se están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, los de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que, cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital -la juventud- que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos o sociales en aras de una supuesta y falsa meritocracia. Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad -pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país-, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20 % de la población, prácticamente 10 millones de personas, que vota a todas las formaciones políticas, que vive en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy, se vota sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy defiendo, en nombre del Gobierno, el Real Decreto Ley 8/2026, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán, pero lo que van a votar ustedes es esto: van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera; van a votar si las casas en las que residen casi tres millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas; van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad y si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio o en sus ciudades pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo o si se encuentran con subidas unilaterales del 30 %, el 40 % o el 50 % que muchas no podrán asumir para ver cómo en los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones; lo que van a decidir es si ustedes actúan de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda -como les mandata el artículo 47 de la Constitución- o no. Eso es lo que van a votar ustedes hoy. (Aplausos). Cuando en unos minutos pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta. Hoy, nos acompaña en la tribuna gente como Paula, que ha solicitado la prórroga de su contrato junto con decenas de vecinas de varios inmuebles a las que una de las mayores familias terratenientes de España, que acumula un patrimonio estimado en más de 3000 millones de euros, quiere echar de sus casas -de las casas en las que llevan viviendo décadas- para convertirlas en alojamientos turísticos. Nos acompaña Mercedes, amenazada de expulsión por un fondo buitre que compró a sus espaldas su vivienda de alquiler social a una institución financiera rescatada con dinero público. Nos acompaña Eva, que, gracias a la prórroga, ha podido negociar con su casero una extensión de su contrato de alquiler cuando ya lo daba por perdido. Hoy, están siguiendo este debate -el que se produce en una Cámara semivacía- cientos de miles de personas a las que les vence el contrato de alquiler entre este año y el que viene, con un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que les pone imposible encontrar una alternativa viable, que limita y condiciona sus decisiones de vida y que vulnera gravemente sus derechos constitucionales. Para ellas, la prórroga de los alquileres no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura, no es una cuestión de cálculos electorales o partidistas, es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios o incluso de sus ciudades, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas. Lo que se dirime es si sus vidas, las vidas de millones de españoles y españolas -repito-, cuentan algo para sus representantes políticos o si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es la vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados. Desde el día 22 de marzo, decenas de miles de personas como ellas han solicitado la prórroga de alquileres y se quedarán dos años más en sus viviendas en las mismas condiciones que establecen sus contratos. Desde su promulgación en el BOE, ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho. Hoy, quiero empezar agradeciendo la labor ejemplar de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, de las organizaciones de consumidores, de las asociaciones vecinales, de las plataformas antidesahucios y de muchísimas organizaciones no gubernamentales y de distintos partidos políticos. (Aplausos). Quiero agradecer su labor y poner en valor la gran victoria para el movimiento por el derecho a la vivienda que supone la prórroga de los alquileres para decenas de miles de hogares que, gracias a ellos, gracias a su trabajo, van a ver aliviada su suerte en los próximos años.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Más allá del hecho de que la ultraderecha en España sea un fraude, han salido a relucir en algunas de las intervenciones elementos que son de fondo. Y es que, realmente, detrás de esta intervención limitada, acotada, técnicamente impecable para impedir situaciones de abuso flagrante de los derechos de los consumidores, hay un principio filosófico de fondo. El portavoz de Podemos lo hacía de menos al decir que es una intervención de carácter socialdemócrata. Yo diría todavía más: es democristiana. Responde a un concepto, el de la economía social de mercado, que ha defendido la derecha conservadora en Europa durante un siglo y medio prácticamente, que plantea que el sistema económico y la libertad de empresa deben tener ciertos límites que están fundamentados en una idea del bien común. Esto es un principio cristiano. (Aplausos). Entiendo que la proyección fantasmática de la ultraderecha les hace ver Cuba y Venezuela por todas partes, pero en realidad esto es una noción muy sencilla y, además, se plasma en imágenes que ha visto todo el mundo. Cuando en este país han venido mal dadas y la ciudadanía y la gente de a pie ha tenido que abordar situaciones muy difíciles, hemos visto dos modelos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los taxis -un servicio público- se dedicaban a transportar gente gratis para ayudar a sus vecinos y a sus vecinas. (Aplausos). Y hemos visto cómo multinacionales buitre extranjeras, aplicando algoritmos opacos y precios personalizados, multiplicaban por cuatro, por cinco y por diez el trayecto para que los ricos se lo puedan pagar y los pobres que se busquen la vida. Esos son dos modelos de sociedad. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Gracias, presidenta. En todo caso, después de estos resultados conocidos, creo que podemos concluir de manera razonable que este mecanismo funciona y sirve para poner coto a esos abusos, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos y la prevalencia del interés general. (Aplausos). Ese es el objetivo de este decreto ley y creo sinceramente que constituye la respuesta idónea a la demanda unánime expresada por la ciudadanía, porque, cuando ocurre una desgracia colectiva, de lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o una ciudadana es de que le vayan a estafar. Siento decirlo de manera tan clara, pero parece evidente que ninguna empresa debe poder hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía y me cuesta creer que haya que defender algo tan básico como que, si tienes que salir de tu casa corriendo por una emergencia, no tengas que preocuparte por pagar cientos de euros por una noche de hotel; como que, si tu hogar o tu pueblo, allí donde has crecido y vivido toda la vida, se está inundando, no tengas que preocuparte porque un trayecto en VTC pase de costar 10 a 200 euros; como que cuando todo un país está aún conmocionado por la pérdida de compatriotas en un accidente trágico, no tengas que pagar 500 euros por un medio de transporte alternativo para llegar a tu trabajo o a estar con tu familia.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«En este sentido, hoy querría dar las gracias desde esta tribuna y de manera expresa a los hosteleros, que han demostrado una predisposición ejemplar ayudando a sus vecinos y vecinas y haciendo patente, como se ha visto, por otro lado, en todas las emergencias que han afectado al país en las últimas semanas, que España no es el lugar oscuro y enfrentado que algunos buscan dibujar, sino todo lo contrario: es un país solidario y dispuesto a arrimar el hombro cuando es necesario. La realidad es que no son los pequeños y las pequeñas comerciantes de los diferentes sectores afectados quienes buscan obtener beneficios extraordinarios en estas situaciones terribles, porque son quienes conocen los lugares donde trabajan y la gente con la que tratan. No es a ellos y ellas a quienes afecta esta regulación, puesto que son, precisamente, como decía, quienes han estado mostrando todo su apoyo y su predisposición para resolver estas situaciones de emergencia. (Rumores). El contraste es muy evidente cuando se compara con el comportamiento de algunas plataformas multinacionales, especialmente aquellas que emplean precios dinámicos y personalizados regidos por algoritmos opacos, que son quienes, de forma especialmente acusada, se han beneficiado en las últimas situaciones de emergencia, subiendo los precios de forma abusiva, aprovechando una coyuntura desfavorable para la ciudadanía de manera completamente impune. (Continúan los rumores).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy me corresponde defender el Real decreto ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia, una normativa que responde principalmente al clamor social que se ha producido en nuestro país tras el encarecimiento disparatado de los precios de algunos bienes y servicios esenciales que vimos tras el accidente ferroviario de Adamuz, las inundaciones en Grazalema y otras localidades de Andalucía y Extremadura, pero también tras el apagón, los incendios devastadores que vivimos el pasado verano o la dana de Valencia. Lo que se ha visto una y otra vez en estas situaciones es que, incluso en las circunstancias más duras y que causan mayor dolor en nuestras sociedades, existen agentes económicos empeñados en demostrar que no les importa la gente afectada por estas situaciones, sino cuánto dinero pueden obtener de ellas, a menudo por medio de sistemas automatizados de fijación de precios desprovistos de cualquier límite, de cualquier noción del bien común o del interés general. De hecho, estos incrementos abusivos en ningún caso se han correspondido con incrementos de los costes operativos o de funcionamiento de esos servicios; al contrario, responden al afán de obtener un lucro inmerecido, injustificado e inaceptable a costa de explotar la necesidad ajena y la vulnerabilidad de los consumidores. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Hoy, con la votación de esta enmienda a la totalidad, con el arranque de la tramitación de la reforma de estas leyes, sus señorías tienen una oportunidad para prolongar esa senda de avances sociales, que no son logros de este o de aquel actor político, sino del país y de la sociedad entera. Estas reformas podrán enriquecerse en su tramitación con todas las aportaciones de los grupos de esta Cámara de la misma manera que lo hizo la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Creo, sinceramente, que sería un buen mensaje que enviar a la ciudadanía y una gran contribución para mejorar nuestra democracia y nuestro Estado social por parte de esta Cámara. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«También quiero anunciarles que se pondrá en marcha un importante esfuerzo fiscal para poder promover el desarrollo tecnológico en el sector de los cuidados, lo que no solo supone una importante oportunidad de mejora para nuestro sistema de cuidados, sino también una oportunidad estratégica de desarrollo industrial para nuestro país. Sin extenderme mucho más, querría hacer una breve consideración final. Hace unas semanas, esta Cámara brindó una imagen poco habitual: la de las pantallas de votaciones teñidas de verde para aprobar por unanimidad el decreto ley de desarrollo de la ley ELA con esos 500 millones de euros de financiación extraordinaria para garantizar la atención veinticuatro horas para el nuevo grado III+ de la dependencia. No hubo entonces ningún voto en contra. Es un consenso que se ha extendido en estas semanas a un acuerdo unánime con todas las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el despliegue de la ley ELA; un consenso que quiero agradecer a todas las comunidades autónomas y a todos los signos políticos; un consenso social parecido al que sustentó la reforma del artículo 49 de la Constitución, la propia aprobación de la ley ELA, la ampliación de permisos de paternidad y cuidados y espero que también la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.»
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«Por último, tenemos una tercera cuestión que seguro que muchas de sus señorías enfatizarán en esta sesión, la relativa a la financiación del sistema. La triste realidad es que venimos de una trayectoria y de un pasado de infrafinanciación crónica y sistemática del sistema. Por eso, la tarea que tenemos ante nosotros y nosotras es doblemente exigente. Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos toda la determinación de hacerlo y creo que contamos también con suficientes hechos probados desde la legislatura pasada para poder sustentar ese compromiso. Desde el año 2020, la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del sistema de la dependencia se ha incrementado en un 150 % y se ha triplicado desde el año 2014, y si incluimos los fondos provenientes del PRTR que España -que ha sido el único país europeo en hacerlo- ha dedicado en su componente 22 a la política social y específicamente a la política de cuidados, esos fondos se han multiplicado por cuatro desde el año 2014. En este 2025 alcanzaremos un máximo histórico de más de 3700 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5 % respecto al año anterior y de un 15 % respecto a 2023. Hoy, con total claridad, quiero transmitir a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. (Aplausos). Es lo que refleja el acuerdo de gobierno, que recoge el compromiso de alcanzar un 50 % de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado, y creo que también los hechos de nuestra acción reciente. Hace apenas unas semanas esta Cámara aprobó por unanimidad una inyección extraordinaria de 500 millones de euros adicionales al sistema de la dependencia, pero en los últimos meses también nuestro ministerio, tanto en materia de dependencia como de discapacidad, ha destinado importantes partidas presupuestarias extraordinarias para financiar, por ejemplo, con 20 millones de euros programas de educación inclusiva para el alumnado autista en nuestro sistema educativo, 41 millones de euros para desarrollar un marco estatal de atención temprana, 65 millones de euros para desarrollar un plan de acción de mujeres y discapacidad, como mandata el artículo 49 de la Constitución, y, provenientes de los fondos europeos que se desarrollaron desde la legislatura pasada en el Gobierno de coalición, se han destinado 365 millones de euros para promover la teleasistencia y más de 1000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas para la adaptación y adecuación de hasta dieciséis mil plazas residenciales.»
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«Pasamos ahora a la segunda cuestión: la falta de valorización social generalizada, no solo económica, del trabajo de cuidados, asunto derivado de su fuerte feminización tradicional y de su relegación al ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, de la economía no monetizada. Atendiendo a la conversación pública, atendiendo a los debates sobre la economía, por ejemplo, podría parecer que el trabajo de una persona que cuida día a día de los otros no valiera mucho. Sin embargo, es evidente que se trata de uno de los trabajos más elementales de nuestra sociedad, porque si un solo día todas las personas que cuidan no pudieran realizar su trabajo, la vida social en nuestro país colapsaría. Por eso, esta reforma busca centrarse no solo en quienes necesitan cuidado, sino también en quienes cuidan y poner en valor su labor. Queremos poner la dependencia en el centro de nuestro estado del bienestar, dando a los cuidados el peso social y el reconocimiento que siempre debieron tener. Algunas de las medidas más importantes en este sentido son la ampliación de las prestaciones a cuidadores del entorno relacional así como el fomento de la investigación social y tecnológica, que debe repercutir en una mejora de la labor de cuidados.»
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«Creo que no retuerzo el lenguaje ni exagero si les digo con sinceridad que estas reformas no son del ministerio que tengo el honor de dirigir y no son del Gobierno de coalición. Es una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. (Aplausos). Y hoy, por tanto, quiero hacer desde aquí un reconocimiento y un agradecimiento explícito a quienes nos siguen desde la tribuna de esta Cámara: al CERMI, al CEOMA, a la ONCE, al Consejo General del Trabajo Social, a la Plataforma de Mayores y Pensionistas y a quienes nos están siguiendo desde otras salas del Congreso, que son muchos. Organizaciones como Autismo Plena Inclusión, la Plataforma Estatal de Colectivos de Familiares y Usuarias de Residencias, FundAME, la Fundación Matia, sindicatos, organizaciones de mayores, de discapacidad, de salud mental, de enfermedades raras y neurodegenerativas. Muchas gracias a todas y cada una de ellas. (Aplausos). Dicho esto, quisiera recordar muy brevemente cuáles son los principales ejes del contenido de esta reforma normativa. Como mencionaba anteriormente, el mundo en el que hoy vivimos ha cambiado sustancialmente. Lo ha hecho la estructura demográfica, lo ha hecho el mercado laboral y deben hacerlo también las formas en que conceptualizamos los derechos de ciudadanía y el Estado social que somos. Ese es el objetivo último que persigue la reforma que hoy debatirán ustedes aquí: acomodar nuestra normativa a una nueva realidad de cuidados que ya no es la predominante en el año 2006, cuando el sistema echó a andar. Siempre digo que la transformación del sistema de la dependencia que se va a apoyar en la estructura normativa de esta reforma tiene tres pilares: el cambio del modelo, la mejora de la situación de las personas cuidadoras y el sostenimiento de la senda de crecimiento de su financiación. Cada uno de estos tres pilares debe permitirnos abordar los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta el sistema.»
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«Esto es algo importante, porque más de cuatro millones de compatriotas viven hoy con una discapacidad y esperan de su país avances decididos para garantizar la promoción de su autonomía, la accesibilidad universal y la plenitud de sus derechos económicos, políticos, civiles y sociales. Es importante también porque saben que España es uno de los países más longevos del mundo; este año nuestro país superó por primera vez los 84 años de esperanza de vida al nacer. Y porque las tendencias demográficas en curso y los cambios en nuestras estructuras familiares hacen que el desafío de los cuidados y la construcción de un sistema público de protección social capaz de garantizar los apoyos necesarios para promover la autonomía personal y asegurar una atención digna a las personas en situación de dependencia sea quizás la tarea social más acuciante que tenemos por delante. Muchas veces este desafío se aborda desde una lógica numérica o una perspectiva contable, y las propias estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales nos muestran que de aquí al año 2030 el sistema va a atender entre dos millones y dos millones y medio de personas, lo que a su vez va a requerir de una incorporación considerable de trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de la dependencia, cifrada hasta en trescientas mil trabajadoras adicionales. Pero yo hoy quisiera empezar transmitiendo que no se trata solo de una cuestión numérica o contable con una aseveración bien sencilla: envejecer no es una carga ni un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el resultado del progreso y el desarrollo económico y social de la democracia española (Aplausos). Y ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas de protección social para hacer que estén a la altura de ese desarrollo y remover los obstáculos y las desigualdades que lastran las vidas de los ciudadanos y ciudadanas en función de criterios como la renta, la riqueza o el lugar en el que viven. Es algo que vimos de forma muy clara, dolorosa, durante la pandemia. El modelo de las macrorresidencias, una década de recortes en política social y una financiación crónicamente insuficiente nos hicieron conscientes como sociedad de que ese no es el modelo de cuidados que nos merecemos y que deseamos. Así que a la pregunta de por qué estas reformas, cabría responder simplemente eso: porque este país las necesita y porque las vamos a necesitar todos y cada uno de nosotros y nosotras.»
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Congreso · Pleno¿Cree que su Ministerio está dando respuestas a los problemas reales de los españoles?
«Señoría, todo lo que le he mencionado está en el Boletín Oficial del Estado. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de proteger y defender a las familias trabajadoras en este país? Seguir subiendo los salarios, el salario mínimo, el sueldo de los funcionarios, las pensiones, como está haciendo este Gobierno. (Aplausos). ¿Sabe que hay que hacer? Bajar el precio de los alquileres. ¿Por qué no aplican la ley de vivienda allí donde gobiernan, si pueden hacerlo? Lo más importante es no deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, las universidades, la dependencia; es dejar de hacer regalos fiscales a los grandes patrimonios, a los fondos de inversión o a las empresas energéticas. Mire, señoría, este ministerio tiene un horizonte bien claro para lo que queda de la legislatura: mejorar el sistema público de la dependencia, que, por supuesto, contará con la financiación necesaria para ello; adoptar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil (aplausos), intervenir el mercado de la vivienda para proteger a los inquilinos frente a las lógicas de especulación y rentismo que les asfixian. Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general. Yo les preguntaría a quién van a servir ustedes. (Aplausos).»
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Congreso · Pleno¿Cree que su Ministerio está dando respuestas a los problemas reales de los españoles?
«Muchas gracias. Con mucho gusto comparto con usted algunas de las actuaciones que hemos concluido desde el ministerio sobre los problemas reales de los españoles. Mire, hemos ampliado los permisos por nacimiento y cuidados hasta las diecinueve semanas por progenitor, y treinta y dos para las familias monomarentales. Hemos aprobado una norma para garantizar que todos los niños y las niñas del país tengan acceso a cinco comidas saludables a la semana en sus comedores escolares, y estamos haciendo lo mismo ahora para hospitales y residencias. Hemos puesto en marcha un programa de tarjetas monedero, por el que 70 000 familias españolas hacen la compra ahora en el supermercado con total normalidad, en lugar de hacer una cola para recibir una bolsa con alimentos envasados. Hemos hecho la primera reforma de la ley de dependencia desde hace más de veinte años, creando un grado específico para las situaciones de dependencia extrema y garantizando la atención veinticuatro horas, con una financiación extraordinaria de 500 millones de euros. Hemos incrementado la financiación del sistema de la dependencia en un 15 % y hemos intervenido para prevenir algunos de los fraudes más abusivos en ámbitos como las aerolíneas lowcost, el juego online, los anuncios ilegales de pisos turísticos, los abusos de grandes inmobiliarias o las falsas rebajas en el comercio online.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del...
«Quiero terminar volviendo a expresar la determinación completa de este ministerio, como les he dicho, para trabajar con ustedes en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que no es una ley del ministerio, no es una ley del Gobierno, es una ley del país, es una ley de interés general. También quiero reiterar una vez más desde esta tribuna el compromiso de producir una importante mejora de la financiación del sistema de la dependencia para hacer que esa reforma sea viable, posible y eficaz. Estoy convencido, señorías, de que ahí fuera la gente a la que ustedes representan comparte esos objetivos y sabrá reconocer la valía de quienes contribuyan a hacerla realidad. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del...
«Creo -y es mi experiencia también- sinceramente que en lo esencial estamos de acuerdo. Hoy es un día para remarcar que las personas con ELA, sus familiares, sus organizaciones, también aquellas que sufren otras enfermedades de curso irreversible, por fin, van a contar con una protección y con un acompañamiento por parte de los poderes públicos después de tantos años de lucha. (Aplausos). Creo sinceramente que eso es lo esencial de lo que van a hacer ustedes hoy. Yo, sinceramente, me quedo con eso y con el ofrecimiento para seguir trabajando en pos de esos objetivos comunes. Creo que no es el día para entrar en algunas de las afirmaciones más gruesas o para rebatir algunos de los argumentos que se han esgrimido. Entiendo que hay una parte de escenificación política que es inevitable, pero sí querría enviar a esta Cámara un mensaje de agradecimiento por demostrar -más allá de alguna excepción esperable- que no es necesario convertir cualquier cosa en una excusa o en un instrumento para estrategias políticas de corto plazo y que, específicamente, la política social y la posición de quienes están en una situación más vulnerable en nuestra sociedad tienen esa capacidad de suspender el enfrentamiento gratuito e improductivo para poder convertirse en acuerdos, en consensos, en avances para mejorar el conjunto de nuestros servicios públicos y, por tanto, de la democracia española. Creo, lo decía antes, que propiciar esos acuerdos y empujarlos no invalida ninguna estrategia política, no supone una concesión, no supone una derrota, no es algo que ningún electorado vaya a ver negativamente. Creo, al contrario, que es algo que ennoblece la labor política en la que no pierde nadie y en la que ganamos todos y todas. Creo que es evidente que en el mundo entero se multiplican las crisis, los conflictos, los recortes y retrocesos en materia de libertades y derechos fundamentales, y, con todas las dificultades, este país sigue avanzando para crear y garantizar derechos, mejorar nuestros servicios públicos y dibujar un horizonte de futuro a la altura de una democracia digna de ese nombre. Creo que eso es lo importante por grandes que sean los retos, por grandes que sean los desafíos.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del...
«Muchas gracias, presidenta. Quiero tomar -muy brevemente- la palabra sencillamente para agradecer a todos los grupos parlamentarios los apoyos expresados, para aceptar -por supuesto- todas las críticas que se han expresado de buena fe, para recoger todas las aportaciones constructivas y para tender la mano, una vez más, para trabajar en la mejora del sistema de la dependencia de nuestro Estado social y de la democracia española en general. Creo que el reto demográfico que enfrentamos, creo que los cambios de las estructuras familiares y la tendencia que estos muestran hacen que construir un sistema público de cuidados sea no solo un enorme desafío para las políticas públicas, sino un desafío de país; es un desafío de época. Además, es el principal vector sobre el que tiene que apoyarse la construcción del Estado social para las próximas décadas. Han mencionado ustedes varios temas esenciales en ese sentido, que trascienden también al ámbito de este decreto ley, que tienen que ver con el futuro de la financiación, con las condiciones de trabajo, con el modelo hacia el que tenemos que avanzar. Y creo que habrá ocasiones, tanto en la tramitación como proyecto de ley -si así se aprueba-, como en el proceso de reforma integral de las leyes de dependencia y discapacidad, como en el trabajo que estamos haciendo -y quiero reiterarlo- con todas las comunidades autónomas, para que el despliegue, el desarrollo y el aterrizaje -sin infringir ninguna de las competencias que son propias de las autonomías- se haga con la mayor celeridad, fiabilidad y coherencia posible; creo que tendremos ocasión para poder abordarlas e incorporarlas.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del...
«Por eso, no quiero terminar sin aludir a la forma en que la ley ELA se vio aprobada en esta Cámara en primera instancia, contando con un consenso amplísimo, reflejando bien lo que la sociedad española demandaba, enviando desde esta Cámara un mensaje valioso a esa misma sociedad, creo que algo parecido a lo que esa sociedad espera de sus representantes. Incluso en esta legislatura compleja aquel momento fue sido el único: un consenso similar lo hemos observado también con la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a los derechos de las personas con discapacidad, también con la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado o, más recientemente, con la defensa de la ciudadanía frente a los abusos de grandes empresas. Si recuerdo esto es porque creo que estas ocasiones demuestran que la política es mucho más que el enfrentamiento infructuoso. Por supuesto, el conflicto es esencia y parte de la política, es el motor de la democracia misma, pero de nuestra capacidad depende hacer constructivo ese conflicto, lograr que sirva para mejorar la vida de aquellos a quienes ustedes representan. Y esto, lograr acuerdos, impulsar avances sociales, no suspende las diferencias entre proyectos y actores políticos, no invalida las estrategias de cada cual, no supone una lesión, una cesión ni una victoria para el adversario. Cuando se consigue avanzar en política social, cuando se consigue reforzar los servicios públicos, mejorar la vida de quienes están en una posición más vulnerable, no pierde nadie y ganamos todos porque gana la sociedad y el país, en su conjunto. (Aplausos).»
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«Como ustedes saben, la aportación de la Administración General del Estado a la financiación del sistema de la dependencia se divide en dos niveles: un nivel mínimo y un nivel acordado. Este nivel acordado fue suprimido en su totalidad en el año 2012, y solo fue recuperado en el año 2020 por el Gobierno de coalición, que desde entonces lo ha llevado a máximos históricos. Si hoy este real decreto ley es convalidado, para el ejercicio 2025 se alcanzarán por primera vez los 900 millones de euros en concepto de nivel acordado. Y el incremento es igualmente sustantivo en lo que refiere al nivel mínimo. De hecho, la financiación por parte de la Administración General del Estado del conjunto del sistema de la dependencia se ha incrementado en un 150 % desde el año 2020, lo que significa multiplicar por tres el nivel que tenía en el año 2014. Este real decreto ley se suma a esos esfuerzos con una inyección adicional de 500 millones de euros al sistema. Y les daré algunos datos para dimensionar lo que supone esta financiación extraordinaria. Si este decreto ley es convalidado hoy, la inversión total de la Administración General del Estado ascenderá a más de 3700 millones de euros en este ejercicio, lo que supone un máximo histórico y un incremento interanual del 7,2 % y más del 15 % en relación con lo presupuestado en el año 2023. Y a esto hay que sumar otros 1922 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y querría recalcar aquí que España es el único país de la Unión Europea que consideró que la inversión en la modernización y transformación del sistema de cuidados era una de las prioridades estratégicas que había que incluir en ese plan de transformación. (Aplausos). En ese sentido, no solo es una excepción, sino una vanguardia en el conjunto de la Unión Europea. Y este esfuerzo financiero sin precedentes tendrá continuidad, quiero recalcarlo hoy aquí, con un incremento sustantivo, que se verá reflejado en el proyecto de presupuestos generales del Estado que el Gobierno presentará ante esta Cámara. (Aplausos).»